No
sé si será la crisis, la cercanía del fin del mundo anunciada por los mayas, el
gélido invierno inesperado, el final de la constelación planetaria
Zapatero-Obama de Pajín, el próximo bicentenario de “La Pepa” o, vaya usted a saber
qué otro fenómeno, lo que está provocando en algunos una epidemia de
revisionismo democrático al descubrir de la noche a la mañana, después de
treinta y tantos años, que la tan elogiada transición española, modelo incluso
para otros países del mundo, fue una chapuza. Como tal, su resultado final, es
decir, nuestra Constitución y su entramado institucional, que nos iguala al
resto de países democráticos, ya no sirve para seguir viviendo en paz y
libertad. Nadie explica por qué, pero así es. Nadie, salvo que recurra al
pecado original de la transición, entiende que nuestras reglas de juego
democrático, similares a las de nuestros socios en la UE, sean tan perversas
para nosotros y tan benéficas para ellos. Nadie, salvo que se trate de
reinventar la democracia occidental en nuestro país para después exportarla al
resto del mundo. En este caso, al menos, deberían explicarnos el innovador
proyecto, supongo que democrático, el proceso para conseguirlo de forma
pacífica y las ventajas que aportará a la ciudadanía frente al que tenemos.
El
caso es que, de pronto, nuestro Sistema Judicial no es democrático y, por ende,
nuestro sistema de convivencia, tampoco. El Tribunal Supremo, su máximo órgano
jurisdiccional, así como tribunal superior en todos los órdenes –civil, penal,
social y contencioso-administrativo-, resulta ahora que es fascista y, como
tal, arbitrario y corrupto. Así las cosas, qué decir del resto de tribunales,
jerárquicamente inferiores, con jurados populares o no, si, al final, por la
vía del recurso sus sentencias acaban en lo que decida el fascista y corrupto TS.
Ni siquiera quedan al margen de tanta perversidad los juicios con jurado
popular, tan reivindicado por el pueblo, pues resulta ahora que, por puro
cálculo estadístico de probabilidades, según la mayoría político-social de la
circunscripción correspondiente, está contaminado de izquierdismo o derechismo,
amén de que, al no ser profesionales del derecho, están abocados al error. Todo
esto es lo que se deduce de las declaraciones que estos revisionistas de última
hora vienen haciendo últimamente cuando las sentencias de los tribunales no se
ajustan a sus expectativas, que proclaman públicamente durante el proceso para
que todo el mundo, incluido el tribunal, conozca su predeterminado y justo
veredicto. Así las cosas, no se entiende muy bien que, cuando se trata de
tribunales inferiores, se utilice la vía del recurso para dejar la última
palabra a tan perverso TS. En todo caso, prefieren que el “pueblo” se reúna en
el ágora como en la Grecia clásica –pero convocados de forma misteriosa- para
que proclame inocentes a los declarados culpables por los tribunales y
culpables a los declarados inocentes. Obviamente como, por razón de espacio,
todos los españoles no cabemos en el ágora, basta que acudan a ella unos
cuantos para dar por válidos tan razonados veredictos, elevándolos a la
categoría de democráticos, es decir, de lo que quiere el pueblo. Es la mejor
garantía para restaurar la democracia y acabar con el totalitarismo que
denuncian, finiquitando esta justicia al revés que, según ellos, condena a los
inocentes y libera a los culpables. El “pueblo”, bien entendido, siempre tiene
razón.
Hay
que dejar constancia de que este innovador revisionismo democrático no lo
protagonizan, aunque lo parezca, movimientos anti-sistema, existentes en los
demás países como en el nuestro, pues entre sus voceros destacan personajes que
han ejercido o ejercen como miembros de diversas instituciones del Estado,
algunos desde hace varios lustros y con aspiración de jubilarse en ellas, sin
reparar hasta ahora en su perversidad, que ahora descubren, a la que, en todo
caso, como miembros activos han colaborado de forma inapelable, tanto mientras
gobernaba el PSOE como el PP. Nadie, con sentido común, entiende, por ejemplo,
que un parlamentario, elegido en listas de un partido democrático, pudiendo
debatir en el parlamento o en asambleas territoriales las iniciativas que
quiera plantear con arreglo a la normativa vigente, recurra al insulto
callejero, que no a la crítica razonada, para denigrar sin argumentos la propia
esencia de las instituciones que él mismo ha colaborado a instituir de acuerdo
a la fuerza representativa que el pueblo haya dado en cada momento a su opción
política. Nadie, que lo haga un magistrado que forma o ha formado parte de este
sistema judicial que ahora tilda de fascista. Nadie, que lo haga un líder
sindical que disfruta de todas y cada una de las ventajas que le otorga nuestro
sistema democrático, como debe ser. Nadie, que todo esto suceda únicamente en
nuestro país. Está claro que, en efecto, hay comportamientos fascistas y
totalitarios en España. El problema es averiguar exactamente dónde se practican
y quiénes los protagonizan. Esperemos que estos revisionistas, reinventando la
democracia, sean capaces de detectarlo lo antes posible. Aunque es probable que
el pueblo, no el del ágora sino el de las urnas, aplicando simplemente el
sentido común, ya lo haya detectado. O ¿es que éste se equivoca?. Sería
lamentable si así fuera.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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