El
empecinamiento del Govern de Catalunya en aferrarse al totalitarismo más rancio
y antidemocrático le hace ir a pasos agigantados a la deriva en un turbulento
mar que, sin duda, le conducirá hacia un abismo irreversible, arrastrando en su
locura graves consecuencias para todos los españoles, incluidos especialmente
los catalanes. Si, de un lado, el miedo al fracaso abre grietas en el
separatismo (y prueba de ello es la destitución fulminante por parte de
Puigdemont del consejero Baiget por admitir simplemente que la consulta ilegal
no se celebrará), por otro se genera entre los dirigentes independentistas
totalitarios el típico y lógico atrincheramiento suicida de todos los
dictadores definitivamente acorralados en un callejón sin salida que en el
mundo han sido, convirtiéndoles en más peligrosos, si cabe, por meras razones
de supervivencia. Por ello, Puigdemont fulmina al primer consejero escéptico
con el referéndum y reprime el cisma en la Generalitat con su destitución, tal
como le exige la CUP, purgándole inmisericorde y por su cuenta, para imponer el
pensamiento único de su delirio y, como aviso a navegantes, para sofocar la
rebelión de la vieja guardia de Convergència, consciente de la grave situación
y el gran error de haber dado el paso irreversible de un nacionalismo
democrático a un soberanismo totalitario que conduce inevitablemente a la nada.
Así pues el referéndum ilegal rompe el Govern de Puigdemont, pero la
Generalitat dice que, aunque no hay censo, lo habrá aunque sea de forma ilegal
(como todo el procés), mientras presenta en un teatro (lugar adecuado sin duda)
una ley antidemocrática sin garantías, que le permitiría declarar la
independencia en dos días si en la ilegal consulta, en caso de celebrarse,
ganara el “sí” por un solo voto, argumentando que “rendirnos tendría un precio
muy alto que pagarían las generaciones futuras”, cuando precisamente el regreso
a la legalidad es la única garantía de un futuro en paz y libertad. En
definitiva, un verdadero golpe de Estado, un jaque mate al Estado de Derecho,
amparado en un delirante texto ilegal con apariencia de legalidad, viciado
desde su origen al ser dictado por quienes carecen de competencias democráticas
para hacerlo, que, aprobado al margen de la Constitución y del propio Estatut
de Catalunya, pisotea derechos, garantías y libertades a los propios catalanes,
además de al resto de españoles, para imponer la desquiciada consulta de
octubre y la consiguiente independencia.
En
efecto, la esperpéntica Ley, que caprichosamente deroga el Estado Democrático
de Derecho en Cataluña, es declarada por arte de magia o inspiración divina
como “ley suprema”, que “prevalecerá” sobre la Constitución, y decreta “un
régimen excepcional”, mientras en ella se prevé que la consulta se celebre, sí
o sí, sin un censo oficial; se obliga a los ciudadanos, convertidos en súbditos,
a ser vocales de ilegales mesas electorales; no exige una participación mínima
para que el resultado sea válido; y decreta que si ganara el “sí”, aunque fuera
por un solo voto, la independencia se proclamaría en cuarenta y ocho horas. Una
independencia exprés a la carta, diseñada por los iluminados, que pone más
fácil romper un Estado (en este caso España) y crear uno nuevo (en este caso
Catalunya) que partir un municipio, ya que para segregar ayuntamientos la
propia norma autonómica exige la participación de la mitad del censo y en la
esperpéntica ley del referéndum no se exige un mínimo, aunque la CUP, que es
quien realmente manda en el Govern y de ella depende la continuidad de
Puigdemont, valora que con un tercio del inexistente censo ya sería suficiente
para validar la consulta. En roman paladino: que, en teoría, bastaría con que
unos cuantos catalanes decidieran participar en el ilegal referéndum para
validarlo y si el resultado fuera favorable por un solo voto legitimaría la
proclamación de independencia y el sometimiento al nuevo Estado dictatorial del
resto de catalanes que mayoritariamente hubieran decidido no participar en
semejante mascarada. Ya ven, así de fácil, así de totalitario, así de violento….
Hasta Maduro en Venezuela con su intento de adecuar la ley a su antojo,
saltándose la legalidad vigente y atropellando la soberana Asamblea Nacional,
queda como simple aprendiz de brujo frente a los gobernantes independentistas
catalanes, con la diferencia de que el venezolano tiene las armas bajo su mando
y éstos no, al menos, de momento.
Ante
semejantes barbaridades no extraña que se genere gran inquietud en el Gobierno
de España y en la mayoría de la oposición democrática, teniendo que recordar la
Ministra de Defensa que el Ejército garantiza “por tierra, mar y aire…la
soberanía y la integridad” de España, en tanto que Sáenz de Santamaría advierte
de que puede parar la ley en 24 horas, y Sánchez, que dice defender con el
Gobierno la legalidad vigente, insta a Rajoy a abrir el diálogo con Puigdemont
(la coletilla de siempre, cuando Puigdemont y compañía nada quieren dialogar
sino conseguir, sí o sí, la independencia lo antes posible y cómo sea). Por su
parte, el TC, que avala que la Generalitat imponga los rótulos en catalán y
rechaza que los comerciantes tengan la obligación de atender en esta lengua a
sus clientes, suspende el presupuesto de la consulta y lo notifica a 19 altos
cargos de la Generalitat, apercibiendo a todo el Govern, para que se atenga a
las consecuencias. Y mientras el Gobierno advierte de que “al Estado le bastan
24 horas” para frenar el plan soberanista y Puigdemont se queda sin dinero para
organizar el ilegal referéndum, los ex presidentes Felipe González, José María
Aznar y José Luís Rodríguez Zapatero hacen en su primer coloquio juntos una
llamada urgente a articular “respuestas políticas” a este desafío secesionista,
asegurando que fracasará (Zapatero sostiene que “superaremos el problema catalán
con una respuesta política con mayúsculas”; Aznar que “si se pega una patada a
la mesa no se puede seguir sin hacer nada”; y González que “Cataluña no será
independiente; hay que buscar respuesta a esa deriva madurista”), simplemente
aplicando lo establecido en la Constitución, entre ello, la aplicación del
artículo 155 para defenderla (Aznar y González aseguran que lo aplicarían si
fuese necesario), aunque, de momento, Rajoy evitará aplicar dicho artículo en
Cataluña, pues Moncloa sólo lo contempla como último recurso, creyendo que la
reforma del TC permitirá frenar el ilegal referéndum. Y, ante las reticencias
de algunos a aplicarlo, conviene recordar que su aplicación es perfectamente
legal y democrática, pues lo antidemocrático ilegal e injusto sería no defender
la Constitución, dejando a un lado los derechos y libertades de todos los
españoles, incluidos los catalanes.
Y
como la vida política no comienza ni termina con Cataluña, prosigue el
protagonismo mediático y político de Montoro, quien atribuye las denuncias a
que está sometido a que está “limpiando el fraude”, mientras miembros del
Ejecutivo solicitan a Soria que no publique el libro que le acusa y Moncloa
secunda al Ministro de Hacienda ya que “hay intereses personales en los ataques
al ministro”. Entretanto Montoro cede ante Ciudadanos y acepta bajar impuestos,
argumentando que “ahora se puede hacer” y que “seguro que vamos a llegar a un
acuerdo”. El Gobierno estima pues que bajará el IRPF en 2018 y que creará dos
millones de empleo hasta 2020, asunto que sigue dando satisfacciones mes a mes,
y presenta el techo de gasto, que no respaldará el PSOE, elevando el
crecimiento al 3% y aprobando el nuevo canon por copia privada, que recaerá en
fabricantes y distribuidores. Además Hacienda libera a las CCAA de ajustes por
2.000 millones en el IRPF, por fin pactado con Ciudadanos, tal como preveía el
ministro. Por otro lado, el Gobierno, algo dividido por la presencia del PP en
el WorldPride, cree además que es el momento de una subida salarial, respaldando
una subida de hasta el 3%, tal como sostiene la Ministra Báñez tras conocer la
caída del paro a niveles de 2009, con la disminución del desempleo en junio en
98.317 personas y un sustancial incremento de la afiliación a la Seguridad
Social.
En
cuanto a otros asuntos se refiere cabe destacar que Maza pierde el pulso y
nombra al fiscal más prestigioso en Anticorrupción con lo que el sustituto de
Moix será Alejandro Luzón, quien sostiene que no quiere “notoriedades
innecesarias”; que el Santander lanza su ampliación de capital por 7.000 millones
para absorber al Popular y emitirá 1.458 millones de nuevas acciones con valor
nominal de 0´50 euros; que el PSOE tacha de “detestable” el veto de algunos
alcaldes a Miguel Ángel Blanco; que Fiscalía pide un total de 375 años de
cárcel para los ocho agresores de Alsasua; y que el fiscal pide elevar de seis
a diez años la pena a Urdangarín por el “caso Noos” y solicita para Torres doce
años de prisión, con lo que todos aquellos que auguraban que tendría un trato
de favor, sembrando dudas en la opinión pública sobre la aplicación de la
Justicia, debieran ahora pedir perdón por el daño causado a uno de los grandes
pilares del Estado.
Y
en el exterior citar que Macron anuncia reformas profundas en el sistema político
francés, reuniendo a las dos cámaras y anunciando un recorte de un tercio de
los parlamentarios y que recurrirá a la consulta popular si fuera necesario,
que recortará gasto público y que bajará impuestos. Pero el asunto más
preocupante es la situación de Venezuela, donde la oposición reta al dictador
Maduro y convoca una consulta que atraiga a los chavistas críticos, mientras él
recurre a matones para atemorizar a la Asamblea Nacional, con mayoría opositora
pero socavada por el régimen, que a pesar de las agresiones, instigadas
oficialmente, convoca un plebiscito contra la Constituyente chavista, mientras
grupos de leales al régimen la asaltan y durante varias horas se mantienen
dentro emprendiéndola a palos con los parlamentarios e hiriendo a varios de
ellos. Por lo demás, también cabe citar que grupos de liberados huyen del
horror que se vive en el centro de la ciudad de Mosul; que Corea del Norte
eleva el desafío a EEUU con un misil intercontinental de largo alcance; que
Qatar rechaza el ultimátum de Arabia Saudí y sus aliados; y que Juncker critica
el absentismo en Estrasburgo, calificando al Europarlamento de “ridículo” ya
que sólo una treintena de europarlamentarios de los 751 que conforman la Cámara
asistían a un debate sobre la presidencia maltesa…..¿dónde estaban los tan bien
pagados europarlamentarios?, dicen que en otras reuniones; ya ven, saturados de
trabajo.
Jorge Cremades Sena
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