Está más claro que el agua,
el Gobierno de Sánchez tiene casi como único objetivo, caiga quien caiga,
salvar a la soldado Gómez, como sucedía en la famosa película de Spielberg con
Ryan, pues sólo así se explica que los principales ministros salgan en tromba
arremetiendo públicamente contra el auto del juez Peinado sobre Begoña Gómez
porque, tras su instrucción, presume que pueden haberse cometido delitos en la
actuación de la esposa del Presidente y, al efecto, la envía a juicio con
jurado popular para dilucidar sus responsabilidades penales si las hubiere y si
se pudieran demostrar o no en sede judicial. En definitiva, todo normal y
procedente como sucede diariamente en miles de casos en los distintos juzgados
de España; lo que no es normal es que desde uno de los poderes del Estado
democrático, en este caso el Ejecutivo, se arremeta contra otro de los poderes,
en este caso el Judicial, cuando supuestamente ambos son independientes y
actúan con arreglo a la legalidad emanada del tercer poder del Estado, el
Legislativo, y según los procedimientos establecidos democráticamente con todas
las garantías procesales, que deben ser aplicados inexorablemente y sin excepción
a todos los ciudadanos, incluida la esposa de un Presidente de Gobierno, en
este caso, elevada por Patxi López a la categoría de Presidenta. Y, siendo
cierto que cualquier decisión judicial es y debe ser susceptible de crítica,
razonada y razonable si es posible, no es menos cierto que semejante reproche,
totalmente libre para cualquier ciudadano, no lo es tanto para quienes ocupan
cargos institucionales relevantes en cualquiera de las instituciones de los
distintos poderes del Estado, y, en todo caso, la crítica jamás debiera exceder
los límites de la prudencia exigible y menos aún la descalificación gratuita
del juez, pues hay mecanismos y procedimientos más que suficientes para que se
reparen los posibles errores que haya podido cometer en su toma de decisiones
como sucede en la de los demás funcionarios. Por eso es inaceptable que
Moncloa, por el mero hecho de pretender salvar como sea a la soldado Gómez,
pilote el choque con los jueces por el caso “Begoña”, con el director de
Gabinete coordinando su blindaje y los ministros Bolaños y Puente, seguidos por
casi todos los demás, compitan en sus ataques contra el juez Peinado porque no
están de acuerdo con la instrucción practicada por él, cuando existe el
recurso, si hubiera razones para ello, de denunciarle por prevaricación. Es
más, Bolaños, como ministro de Justicia, lo que debiera hacer, además de
colaborar con los jueces en mejorar las condiciones de su trabajo y dotar de
más medios para que la Justicia sea más rápida en España, es respetar la
independencia de los poderes del Estado a capa y espada, única garantía para
los ciudadanos de que todos somos iguales ante la ley en una democracia basada
en el principio de legalidad e igualdad de todos ante la Justicia. Por eso no
cabe que el deseo del Gobierno de salvar a la soldado Gómez rebase los límites
de lo legalmente establecido nublando la credibilidad en la Justicia; Begoña,
como cualquier otra persona, si no se pudieran probar los delitos que se le
imputan, saldrá absuelta y declarada inocente y, en caso contrario, culpable.
Punto y pelota.
Lo inadmisible e intolerable es que
Bolaños, autoerigiéndose en juez supremo, presione a Perelló, la presidenta del
CGPJ o gobierno de los jueces, con una cascada de cartas desde que accediera al
cargo (“al menos cuatro” misivas) con reproches y advertencias desde su
Ministerio….¿qué se diría si el CGPJ arremetiera pública y privadamente contra
decisiones del Gobierno?. En fin, esperemos
que se llegue al juicio del “caso Begoña” con la menor demagogia posible,
juicio que, según los plazos procesales habituales en la Audiencia Provincial
de Madrid, se celebraría antes de las elecciones generales si éstas no se
adelantan….y entretanto concederle a la imputada la obligada presunción de
inocencia como está establecido. De momento las principales asociaciones de
jueces reaccionan, y con razón, ante la sucia campaña orquestada y exigen al
Gobierno “respeto”, mientras la ministra Saiz dice “creo en la inocencia de una
mujer de una trayectoria personal y profesional intachable”; el ministro Puente
se pregunta “¿qué es lo que se le reprocha a Begoña Gómez?” y su compañero
Bolaños sentencia: “se puede opinar sobre resoluciones judiciales, eso es la
democracia”. Cabe aclararle a Saiz que no es cuestión de creer o no en la
inocencia o de valorar la trayectoria de nadie, es cuestión de juzgar unas
conductas denunciadas en sede judicial, así de sencillo; a Puente cabe decirle
que se lea lo instruido por el juez o los medios de comunicación para que se
entere de qué es lo que se le reprocha a Begoña, pues todo el mundo lo sabe
menos él; y a Bolaños cabe decirle que es cierto, que si se puede opinar sobre
resoluciones judiciales, ¡faltaría más!, pero sólo opinar y no, como hace él,
descalificar, desacreditar y desautorizar las decisiones judiciales, pues si él
considera que pueden ser delictivas lo que ha de hacer es denunciar los
presuntos delitos en vez de presionar al CGPJ para que desautorice al juez….pues
eso no es democracia, es otra cosa bastante peligrosa.
Entretanto siguen su curso los juicios
por corrupción que afectan a socialistas de hoy y populares de ayer y cabe
recordarle a Bolaños que bien podría buscar medidas y medios para que la
justicia no sea tan lenta y se evite que presuntos hechos delictivos de hace
más de una década confluyan en el tiempo con otros de rabiosa actualidad. En
todo caso, vamos conociendo por los medios que Koldo duplicó las mascarillas
que compró la empresa Adif y trasladó la oferta de la trama antes de la orden
ministerial: “ocho millones o nada”; que su defensa quiere involucrar a nuevos
miembros de la Guardia Civil, pues la supuesta implicación de más agentes
cambiaría el curso de la investigación; que Isabel Pardo de Vera, ex presidenta
de Adif, comparece como testigo y desvela la influencia de Aldama dentro del
Ministerio de Transportes e iba con “asiduidad” a la zona noble de Transportes; o que Aldama pagó un catering para cinco
ministros la noche que Delcy aterrizó en Barajas, estando previsto que
acudieran a la cena Montero, Ribera, Marlaska, Illa y Ábalos, aunque al final
la cita no se celebró al tener vetada la actual presidenta de Venezuela su
entrada en el país.
Entretanto se inicia el proceso de
regularización masiva de inmigrantes en España y, como era de esperar, Sánchez
defiende la iniciativa y Feijóo la rechaza, no tanto por la regularización en
sí misma, que es necesaria, sino por la forma en que se pretende hacer y la
considera “inhumana e insegura”. Al menos, tras el informe del Consejo de
Estado, se exigirá un certificado de antecedentes penales (y no sólo una declaración
personal negándolos) y la controversia está en el certificado de antecedentes
policiales, es decir, personas fichadas que están a la espera de celebración de
juicio…. El proceso, que arranca con un decreto y no con una discusión en las
Cortes Generales, genera serias dudas en ONGs sobre el papeleo a
cumplimentar y largas colas en los
consulados ya que la población susceptible de ser regularizada excede el millón
de personas; el Gobierno promete prestarles ayuda en los países de origen para
agilizar los trámites y que consigan lo antes posible permiso de residencia y
trabajo, pero no expulsará a quienes no lo obtengan. Al final PP y PSOE llevan
la regularización de inmigrantes al centro de su batalla política, porque “se
van a dar papeles a quienes han abusado de mujeres o han robado a un ciudadano”
pues se está regularizando “a granel”…. Y mientras las CCAA del PP plantan cara
a la regularización, que genera suspicacias en la UE, Andalucía, que está en precampaña,
se desmarca de las ocho que quieren presentar recurso y Juanma Moreno alega “que
estamos en campaña”. El Gobierno habilita a Transportes para la regularización
ante la “avalancha” de peticiones y los expertos en Extranjería de la Policía
ven difícil verificar los antecedentes de los inmigrantes para aprobar los
expedientes. ¿Por qué un asunto de tamaña trascendencia, que afecta no sólo a
toda España sino a toda la UE, se lleva a cabo de forma unilateral y no pactada
con los socios?...La Comisión europea ya ha puesto objeciones a la medida y la
UE avisa de que quienes queden regularizados no podrán transitar por toda
Europa y la medida quedará circunscrita a España, donde se echa de menos que no
se produzca previamente un debate parlamentario ante asunto tan peliagudo.
Y mientras la Justicia europea fuerza
al Gobierno español a hacer fijos a un millón de interinos, el Gobierno convalida
65.000 títulos universitarios, 30.000 médicos más para Sanidad, en tanto que las
listas de espera se desbordan y más de 850.000 personas aguardan para operarse,
siendo la Comunidad de Madrid la que desmonta las tesis de Mónica García al ser
la región donde se interviene antes….Y Puente, ¡qué hacemos con Puente!, el
ministro pone ahora en duda la actuación de Emergencias, cuestiona a la Guardia
Civil sobre la rotura de la vía y las víctimas se dividen…él monta una web para
desmentir “bulos” sobre Adamuz mientras los parientes de las victimas le
reclaman “toda la verdad” frente al Congreso de los Diputados y le exigen “memoria
y justicia”. Por otro lado los sindicatos entran en campaña andaluza tras
recibir subvenciones record y trasladan la manifestación del 1º de mayo a Málaga
(Sánchez ha disparado las ayudas a UGT y CCOO de 9 millones en 2018 a 32 en 2025
y 125 en total de su mandato).
En
cuanto a otros asuntos se refiere citar que hay máxima presión policial para poder
pinchar el “globo delincuencial” de Barcelona y su área metropolitana; que la
Comisión de investigación del Senado culpa a Gobierno, CNMC y Red Eléctrica del
apagón energético; que la Audiencia se alinea con Fiscalía y se inclina por
revocar la libertad de la etarra Anboto; que las familias españolas con
vivienda en propiedad caen a mínimos históricos y aumenta el alquiler; que la
exconcejal popular de Móstoles en su querella contra el alcalde dice “tras mi
negativa a tener relaciones sexuales, empezó la discriminación”; y que PP y Vox
llegan a un acuerdo de gobierno en Extremadura y María Guardiola será investida
Presidenta la próxima semana, los ultras controlarán Familia y Agricultura, el
acuerdo prevé que se aprueben los presupuestos de toda la legislatura y se
limitarán las prestaciones a los “sin papeles”.
Y del exterior citar que los católicos
se revuelven contra Trump en casa; que Magyar cerrará temporalmente los
informativos de los medios públicos, convertidos en portavoces del Ejecutivo de
Orban para emitir “propaganda”; que Lula da Silva en su visita a España para
reunirse con Sánchez dice que “Trump no tiene derecho a levantarse y amenazar a
un país”; y que Xi Jinping atribuye a Sánchez el apoyo español a la anexión de
Taiwan y afirma tras su reunión con él que le dijo en privado que “se adhiere
firmemente al principio de una sola China” y que España “valora la posición de
China como gran potencia” y que “apoya activamente iniciativas globales de Xi”…..
Y la guerra, la maldita guerra: con Trump atrapado en su propia osadía y
sberbia arremetiendo contra todos los que le contradigan (Meloni, León XIV….)
obligado a imponer a Israel un alto el fuego de diez días en Líbano para que
negocien una paz definitiva y amenazando con reanudar la guerra si Teherán
rechaza un pacto, mientras Macron y Starmer buscan crear un plan independiente
para abrir el Estrecho, y Bruselas plantea un día de teletrabajo obligatorio
por la crisis generada, rebajar el precio del transporte, cerrar edificios
oficiales cuando sea posible y viajar menos en avión, en tanto que el FMI alerta
de una recesión si la guerra se prolonga más allá del verano.
Jorge
Cremades Sena