SALVAR A LA SOLDADO GÓMEZ

 

                    Está más claro que el agua, el Gobierno de Sánchez tiene casi como único objetivo, caiga quien caiga, salvar a la soldado Gómez, como sucedía en la famosa película de Spielberg con Ryan, pues sólo así se explica que los principales ministros salgan en tromba arremetiendo públicamente contra el auto del juez Peinado sobre Begoña Gómez porque, tras su instrucción, presume que pueden haberse cometido delitos en la actuación de la esposa del Presidente y, al efecto, la envía a juicio con jurado popular para dilucidar sus responsabilidades penales si las hubiere y si se pudieran demostrar o no en sede judicial. En definitiva, todo normal y procedente como sucede diariamente en miles de casos en los distintos juzgados de España; lo que no es normal es que desde uno de los poderes del Estado democrático, en este caso el Ejecutivo, se arremeta contra otro de los poderes, en este caso el Judicial, cuando supuestamente ambos son independientes y actúan con arreglo a la legalidad emanada del tercer poder del Estado, el Legislativo, y según los procedimientos establecidos democráticamente con todas las garantías procesales, que deben ser aplicados inexorablemente y sin excepción a todos los ciudadanos, incluida la esposa de un Presidente de Gobierno, en este caso, elevada por Patxi López a la categoría de Presidenta. Y, siendo cierto que cualquier decisión judicial es y debe ser susceptible de crítica, razonada y razonable si es posible, no es menos cierto que semejante reproche, totalmente libre para cualquier ciudadano, no lo es tanto para quienes ocupan cargos institucionales relevantes en cualquiera de las instituciones de los distintos poderes del Estado, y, en todo caso, la crítica jamás debiera exceder los límites de la prudencia exigible y menos aún la descalificación gratuita del juez, pues hay mecanismos y procedimientos más que suficientes para que se reparen los posibles errores que haya podido cometer en su toma de decisiones como sucede en la de los demás funcionarios. Por eso es inaceptable que Moncloa, por el mero hecho de pretender salvar como sea a la soldado Gómez, pilote el choque con los jueces por el caso “Begoña”, con el director de Gabinete coordinando su blindaje y los ministros Bolaños y Puente, seguidos por casi todos los demás, compitan en sus ataques contra el juez Peinado porque no están de acuerdo con la instrucción practicada por él, cuando existe el recurso, si hubiera razones para ello, de denunciarle por prevaricación. Es más, Bolaños, como ministro de Justicia, lo que debiera hacer, además de colaborar con los jueces en mejorar las condiciones de su trabajo y dotar de más medios para que la Justicia sea más rápida en España, es respetar la independencia de los poderes del Estado a capa y espada, única garantía para los ciudadanos de que todos somos iguales ante la ley en una democracia basada en el principio de legalidad e igualdad de todos ante la Justicia. Por eso no cabe que el deseo del Gobierno de salvar a la soldado Gómez rebase los límites de lo legalmente establecido nublando la credibilidad en la Justicia; Begoña, como cualquier otra persona, si no se pudieran probar los delitos que se le imputan, saldrá absuelta y declarada inocente y, en caso contrario, culpable. Punto y pelota.

          Lo inadmisible e intolerable es que Bolaños, autoerigiéndose en juez supremo, presione a Perelló, la presidenta del CGPJ o gobierno de los jueces, con una cascada de cartas desde que accediera al cargo (“al menos cuatro” misivas) con reproches y advertencias desde su Ministerio….¿qué se diría si el CGPJ arremetiera pública y privadamente contra decisiones del Gobierno?. En fin,  esperemos que se llegue al juicio del “caso Begoña” con la menor demagogia posible, juicio que, según los plazos procesales habituales en la Audiencia Provincial de Madrid, se celebraría antes de las elecciones generales si éstas no se adelantan….y entretanto concederle a la imputada la obligada presunción de inocencia como está establecido. De momento las principales asociaciones de jueces reaccionan, y con razón, ante la sucia campaña orquestada y exigen al Gobierno “respeto”, mientras la ministra Saiz dice “creo en la inocencia de una mujer de una trayectoria personal y profesional intachable”; el ministro Puente se pregunta “¿qué es lo que se le reprocha a Begoña Gómez?” y su compañero Bolaños sentencia: “se puede opinar sobre resoluciones judiciales, eso es la democracia”. Cabe aclararle a Saiz que no es cuestión de creer o no en la inocencia o de valorar la trayectoria de nadie, es cuestión de juzgar unas conductas denunciadas en sede judicial, así de sencillo; a Puente cabe decirle que se lea lo instruido por el juez o los medios de comunicación para que se entere de qué es lo que se le reprocha a Begoña, pues todo el mundo lo sabe menos él; y a Bolaños cabe decirle que es cierto, que si se puede opinar sobre resoluciones judiciales, ¡faltaría más!, pero sólo opinar y no, como hace él, descalificar, desacreditar y desautorizar las decisiones judiciales, pues si él considera que pueden ser delictivas lo que ha de hacer es denunciar los presuntos delitos en vez de presionar al CGPJ para que desautorice al juez….pues eso no es democracia, es otra cosa bastante peligrosa.  

          Entretanto siguen su curso los juicios por corrupción que afectan a socialistas de hoy y populares de ayer y cabe recordarle a Bolaños que bien podría buscar medidas y medios para que la justicia no sea tan lenta y se evite que presuntos hechos delictivos de hace más de una década confluyan en el tiempo con otros de rabiosa actualidad. En todo caso, vamos conociendo por los medios que Koldo duplicó las mascarillas que compró la empresa Adif y trasladó la oferta de la trama antes de la orden ministerial: “ocho millones o nada”; que su defensa quiere involucrar a nuevos miembros de la Guardia Civil, pues la supuesta implicación de más agentes cambiaría el curso de la investigación; que Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif, comparece como testigo y desvela la influencia de Aldama dentro del Ministerio de Transportes e iba con “asiduidad” a la zona noble de Transportes;  o que Aldama pagó un catering para cinco ministros la noche que Delcy aterrizó en Barajas, estando previsto que acudieran a la cena Montero, Ribera, Marlaska, Illa y Ábalos, aunque al final la cita no se celebró al tener vetada la actual presidenta de Venezuela su entrada en el país.

          Entretanto se inicia el proceso de regularización masiva de inmigrantes en España y, como era de esperar, Sánchez defiende la iniciativa y Feijóo la rechaza, no tanto por la regularización en sí misma, que es necesaria, sino por la forma en que se pretende hacer y la considera “inhumana e insegura”. Al menos, tras el informe del Consejo de Estado, se exigirá un certificado de antecedentes penales (y no sólo una declaración personal negándolos) y la controversia está en el certificado de antecedentes policiales, es decir, personas fichadas que están a la espera de celebración de juicio…. El proceso, que arranca con un decreto y no con una discusión en las Cortes Generales, genera serias dudas en ONGs sobre el papeleo a cumplimentar  y largas colas en los consulados ya que la población susceptible de ser regularizada excede el millón de personas; el Gobierno promete prestarles ayuda en los países de origen para agilizar los trámites y que consigan lo antes posible permiso de residencia y trabajo, pero no expulsará a quienes no lo obtengan. Al final PP y PSOE llevan la regularización de inmigrantes al centro de su batalla política, porque “se van a dar papeles a quienes han abusado de mujeres o han robado a un ciudadano” pues se está regularizando “a granel”…. Y mientras las CCAA del PP plantan cara a la regularización, que genera suspicacias en la UE, Andalucía, que está en precampaña, se desmarca de las ocho que quieren presentar recurso y Juanma Moreno alega “que estamos en campaña”. El Gobierno habilita a Transportes para la regularización ante la “avalancha” de peticiones y los expertos en Extranjería de la Policía ven difícil verificar los antecedentes de los inmigrantes para aprobar los expedientes. ¿Por qué un asunto de tamaña trascendencia, que afecta no sólo a toda España sino a toda la UE, se lleva a cabo de forma unilateral y no pactada con los socios?...La Comisión europea ya ha puesto objeciones a la medida y la UE avisa de que quienes queden regularizados no podrán transitar por toda Europa y la medida quedará circunscrita a España, donde se echa de menos que no se produzca previamente un debate parlamentario ante asunto tan peliagudo.

          Y mientras la Justicia europea fuerza al Gobierno español a hacer fijos a un millón de interinos, el Gobierno convalida 65.000 títulos universitarios, 30.000 médicos más para Sanidad, en tanto que las listas de espera se desbordan y más de 850.000 personas aguardan para operarse, siendo la Comunidad de Madrid la que desmonta las tesis de Mónica García al ser la región donde se interviene antes….Y Puente, ¡qué hacemos con Puente!, el ministro pone ahora en duda la actuación de Emergencias, cuestiona a la Guardia Civil sobre la rotura de la vía y las víctimas se dividen…él monta una web para desmentir “bulos” sobre Adamuz mientras los parientes de las victimas le reclaman “toda la verdad” frente al Congreso de los Diputados y le exigen “memoria y justicia”. Por otro lado los sindicatos entran en campaña andaluza tras recibir subvenciones record y trasladan la manifestación del 1º de mayo a Málaga (Sánchez ha disparado las ayudas a UGT y CCOO de 9 millones en 2018 a 32 en 2025 y 125 en total de su mandato).

                    En cuanto a otros asuntos se refiere citar que hay máxima presión policial para poder pinchar el “globo delincuencial” de Barcelona y su área metropolitana; que la Comisión de investigación del Senado culpa a Gobierno, CNMC y Red Eléctrica del apagón energético; que la Audiencia se alinea con Fiscalía y se inclina por revocar la libertad de la etarra Anboto; que las familias españolas con vivienda en propiedad caen a mínimos históricos y aumenta el alquiler; que la exconcejal popular de Móstoles en su querella contra el alcalde dice “tras mi negativa a tener relaciones sexuales, empezó la discriminación”; y que PP y Vox llegan a un acuerdo de gobierno en Extremadura y María Guardiola será investida Presidenta la próxima semana, los ultras controlarán Familia y Agricultura, el acuerdo prevé que se aprueben los presupuestos de toda la legislatura y se limitarán las prestaciones a los “sin papeles”.

          Y del exterior citar que los católicos se revuelven contra Trump en casa; que Magyar cerrará temporalmente los informativos de los medios públicos, convertidos en portavoces del Ejecutivo de Orban para emitir “propaganda”; que Lula da Silva en su visita a España para reunirse con Sánchez dice que “Trump no tiene derecho a levantarse y amenazar a un país”; y que Xi Jinping atribuye a Sánchez el apoyo español a la anexión de Taiwan y afirma tras su reunión con él que le dijo en privado que “se adhiere firmemente al principio de una sola China” y que España “valora la posición de China como gran potencia” y que “apoya activamente iniciativas globales de Xi”….. Y la guerra, la maldita guerra: con Trump atrapado en su propia osadía y sberbia arremetiendo contra todos los que le contradigan (Meloni, León XIV….) obligado a imponer a Israel un alto el fuego de diez días en Líbano para que negocien una paz definitiva y amenazando con reanudar la guerra si Teherán rechaza un pacto, mientras Macron y Starmer buscan crear un plan independiente para abrir el Estrecho, y Bruselas plantea un día de teletrabajo obligatorio por la crisis generada, rebajar el precio del transporte, cerrar edificios oficiales cuando sea posible y viajar menos en avión, en tanto que el FMI alerta de una recesión si la guerra se prolonga más allá del verano.         

                                        Jorge Cremades Sena