IMPRESCINDIBLE PACTAR

          Sacar a España del agujero económico en que está metida ni es tarea fácil ni se puede conseguir a base de ocurrencias ideológicas de unos u otros o, mejor dicho, de unos contra otros, por lo que pactar es imprescindible ahora más que nunca y así parece ser que lo ha entendido el PP al dar tregua al Ejecutivo apoyando finalmente el decreto de la “nueva normalidad”, que insólitamente ha sido aprobado en el Congreso por amplia mayoría, tras aceptar el Ejecutivo la petición de los populares de que se tramite como ley para permitir enmiendas, con lo que, al final, sólo Vox y el independentismo han votado en contra. Es obvio que la aguda crisis económica aminora el margen de oposición del PP, obligado por la presión interna y externa a votar con Sánchez, quien afianza la vía Cs-PNV y neutraliza el poder de ERC y Podemos, sus actuales valedores. Pero, a su vez, pactar no va a ser tarea fácil a causa del avispero en que está metido el Ejecutivo, apoyado hasta ahora por un variopinto grupo de opciones ideológicas, muchas de ellas contradictorias entre sí. Ya de entrada, la posibilidad de pactar los Presupuestos (verdadera prueba de fuego para el Gobierno de coalición) con Ciudadanos, aprovechando la debilidad de su socio Iglesias por el “caso Dina”, divide al Ejecutivo, pero también genera dudas a los naranjas, quienes suavizan sus planes fiscales e incluso parecen estar dispuestos a aceptar la mesa con Cataluña. De un lado, la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, proclama que “los empresarios deben ser un pilar en la reconstrucción tras la crisis” (dando protagonismo empresarial, lo que pone de los nervios a los populistas); y de otro lado Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos, manifiesta que “si el Gobierno reúne la mesa de la vergüenza, será difícil seguir negociando”, que “el PP se tiene que sentar para hablar de los Presupuestos; esa es la responsabilidad de un partido de estado que ha gobernado España” y que “la gestión del Ejecutivo ha sido muy mala, pero nosotros hicimos lo correcto al pactar”. Imprescindible pactar, ya ven, pero no cualquier cosa, sino aquello que vaya realmente a favor de superar la crisis, como ha sucedido con el acuerdo para prorrogar los ERTEs hasta el 30 de septiembre, aceptando la patronal in extremis el decreto del Gobierno. No en vano José Vicente de los Mozos, Director Mundial de Fabricaciones y Presidente de Renault-España, advertía que “si los ERTEs acaban en junio habrá 8 millones de parados” y añadía que “no es hora de subir impuestos, hay que sacar al país adelante” y que “hay que elaborar un plan de optimización del gasto público”. Tareas contrarias al ideario podemita y todas ellas imposibles de conseguir sin previos pactos entre los agentes sociales, económicos y políticos con el Gobierno. Y todo ello cuando la quiebra de empresas se triplica tras el fin del estado de alarma. Entretanto España da la espalda al carbón y cierra la mitad de sus térmicas, pues siete de las quince centrales que dependen del combustible fósil dejarán de funcionar al ser inviables por el mercado y por la normativa europea. Por otro lado, según el anteproyecto de ley para regular el empleo a distancia o teletrabajo, los empleados podrían pedir un “horario flexible”, las empresas tendrán que pagar todos los gastos que cause la actividad desde casa, se contempla el derecho a la desconexión digital en tiempo de descanso y las condiciones laborales deberán constar en un acuerdo por escrito.

Mientras tanto el “caso Dina” destapa seis años de cloacas internas en Podemos, el socio gubernamental de Sánchez, hoy bajo la lupa judicial, pues, al parecer, el partido de Iglesias supo en 2016 que dicho caso no era un montaje policial, como cínicamente se pretendió vender, pues, según mensajes secretos de la formación, su abogado jefe admitió en un chat interno que el contenido del móvil es “una filtración y no un robo” cuando Iglesias se presentó ante el juez tres años después como víctima de la “policía patriótica”. Un Iglesias, hoy acorralado, que trata de desmotar la tesis del juez, mientras su exasesora, colocada por él en un medio del partido, copia su línea de defensa para exculpar al hoy Vicepresidente del Gobierno, mientras la Policía refuta que el caso sea un montaje contra Podemos organizado por Villarejo y la Fiscalía investiga las supuestas filtraciones de Anticorrupción al partido a través de su abogada. Entre los mensajes secretos de la abogada de Podemos consta “el fiscal dice que parece una estrategia política, que así no lo puede enganchar”, revelando dichos mensajes la sintonía con el fiscal Stampa y probando además que el partido buscaba politizar la causa. Un asunto rocambolesco se mire como se mire, que, de probarse en sede judicial, pondría en evidencia el ya clásico cinismo de Iglesias con el único objetivo de sacar ventaja política a costa de lo que sea.

Y ya que estamos en asuntos poco edificantes, cuando no delictivos, el Congreso, como no podía ser diferente en estos casos, aprueba el suplicatorio solicitado por el Supremo para juzgar a Laura Borrás, la portavoz de JxCat, a la que se acusa de malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental…..y se aprueba curiosamente con la abstención de los grupos secesionistas, ERC y la CUP, para quienes seguramente lo esencial no es esclarecer en sede judicial las supuestas fechorías de sus señorías, sino protegerlos y evitar que sean juzgados cuando dichas fechorías las cometen políticos secesionistas aunque sean contrarios, como es el caso, a su ideología de izquierdas. Fechorías como las supuestamente cometidas también por el famoso Tezanos, quien, según el expediente de los CIS del Covid, investigados por el Tribunal de Cuentas, mintió descaradamente, ya que sobre los barómetros de abril y mayo aseguró que hubo cuatro ofertas para adjudicar el contrato pero sólo consta una en la documentación, es decir, que se adjudicaron a “dedo” por lo que el Presidente del Centro se enfrenta ahora a un posible delito de malversación por la partida de 90.000 euros.

Entretanto, en plena campaña vasca, la diputada de Vox, Rocío de Meer, es agredida y resulta herida de una pedrada en la cabeza durante un mitin en Sestao mientras Abascal denuncia la permisividad policial con los agresores y mientras algunos dicen que se trató de un montaje y otros que la falsedad de la noticia es el verdadero bulo. Un feo asunto en todo caso ya que el uso de la violencia debiera ser totalmente repudiado por todos los demócratas. Lo triste y lamentable, sobre asuntos de violencia, es que se celebrara en el Congreso el homenaje anual a las víctimas del terrorismo con Bildu pero sin las víctimas ya que ha habido representación de todos los grupos políticos, excepto de Vox, y la mayoría de asociaciones y colectivos de víctimas han decidido no estar presentes, dando un plantón al Gobierno por sus pactos con los herederos de Batasuna. En efecto, las principales asociaciones no acuden por primera vez al homenaje y denuncian los acuerdos del PSOE con los de Otegi, que “han blanqueado a los terroristas”, concentrándose frente a la Cámara como protesta y organizando una ofrenda floral. Los argumentos para adoptar esta actitud de rechazo son los siguientes: para Maite Arlauce de AVT “EH Bildu no puede ser tratado como un interlocutor político más hasta que no condene la violencia de ETA”; para Daniel Portero de Dignidad y Justicia “no vamos porque el máximo responsable de Interior ha atacado a la Guardia Civil, el colectivo con más víctimas”; para Paz Prieto de Anvite “no sabemos qué más hacer para impedir que en sede parlamentaria se llame presos políticos a asesinos confesos”; para José Vargas de Acvot “no queremos que se nos utilice para regocijo de los bilduetarras y para lavar la ignominia de este Gobierno”; y para Consuelo Ordóñez de Covite “homenajear a las víctimas en una institución que tiene partidos que justifican a ETA es un ejercicio de cinismo”…..

Por lo demás, los españoles vivimos nuestros primeros días de “nueva normalidad” con cierta despreocupación y a la vez con cierto temor a un rebrote que cercene de nuevo nuestras libertades. La realidad es que los rebrotes doblan en una semana el número de contagios, mientras, al parecer, ya había rastros de Covid en aguas residuales de Barcelona en marzo de 2019; España registra 89 casos de coronavirus en un centro de acogida de Málaga y los rebrotes y la apertura de fronteras ponen a prueba el plan de desescalada. Cabe citar además que, según Mar Faraco, Presidenta de Médicos de Sanidad Exterior, “el control visual en los aeropuertos no sirve para nada”, justo cuando el control visual en Barajas no detecta ningún positivo entre los 50.000 viajeros que ha recibido desde mayo; que dimite el máximo responsable de las residencias de Madrid; y que, cuando los rebrotes se multiplican por toda España y reabren el debate sobre el confinamiento, Sanidad aún no ha hecho acopio de materiales y Epis frente a una segunda oleada de contagios en otoño, mientras Europa da luz verde al primer fármaco anticovid, el Remdesivir.

Por lo que se refiere a otros asuntos cabe citar que el Gobierno busca poner orden en la política migratoria ante la reapertura de fronteras, por lo que Interior triplica las ayudas a los países africanos para frenar la salida de pateras y la Vicepresidenta Calvo reorganiza la coordinación entre Exteriores, Interior e Inclusión ante un probable rebrote; que Albert Batlle, teniente de alcalde de Barcelona, dice “en nuestra propuesta puede haber independentistas, pero no es una propuesta para la independencia”; que Margarita Robles nombra a dos mujeres para la cúpula de Defensa que por primera vez estará integrada sólo por mujeres; que Montero ofrece ahora a EEUU rebajar la “tasa Google” tras sus anteriores amenazas; que los Reyes dicen a los turistas “gracias y bienvenidos a España” en Palma en la segunda parada de su gira autonómica; y que Marlaska asciende al general de la Guardia Civil que anunció un plan antibulos, consistente en “minimizar” los bulos contra el Gobierno generando en su día una sonada polémica. Y entretanto las elecciones vascas y gallegas a la vista, mientras, según NCReport, el PNV volvería a ganar en Euskadi, pero necesitaría otra alianza con los socialistas, y el PP de Feijóo revalidaría su cuarta mayoría absoluta en Galicia y frenaría a Vox, con lo que el candidato popular gallego acreditaría que hay alternativa al gobierno de socialistas y populistas, aunque asegura que su “compromiso es con Galicia” y que intentará ser útil a su partido desde allí.

Y del exterior, destacar que Portugal ordena el confinamiento de tres millones de lisboetas; que Guaidó reclama a tres bancos españoles 25 millones que bloquea Maduro, en tanto que la carta a Zapatero une a la oposición venezolana; que la pandemia se desboca en EEUU y el mundo registra ya más de diez millones de contagios; que los narcos atentan contra el Jefe policial de Ciudad de México, quien sobrevive a un atentado cuando su coche fue tiroteado; que Nadia Calviño formaliza su candidatura y se enfrenta a Irlanda y Luxemburgo para presidir el Eurogrupo para lo que cuenta con el apoyo de PP y Ciudadanos; que en las municipales francesas hay un claro triunfo ecologista y un manifiesto fracaso de Macron, con una abstención de un 60%, la mayor en la historia de la democracia francesa; y que, según Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, “la relación entre EEUU, China y Rusia es más disfuncional que nunca”, “la UE debe evitar un orden global con EEUU y China como únicos superpoderes”, “la OMS pudo cometer errores pero no ayudó a China a ocultar la realidad” y “Europa ha fracasado en garantizar protección a los refugiados” (dicho queda).

                        Jorge Cremades Sena

O GOBIERNO, U OPOSICIÓN

                        Gobernar con solvencia requiere grandes dosis de prudencia, coherencia y compromiso no ya entre los miembros del propio Gobierno, sino además con los ciudadanos, quienes con sus votos han posibilitado dicha gobernabilidad, bien apostando directamente en las urnas de forma mayoritaria por una de las opciones políticas y su programa electoral, bien a través de un posterior acuerdo mayoritario indirecto en el Parlamento en caso de que ninguno de los partidos haya alcanzado en las urnas la suficiente mayoría parlamentaria para gobernar en solitario. En el primero de los casos la solvencia gubernamental queda garantizada al tratarse de un gobierno monocolor mayoritario, elegido directamente por los ciudadanos y con el suficiente respaldo parlamentario para llevar a cabo su proyecto político; en el segundo de los casos, tan legítimo como el caso anterior, la solvencia depende de la solidez del obligado acuerdo alcanzado para conformar un gobierno de coalición con mayoría parlamentaria suficiente o un gobierno minoritario, monocolor o de coalición, con variable e inestable respaldo parlamentario, negociado con la oposición para sacar adelante cada una de las propuestas de Gobierno. Pues bien, en España, en términos de solvencia y estabilidad gubernamental, se ha optado por la peor de las opciones, obviamente legítima, al apostar por un minoritario gobierno de coalición en el que además el componente minoritario del mismo, UPodemos, actúa, tanto dentro como fuera del Consejo de Ministros, como si formara parte de la oposición, al extremo de que el componente mayoritario, el PSOE, tiene que votar en no pocas ocasiones con la oposición y contra su socio gubernamental, como acaba de suceder, entre otros, con el asunto de la investigación de los GAL en que los socialistas votan, para frenarla, con PP y Vox y contra Podemos, que se suma a la iniciativa de los partidos nacionalistas para iniciar pesquisas sobre los vínculos de Felipe González con la trama, ya depurada en su día y por la que fueron condenados, entre otros destacados socialistas, José Barrionuevo o Rafael Vera, beneficiarios curiosamente poco después de un indulto parcial otorgado por el gobierno de Aznar. Al margen de la conveniencia o no de hurgar en oscuros asuntos de hace más de veinte años, ya depurados tanto en el ámbito judicial como político, ni PSOE ni Podemos entienden que o se está en el gobierno o en la oposición, pero no en ambos lugares a la vez, pues es inaceptable que, siendo ambos parte del gobierno, cada uno actúe como mejor interese políticamente a sus respectivas formaciones partidarias, ya que en el Gobierno no se puede estar a la vez repicando y en misa como pretende hacer Iglesias con el interesado beneplácito de Sánchez que, entre otras cosas, calla ante el ataque de sus socios a Felipe González (pero vota en contra de que se le investigue) con el único interés de imponer el “sanchismo” en el PSOE, aunque para ello haya que denostar el llamado “felipismo” que, con sus luces y sombras, destacó durante tantos años en beneficio de la paz, el progreso y la libertad de nuestro país en momentos mucho más delicados que los actuales, salvo que nos empeñemos entre todos en lograr que sean estos tiempos actuales los más delicados y preocupantes para el futuro de España. Con estas peligrosas dosis de imprudencia, incoherencia y falta de compromiso entre los socios del minoritario gobierno de coalición, no extraña que se produzcan frecuentes incidentes como el irresponsable ataque a la estatua de San Junípero en Palma de Mallorca horas después de que la concejala podemita, Sonia Vivas, pidiera en redes sociales que fuese tirada “pacíficamente”. Curiosamente mientras hasta Trump prepara medidas contundentes para proteger todos los monumentos ante los vandálicos ataques a los vestigios de nuestra historia, el Gobierno español calla ante lo que la propia Real Academia de la Historia califica de anacrónico y deplorable, mientras parte del mismo no sólo calla sino que además lo alienta y participa en tan repudiables actos. En definitiva, un Gobierno no puede estar partido por la mitad, votando “sí” y “no” a la vez en el Parlamento, ni defendiendo propuestas contradictorias a la vez en la calle, pues en términos de solvencia y estabilidad es impresentable.

            Es preocupante pues que, por legítimo que sea, un gobierno insolvente e inestable, enfrentado además ariscamente con la oposición, sea la fórmula más adecuada de afrontar una situación compleja de crisis, tanto económica como sanitaria, cuando el FMI prevé para España la peor recesión de los países desarrollados, vaticinando un desplome económico casi del 13%, equivalente al peso del turismo, y un déficit de casi el 14%, con lo que nuestro país perdería lo ganado durante los últimos seis años y se sitúa a la cabeza del hundimiento económico mundial, pues de las 18 grandes economías mundiales España es la que más cae por la crisis del coronavirus. Una dramática situación que, para ser superada, requiere diálogo y ambición e incluso así con grandes dificultades. Entretanto la patronal presiona al PP para que pacte con Sánchez contra la crisis, reclamando Garamendi a todos los partidos “consenso, cordura y concordia”; el Banco de España pide subir el IVA y reformar las pensiones para evitar un mayor agujero en nuestra economía y exige a los políticos llegar a acuerdos; y los Reyes, en gira por las CCAA para apoyar la reconstrucción económica, animan al sector turístico en Canarias, manifestando Felipe VI que “hay que levantar el ánimo y al país”. Pero la triste realidad es que la negociación para salvar los ERTEs se atasca a pocos días de su vencimiento, mientras el PP condiciona su “sí” al decreto de la nueva normalidad a prorrogarlos a diciembre y el Gobierno se enroca y se niega a ello, en tanto que ERC, valedor de la investidura de Sánchez, votará “no” como aviso al Gobierno de cara a la aprobación de los Presupuestos. No obstante, como la realidad es tozuda, PSOE y Podemos, a la gresca entre ellos dentro del Gobierno, aparcan coyunturalmente las subidas de impuestos para intentar lograr un necesario pacto en la Comisión de Reconstrucción, y Ciudadanos también evita su idea de rebajas fiscales generalizadas. El PSOE frena así momentáneamente a su enemigo íntimo, Iglesias, y convoca al PP in extremis para las conclusiones de dicha comisión parlamentaria, tumbando la tasa a los “ricos” que quería incluir Podemos, mientras el PP votaría a favor al decreto de nueva normalidad si el Ejecutivo atiende sus propuestas…..todo ello a regañadientes y cogido con pinzas porque la necesidad obliga, pues la realidad es que los partidos, más preocupados por sus estrategias particulares que por los intereses generales, no llegan a acuerdos solventes pese a la epidemia y pese a la crisis económica.

            Y mientras los rebrotes de la pandemia en el mundo elevan el temor a una segunda ola de contagios (Alemania, Portugal, Israel y Australia ya ordenan confinamientos locales), doce focos de contagio activos generan preocupación en España, en tanto que Europa fija criterios para reabrir las fronteras, que excluirían a EEUU. En efecto, un rebrote pone en jaque la desescalada en Huesca (tres comarcas oscenses vuelven a fase dos) y Lérida (riesgo de extenderse por Cataluña, según Simón) y los expertos advierten de que si no se siguen las medidas se adelantará una segunda oleada de contagios, con lo que pasaríamos de la alerta al rebrote. La realidad es que el ritmo diario de contagios sube a su nivel más alto en tres semanas, mientras el Gobierno sigue sin un plan B al estado de alarma y el PP le apremia a un pacto sanitario tras estos rebrotes por lo que Salvador Illa y Ana Pastor negocian el apoyo “popular” al decreto de “nueva normalidad” si se aceptan cambios, siendo el uso de otro estado de alarma si hay otra gran ola de contagios el gran escollo para cerrar el acuerdo, pues el Ejecutivo sólo contempla la excepcionalidad (parece haberse acostumbrado a esta forma de gobernar tras las seis prórrogas anteriores) y retrasa acomodar la Ley de Salud Pública en caso de que la situación se agrave, lo que no es nada descabellado. Cabe citar además respecto a la pandemia en España que Marruecos se cierra y no habrá Operación Paso del Estrecho; que el Gobierno descarta los PCR en los aeropuertos tras entrar dos enfermos de EEUU; que ninguna comunidad autónoma tiene las camas UCI necesarias al no cumplirse el protocolo hospitalario establecido por Sanidad para encarar una segunda oleada de contagios; y que según Antonio Burgueño, primer coordinador de Ayudo contra la pandemia, “los ancianos quedaron abandonados a su suerte en toda España, incluida Madrid”, “lamento que el plan para las residencias lo ejecutaran empresas de tercera división”, “esperemos a los tribunales para saber si alguien tiene que ir a la cárcel por esto”.

            Por otro lado Celáa en Educación cambia otra vez de criterio y relaja el uso de mascarillas en colegios, corrigiendo el protocolo inicial para permitir no llevarla hasta los doce años y para ampliar la ratio de alumnos hasta 25 por aula en infantil y primaria, por su parte los alumnos de instituto deberán usar mascarilla si no hay distancia, mientras los alumnos de la EVAU se disparan por el “aprobado general” que promovió la ministra. Y, por su parte, en Interior, Marlaska se suma a otros ministros anteriores y desprecia al Congreso de los Diputados al irse del debate de su reprobación, que hoy superará en la votación, mientras la Policía Nacional no encuentra voluntarios para ir a Cataluña y cuando se conoce que su hombre de confianza en la Policía es citado en los papeles de Villarejo, pues “Lenin”, el alias del comisario Rodríguez, que coordina las operaciones con la Guardia Civil y los vínculos con el CNI, aparece en tres anotaciones.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que España se opone al plan de la UE por excluir el reparto de inmigrantes; que sus señorías cobraron dos millones en dietas durante el estado de alarma y, como parlamentarios, cogerán vacaciones en julio y agosto pese a que la mayoría está en teletrabajo; que, según las cuentas de la Casa Real, Zarzuela ahorrará 161.000 euros de la asignación a Don Juan Carlos; que el Supremo revisará las salidas de la cárcel de los presos del 1-O; que el Ministerio de Igualdad apuesta porque los transexuales puedan cambiar de sexo en el registro sin requisitos médicos; que un juez detalla los cinco prostíbulos donde usó la tarjeta un cargo del PSOE andaluz; y que el PSOE de Cartaya, en Huelva, también ofreció colocar a la mujer del candidato del PP para conseguir su apoyo, preguntándole “¿Tu mujer tiene estudios? Necesito un economista en el ayuntamiento”, una tentadora oferta donde las haya.

Y del exterior, destacar que Buenos Aires, sumida en una profunda crisis, endurece el confinamiento; que Putin saca pecho con un gran desfile para conmemorar el 75º aniversario de la victoria sobre el ejército nazi; que la empresa alemana, Bayer, acepta pagar 11.000 millones de dólares a las víctimas del herbicida Roundup en EEUU; y que, mientras Trump, dando un giro sobre Venezuela, se abre a una reunión con Maduro y golpea a la oposición de Guaidó, éste y otros líderes de la oposición venezolana envían una carta al expresidente español Zapatero en la que le dicen “usted es un aliado del usurpador que nos oprime, que nos asesina” y le preguntan “¿Toleraría usted unas elecciones en España con PSOE, PP, Ciudadanos y Vox prohibidos o perseguidos?” para concluir “lamentamos que usted se haya situado, ya sin ningún maquillaje, en la defensa de los sátrapas”.

                        Jorge Cremades Sena

LA NUEVA ANORMALIDAD

                        Después de más de tres meses en estado de alarma y gradualmente confinados, una auténtica anormalidad sobrevenida a causa de la pandemia, España estrena por fin otra nueva anormalidad con la que los ciudadanos tendremos que convivir no se sabe bien hasta cuándo. Otra nueva anormalidad en la que todos deberemos mantener la distancia social de seguridad, el uso de mascarillas y las medidas estrictas de higiene para prevenir el contagio, siempre amenazante, aunque se flexibilizan los desplazamientos (pudiendo ya viajar por todo el territorio), las reuniones (ampliando aforos) y algunas otras actividades (muchas de ellas sin público). Una nueva anormalidad en la que, finalizado el estado de alarma, cada Comunidad Autónoma recupera sus competencias y, por tanto, cada una de ellas establece su propia guía de normas con lo que al desplazarnos por ellas tendremos que conocerlas bien para no incurrir en sanciones, pues la mayor o menor aproximación a la normalidad que gozábamos antes de decretarse el estado de alarma dependerá ahora de la mayor o menor sensibilidad de prevención que cada gobernante autonómico quiera imponer en su propio territorio. España sale pues del prolongado estado de alarma tras seis prórrogas pedidas por el Gobierno y, al menos, ya se puede viajar con libertad entre provincias y autonomías y a la UE con ciertas limitaciones, mientras algunos, como Moreno Bonilla, Presidente de Andalucía, manifiesta que “el Gobierno ha estado noqueado en esta crisis” y recuerda que “no habrá normalidad hasta que recuperemos nuestras libertades” en toda su dimensión. Otros, como Pedro Alonso, epidemiólogo y alto cargo de la OMS, sostiene que “España ignoró principios clave de salud pública”, en tanto que García Egea, Secretario General del PP, considera que “en marzo el Gobierno asumió el mando único; eran los que mandaban, también en las residencias” saliendo así al paso de las mutuas culpas que se echan entre el Gobierno y algunas autonomías respecto a la gestión de las mismas. Entretanto se publica que Sánchez recibía informes diarios del Departamento de Seguridad Nacional sobre la amenaza y los riesgos del virus desde el 24 de enero, aunque el Presidente insiste en que “nadie sabía” nada al respecto, mientras el Consejo de Seguridad Nacional infravaloraba el riesgo de pandemia ya que el 4 de marzo, diez días antes de decretar el estado de alarma, el órgano asesor aprobó un informe que situaba la amenaza sanitaria como una de las más improbables. Como ven se trata de buscar responsables de la gestión de la crisis sanitaria, en plena polémica por la confusión generada sobre la cifra de muertes por coronavirus ya que el Ministerio de Sanidad, contabilizando los fallecidos con test confirmados pese a contradecir las instrucciones de la OMS, deja en el limbo a 15.000 muertos que “no sabe ubicar” y, tras doce días sin comunicar los muertos por coronavirus, manteniendo congelada la cifra de 27.137, anuncia que serán “alrededor de 28.000” y sólo atribuye a la pandemia un 20% de la altísima mortalidad entre marzo y mayo, para situar finalmente la cifra en 28.315, mientras Núñez Feijóo, Presidente de Galicia, manifiesta que “los españoles no merecen un gobierno que no les diga el número de fallecidos”. Y es que, a este paso, nunca se sabrá la cifra real de muertes, pues tras el reconocimiento de los 28.315, los forenses recuerdan que miles de personas murieron sin pruebas de PCR en domicilios y residencias, y a las funerarias no le cuadran los datos oficiales, cuando las cremaciones aumentaron más del 20%, en tanto que Simón, el Director de Alertas Sanitarias, reconoce que “nos quedan 13.000 fallecidos ahí pero no podemos ubicarlos”. Entretanto, durante las 14 semanas de estado de alarma, el Supremo acumula ya 43 querellas y denuncias contra el Gobierno de Sánchez, siendo el Presidente y los ministros Illa y Marlaska quienes encabezan el ranking. Este es el panorama con el que iniciamos la nueva anormalidad en España.

            Y, mientras PSOE y PP ciñen a la sanidad su pacto en la comisión de reconstrucción, a Sánchez le urge, tras la pandemia, buscar financiación y socios para resistir como gobernante de un pueblo muy por encima de sus gobernantes, cuando, según Sigma-Dos, la mitad teme quedarse sin trabajo y el 80% cree que habrá un rebrote de contagios. Al respecto Álvarez Pallete, Presidente de Telefónica, sostiene que “no se debe tocar las reformas que han funcionado en España”, que “Telefónica no es un sujeto político, sino un sujeto económico vital para el país; no aspiramos a influir” y que “la clave está en cómo de rápido recuperemos la actividad de forma segura….en esta crisis no hay culpables”. Por su parte el PP pone en duda la solvencia de España sin la ayuda de la UE (según Feijóo, respaldado por la dirección de su partido, “España no tiene autonomía financiera para poder endeudarse si no es con el respaldo de la UE”) e Iglesias firma con el PP en la UE el plan para España mientras aquí le llama traidor…..en efecto, Podemos suscribe una carta en la que se reconoce que las imprescindibles ayudas europeas tendrán controles para tranquilizar al mercado. Entretanto el Gobierno lanza un plan de 4.262 millones para ayudar al turismo, mientras el sector sostiene que “llega tarde y es corto” estimando que el montante del programa de recuperación apenas cubre el 5% de las ventas que se han perdido este año, justo cuando se inicia un tímido regreso de los turistas y los aeropuertos recobran cierta normalidad, aterrizando más de 600 aviones, en los que los viajeros tienen que pasar un triple control que las autoridades madrileñas califican de “chiste”, estimándose que Barajas necesita 500 policías y 100 sanitarios para blindarse con ciertas garantías del Covid-19. No en vano Antonio Brufau, presidente de Repsol, manifiesta que “nuestra economía está en la UCI y hay que salvarla”, mientras Sanidad se dispone a comprar cinco millones de vacunas de la gripe para el otoño y mientras, según GAD3, los ciudadanos demandan un pacto PP-PSOE para impulsar a España, prefiriendo la mayoría que el Gobierno acuerde los Presupuestos con Cs y no con los independentistas de ERC, cuando se publica que Zapatero se citó con Egea para ofrecerse a interceder entre PSOE y PP, planteando el ex presidente “abrir un canal de interlocución” entre los partidos y admitiendo que Sánchez debería llamar a Casado.

            Asimismo otro expresidente, Rajoy, sale al paso de otro asunto de trascendental importancia, como es la Jefatura del Estado, y manifiesta que “nunca ha dejado de exigirse la ejemplaridad que requiere ser Rey”, que “el respeto y la fortaleza de las instituciones se han convertido en el termómetro de la salud democrática” y, en referencia a la abdicación de Juan Carlos I, que “las jornadas de hace seis años fueron un ejemplo de renovación de nuestro pacto constitucional”, mientras Felipe VI se vuelca en restañar la imagen de España y en Zarzuela se desata una cierta preocupación, pues “se avecina un ataque frontal” en el sexto aniversario de la proclamación de Felipe VI gracias a la estrategia de erosión contra la primera magistratura del Estado a la que se han lanzado quienes dan por superada la Constitución y el pacto de convivencia de 1978, cuando, según NCReport, siete de cada diez ve un “mal momento” para la Monarquía, aunque más del 60% cree que el Rey es un garante de los valores de la democracia y que la institución ha ganado en transparencia, obteniendo Felipe VI un 7 de valoración media, que muchos políticos quisieran para sí mismos. Entretanto, según Sigma2, el PP se pone a menos de tres puntos del PSOE mientras Vox sufre un fuerte varapalo, pues, en caso de elecciones generales, el PSOE de Sánchez se mantendría primero        con el 28´7% de votos, con Casado pisándole los talones con el 26%, Iglesias recuperando el tercer puesto con el 12% y relegando al cuarto lugar a Vox con el 11´7%, mientras Ciudadanos subiría hasta el 8´3%.

            Por otro lado se produce un cierto malestar en la Fiscalía con el juez por acusarla de querer exculpar a Pablo Iglesias en la pieza separada del caso Villarejo, negando enérgicamente que trate de salvar al Vicepresidente, mientras éste quiso convencer al juez hasta el final de la falsa trama contra él (el 29 de mayo le insistió en que la operación de la tarjeta SIN era para “perjudicar a Podemos”), cuando el Vicepresidente tenía la tarjeta de su asesora en el momento en que se publicaron los mensajes y él denunció una especie de conspiración.

            En lo que se refiere a otros asuntos cabe citar que la sobrina de Le Pen abre, con apoyo de Vox, un instituto para la élite ultra en Madrid, se trata del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, un centro docente que dirigirá un abogado que pidió acabar con el Islam; que muere el novelista Ruiz Zafón a los 55 años, víctima de cáncer; que la Audiencia Nacional ordena poner fin a la opacidad en los altos cargos y exige al Gobierno que revele los nombres de quienes rehúsan declarar su bienes; que la falta de inversiones deja a la Armada Española con un único submarino, cuando Francia tiene diez; que Casado contrapone el éxito de Feijóo a un “gobierno de mentirosos” con la vista puesta en la cuarta mayoría absoluta del líder popular gallego, quien aclara que su única meta es Galicia; que, según Jesús Aguirre, Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, “el contagio en la operación paso del Estrecho es una incógnita”; y que Génova frenó un plan de Ayuso para convocar elecciones en Madrid, lo que la Presidenta propuso ante la mala relación con el Vicepresidente Aguado y el riesgo de moción de censura del PSOE, pero el partido optó por preservar la alianza con Ciudadanos.

            Y del exterior, destacar que Europa planta cara a las presiones de EEUU contra la “tasa Google” al enviar España, Francia, Italia y Reino Unido una carta a Washington; que la Justicia norteamericana frena la deportación de jóvenes inmigrantes por Trump; que la pandemia se acelera con 150.000 casos diarios en el mudo, desbordándose especialmente en América Latina; que se desata una intransigencia vandálica contra el legado español en EEUU, donde el odio a lo hispano arrecia con el derribo de la estatua de Fray Junípero Serra en San Francisco y las amenazas al mural de Colón en el Capitolio de Washington; que un ataque terrorista a cuchilladas deja tres muertos en Reino Unido; que Holanda vincula los fondos para España con la reforma laboral y de pensiones; que la Comisión y el BCE avisan de que lo peor está por llegar, mientras los líderes europeos aplazan a julio la negociación de las ayudas; que, según María Río, Vicepresidenta y Directora General de Gilead-España, “en meses tendremos una solución médica para esta pandemia” pues “la investigación avanza a toda velocidad” y ya existen resultados con fármacos “muy prometedores”; y que el plan migratorio de la UE se basa en blindar fronteras y acelerar expulsiones por lo que la Comisión propondrá a los 27 un acuerdo que desecha cuotas de acogida y Frontex contará con una fuerza de reacción rápida de 10.000 agentes, los plazos serán más cortos y nuevos pactos con países terceros agilizarán las devoluciones.

                        Jorge Cremades Sena

MODULAR EL PACTO PSOE-UP

                        Como era de esperar un débil gobierno de coalición entre socialistas y comunistas-populistas, minoritario en el Parlamento y sustentado en el respaldo de nacionalistas de derechas o de izquierdas, secesionistas y abertzales, para sacar a duras penas sus propuestas, no es el más adecuado para afrontar la gobernabilidad del Estado y menos aún en momentos de galopante crisis sanitaria, social y económica, necesitada, sí o sí, del apoyo de la UE, donde estos experimentos gubernamentales social-comunistas son “rara avis”. Por ello ahora el Gobierno de Sánchez se abre a “modular” el pacto PSOE-UP, elegido libremente por ellos, para ganar apoyos y poder, entre otras cosas, aprobar unos Presupuestos, con el visto bueno de Europa, que obviamente intentará que las ayudas y apoyos financieros que España necesita estén a buen recaudo y alejados de despilfarros y gastos demagógicos desorbitados respecto a los ingresos para reducir un exagerado déficit cada vez menos asumible. En efecto, Sánchez, desbordado por la crisis galopante, es consciente por fin de las debilidades de su Gobierno, y lanza así un guiño al PP, advirtiendo a Podemos, su socio preferencial, de que tendrá que adaptar su programa a las circunstancias para aprobar una cuentas que no cuadran con las recetas del populismo-comunista, pues ya no se puede seguir gobernando con los Presupuestos del popular Montoro, como ha sucedido hasta ahora. Casado, por su parte, recoge el guante del Presidente a medias, pues exige que se rompa la coalición y se busquen otras fórmulas de gobernabilidad aunque se muestra dispuesto a alcanzar pactos sanitarios y económicos (como en turismo o industria), mientras barones del PP le piden que negocie y busque acuerdos a largo plazo con el Gobierno. Al final, superado el estado de alarma y la situación de excepcionalidad, Sánchez se ve obligado a preparar la alternativa a Iglesias para negociar los Presupuestos, asumiendo que necesitará nuevos compañeros de viaje para salir airoso de las cuentas que, sin duda, dictará la UE. Por su parte el PP, mientras debate el coste de un “no” en asuntos económicos, asume que la UE le pedirá que apoye los Presupuestos y es consciente de que Bruselas quiere un acuerdo en el que no esté Podemos…..y Ciudadanos advierte de que es muy difícil aprobar las cuentas con los de Iglesias. De entrada, populares y socialistas chocan frontalmente por el fondo europeo, temiendo el Ejecutivo que la actitud del PP, apoyando un previsible férreo control sobre el plan, perjudique a España. Por su parte los grandes empresarios reclaman consenso a los políticos y piden estabilidad y seguridad jurídica, aportando iniciativa frente a ideología en una cubre empresarial. Desde dicha cumbre empresarial mandan un claro mensaje al Ejecutivo para relanzar el país a base de mejor fiscalidad, estabilidad, acabar con el caos regulatorio y apostar decididamente por el empleo; un clamor empresarial para exigir seguridad jurídica, pues quienes han de invertir sus dineros no pueden depender de caprichosas iniciativas demagógicas, ni de bandazos legislativos irresponsables que pongan en riesgo sus fortunas, menos aun cuando el confinamiento ha hecho caer un 34% la actividad económica española, superando este desplome en 13 puntos al de la Eurozona, según el Banco de España, lo que supone un mayor esfuerzo y sacrificio para salir de este agujero negro en el que estamos metidos; salida que es imposible conseguir a base de demagogias electoralistas, utópicas recetas inviables o promesas imposibles de mantener, ajenas a una realidad preocupante que todos debiéramos tener presente, pues confundir deseos con realidad es el peor de los procedimientos para afrontar la dramática situación económica por la que atravesamos.

            No obstante, desde la cumbre empresarial que se está celebrando caben mensajes de optimismo, si las cosas se hacen razonablemente bien, pues, “hoy más que nunca merece la pena ser empresario; si hay empresas habrá empleo, riqueza y mucho bienestar”, “hay que eliminar trabas burocráticas y facilitar las inversiones” (Roig, Mercadona); “España es puntera en desarrollo medioambiental pero necesita un marco normativo y una regulación fiables, y una fiscalidad atractiva” (Reynes, Naturgy); “adelantar a 2025 el plan de Energía y Clima aumentaría la competitividad y reduciría la dependencia energética exterior” (Galán, Iberdrola); “no hay que revertir las reformas eficaces que están funcionando”, “partimos de una peor situación que otras naciones europeas”,  (Isla, Inditex); “la prioridad es mantener y generar empleo; evitar una destrucción permanente de empresas como en la anterior crisis”, “si una medida política no va a ayudar a crear empleo, hay que replantearla” (Botín, Santander); “urge reactivar la economía española; necesitamos certidumbre fiscal y regulatoria” (Torres, BBVA); “lo que hoy más necesitamos es un marco de actuación estable y previsible en todos los niveles” (Oliu, Sabadell); “solos no podemos salir adelante”, “está en riesgo el tronco central del turismo” (Gallego, Iberia); “son las empresas las que realmente tienen que liderar el futuro y poner en marcha España” (Garamendi, CEOE)….. Entretanto Sánchez ficha a 100 economistas de élite para la era “poscovid”, aunque, como en el caso del grupo de expertos sanitarios, nadie conoce, aunque llevan un mes de reuniones discretas y preparan un documento, con el objetivo de elaborar un proyecto a largo plazo, como hacen en Francia o Italia, y que, al parecer es un grupo plural que abarca desde el jefe de estudios del BBVA a Roldán, ex dirigente de Ciudadanos. No obstante, según el CIS, Sánchez no tiene nada que temer ya que el PSOE sale reforzado de la gestión del coronavirus, por más que a algunos les suene a esperpento lo que lleva entre manos Tezanos, quien además asegura que la Corona sólo preocupa a un 0´3% de los españoles.

            De momento España prevé invertir 150.000 millones contra la crisis en dos años, según el documento del Gobierno para acceder al Fondo Europeo, mientras debate un plan de estímulos y reformas preparado por Calviño, en tanto que empresas y sindicatos se niegan a acabar con los ERTEs en septiembre y andan molestos por la presión del Gobierno para no extenderlos. Por otro lado la compra de coches nuevos recibirá una ayuda de 400 a 4.000 euros, siendo el incentivo máximo a los vehículos de cero emisiones, mientras los primeros turistas alemanes de la “nueva normalidad” llegan ya a Baleares a causa de la prueba experimental con la esperanza de remontar la temporada, justo cuando se desata una especie de alarma por un presunto rebote global de la pandemia, que los expertos advierten para antes del otoño (emergencia en Alemania con más de 600 contagios en una empresa cárnica y confinamiento a varios millones de habitantes en Pekín por temor a un nuevo Wuhan), y cuando España registra un 85% más de contagios a punto de abrir las fronteras….no en vano Madrid reclama que se hagan pruebas PCR a los viajeros que lleguen a Barajas, pues un rebrote poco controlable sería ya el caos definitivo para nuestro futuro. Entretanto se conoce que los geriátricos pidieron sin éxito ayuda al “número dos” de Iglesias, pues la patronal del sector se reunió el 13 de mayo con Nacho Álvarez, tras semanas reclamando ayuda, para solicitarle mayor coordinación y financiación.

            Y como prueba del ánimo del gobierno de pactar con la oposición valga la unilateral reforma educativa que, presentada en pleno estado de alarma sin pacto alguno, consigue que el Congreso tumbe todas las enmiendas a la ya conocida como “ley Celáa”, que, para algunos, arrincona a la educación pública concertada y a la educación especial, al castellano, a la religión y a la meritocracia…..en definitiva, otra ley educativa más que, como las anteriores, nace de la falta de consenso y entendimiento entre las diversas fuerzas políticas, por lo que se le augura una vida corta, hasta que haya un gobierno de signo contrario, cuando la Educación debiera ser una de las cuestiones de Estado que, salvo matices, no dependiera de los caprichos ideológicos de unos u otros por su vital importancia social que trasciende los intereses de unos u otros.

            Por otro lado, mientras una unidad de élite de la Guardia Civil blinda la casa de Iglesias y Montero, el juez investiga en Reino Unido la tarjeta dañada de la asesora de Pablo, desmontando la maniobra del líder de Podemos para presentarse como víctima de Villarejo, por lo que envía una comisión rogatoria a Gales para recabar datos de una empresa que manejó el dispositivo, apuntando la Audiencia Nacional a que Iglesias borró la tarjeta de su ex asesora y señalando al Vicepresidente como no susceptible de ser víctima del robo del móvil, cuando él siempre alardeó que lo era y señalaba a las cloacas del Estado como responsables de tan inaudito y oscuro caso; por su parte Fiscalía pedirá, por cierto, 57 años de prisión para Villarejo en su primer juicio.

            Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que, según José Manuel Franco, Delegado del Gobierno en Madrid, “la causa del 8-M iba contra el Gobierno”; que Marlaska presiona para multar a Rajoy, manifestando “a éste hay que sancionarlo” y pidiendo al Delegado del Gobierno que le castigue para dar ejemplo por saltarse el confinamiento; que, según Dani Rodrik, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, “la crisis nos enseña que nuestras prioridades estaban equivocadas”; que Europa analizará si se vulneraron derechos en el estado de alarma y fiscalizará al Gobierno que lo decretó el 14 de marzo para combatir el coronavirus; que el 15% de internos en residencias de Madrid falleció durante la pandemia; que los letrados del Congreso afirman que a Juan Carlos I le ampara la inviolabilidad y rechazan la petición de UPodemos de crear una comisión de investigación; que, las instrucciones a médicos de Madrid en lo peor de la pandemia indicaban “vamos a negar cama a los que tienen más riesgo de morir”, mientras los gobernantes de la Comunidad sostienen que es lo que se hizo en otros lugares y siempre a instancias de los médicos y no por decisión de los políticos; que la ofensiva de los socios del Gobierno pasa por investigar a los GAL, por reprobar a Sánchez y por la abdicación de Felipe VI; que el PP pide que se investigue la relación entre el PSOE y Chávez, tras conocerse las andanzas del embajador Morodo en tiempos de Zapatero; que Carlos Sainz gana a sus 58 años el Princesa de Asturias de los deportes; que la Champions se jugará desde cuartos a partido único en Portugal; que una parte del PP europeo trata de frenar la candidatura de Calviño al Eurogrupo; que el PSOE y sus socios retiran en Navarra el retrato de Juan Calos I; que el etarra Txapote es procesado 22 años después por matar a un concejal del PP y una delegación de Bildu le visita tras conocerse dicho procesamiento; y que la mesa de diálogo de Cataluña vuelve al Congreso con “relator”, como exige Torra, mientras los barones afean a Sánchez la vuelta a las “pesadillas” de Cataluña y a esa “vieja normalidad”, pues, en cierto sentido, durante la alarma se vivía mejor en lo que respecta a este esperpéntico asunto.

            Y del exterior, destacar que, según Nicolas Schmit, Comisario de Empleo, “el ingreso mínimo puede convertirse en una iniciativa para toda la UE”; que Bruselas y Londres pactan desatascar el Brexit; que EEUU rompe la negociación con España sobre la “tasa Google”; que los sanitarios franceses pasan del aplauso a la protesta y exigen inversiones y mejoras laborales, con disturbios al término de una marcha reivindicativa; que Trump amenaza a Merkel con la retirada parcial de tropas en Alemania, acusándola de incumplir los compromisos de gasto militar en la OTAN, por lo que manifiesta su intención de reducir las tropas hasta 25.000 de los 34.000 efectivos que actualmente tiene desplegados en el país de forma permanente; que Alemania aísla a 7.000 personas por un brote de covid en una industria cárnica; que China lleva a cabo test masivos ante un rebrote en Pekín, mientras apunta a salmón importado de Europa como la causa del mismo, por lo que el Gobierno decreta la alerta máxima y confina a distritos enteros de la capital, y cierra los colegios, atribuyendo este rebrote a una “cepa distinta y más contagiosa”; y que una investigación de la Universidad de Oxford concluye que la dexametasona, un fármaco barato y disponible en todo el mundo, reduce las muertes por coronavirus y salva vidas en los casos más graves hasta un tercio de dichos enfermos, cuando la dexametasona, ya usada en los hospitales para otros tratamientos infecciosos, fue desechada por la OMS al principio de la crisis como eficaz para el covid 19.

                        Jorge Cremades Sena

SOLUCIONES COMUNISTAS

                        Cuando ya estamos controlando la epidemia del coronavirus y esperando que nuevos rebrotes no vuelvan a hundirnos en el agujero de un nuevo confinamiento, nos toca afrontar la pandemia económica, no vaya a ser que en vez de morirnos a causa del virus fallezcamos de hambre y miseria. Pero salir de la galopante crisis económica en la que estamos inmersos requiere de amplios consensos políticos, de un gobierno sólido y fuerte, del apoyo imprescindible de la UE y de planteamientos realistas y viables frente a demagogias populistas radicales que, en el mejor de los casos (imaginen en el peor de los casos), sólo traen pan para hoy y hambruna para mañana, como sucedió en los regímenes comunistas de la antigua URSS y como sucede en aquellos lugares donde el neo-comunismo populista, rancio pero disfrazado de modernidad, sigue gobernando. Pues bien, mientras el Partido Popular Europeo, el grupo mayoritario en la UE, exige, como es lógico, duros controles a España por las ayudas que tenga que prestar y, como es lógico, los populares españoles se suman a la propuesta de su familia ideológica europea, la izquierda española acusa por ello al PP de trabajar “contra España y Europa” en Bruselas, mientras el Ministro Alberto Garzón saca a relucir sus recetas comunistas como solución, manifestando “no he cambiado de opinión por ser ministro: el comunismo sigue teniendo vigencia”, “hay que ver las nacionalizaciones caso por caso”, “habrá que evaluar el impuesto a la banca, que tiene una deuda patriótica con el país” y “tendremos que reducir el déficit pero vía ingresos, no recortando gastos”. Ya ven, gastar y gastar más, en vez de gastar menos y mejor, como si el dinero fuera infinito y no tuviéramos que pedirlo o sacarlo vía impuestos a una ciudadanía económicamente maltrecha. Mientras tanto el Gobierno de Sánchez, del que forma parte Garzón, lleva al Presupuesto lo esencial de su pacto con Podemos, y mantiene las principales subidas de impuestos a las empresas, aunque suavizará algunas medidas, conociéndose que de momento, el Presidente renuncia a reestructurar el Ejecutivo pues “sería ir a elecciones” y que agradece el “balón de oxígeno” de Arrimadas ya que con los variopintos socios del gobierno de coalición “paseábamos al borde del abismo”. Al efecto, como si se tratara del líder de la oposición, Ciudadanos es recibido en Moncloa a bombo y platillo para aprobar los PGE, mientras los socios del Gobierno ya recelan de los planes del Presidente para el nuevo escenario post-Covid, en tanto que el Vicepresidente Iglesias redacta un plan para nacionalizar (concepto sagrado del comunismo) las residencias tras la polémica sobre la gestión de las mismas y llevará al Congreso una proposición para “limitar” la gestión privada, una “expropiación” con un coste de unos 10.000 millones para el Estado. Por su parte Garamendi, presidente de la CEOE, explica el contenido de una cumbre de empresarios en la que más de cien líderes de las principales empresas (generadoras de riqueza y puestos de trabajo rentable en una economía de mercado frente a la economía estatalizada de los regímenes comunistas) aportarán sus ideas para afrontar el futuro, pues, según él, “estamos aquí para empujar la recuperación de España”; y por su parte, Luis de Guindos, Vicepresidente del BCE, manifiesta que “el Gobierno debe buscar el consenso con la oposición si se quiere salir de la crisis” y añade: “espero que los países hayan entendido qué significa rescatar a grandes empresas, sobre todo que se trata de una medida temporal”. Ya ven, con las soluciones comunistas nacionalizadoras de Garzón, Iglesias y compañía ni amplios consensos políticos, ni un gobierno sólido y fuerte, ni el apoyo imprescindible de la UE, ni planteamientos realistas y viables para sacar a España del agujero económico en que está metida, pues, ya ven, para el populismo comunista, si no se aceptan sus recetas mágicas, por demagógicas y ruinosas que sean, se está yendo contra España y contra Europa.

            Soluciones comunistas, de muy escaso arraigo en la UE, que irían totalmente en contra del progreso, pues, como sostiene Francisco Reynés, Presidente de Naturgy, “en estos momentos hay que sumar, ser proactivo para bajar la crispación”, “en la recuperación será clave la participación de las pymes y autónomos”, “tenemos que convertirnos en un país atractivo para invertir, trabajar y visitar”. Justo lo contrario de las recetas comunistas. No en vano Sánchez, que ya se las ve venir, escenifica su sintonía con Ciudadanos en Moncloa y se abre a rebajar los acuerdos con Podemos para tentar a los naranjas, defendiendo, con más firmeza que nunca, negociar las cuentas con Arrimadas, anteponiendo un pacto “transversal” frente al “interés de un partido” en clara referencia a su socio comunista, mientras rectifica una vez más y abrirá las fronteras con Europa, excepto con Portugal, el día 21, y mientras los grandes ejecutivos empresariales españoles plantean sus medidas contra la crisis. La realidad es que, mientras Bruselas quiere que las fronteras interiores se abran a partir del lunes, el turismo, uno de los sectores económicos españoles de primera magnitud, agoniza, siendo poco vendible que, mientras la UE abría sus fronteras, España las tuviera cerradas a cal y canto, mientras el sector, que prevé pérdidas de un millón de empleos, constataba una fuga de viajeros hacia los países que, siguiendo las recomendaciones de la Comisión, abrían sus fronteras. Entretanto destacar que Calviño insta a Sánchez a que aclare “en los próximos días” si opta a presidir el Eurogrupo y sobre su candidatura afirma que “aún no ha tomado una decisión”; que el PSOE ignora las críticas de Felipe González pero reconoce descoordinación con Podemos, mientras la Ley de la Infancia reabre la guerra entre feminista del PSOE y de Podemos; y que Margarita Robles intenta apagar el incendio de la “crisis constituyente” mientras el PP pide explicaciones.

            Y en este contexto de crispación y desencuentros, tanto dentro del Ejecutivo como fuera, llegamos a la última fase de desescalada, mientras la jueza, como era de esperar, archiva el caso del 8-M al no ver indicios de delito y, menos aún, al no poder probarlos, aunque matizando que el Delegado del Gobierno “ni recibió instrucción sanitaria ni hizo por informarse” (la jueza, a petición de la Abogacía del Estado pregunta a Ayuso y a Almeida si permitieron actos similares al 8-M, ya fueran deportivos, culturales o políticos). Un asunto, tendenciosamente centrado sobre el 8-M y no sobre otros eventos, que en su momento desató una agria tormenta política, como la desatada por la gestión de las residencias de mayores, centrado en la gestión de la Comunidad de Madrid y no en las demás. Así las cosas, mientras Ayuso abre una investigación interna sobre la gestión de los centros de mayores madrileños, Almeida tiene bien claro que “la Comunidad ha sido blanco del Gobierno para eludir responsabilidades”, añadiendo “me siento muy cómodo con el actual modelo de Partido Popular de Madrid” y que “no se puede animar a ir a la manifestación del 8-M y, cinco días después, proclamar el estado de alarma”. Entretanto se conoce que Sanidad pedía en marzo aislar a los ancianos infectados de Covid y que el protocolo que tenía ya marginaba a los ancianos antes de la pandemia, asunto que Moncloa ignora; que el Gobierno ya ordenó distancia social en las cárceles un mes antes del 8-M, al remitir el Ministerio de Interior un oficio a las prisiones el 4 de febrero con las medidas de “prevención y actuación frente al coronavirus”, en fin, cuestiones que, archivado el caso del 8-M, quedan en el ámbito político pues, al margen del acierto o error de las mismas, quedan claramente fuera del ámbito penal. Así las cosas, España pasará a la nueva normalidad el próximo día 21 sin datos fiables (Sanidad contabiliza 1.616 muertos menos que el pasado 24 de mayo en el cómputo global de víctimas), mientas el 70% de la población ya está en fase 3 y Galicia se adelanta en la desescalada final y abandona el estado de alarma.

            Prosigue mientras tanto el embrollo educativo, pues Euskadi y Madrid rechazan firmar el plan Celáa para la vuelta a las aulas, un plan que, junto a Cataluña, tachan de “irrealizable”, mientras barones del PSOE se suman a este rechazo. Por su parte la Universidades harán turnos presenciales que rechazan los rectores. Y, entretanto, por si a alguien le interesa, según NCReport, Casado se quedaría a 200.000 votos de Sánchez en caso de elecciones generales, mientras el giro de Cs hacia el centro le penalizaría y la gestión del coronavirus castigaría al PSOE, que prácticamente empataría con el PP, lo que supondría un empate entre los actuales bloques lo que haría que el PNV pudiera optar entre izquierda y derecha; los resultados serían: PSOE 26% y entre 109-111 escaños, PP 25´1% y 109-111, Vox 14´8% y 47-49, UPodemos 12´1% Y 29-31, Ciudadanos 5´6% y 7-9, ERC 3´7% y 13-14 (nótese que con menos % obtiene el doble de escaños que Cs), JxCat 2´4% y 8-9, PNV 1´6% y 6-7, y EHBildu 1´3% y 5……pero, en fin, sólo se trata de encuestas.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el PSOE pide la eliminación gradual del dinero en efectivo y presentará la iniciativa en una proposición no de ley, mientras Hacienda planea rebajar a 1.000 euros lo que podrá abonarse en metálico; que Telefónica refuerza su apuesta por Europa y Brasil y en su Junta General de Accionistas sostiene que “las redes han impedido que la pandemia paralice la vida”; que la tensión entre progresistas y conservadores se eleva en el Tribunal Constitucional, centrándose su último pulso en la fórmula de juramento de 29 diputados; que muere de cáncer a los 78 años Rosa María Sardá, la actriz que tocó todos los palos en castellano y en catalán; que el TC rechaza puntos clave del código tributario de Cataluña bajo la premisa de que la autonomía no puede tener su propio sistema tributario, sino un subsistema autónomo en el marco del estatal; que en Úbeda un individuo mata a cuchilladas a su esposa y a dos hijos y luego se suicida; que, según Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI, “el ingreso mínimo español es un buen instrumento por la igualdad”;  y que Felipe VI realizará su agenda y levanta un cortafuegos ante la investigación judicial a su padre, confinado “sine die” en palacio junto a doña Sofía, mientras la tensión crece en Zarzuela ante la campaña de acoso a La Corona de los socios de Sánchez, lo que preocupa en la Casa Real.

Y del exterior, destacar que Iván Duque, el presidente colombiano, manifiesta que “Colombia no participa en operetas ni en sainetes en Venezuela”; que la muerte de otro afroamericano en Atlanta a manos de la policía inflama las protestas en EEUU; que la pandemia desnuda las carencias sanitarias y sociales en Perú, donde ondean banderas blancas en los barrios más humildes; que se desata la alarma en China por el rebrote de la covid en barrios de Pekín; que la “comisión Colao” propone 102 medidas para la reconstrucción de Italia; que, según las autoridades suizas, el embajador de Zapatero, Raúl Morodo, desvió dinero “off shore” a la Vicepresidencia de Hugo Chávez; que el chavismo financió el Movimiento 5 Estrellas en Italia, pues el Gobierno venezolano envió 3´5 millones de euros al Consulado de Milán en el 2.000 para sufragar al partido, ya que, según un escrito clasificado de inteligencia militar, se envió el dinero en efectivo por valija diplomática a Gianroberto Cassalegio “promotor de un movimiento izquierdista revolucionario y anticapitalista en la República de Italia”; y que el movimiento revisionista tras la muerte de Floyd alcanza absurdamente a Cristobal Colón, cuya estatua es derribada durante las protestas antirracistas y en esta guerra de estatuas se abre incluso un debate sobre el pasado en Reino Unido, teniendo que ser protegida la de Churchil en Londres para evitar ser dañada, mientras Boris Johnson critica los ataques a los monumentos……y es que, mal asunto, cuando desde la actualidad, se pretende borrar la Historia porque los hechos históricos no se ajustan a los patrones de comportamiento actuales, lo que nos llevaría a borrar en definitiva la propia existencia de la raza humana y su evolución histórica, cuando en vez de borrarla debiéramos tenerla siempre presente para no repetir en el futuro idénticos errores, muchas veces aciertos en el contexto histórico en el que sucedieron y, en todo caso, hitos que marcaron y conformaron lo que para bien o para mal somos hoy como pueblos, culturas y civilizaciones.

                        Jorge Cremades Sena

INDECENTE ESPECTÁCULO POLÍTICO

                        Mientras, a trancas y barrancas, intentamos alcanzar la “nueva normalidad” en medio de una preocupante crisis económica galopante, nuestros políticos, tanto los que gobiernan como los que están en la oposición en los distintos ámbitos territoriales, incluido el ámbito nacional español, nos brindan sucesivos indecentes espectáculos políticos, preñados de descalificaciones mutuas y salidas de tono, cada vez menos digeribles por la ciudadanía, que espera soluciones a los infinitos problemas que padece en vez de refriegas propagandísticas con fines electoralistas que sólo conducen a aumentar la incertidumbre y la inestabilidad política tan perjudiciales para España en estos momentos. En efecto, en este irresponsable proceder de unos y otros, en vez de buscar soluciones consensuadas, sólidas y solventes, se busca el insulto y la descalificación gratuita del oponente, envuelto en mentiras o medias verdades, para echarse irresponsable y cínicamente en cara la culpa de los efectos trágicos de la pandemia, incluidas las muertes, incluso olvidando que en el territorio autonómico vecino, donde cuecen las mismas habas, es tu opción política la que gobierna; en definitiva, un indecente comportamiento que hace imposible cualquier necesaria y saludable investigación de posibles errores de unos u otros en la gestión de la crisis con arreglo a las competencias que cada uno tenga encomendadas. De ahí que, mientras en Francia o Italia las Fiscalías correspondientes, sí investigan a sus gobiernos con absoluta normalidad, en España cualquier investigación al respecto se convierte en una verdadera odisea, al extremo de que aquí tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía se oponen, por ejemplo, a la investigación sobre presuntas responsabilidades del Delegado del Gobierno en Madrid sobre la permisividad de las manifestaciones del 8-M, al extremo de que la jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, ha de plantarse ante las trabas de la Fiscalía rechazando suspender la comparecencia del Delegado, imputado en principio por prevaricación, y teniendo que señalar las “reticencias” del Gobierno a entregar la documentación solicitada por el juzgado de forma reiterada o teniendo que defender el informe del forense (o el de la Guardia Civil) ante los irresponsables ataques de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, quienes piden el archivo de la causa cuando debieran ser los más interesados en esclarecer los hechos, pues “es clave a efectos de valorar si se dictaron resoluciones a sabiendas de su injusticia” o no se dictaron. Un informe del forense que, en principio, desarma a Illa y Simón, considerando que “la hecatombe se veía venir” y acusándoles de “subestimar la gravedad” de la epidemia y su “fulminante desarrollo” pese a las alertas, pues “las declaraciones de Simón no se corresponden con la realidad….la crisis era previsible para quien sabe de epidemiología” por lo que Illa debió aconsejar cancelar las “reuniones masivas ya el 3 de marzo”. Obviamente la jueza, alabada cuando instruía los “masters” supuestamente regalados a Casado o Cifuentes mientras ahora la critican, acusa al Gobierno de entorpecer la investigación y toma declaración al Delegado del Gobierno quien manifiesta que ni vio “riesgo” en el 8-M, entre otras manifestaciones permitidas en esos días, ni nadie del Ejecutivo le avisó al respecto, asegurando que “no había elementos para prohibir el ejercicio de un derecho fundamental”, pese a las advertencias de Europa y pese a que a finales de febrero él mismo recomendó a sus subordinados tomar medidas de precaución ante el contagio, añadiendo además que él no era competente en temas sanitarios. ¿Cuesta tanto considerar como positiva esta investigación, como otras tantas a otros gobernantes que están en curso, para esclarecer cualquier atisbo de sospecha? Entretanto el Vicepresidente Pablo Iglesias ataca a Ayuso y califica su gestión en los centros de mayores como “un crimen”, olvidándose de que Madrid registra un 32% de fallecidos, siempre demasiados, frente a Comunidades, como Aragón o Extremadura, con un porcentaje mucho mayor de fallecidos en residencias y olvidándose de que, decretado el estado de alarma, el Vicepresidente era el máximo responsable de la gestión de los geriátricos y como tal no hizo absolutamente nada al respecto.

            La cuestión no es si Madrid envió cuatro correos a las residencias con órdenes de exclusión contradiciendo lo dicho por Ayuso y su consejero de Sanidad, la cuestión es si ella miente al negarlo, pues la triste realidad es que en la mayoría de CCAA se evitó la derivación de los mayores a hospitales, entre otras cosas porque estaban colapsados, pues cuando hay cuatro enfermos necesitados de cama hospitalaria y sólo hay una o ninguna disponible se ha de optar priorizando con  criterio médicos pertinentes quién es el más idóneo a ocuparla. Es así de terrible, pero es la trágica realidad y, en la práctica, así se ha hecho en todos los lugares, con informes o protocolos escritos u orales o sin ellos, hasta llegar al trágico balance de que más del 50% de los mayores fallecidos en nueve CCAA, no sólo en una o en dos, residía en las residencias, la mayoría de las veces aquejados de otra serie de enfermedades debidas a su edad. ¿Acaso todos los gobernantes de dichos territorios son criminales tal como califica Iglesias sólo a quien le conviene? La cuestión no es si quienes piden investigar el 8-M lo hacen porque son antifeministas o no, sino si los responsables permitieron las aglomeraciones, no sólo la feminista, en aquellos días sabiendo o no el riesgo que se avecinaba; la cuestión no es si en su momento se descartó el uso de mascarillas y ahora se exige como elemento imprescindible, sino si los que variaron de criterio engañaron o no en su momento a la ciudadanía diciéndoles que no eran necesarias en vez de decirles que lo hacían porque no se disponía de cantidad suficiente para hacerlas obligatorias…..y así sucesivamente en otra serie de asuntos, que es necesario investigar no para estigmatizar a nadie sino para evitar que en el futuro se vuelvan a repetir y por si de ello se derivaran responsabilidades personales, no sólo penales sino de otro tipo, para depurarlas debidamente. Y la vergüenza intolerable es cargar las tintas o aliviarlas en cada caso según convenga políticamente en vez de buscar la verdad con total honestidad, más aun cuando precisamente se está jugando con vidas humanas.

            Entretanto Sánchez aprueba el decreto de la nueva normalidad para después del final del Estado de Alarma, y aunque busca el respaldo del PP, ya dispone del apoyo de Ciudadanos y del PNV para afianzar la medida, mientras además negocia con ERC al respecto. Sánchez prepara así el nuevo escenario post-Covid con naranjas y nacionalistas de derechas, dando un claro bandazo al centro por temor a que la crisis que se avecina acabe con su coalición con Podemos, cada vez más crecidos, con la vista puesta en los Presupuestos y en los condicionantes probablemente exigibles por la UE ante la necesidad de acudir al fondo europeo para la reconstrucción económica que sin lugar a dudas no será gratis en su totalidad y exigirá recortes y ajustes. De momento en la nueva normalidad no se podrá prohibir manifestarse y el Gobierno no tendrá potestad para restringir la movilidad, mientras CCAA del PP piden restringirla para evitar contagios, las mascarillas serán por fin obligatorias y la distancia social se reducirá a 1´5 metros frente a los dos metros actuales. La realidad es que Iglesias no deja de exhibir sus discrepancias con Sánchez y aprovecha cualquier resquicio para poner a los socialistas entre las cuerdas, como sucede con la pertinente investigación de Fiscalía a Juan Carlos I por las comisiones del AVE a La Meca (indicios de blanqueo de capitales y fraude, apuntados por Anticorrupción), pues ERC y Podemos, de clara vocación republicana, no conformes con el enjuiciamiento judicial en curso, añaden además un “juicio político” no sólo a Juan Carlos, sino a la Monarquía, planteando una comisión en el Congreso y obligando a los socialistas a retratarse sobre el asunto cuando tradicionalmente el PSOE ha defendido, junto al resto de partidos constitucionalistas, que las Cortes carecen de potestad para investigar políticamente a la Jefatura del Estado, al margen de la investigación judicial que al titular de la misma o a quien lo fue en su momento se le pueda hacer por presuntos delitos cometidos. No en vano el Gobierno ya asume ante ERC que hay una “crisis constituyente”, como guiño, según algunos, para sumar a los independentistas al decreto de la nueva normalidad, asegurando el Ministro de Justicia que existe un “debate abierto” sobre la Constitución del 78, mientras los socios del Ejecutivo mantienen la ofensiva a la Monarquía o Jefatura del Estado y registran en el Congreso la petición de una comisión contra Juan Carlos I. ¿Qué hará el PSOE al respecto? Ya sólo falta que en uno de los peores momentos de nuestra democracia se abra el melón constitucional cuando se hace casi imposible conformar mayorías simples para aprobar leyes normales y más que imposible consensuar las mayorías cualificadas que requiere cualquier reforma sustancial de la Constitución.

            No extraña pues que la sesión de control (o mejor de descontrol) del Gobierno de ayer se convirtiera en el último indecente espectáculo político, como ya viene siendo habitual, al extremo de que hasta lo único positivo de dicha sesión, como es la aprobación casi por unanimidad del Ingreso Mínimo Vital (sin ningún voto en contra y con la única abstención de Vox) fuera motivo de controversia entre PP y PSOE, reprochando los socialistas que los populares se sumaran al sí a última hora mientras rechazaban la oferta de pactos que Casado les hacía para acusarle Sánchez de que lo que trata es de “derrocar” al Gobierno legítimo, olvidándose de que en democracia los gobiernos legítimos no se derrocan y simplemente se sustituyen mediante los procedimientos democráticos establecidos, como, por ejemplo, lo que hizo Sánchez tras el éxito de la moción de censura contra Rajoy. Por otro lado Fiscalía pide ahora que se condene a Trapero, el exjefe de los Mossos, por sedición y no por rebelión en sintonía con la sentencia del Supremo por el 1-O, ofreciendo además la alternativa de desobediencia con lo que bastaría una pena de inhabilitación pero no cárcel, pese a que siendo Mayor de los Mossos “dio cobertura” al 1-O. ¿Se imaginan semejante benevolencia si por hechos similares se estuviera procesando al Jefe de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de cualquiera de los Ejércitos? No en vano algunos ven la alargada mano en el asunto de la Fiscalía General del Estado, tras ser nombrada la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, y pasar en un santiamén del Ejecutivo al Judicial, insólito a lo largo de toda nuestra democracia.

            Por otro lado, mientras algunos profesores denuncian que les obligan a aprobar a todos los alumnos, Educación relaja la separación de alumnos en la vuelta al cole para el próximo curso, pues los menores de 10 años no tendrán que guardar distancia ni llevar mascarilla y los mayores de esa edad deberán situarse a 1´5 metros en vez de a dos, las comidas se harán en las aulas, los colegios tendrán un “equipo Covid19” con maestros, limpiadores y padres para cumplir el protocolo, la prevención se impartirá en clase y, según Celáa, “el nuevo curso será ahora absolutamente presencial”, un nuevo giro de la Ministra sin lugar a dudas. Entretanto la Universidad española pierde prestigio por su desconexión con el empleo, pues su reputación en rankings internacionales sigue bajando por la falta de salidas para sus titulados. 

            Y todo este embrollo, se mire como se mire, cuando el Banco Mundial alerta de una recesión que triplica la caída de 2009 pues la economía global caerá este año un 5´2%, es decir, el triple que ese año; cuando el Banco de España avisa de que la crisis se prolongará al menos tres años y eleva la caída de la economía española a un 15% del PIB; y cuando, según la OCDE, España será la economía que más sufra entre sus miembros si hay un rebrote epidémico, pues el organismo cree que la recuperación será lenta y desigual, por lo que pide a España un cambio de rumbo tras liderar el desplome mundial, previendo una caída del 14´4%, y reclama pactos, control de gasto y mantenimiento de la reforma laboral, al extremo de que, si hubiera rebrote de la pandemia, nuestro país sufriría el mayor desplome del PIB mundial con lo que el paro llegaría a alcanzar hasta el 22%.......ya ven, como para seguir jugando a buenos y malos o seguir protagonizando más indecentes espectáculos políticos.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Sanidad sigue sin incluir a los sospechosos en las cifras de muertos por coronavirus cuando la OMS sí lo exige; que Baleares, gracias a un autorizado proyecto piloto, recibirá a 10.900 alemanes a partir del próximo lunes y tomará la temperatura a estos turistas pioneros; que Marjaliza, el principal arrepentido del “caso Púnica”, además de al PP, dio acciones a políticos del PSOE para lograr determinadas adjudicaciones, como en la localidad madrileña de Parla, incorporándolos como socios de sus empresas; que hasta un 10% de sucursales bancarias están en riesgo de no volver a abrir; que a los 53 años de edad muere Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo, víctima de un cáncer; y que Gianluca de Ficchy, presidente de Nissan-Europa, dice que “las presiones no cambiarán la decisión del cierre de Barcelona”.

Y del exterior, destacar que Calviño se perfila como favorita para presidir el Eurogrupo y ya cuenta con el apoyo de Alemania y del Grupo Socialista Europeo para suceder a Centeno; que un estudio sitúa en agosto la aparición del virus en Wuhan; que la UE apunta a Rusia y China como instigadores de campañas de desinformación; que Suecia cierra en falso el caso “Olof Palme” tras identificar al asesino, un diseñador gráfico que se suicidó en el año 2.000, apuntando así a un lobo solitario como el autor del asesinato perpetrado hace ya 34 años y que en su día conmocionó al mundo entero; y que las protestas raciales en EEUU animan a Biden a pasar a la acción con su lema “respira y vota” en la capilla ardiente de George Floyd, convertido en icono de la brutalidad policial contra los negros, donde hace llegar un mensaje grabado manifestando que “llegó la hora de la justicia racial” en tanto que Nancy Pelosi, la Presidenta de la Cámara de Representantes, y otros congresistas demócratas se arrodillan en el Capitolio durante ocho minutos de silencio, el tiempo en que la rodilla del policía tardó en acabar con la vida de George, cuyo funeral se convierte en una llamada a la justicia y la libertad.

Jorge Cremades Sena

NEPOTISMO DEDOCRÁTICO

                        Basta echar un vistazo a las hemerotecas para concluir que el uso y abuso de la “dedocracia” o nepotismo dedocrático, es decir, el nombramiento a dedo o “trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos”, es un endémico y despreciable comportamiento político (cuando no ilegal y siempre poco ético) entre nuestros gobernantes del signo ideológico o ámbito territorial que sea. Es bien fácil encontrar noticias como, en junio de 2014: “escándalo mayúsculo en el Tribunal de Cuentas: el 10% de su plantilla son familiares de altos cargos” (“el hermano de Aznar, la esposa de Trillo….en la lista de parientes colocados”; “esposas, cuñadas, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos y hasta amigos de la infancia” forman parte de “la lista de supuestos enchufados”); como, en marzo de 2017: “el gobierno cesa a la sobrina de Guindos enchufada en Washington”; como, en septiembre de 2019; “hijos, hermanos, tíos…enchufismo en el PSM” tras el escándalo del enchufe y posterior cese de la hermana de la alcaldesa socialista de Móstoles; o como, octubre de 2019: “el PP denuncia el enchufismo y la compra de votos del PSOE en Andalucía y le urge a dar ya explicaciones”…… Son sólo unos cuantos ejemplos de la interminable lista de casos de nepotismo democrático practicado por aquellos partidos cuando gobiernan, ya sean PP, PSOE u otros evidenciando que el nepotismo democrático es un mal sin ideología que todos denuncian cuando están en la oposición y todos practican cuando gobiernan, haciendo gala de una hipocresía indecente que los ciudadanos debiéramos recordar a la hora de ir a las urnas, aun a riesgo de quedarnos sin opciones políticas dónde elegir, en vez de aplicarnos el viejo refrán de “mal de muchos, consuelo de tontos” y rendirnos a la resignación. Sánchez, actual gobernante y último jefe de la oposición, prometía en 2014 que “el enchufismo y la endogamia van a acabar” ya que es necesario “descolonizar todas las instituciones” y así “prestigiar la democracia”, mientras criticaba la práctica de las “puertas giratorias” o movimientos de altos cargos entre el sector público y el sector privado y viceversa pues “puede ser legal” pero la política “tendría que ir dos pasos por delante de la legalidad y dar ejemplo”; y en 2017 apostaba por crear “un nuevo partido socialista” diciendo “al PSOE le vamos a dar la vuelta, lo vamos a renovar, vamos a hacer un nuevo Partido Socialista” para que “prime la meritocracia y no el enchufismo”. Sin embargo hoy, ya en el Gobierno, el “dedócrata” Sánchez, culmina, contra lo que prometía, su larga lista de “enchufados” (casi cien y 30 de ellos denunciados) troceando una Dirección General para fabricar a medida un puesto casi sin competencias para su amigo de la infancia Iñaqui Carnicero, pues, según el Gobierno, no había ningún funcionario capacitado para el cargo. A Sánchez, como al resto de gobernantes, le viene muy bien que la Ley disponga que para los puestos de Director General sean nombrados funcionarios de carrera con el nivel requerido, salvo que se establezcan excepciones a esa norma por decretos ministeriales que justifiquen esa decisión en puestos concretos. Es el coladero, pues ya ven, la justificación es obvia: entre todos los funcionarios del Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública no hay ninguno tan idóneo como Carnicero, que no es funcionario pero sí el amigo del alma de Sánchez, para ocupar la recientemente creada Dirección General. Y ahora además, desde el Gobierno y el nuevo PSOE de Sánchez (UPodemos calla porque como gobernante participa del pastel del enchufismo), se quejan de que, desde la oposición, PP, Vox y Cs se lo reprochen, acusándoles incluso de querer desestabilizar el gobierno de coalición, pues ellos cuando lo hacían era para “prestigiar la democracia”. Es evidente que el nepotismo dedocrático y las puertas giratorias gozan de muy buena salud con este nuevo PSOE….y si no que se lo pregunten, entre otros, a la propia esposa de Sánchez, a Montilla, a Blanco…..y a tantos otros que ahora ven de buen grado lo que consideraban pernicioso cuando desde el Gobierno lo hacían otros. Lo grave es que así no vamos a ninguna parte mientras nuestra democracia se desprestigia a pasos agigantados.

            Desprestigio democrático que aumenta si flagrantes meteduras de pata o errores garrafales, cuando no comportamientos intolerables no van acompañados de inmediatas dimisiones, como es el caso de las evidentes mentiras del ministro Marlaska sobre el polémico asunto del cese del coronel De los Cobos y la injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial: Marlaska, respaldado por Sánchez, descarta dimitir con lo que “ni se va ni le echan”, mientras la Directora General de la Benemérita, autora y actora de la petición de cese porque el coronel no le daba la información requerida siendo ilegal, sigue la senda de su Jefe y, encerrada en su despacho, traslada que tampoco dimitirá, mientras De los Cobos, según whatsapp y conversaciones tras su cese, manifiesta: “es injusto, ilegal, inhumano y provocará una crisis de gobierno”, “soy consciente de que nos estamos jugando algo mucho más importante que mi destitución, el mantenimiento de la separación de poderes y el Estado de Derecho en España”. Si a todo ello añadimos el intolerable asunto de la corrupción, otro indecente comportamiento transversal sin ideología política alguna, le ponemos la guinda al manifiesto deterioro democrático que sufrimos, cuando curiosamente, vuelve a la palestra el “caso Púnica” que manchó al PP de Madrid de forma contundente, aunque con ribetes y participación de otras opciones políticas, pues, según el empresario Marjaliza y la revelación de la Caja B de sus sociedades, entregada a la Audiencia Nacional, la trama corrupta financió con un millón en negro al PSOE de Simancas, hoy Secretario General del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.

            Entretanto prosigue la desescalada con media España ya en la fase 3 y con la Guardia Civil creyendo que Simón ocultó información sobre el 8-M (según documento remitido a la jueza de la investigación) mientras el Ministro de Sanidad insiste en que no conocía los riesgos pese a los informes previos (“visto lo visto, todos hemos llegado tarde a esto” dice Illa) y su portavoz del Ministerio admite que se equivocó y subestimó la gravedad de la Covid-19. En todo caso, Sanidad sabía siete días antes del 8-M que había infecciones en España (17 muertes en esa jornada) y Simón ocultó la alerta de la UE a las CCAA, revelando la Guardia Civil que el Director de Emergencias no informó en la reunión interterritorial del 5 de marzo que Europa había exigido evitar los “actos multitudinarios”; y entretanto se produce la primera condena, en este caso contra el Gobierno de Aragón, por no proteger debidamente a los sanitarios ya que “era previsible”. Por otro lado, termina el luto oficial por las víctimas sin saberse todavía su número real y el Gobierno permite a las CCAA gestionar la “nueva normalidad”, lo que, según algunos, supone burlar el estado de alarma pues en la fase 3 de desescalada la legislación no permite delegar competencias y los juristas alertan de que es ilegal que las comunidades asuman todo el poder; el Gobierno, por su parte, prepara un decreto para después del estado de alarma, cuyo borrador deja claro que a partir del día 21 de junio serán multados con cien euros quienes no lleven mascarilla (la OMS recomienda ahora su uso generalizado) y tutelará a las CCAA manteniendo muchas restricciones (les encargará que vigilen el cumplimiento de todas las limitaciones médicas, sociales, comerciales o deportivas y mantendrá intervenido el sector del transporte de viajeros). El Ejecutivo además desprecia el Portal de Transparencia y argumenta que ya informa en rueda de prensa y para justificar su negativa a dar datos de los contratos firmados durante la pandemia, remite a los comunicados de La Moncloa. Y mientras Zapatero pide “poner a EEUU en una situación imposible” los gritos contra la xenofobia llegan a España, con manifestaciones en las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, donde miles de manifestantes se saltan las normas anti-Covid y, sin mascarillas ni distanciamiento, desbordan la afluencia permitida.

            Y en medio de este enrarecido ambiente el gobierno de coalición PP-Cs en la Comunidad de Madrid está a punto de saltar por los aires, al extremo de que los populares ya abren el debate de un adelanto electoral en la Comunidad y plantean disolver la Asamblea tras el Estado de Alarma para frenar así una previsible moción de censura, pues aunque Ayuso y Aguado niegan las diferencias no ven posible agotar el mandato. En efecto, el Consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, perteneciente a Ciudadanos, desata una crisis al revelar que avisó por escrito, sin obtener respuesta alguna, al popular Consejero de Sanidad del riesgo de discriminar ancianos al inicio de la pandemia y que si se negara auxilio a discapacitados incurrirían “en una discriminación de graves consecuencias legales” ya que “fallecerán de forma indigna”, mientras desde las filas populares se reprocha a Reyero de no haber asistido a ninguna de las 21 reuniones de coordinación sobre geriátricos. Por cierto, hablando de elecciones, en este caso a nivel nacional, según GAD3, el bipartidismo coge fuerza pues el PSOE se beneficia del castigo al radicalismo de UPodemos y recoge parte de sus votantes, mientras el centro-derecha supera a la izquierda en nueve escaños, pero el PP modera su subida por un leve repunte de Ciudadanos y la caída de Vox; los resultados serían: PSOE 28´3% de votos y 121 escaños, PP 25´4% y 111, Vox 11´2% y 33, UPodemos 10´5% y 27, y Ciudadanos 7´6% y 13….ya ven, otros partidos minoritarios y nacionalistas seguirían teniendo la llave de la gobernabilidad.

            Por otro lado, mientras Calviño tensa la comisión delegada para asuntos económicos, Sánchez ignora las quejas de las CCAA más afectadas por el coronavirus a la hora de repartir los 16.000 millones para la reconstrucción, con lo que, entre otros, Page, Mañueco o Lambán critican los cambios de criterio de última hora para acceder a las ayudas, mientras Ayuso reclama una “mesa bilateral” para Madrid; en definitiva, las CCAA deberán destinar el 70% del nuevo fondo a salud y educación, en tanto que Torra, Ayuso, Mañueco, López Miras, Lambán y García-Page rechazan la modificación que tendrá más en cuenta el peso poblacional, lo que beneficia a la Comunidad Valenciana, Galicia, Canarias o Andalucía. 

            En cuanto se refiere a otros asuntos cabe citar que los municipios avisan de que se desbordarán si tienen que gestionar la renta mínima; que Garicano pide una “tregua” política de seis meses para diseñar la reconstrucción; que el Ibex cierra su mejor semana desde la crisis de 2008 con un alza del 11%; que la industria sufre su mayor desplome al caer las manufacturas en abril como nunca desde que hay registro, un verdadero golpe a nuestra economía; que las primeras elecciones con mascarilla en Galicia y País Vasco pueden bordear la ley en medio de un rompecabezas normativo y sanitario para organizarlas; que Andalucía y Madrid relajan la protección del patrimonio cultural; que dueños de pisos turísticos se pasan al alquiler residencial; que cada Comunidad Autónoma establecerá sus propias medidas para los exámenes de selectividad ante la negativa de Castells a dar normas únicas por lo que lo más probable es que aparezcan 17 exámenes distintos; que la Iglesia española dejó de ingresar más de 30 millones en donativos por la cuarentena; y que vamos a ver otro fútbol y otra Liga tras el inicio de la competición que vuelve el jueves después de 92 días de parón y con muchas dudas.

            Y del exterior, destacar que identifican a un violador alemán como presunto asesino de Madelaine, la niña asesinada en Portugal hace trece años; que Méjico también estalla contra la violencia policial tras conocerse la muerte en mayo de un albañil por una paliza de la policía tras ser detenido por no llevar mascarilla; y que el BCE dispara otros 600.000 millones contra la pandemia, garantizando Lagarde las compras de deuda hasta que termine la crisis, con lo que se amplía el colchón anticrisis y se logra relajar la prima de riesgo española, cuya economía, según la AIReF, no recuperará hasta 2038 el nivel de deuda previo a la crisis por la pandemia. Y mientras la UE da la espalda a Trump y quiere cambiar las relaciones con EEUU (la gestión de los disturbios raciales, de la pandemia y su errática política internacional son las causas), el Presidente estadounidense abre una insólita fractura con los altos mandos militares, cuya cúpula rechaza usar al Ejército en las protestas, mientras Carter, Clinton, Bush y Obama le acusan de dividir a los EEUU, sumando sus críticas a las de los líderes militares por la gestión del “caso Floyd”, el afroamericano asesinado a manos de la policía, que ha levantado una marea de repulsa contra el racismo no sólo ya en las grandes ciudades de EEUU sino en otras muchas, especialmente en Reino Unido, Francia, Méjico, Bélgica o España, que se suman al movimiento contra la discriminación y el abuso policial.

Jorge Cremades Sena