TAN SENCILLO COMO CUMPLIR LA LEY

 

                    En un Estado de Derecho lo esencial es cumplir la ley y, muy especialmente, que la cumplan las instituciones pues, en caso contrario, estaríamos en la antesala de un Estado de Derecho frustrado o fallido. Ello supone que quien no cumpla la ley, ya sea particular o institución, ha de ser sometido a ella y apechugar con las sanciones previstas en los respectivos Códigos de legislación (penal, civil, administrativo….etc etc), una vez que los tribunales pertinentes, que para eso están, dictaminen al respecto. Desgraciadamente es justo todo lo contrario de lo que viene sucediendo en España desde hace algún tiempo, pues los intereses políticos prevalecen sobre los intereses democráticos, que atañen a todos y a la convivencia pacífica, poniendo en grave riesgo la propia estabilidad democrática y viabilidad del Estado de Derecho. El último de los episodios graves de este atentado a la democracia (hay muchos más que podrían servirnos de ejemplo) lo protagoniza la Generalitat y el Govern de Cataluña al saltarse a la torera una sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a que en los colegios catalanes se imparta al menos un 25% de clases en castellano, la lengua común de todos los españoles, amparando así el derecho de un alumno en Canet de Mar, cuya familia había exigido a los tribunales que se garantizara dicho derecho a su hijo, cuando éste es atropellado e incumplido de forma casi generalizada no sólo en Canet sino en el resto de centros educativos catalanes. ¿Y qué hace la Generalitat y el Govern de Cataluña ante la sentencia del Supremo que da la razón a la familia de Canet? Pues bien, no sólo no se conforma con desacatar la sentencia, incumplirla y no hacerla cumplir sino que además arremete contra la familia y su hijo lanzando al secesionismo totalitario contra ellos y justifica dicho hostigamiento por el “ataque intolerable” a la inmersión lingüística, que, por cierto, en ningún momento dice que haya de impedirse la enseñanza en castellano y del castellano en las aulas, mientras Josep González, Consejero de Educación catalán, tilda cínicamente de “mentira” el conflicto y carga contra la Justicia, negándose a contestar en castellano a los periodistas durante su visita a Canet, donde, a pocos metros del colegio, decenas de personas se manifiestan contra la resolución judicial y aparecen carteles instando al niño y a su familia a que abandonen Cataluña. Sin duda “Canet es el eslabón de una cadena de linchamientos” y el acoso al menor y su familia una “estrategia para evitar la ejecución de la sentencia” a la vez que un intolerable aviso de la Generalitat a quienes se atrevan a reclamar el derecho a esas horas de castellano en las aulas, pues quién reclame castellano ya sabe a qué atenerse. “¿Quién se atreverá ahora a pedir más castellano después de lo del Colegio de Canet?” se preguntan los otros padres que reclaman ese 25% de clases en castellano tras sufrir estas amenazas, ataques de ansiedad, aislamiento social, boicot a sus negocios o tener que cambiar de ciudad….. sin duda, para la mayoría, ante semejante desamparo por parte del Estado, le es más fácil rendirse y someterse, aunque la familia de Canet, a quien obviamente le inquietan “las amenazas y los insultos” y manifiesta que “sólo queremos que nuestro hijo estudie en Canet en las dos lenguas”, está dispuesta a aguantar, mientras otras trece familias aguardan que la Justicia avale que sus hijos, como el de Canet, reciban ese 25% de clases en castellano, pues el TSJC resolverá en breve varias demandas individuales contra colegios que imponen ilegalmente todas las clases en catalán, sabedores que correrán idéntica suerte, pues las instituciones del Estado no hacen nada para evitar semejante conflicto, cuando la solución es tan sencilla como cumplir la ley y sancionar a quienes no la cumplan con todas las consecuencias.

          Así las cosas, el constitucionalismo se moviliza en el Congreso y en Bruselas por el acoso a los alumnos castellanohablantes, mientras Fiscalía investiga el acoso “por odio” a la familia de Canet, valorando el Ministerio Público la “trascendencia jurídica” de los mensajes en las redes de grupos soberanistas que, amparados por el Govern catalán, campan a sus anchas con absoluta impunidad, en tanto que los jueces exigen proteger a la familia. Es la patética realidad que vive la democracia en Cataluña. La UE estudiará el caso del niño acosado por los independentistas, socios del gobierno de Sánchez, tras denunciar Ciudadanos la situación ante la Comisión Europea pidiendo que se recoja en el informe sobre el Estado de Derecho, mientras la Justicia obliga en vano al Govern Catalá a que proteja al menor de Canet y a su familia. Entretanto el español celebra su fuerza y unión en el mundo (menos en Cataluña, ya ven) y en el 70º aniversario de la Asociación que reúne a las 23 Academias de la Lengua el Rey Felipe destaca que el español es “el valor que más nos identifica y hace grandes a nuestras naciones”, mientras Muñoz Machado, director de la RAE, dice que “el español es indiscutible en América, sería curioso que en España hubiera que protegerlo por ley”. Protegido está, el problema es que los totalitarios secesionistas y las instituciones que gobiernan se saltan dicha protección legal a la torera sin que otras instancias superiores del Estado de Derecho hagan nada para evitarlo, sino todo lo contrario, pues miran para otro lado. Todo lo contrario como sucede con la nueva asignatura de Historia de España que propone el Ministerio de Educación (por cierto, desprovisto de toda competencia en favor de las CCAA que cada una actúa como le viene en gana), que más bien parece un proyecto político que educativo con ese borrado en el currículo educativo de episodios históricos esenciales en el proceso de construcción del Estado Español como Al-Andalus, los Reyes Católicos o los Austrias, sin tener en cuenta que en una sociedad que pretende ser libre la Historia se enseña, pero no se usa de comodín partidista, pues una sociedad sin memoria histórica o con una memoria histórica parcializada e interesada está condenada al caos y la barbarie, más aún si además pretenden borrarle la lengua común construida durante siglos. Es el destino que amenaza a la sociedad española si no se pone remedio cuanto antes….y el remedio es bien sencillo: cumplir la ley y usar el sentido común, lamentablemente a veces, como ven, el menos común de los sentidos.

          Entretanto ERC, aunque sólo sea de boquilla, complica el Presupuesto para presionar a Sánchez por el catalán en Netflix y, al efecto, enmienda las cuentas del Gobierno en el Senado, pues, aunque ya no pueden tumbarlas, amenazan con retrasarlas para negociar la Ley Audiovisual. Por su parte el Gobierno acelera los fondos de la UE y autoriza ya 18.000 millones, pues ha aprobado más el 73% del gasto previsto para este año tras superar el atasco inicial y ha transferido 11.000 millones a las CCAA, mientras Calviño se niega a aceptar las previsiones de los organismos nacionales e internacionales que coinciden en que la recuperación total de la economía española se retrasará hasta 2023, pues España, el peor país de la UE en crecimiento y pérdida de productividad, deberá ganar 49.000 millones en 2022 para volver al PIB de 2019. Ojala que todos los organismos se equivoquen y acierte el Gobierno de Sánchez en su optimismo casi patológico. Y mientras los socios de gobierno exigen que el TC no aborde conflictos autonómicos (quieren una comisión bilateral o una sala de arbitraje paritaria Gobierno-CCAA) ya que consideran que el Alto Tribunal actúa de parte y no favorece a los nacionalistas, la UE invertirá 3.000 millones en transformar el automóvil en nuestro país, con un plan impulsando la preparación de las fábricas para el coche eléctrico. A ver si entre unas cosas y otras salimos del atasco en el que estamos metidos.

          Un atasco en el que además España vuelve a nivel de riesgo alto por los contagios de covid, pues la incidencia supera ya los 300 casos por 100.000 habitantes, la más elevada desde agosto, aunque las hospitalizaciones son menos que en olas anteriores; no obstante, en esta sexta ola la ocupación en las UCI aumenta un 158% y varias CCAA ya están en alerta pues triplican la incidencia media, como en Navarra, o la duplican, como en Euskadi. Y mientras Europa se enfrenta a ómicron con restricciones y la mayoría de países de la UE toma medidas para evitar una catástrofe durante las Navidades, España no hace nada extraordinario, salvo que cada Autonomía obre como considere oportuno……es la famosa y esperpéntica cogobernabilidad.

          Y por si el Gobierno minoritario de España no tuviera ya suficientes problemas, la irrupción exitosa del proyecto de la vicepresidenta Yolanda Díaz provoca recelos en el PSOE pero desinfla sus expectativas creyendo que, aunque superaría el resultado de Pablo Iglesias, lograría un máximo del 13% de los votos, por lo que afirman en Ferraz que “Yolanda tiene valores, pero sabe que no tiene opciones”. En todo caso, Díaz sigue a lo suyo pretendiendo ampliar su electorado y, por encima de viejos esquemas, visita al Papa Francisco en una reunión cordial, que enerva a la oposición política, y la Vicepresidenta dice al salir de la reunión con el Papa que “el encuentro con el Santo Padre ha sido emocionante”, “debo ser respetuosa y no les voy a poder revelar el contenido de la conversación con el Santo Padre”. Sin duda Yolanda goza de habilidades, mientras desde la derecha arremeten contra tan hábil encuentro diciendo absurdamente que más bien parece una “cumbre comunista”…evidentemente, la habilidad de Díaz contrasta con la torpeza de Macarena Puentes, Secretaria de Comunicación del PP de Madrid, quien ha tenido semejante ocurrencia. Entretanto, según NCReport, si hubiera elecciones generales, el PP perdería dos escaños en un solo mes, pero podría gobernar gracias a Vox, mientras Sánchez sigue en caída libre pero Yolanda Díaz sostiene a Podemos y el PSOE bajaría de 120 a 97-99 escaños al perder más de un millón de votos; los resultados serían: PP 29´3% de votos y entre 125-127 escaños, PSOE 25´2% y 98-100, Vox 15´2% y 49-51, UPodemos 9´8% y 24-26, ERC 3´4% y 13-14, JxCat 2´2% y 8, PNV 1´7% y 7, Más País 2´8% y 5-6, EHBildu 1% y 5, Ciudadanos 3% y 1, y Otros 5´6% y 10-11.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Dolores de Cospedal guarda silencio sobre Kitchen y en la comisión del Congreso que investiga la trama dice que es para no comprometer su futuro judicial; que los empleados de Neurona que trabajaron para Podemos son ilegales; que, según Hervé Boulhol, experto en pensiones de la OCDE, “España hace promesas difíciles de cumplir sobre el nivel de las pensiones”; que Montoya es condenado a prisión permanente revisable por asesinar a Laura Luelmo; que España es el segundo país más grande de la UE sin suelo para vivienda; que los controles se colapsan por la falta de efectivos dando lugar a atascos en los aeropuertos españoles a las puertas de Navidad; que el Banco de Santander tendrá que indemnizar con 68 millones a Orcel por su fichaje frustrado; que pueblos enteros están bajo las aguas por extensas lluvias e inundaciones de amplias zonas de Euskadi y Navarra especialmente; que muere Manolo Santana, pionero del deporte español y un mito del tenis con cuatro Grand Slams en la década de los sesenta; que Génova está preocupada porque la crisis con Ayuso afecte electoralmente y aplaza el congreso del PP catalán ante la crisis en su liderazgo; que Juan Carlos I alega ante la justicia inglesa que “representa al Estado” e invoca su inmunidad frente a Corinna porque su condición de Emérito “no significa que haya sido relegado” en la Casa Real, mientras en los correos de Corinna a su abogado en 2015 ella dice “necesito evadir responsabilidades antes de que esto se ensucie” y acusa a Juan Carlos de violar las normas de Felipe VI y la Ley británica; y que el juez rechaza excarcelar a Juana Rivas por ser un “peligro para sus hijos” y sostiene en su auto que “este juzgado ya no sabe cómo hacer llegar al Gobierno que, estando los niños bajo la custodia de su madre, uno de ellos fue abusado sexualmente, según dictaminó la pediatra, el forense y manifestó el propio menor”, explicando además que el fiscal del caso era contrario a la libertad y que sólo la pidió tras intervenir la Fiscal General Dolores Delgado.

          Y del exterior, destacar que Biden intenta dar oxígeno a las democracias ante el aumento de la desafección; que Jean Castex, primer ministro de Francia, dice “la ultraderecha no produce más que catástrofes, lucharemos con todo contra ella”; que mueren 55 migrantes hacinados en un camión en México y cien personas son hospitalizadas tras el choque del vehículo contra un puente; que Bruselas ofrece a los países un plan de compra conjunta de gas ante la crisis; que fallece a los 81 años Vicente Fernández, rey de las rancheras y último gran icono de la era dorada de la canción mexicana; que China desafía a EEUU con una base militar en el Atlántico y Guinea es el  lugar en que planea instalar un destacamento armado con la excusa de defender sus intereses comerciales; y que el “partygate” incita la rebelión interna contra Boris Johnson, acorralado por la facción de su propio partido que acabó con Theresa May y por la caída libre de su popularidad tras una polémica fiesta navideña.

Fdo. Jorge Cremades Sena

UN TRAJE VIEJO

 

                    Tras la exhibición en el Día de la Constitución de la falta de consenso para hacer con normalidad las reformas que nuestra Carta Magna necesite, habría que concluir que, de entrada, lo que deben hacer las instituciones gubernamentales del ámbito territorial que sean es respetarla y acatarla, reformada o no, pues, en caso contrario, como está sucediendo, de nada vale hacer el mejor marco legal si luego los propios gobernantes se lo saltan a la torera cuando les conviene. De entrada no es de recibo que tanto Sánchez, Presidente del Gobierno, como Batet, Presidenta del Congreso (dos instituciones básicas que representan respectivamente el Poder Ejecutivo y el Legislativo del Estado), utilicen el evento conmemorativo para cargar contra el Jefe de la oposición, en este caso Casado, al extremo de que Batet rompe la tradicional y esencial neutralidad de su cargo señalando al PP de no querer pactar el CGPJ, mientras los socios de Sánchez aprovechan para deslegitimar, una vez más, la Carta Magna. En efecto, la Presidenta del Congreso usa el discurso institucional para acusar a la oposición de “judicializar la política” y no admitir su derrota electoral, mientras Unidas Podemos, partido minoritario pero  cogobernante con el PSOE de Sánchez, tilda la Carta Magna de “traje viejo” y llama a que “la calle presione” para poder lograr la abolición de la Monarquía Parlamentaria, en tanto que ningún nacionalista acude al acto (sin que ello sea objeto de crítica ni mención por parte de Batet o Sánchez), mientras ERC aprovecha para reclamar una “Constitución catalana” y el PNV para pedir que se reconozca “la nación vasca”. Todo esto no tendría demasiada importancia si se tratara de líderes políticos que legítimamente actúan intentando atraer a sus proyectos de partido el mayor número de apoyos posibles, pero no es el caso, pues todos ellos tienen responsabilidades institucionales gubernamentales importantes, que la Constitución legitima y que, por tanto, obliga a sus líderes a cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente emanada de ella, comenzando por acatarla y respetarla, lo que, en caso contrario, supone una gravedad extrema para la higiene democrática de nuestro país. No extraña pues que, con este “traje viejo” y encima pisoteado y que desde las instituciones no se quiere limpiar y renovar, sino resquebrajar y tirar a la basura, la Generalitat se permita, sin que pase nada, arremeter contra un niño cuyo delito es que sus padres han exigido, en concordancia con lo sentenciado por el Tribunal Supremo, que, al menos, el 25% de las clases las reciba en castellano, la lengua oficial en toda España, por lo que los progenitores del menor se han visto obligados a pedir protección a la Justicia para su hijo mediante un escrito al TSJ de Cataluña solicitando medidas especiales para que se impida el acoso que está sufriendo y se preserve su integridad, mientras la portavoz del Govern, en vez de acatar y cumplir lo que le exige el Supremo, ignora los ataques que el niño recibe y se sorprende porque un solo alumno en Canet de Mar “obligue a cambiar la lengua al resto”, cuando no es de eso de lo que se trata sino de garantizarle al alumno y al resto de alumnos el derecho a recibir en castellano ese mínimo de clases que la Justicia dictamina. Y luego hablamos de “judicializar la política” cuando de lo que se trata es de restablecer la Justicia vía jurídica ante las injusticias impuestas por los demás poderes del Estado desde la política. ¡Quién si no va a obligar al Govern a que cumpla la sentencia del Supremo! Y mientras, tras el caso de Canet de Mar, otras familias se animan a peticiones de bilingüismo en Cataluña, la ministra de Educación, Pilar Alegría, diluye la Historia de España anterior a 1812 y centra los estudios del nuevo Bachillerato en la Historia Contemporánea haciendo desaparecer en el currículo cualquier mención a los Reyes Católicos, a los Austrias y a Al-Andalus….. al final, ya ven, España va a resultar que ha surgido por generación espontánea o por arte de magia; ¡y así nos va!.

          Y con grandes aglomeraciones para las compras de Navidad en pleno rebrote de casos de contagios de coronavirus, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, deja bien claro que “no habrá ley de pandemias porque la cogobernanza es eficaz”, mientras, según SigmaDos, los españoles demandan a Sánchez la creación de una ley de pandemias (hasta los votantes del PSOE consideran de forma masiva que el Gobierno debe definir el marco  legal ante el covid), la mayoría defiende el uso del “pasaporte” y teme que ómicron frene la recuperación. Pero ya ven, aquí cada autonomía actúa como considera oportuno, pues, al parecer, lo único que tiene claro el Gobierno como norma común para todos es que el IVA de las mascarillas suba al 21% en 2022 a pesar de que su uso es obligatorio. Entretanto, tras una cena navideña, 68 sanitarios del hospital de Málaga se contagian de covid y la vacuna española llega a mil voluntarios, pues el laboratorio Hipra, experto en virus en animales, amplía sus ensayos en humanos y un estudio de Pfizer señala que la tercera dosis eleva las defensas frente a ómicron por lo que “protegerá de modo robusto” contra dicha variante. Vacunación que, por cierto, se extenderá en España a niños de 5 a 11 años desde la próxima semana, aunque Sanidad no tendrá vacunas para el 60% de ellos hasta 2022, ya que las CCAA, cada una a su criterio, dispondrán de 1´3 millones de dosis de Pfizer para inmunizar a 3´3 millones de niños en este tramo de edad y hasta enero no se prevé la llegada de otros dos millones de viales para afrontar una campaña que arrancará el día 15 y consistirá en dos tomas con ocho semanas de diferencia con el objetivo de tratar de frenar los crecientes contagios en esta franja de edad, que lidera desde hace semanas la incidencia general. Además Sanidad quiere prohibir fumar en terrazas, en el coche, en las playas y poner freno al vapeo, y además prevé subir los impuestos relacionados con el tabaco y castigar la publicidad encubierta.

          En cuanto a cuestiones económicas se refiere, España es el país avanzado donde más subió la presión fiscal en 2020, cuando el PIB cayó más que la recaudación, escalando en 2021 las empresas en quiebra hasta niveles de la crisis anterior, pues, a falta de un mes para cerrar el año, ya superan las de 2015, destacando Cataluña con un aumento de los concursos de acreedores del 50% respecto a 2020. Por otro lado, la burocracia asfixia el 68% de las ayudas públicas (de los 37.000 millones de los principales programas, sólo 11.600 están en ejecución; el Ingreso Mínimo Vital sólo llega al 41% de los hogares que se fijó como objetivo; 2.500 millones para pymes y  autónomos se pierden por los requisitos administrativos y el 65% de los gestores públicos ve ineficaz la tramitación de los fondos europeos), mientras las CCAA rozan el primer superávit fiscal de su historia y cierran septiembre con un saldo positivo de más de 9.000 millones, estando los recursos inyectados por el Estado tras este inédito resultado mientras los barones de la España vaciada esperan más dinero para pactar la financiación. Ante esta situación, Manuel Pérez-Sala del Círculo de Empresarios manifiesta que “Calviño no decide; son Sánchez y Díaz, ellos van a definir la reforma laboral y las pensiones”, que “si se pierden los fondos europeos será por la incapacidad del Gobierno, no por culpa de Garamendi” y que “hay que hacer un  gran pacto para que los empresarios mantengan a los empleados hasta los 70 o 72 años”. Por su parte la OCDE, que critica la fórmula de revalorización que introdujo el PP, avisa del golpe de la pandemia a las pensiones del futuro y pide que suba el periodo de cálculo de las cuantías de las mismas.

          Y mientras, según SigmaDos, los votantes del PP y Vox recelan de la candidatura de la España vaciada, el PP descarta listas con Ciudadanos ya que “traicionaron la confianza”, por lo que no irán juntos en Andalucía pues “rompieron el tablero” en Madrid y Murcia. Por su parte Moncloa quiere desactivar la plataforma de la España vaciada, con lo que Sánchez diseña una estrategia desde el Gobierno y el PSOE para mitigar su empuje electoral, para lo que el Presidente cuenta con equipos en Moncloa y en Ferraz para frenar el avance de estos movimientos, más o menos populistas, mientras reaparece Iglesias para atacar a Altares porque “parece un ministro del PP” y la Fiscal Delgado se convierte en una pesada “carga” para Sánchez, creyendo el Gobierno que no es “útil” mientras crece la alarma por una “campaña contra ella”, preocupación que ha saltado por el temor a que surjan nuevas filtraciones que la perjudiquen.

          Entretanto un juez examina la inmunidad de Juan Carlos I ante la demanda de Corinna y España alega inmunidad, aunque la niega a Jefes de Estado extranjeros, pues, una vez dejado el cargo la inmunidad se limita a los actos durante su mandato en el ejercicio de sus funciones; asimismo Don Juan Carlos alega también indefensión en esta denuncia por acoso al no poder citar al CNI.

          En cuanto se refiere a otros asuntos cabe citar que una FP escasa y una formación precaria son los pilares del paro juvenil eterno en nuestro país; que Atlético de Madrid y Real Madrid, éste como primero de grupo, pasan a octavos de Champions, mientras Sevilla y Barça caen y tendrán que jugar la Europa League, quedando pendiente lo que haga hoy el Villarreal ante el Atalanta en partido aplazado por acumulación de nieve en el campo de los italianos; y que Belarra impulsó la purga de los abogados que denunciaron irregularidades en Podemos, pues la líder del partido instó con mensajes internos a despedirles por “dar guerra”, ordenó votar “sí, sin más” y alimentó falsas acusaciones de acoso…..al final, con el mejor estilo de los partidos totalitarios.

          Y del exterior, destacar que Maduro utiliza trampas para impedir que la oposición gane en la cuna de Chávez; que la UE quiere poner coto con multas a los desmanes de los gigantes digitales; que los cortes de energía en China amenazan la Navidad, mientras la actividad de las fábricas se contrae en noviembre; que Biden y la UE amenazan a Putin con sanciones económicas “y de otro tipo” si invade Ucrania, expresando el norteamericano al ruso su apoyo a la soberanía e integridad del país en conflicto y sumándose Von der Leyen a la presión contra Moscú; y que el socialdemócrata Olaf Scholz es proclamado canciller y abre en Alemania una era política de grandes desafíos asumiendo el liderazgo en lo peor de la pandemia con un gobierno tripartito con verdes y liberales de 16 miembros (frente a los 22 que tiene el de Sánchez en España) con lo que el Bundestag cierra la era Merkel y promete un “nuevo comienzo” alemán para llevar a cabo una revolución climática, una subida del salario mínimo y la permisión de votar a partir de los 16 años, con la pandemia y Europa como prioridades añadidas de su gobierno de coalición.

Fdo. Jorge Cremades Sena

CONSTITUCIÓN AMENAZADA

 

                    Desde que en 1983 con un Gobierno socialista, presidido por Felipe González, se declarara el 6 de diciembre como “Día de la Constitución”, mandando a las instituciones nacionales, territoriales y a las Fuerzas Armadas conmemorarlo “con la mayor solemnidad”, cada año los españoles hemos rendido homenaje a nuestra Carta Magna, sinónimo indiscutible de libertad y convivencia pacífica entre todos los ciudadanos que saben, o debieran saber, que sin este marco legal de derechos y deberes sólo cabe el caos y la ley del más fuerte (experiencia amarga que los españoles, desgraciadamente, hemos padecido a lo largo de nuestra historia). No en vano el entonces Presidente del Congreso, Gregorio Peces Barba, cuando llegó aquel primer 6-D se congratulaba de que “la maldición de la dialéctica amigo-enemigo y del odio como motor de la vida política” quedaba desterrada de la política española ya que “el derecho es el único cauce racional de ordenación de la vida social y tiene que ser respetado y acatado”. Hoy, varias décadas después y con el PSOE también en La Moncloa, se respira un ambiente preocupante pues este PSOE de Sánchez, que tiene poco que ver con aquel PSOE de Felipe, ha decidido incluir como socios y aliados de su gobierno a fuerzas nacionales y territoriales que no sólo no conmemoran la Constitución sino que además pretenden derribarla, comenzando por pulverizar sus bases de concordia, hijas del consenso político de entonces, con una reinterpretación de la Ley de Amnistía propuesta por PSOE y Podemos desde el propio Gobierno, que supone un peligroso revisionismo de la Transición que pone en riesgo las mismas bases de concordia que entonces inspiraron a la inmensa mayoría de españoles para salir del negro túnel de la dictadura y disfrutar del limpio paisaje de la democracia, lo que ha aportado a los españoles el periodo más largo y de mayor progreso en paz y libertad de toda su historia. No en vano otro clásico socialista, el ex ministro Virgilio Zapatero, advierte de que la ley de Amnistía fue “el cimiento de la Constitución” como pacto hecho entre todos para “mirar hacia adelante, no para olvidar”, y que, aunque se puede mejorar “siempre que se haga por las vías previstas, tocar esos cimientos es una operación mucho más delicada que supone una ruptura”, en definitiva, que se debe “evolucionar y reformar, pero sin afectar a los cimientos”, como es el caso, mientras otro viejo socialista Jerónimo Saavedra añade “me plantea cierta inquietud el revisionismo de sectores mal llamados progresistas” pues “no se puede gobernar en base a rencores sino a reconocimientos, y gracias a la Ley de Amnistía llevamos 43 años de democracia y Constitución” y reinterpretarla “supone acentuar la división de la sociedad en bloques y la historia demuestra que eso ha sido funesto para los españoles”. La ley de Amnistía, como sostiene el ex vicepresidente del Congreso por UCD, Bravo de Laguna, “no fue para olvidar el pasado sino para mirar hacia el futuro” concluyendo que “estamos en una deriva muy delicada y muy peligrosa para la política española y para su estabilidad porque revisar es fácil, pero llegar a consensos después, no es tan sencillo”. En definitiva, es preocupante que PSOE y Podemos, que ni siquiera cuentan con mayoría simple en el Congreso, pretendan imponer desde su minoría semejante disenso social con el apoyo de grupos secesionistas y nacionalistas radicales que, como Podemos, buscan sencillamente finiquitar lo que llaman el “régimen del 78” sin plantearse que, en el mejor o peor de los casos, al menos, si son democráticos, debieran contar con una mayoría aplastante en el Congreso y en posterior referéndum, tal como lo hicieron posible en aquella compleja Transición, ejemplo para muchos entonces, y que hoy algunos quieren borrar de la Historia para volver al tradicional desencuentro histórico entre los españoles.

          Y es que en este Día de la Constitución, que celebramos hoy, se observa con preocupación cómo Sánchez embarca al PSOE en semejante revisionismo constitucional, que se sabe cómo empieza pero no como termina, sin reparar en que “reinterpretar la amnistía de 1977 es romper con los cimientos de la Transición” y dinamitar el espíritu de consenso que la inspiró. Hoy el actual portavoz socialista, Héctor Gómez, defiende la iniciativa del Ejecutivo de coalición y considera que el nuevo texto de Memoria “no pone en peligro los cimientos de la Constitución, sino que profundiza, precisamente, en sus valores” olvidando que, precisamente, uno de esos valores es el consenso y el pacto, y añade que “los socialistas somos unos defensores absolutamente indiscutibles de la Transición y de todos los pasos que se dieron hasta la promulgación de nuestra Carta Magna”, mientras la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, le recuerda que “los cimientos de la Constitución son la concordia y el reencuentro” y que “la reinterpretación de la Ley de Amnistía busca no dejarnos ser hijos de la Transición y mantenernos como nietos de la Dictadura”, añadiendo que el sanchismo ya no es socialismo, pues “lo ha devorado” ya que “la gran diferencia entre uno y otro es que para Sánchez el fin justifica los medios” lo que “significa la ausencia de límites para mantenerse en el poder, incluido destrozar y reinterpretar el papel que tuvo el propio PSOE en la Transición” ya que “si necesita unos votos, no tendrá problema en entregar esa parte de nuestra historia”. Por su  parte, Margarita Robles, ministra de Defensa, sostiene que “la Constitución no necesita ninguna reforma; le queda una vida muy larga” y añade “me siento muy tranquila con nuestro Rey; nadie es responsable de lo que haga su familia”. La realidad es que, pasados los años, nuestra Carta Magna está seriamente amenazada, pues, aunque requiere de retoques y reformas, tal como apuntan varios juristas, en asuntos como la sucesión de la Corona, las autonomías, la inviolabilidad del Rey, el Estado de Excepción, los aforamientos y algunos derechos fundamentales, lo que debiera lograrse con un amplio consenso, pero no, como pretende este minoritario Gobierno de coalición, atentando peligrosamente a los cimientos de concordia que la inspiraron en su momento, como es la Ley de Amnistía, pues ello supondría como pretenden algunos volver a la España de buenos y malos, según unos u otros, es decir, al enfrentamiento irracional entre españoles que tanto daño nos hizo en el pasado. No en vano, según NCReport, el 55´5% de los españoles cree que la Constitución corre peligro, pues la mayoría teme que los socios de Sánchez la liquiden, aunque a su vez el 75´7% piensan que es necesaria alguna reforma, en sintonía con lo que plantean los expertos.

          Entretanto, en medio de este peligroso juego de tira y afloja, el Gobierno da marcha atrás y renuncia de momento a impulsar la Ley de la Corona, mientras PSOE y Errejón plantean asaltar los organismos independientes (en un texto registrado en el Congreso cuestionan “la legitimidad democrática” de la CNMV, la AIReF o la Transparencia, abogando por la intervención del Gobierno y que puedan ser presididos por militantes) y mientras Sánchez se alía con el líder sindical europeo, Luca Visentini, Presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, quien, tras visitar Moncloa, afirma que de lo que se trata es “para frenar las interferencias de Bruselas en las reformas progresistas españolas” para lo que “estamos totalmente coordinados”. En definitiva, cuando menos controles al Ejecutivo, tanto mejor, a pesar de que Sánchez y Díaz, es decir PSOE y Podemos, exigían a Rajoy en 2018 el debate sobre el estado de la Nación y ahora lo eluden (ambos partidos presentaron una proposición no de ley porque el líder del PP llevaba tres años sin convocar la tradicional cita…..hoy ya son seis años sin examinar al Gobierno).

          Y mientras Merkel impone en Alemania el confinamiento “de facto” para los no vacunados e impondrá los sueros a partir de febrero (las grandes potencias reaccionan a la variante ómicron: Italia vuelve a la mascarilla y EEUU apuesta por hacer pruebas masivas) Madrid registra el primer caso de transmisión comunitaria de dicha variante al no haber tenido nada que ver con Sudáfrica ni haber estado en contacto con contagiados, en tanto que Sanidad, pese a la transmisión comunitaria de ómicron, se limita a desaconsejar, que no a imponer, las aglomeraciones y rechaza la vacunación obligatoria, dejando a las CCAA en un limbo jurídico intolerable en tanto que las famosas actas covid rompen el Consejo Interterritorial. El Supremo exige a Moncloa los informes ocultos del Estado de Alarma, tras admitir la Abogacía del Estado que elaboró más documentos de los que el Gobierno ha remitido a Vox, en tanto que la vicepresidenta Yolanda Díaz, señala a Moncloa por ignorar el covid antes del famoso 8-M y afirma que desde febrero ella “veía lo que iba a pasar” y que en el propio Gobierno se la acusó de “alarmista”, por lo que el PP reclama ahora investigar tras su “confesión” y Vox pide reabrir la causa judicial, mientras ella da la cara tras la polémica de sus palabras de censura a la gestión de la covid, que han generado gran malestar en el Ejecutivo ya que dan “armas a la oposición”, y matiza lo dicho apuntando al PP por una “disputa artificial”. Al final, la realidad es que más de 26 millones de españoles viven en riesgo medio por covid (según el nuevo semáforo, siete CCAA registran casos al alza y más presión sobre Sanidad), que la incidencia ha subido un 45% en una semana, que la pandemia se acelera con más de 730 muertos durante el primer mes de la sexta ola, y que las CCAA la enfrentan decididas a no imponer restricciones, mientras sus presidentes critican, con mayor o menor énfasis, el desinterés del Gobierno para hacer frente a la situación.

          Como dato tremendamente positivo cabe resaltar que, a pesar de todo, España crea 2.000 empleos diarios desde hace un año con lo que el paro registra una caída sin precedentes en noviembre, siendo Madrid la autonomía que más empleos genera (39.000 de los 62.000 nuevos empleos), con lo que la economía suma un record de afiliados en noviembre con la reforma laboral que Sánchez y los suyos quieren derogar, en tanto que la Ministra Montero acusa a Ayuso y a la prensa de “ahuyentar la inversión” por sus críticas “alarmistas” a la política fiscal del Gobierno. La realidad es que, en plena vigencia de la actual reforma laboral que el Ejecutivo quiere derogar, el paro suma nueve meses a la baja pero con 285.000 trabajadores inactivos, mientras la OCDE y Funcas prevén que los hogares soporten en 2022 una inflación superior a la que sufrirán este año, mientras el ahorro, la subida de los precios y la incertidumbre disparan el interés de las familias por invertir en fondos, en tanto que Bruselas avala las reformas y desbloquea 10.000 millones para nuestro país y los mercados prevén otra gran escalada de los precios de la luz ante el mayor pico de demanda del año, vaticinando ya los 245 euros MWh, lo que desmiente la afirmación del Gobierno de que al final los españoles íbamos a pagar por la energía lo mismo que el año anterior ya que para ello se requeriría que en el recibo próximo en vez de cobrar se desembolsara todo lo hasta ahora pagado de más, que no es poco.

          Además, el citado encarecimiento de la luz, el gasóleo, los fertilizantes y los piensos se come los ingresos extra de agricultores y ganaderos derivados del alza de los precios de los alimentos, ahogando al campo y a la llamada España vaciada, cuyo partido, de nueva creación, penaliza más, según expertos, al PP que al PSOE, ya que los populares podrían perder hasta 11 escaños por el trasvase de votos en algunos de sus feudos históricos a esta coalición que se cerrará en enero y se presentará en las generales, autonómicas y locales. Si a esto se añade la crisis interna en el PP, cada vez se aleja más Casado de conseguir la mayoría absoluta con Vox, pues, según SigmaDos, la derecha obtendría 173 escaños frente a los 130 de la coalición PSOE-Podemos (a los que habría que añadir, como ahora, a los nacionalistas, secesionistas y radicales), mientras Ciudadanos quedaría al borde de la extinción con un solo diputado y Más País registraría un salto importante al pasar de dos a siete representantes. Mientras tanto Ayuso pasa al ataque frente al sanchismo (la gestión es su baza frente al pulso con Génova y la aprobación de los presupuestos regionales con Vox como alternativa a las políticas de Sánchez) y se da una apoteosis constitucional con un baño de masas a la salida del acto homenaje a la Constitución, tras reivindicar en el discurso previo el papel del Rey Juan Carlos y de socialistas históricos como Felipe González durante la Transición, que ahora algunos quieren borrar de nuestra historia.

          Y en Cataluña, los secesionistas siguen a lo suyo desde las instituciones que controlan y mientras la Generalitat alecciona a los profesores con el mensaje de “tenéis que ser un modelo de lengua catalana” y desacata las órdenes judiciales, Diego Ávalos, Vicepresidente de Netflix en España y Portugal manifiesta “nos interesa el talento en cualquier idioma”, en tanto que el Govern alienta un boicot contra su empresa por no incluir series en catalán. Entretanto sigue la sangría industrial en Cataluña con 14.000 empleos perdidos, con lo que ya son 141.000 puestos de trabajo eliminados en 20 años y un progresivo cierre de industrias, otrora motriz de la economía española…..y es que el secesionismo, aliado de Sánchez, sólo entiende de cuestiones identitarias frente al resto de España para utilizarlas como base de confrontación, que no de confluencia, con el Estado diseñado en nuestra Constitución.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que la Fiscalía evita archivar la investigación al Emérito antes del discurso de Navidad del Rey; que Educación y Salud pesarán más en la financiación autonómica, con lo que Hacienda trata de ajustar el modelo para contentar a los barones; que la presión migratoria se enquista en Canarias al cumplirse un año de la crisis que puso en jaque el modelo de acogida en España; que la letalidad de los gases del volcán de La Palma impide la vuelta a casa, pues las autoridades mantienen la prohibición de cruzar a la zona de exclusión tras comprobar la muerte de aves por la elevada concentración de monóxido de carbono; y que el bloqueo del CGPJ indigna a los jueces quienes piensan que “hemos tocado fondo”, mientras las asociaciones reclaman la renovación del Consejo, que cumple tres años en funciones, y la APM exige una reforma legal para que “los jueces elijamos a los jueces”…un bloqueo que puede prolongarse hasta las generales pues el PP critica que “el Gobierno ceda con Bildu y ERC, pero no sea capaz de hacerlo con nosotros” y esta actitud del PSE provoca que no se avance en la negociación.

          Y del exterior, destacar que EEUU exige a Rusia que retire sus tropas de la frontera con Ucrania; que la UE allana el camino para dejar sin fondos a Polonia y Hungría; que Alemania aislará a su población no vacunada; que los conservadores franceses eligen a la liberal Valérie Pécresse para desbancar a Macron; que Merkel es despedida con un desfile militar para honrarla por haber dirigido Alemania durante 16 años; que la oposición de Nicaragua, Venezuela y Cuba arremete contra el Grupo de Puebla, apoyado por Zapatero, porque blanquea las dictaduras latinoamericanas; y que el Papa Francisco, durante su visita al campo de refugiados de Lesbos, suplica a la clase política que detenga el “naufragio” de la civilización ya que “el Mediterráneo se está convirtiendo en un frío cementerio sin lápidas"….dicho queda.

Fdo. Jorge Cremades Sena

LA TOZUDA REALIDAD

 

                    Por más que un gobierno quiera vender su gestión con altas dosis de optimismo y demagogia, al final la tozuda realidad se impone, es inevitable, sobre todo cuando una crisis global causada por la pandemia no deja apenas margen para un atisbo de esperanza, siendo un error por otra parte achacar a dicha pandemia toda la culpa con el objetivo de tapar la mala gestión gubernamental. En todo caso lo improcedente en situaciones de crisis, como es el caso, es generar falsas esperanzas con horizontes idílicos cuando lo que procede es apretarse el cinturón para hacer frente con éxito a las dificultades sobrevenidas. En efecto, la variante ómicron del coronavirus ya está entre nosotros y la OMS y el G-7 alertan del “alto riesgo” de la misma, cuando, al parecer, ya circulaba por Europa antes de la alerta dada por Sudáfrica, mientras ahora se extiende por toda la UE, lo que debiera enseñarnos que hacer un derroche de vacunas, incluso permitiendo su caducidad, en el mundo desarrollado no vale de nada si el mundo del subdesarrollo apenas se inmuniza. En España, que, gracias a la buena campaña de vacunación, está en buena posición de contagios, aunque se están disparando en estos días, mientras los expertos discuten sobre la eficacia del pasaporte covid y se dividen sobre la necesidad de vacunar a los menores de 5 a 11 años, el Gobierno descarta volver a restricciones, temiendo que los datos de la pandemia empeoren tras los viajes y las reuniones de este largo puente de diciembre, mientras Portugal, el país más vacunado de la UE, vuelve a dichas restricciones. Por otro lado el Gobierno de Sánchez carece de un “plan b” jurídico frente a la sexta ola de contagios, que ya está aquí, pues su estrategia se basa estrictamente en la vacunación sin tener que aplicar medidas que afecten a la economía, limitándose Sanidad a recomendar poner límites a los eventos navideños ante esta nueva variante ómicron, para que sean las CCAA las que, cada una por su cuenta, vayan adoptando las medidas que consideren oportuno en sus respectivos territorios. Y mientras Bruselas alienta el debate sobre la vacunación obligatoria (Von der Leyen secunda la idea de Scholz en Alemania, y Francia, Portugal e Irlanda prevén pedir PCR también a los viajeros vacunados) se impone cuarentena forzosa para los contactos de casos de ómicron, en tanto que la OCDE alerta de que la nueva variante pone en riesgo la recuperación. Es la tozuda realidad, que ni se puede eludir ni se debe ocultar, si queremos afrontar el futuro con esperanzas de éxito. No vale pues que el Ministerio de Sanidad, como ha hecho, omita, por ejemplo, en las “actas covid” las quejas clave de las CCAA, abandonadas a su libre albedrío, y retire de la transcripción de las reuniones del Consejo Interterritorial las protestas literales de los consejeros sobre la gestión de la pandemia hasta ahora, cuando el Ministerio las ha retenido y ocultado más de un año. Si un gobierno es incapaz de coger el toro por los cuernos para evitar el pertinente desgaste y no promueve una ley general que, con todas las consecuencias, obligue a las autonomías a una misma estrategia contra la pandemia, que, al menos, publique con total transparencia y no oculte las quejas y propuestas que las CCAA le hacen en el Consejo Interterritorial, ante el caos jurídico existente; es lo menos que se le puede pedir pues ocultar la tozuda realidad tiene las patas muy cortas y nada positivo, sino todo lo contrario.

          Tozuda realidad que se impone además en el entramado y complejo sistema de alianzas de Sánchez con aquellos grupos políticos que tienen como objetivo prioritario derribar nuestro actual sistema de convivencia recogido en nuestra Constitución, pretendiendo todos ellos, incluido el Gobierno, vendernos la burra como mejor pueden para salir de sus propias contradicciones. Así, en el asunto catalán, mientras denuncian por prevaricación al Consejo catalán de Educación, el Parlament vota no a la sentencia del castellano, con el PSC aliándose con los soberanistas sorprendentemente para rechazar la propuesta acatando el 25% de clases en castellano que dicta el Supremo y que la Generalitat desacata indecentemente, mientras ERC cuestiona ahora su reciente apoyo al Gobierno en los Presupuestos porque no garantiza el apoyo del catalán en Netflix y HBO, obligando ahora al PSOE a renegociar la ley audiovisual si quiere salvar el apoyo de los republicanos a los PGE, mientras Podemos, socio de Sánchez en la coalición gubernamental, también recela del texto que fija cuotas lingüísticas. ERC, aunque sólo sea de cara a la galería, mantiene la presión tras fracasar la reunión por la cuota de Netflix con el mejor estilo chulesco de su portavoz Rufián, mientras Moncloa mantiene la hoja de ruta en su relación con los republicanos pese a estas tensiones, sin duda demagógicas (al final seguirán juntos ya que a amos le interesa), y el Gobierno reunirá en enero la “mesa de diálogo”, pues el pulso por los Presupuestos no frena la “entente” entre ambas partes, necesaria para que ambos puedan seguir vendiendo su ficción a sus respectivas clientelas. Entretanto la Generalitat pregunta a los alumnos de espaldas a sus padres qué lengua utilizan, interrogándoles sobre el idioma que utilizan los profesores en cada asignatura o cuál emplean ellos con sus compañeros, todo ello con el visto bueno del Consejero de Educación que instó expresamente a los educadores a no recabar el permiso paterno para el test……el nacionalismo secesionista que esté por encima de todo.

          Y tozuda realidad es el patético entendimiento del Gobierno con EHBildu, cuando los presos de ETA piden acabar con los homenajes públicos y el colectivo de presos admite que los ongi etorri causan “dolor” a las víctimas (¡menos mal que lo reconocen!), por lo que anuncian recibimientos “discretos” tras la lucha de las víctimas, pero no hablan de colaborar para esclarecer crímenes no resueltos de la banda terrorista. Es obvio que esta renuncia interesada a los indecentes homenajes a etarras allana el camino para más cesiones a los presos, cuando los expertos en antiterrorismo avisan de que el Gobierno negoció con Bildu más privilegios penitenciarios para la banda a cambio del fin de los indecentes ongi etorri, en tanto que, paradójicamente, el PSOE vota en el Congreso en contra de prohibirlos, que debiera ser lo más acertado en vez de esta cínica renuncia “voluntaria” a los mismos; en definitiva, los presos facilitan el plan de alianza PSOE-Bildu cuando los socialistas conocían por Otegi el gesto que preparaban…..el paripé está servido.

          Entretanto las pensiones subirán un 2´5% el próximo año por el repunte de la inflación, que inevitablemente hará perder poder adquisitivo a todos los españoles. En efecto, la inflación resta ya 9.000 millones a las familias y dispara los ingresos de Hacienda, pues el IPC aumenta un 5´6% en noviembre, la mayor escalada de los  precios en 29 años, y la recaudación fiscal crece en 8.300 millones respecto a 2019 especialmente por el IVA; los precios suben cuatro veces más que los salarios y devoran inevitablemente el poder adquisitivo, ya que mientras el IPC se dispara los sueldos apenas avanzan. Consecuencia, lo españoles cada vez más pobres. Por su parte la OCDE hunde dos puntos las previsiones de crecimiento del Gobierno y estima que la economía española sólo crecerá un 4´5% este año y un 5´1% en 2022, mientras el Banco de España identifica hasta siete puntos que pueden lastrar la anunciada recuperación, como la inflación o las nuevas variantes de covid.

          Por su parte el Rey anima a los jueces en Cataluña a cumplir con su “misión constitucional” mientras vuelve a presidir en Barcelona la entrega de despachos, eso sí, sin ningún representante del Govern asistiendo al acto de la Escuela Judicial. Además Felipe VI reclama en Barcelona “seguridad jurídica” durante el acto de entrega de premios de la patronal Fomento del Trabajo, en el que ensalza la figura del empresario y llama a buscar contextos para relanzar la economía, lo que, si en el resto de España ya es complicado, en Cataluña con el asunto del secesionismo anticonstitucional se hace casi imposible.

          Y mientras Ayuso pacta el Presupuesto de la Comunidad de Madrid con Vox y auditará el coste de los “menas”, los de Abascal acorralan a Juanma Moreno en Andalucía y a Martínez-Almeida en la Alcaldía de Madrid; un pacto de Ayuso con Vox en base al programa de investidura por el que no habrá ningún otro acuerdo, ni total ni parcial, con  ningún otro grupo político madrileño. Entretanto se produce un frío y tenso reencuentro de Ayuso y Casado en el acto de presentación del libro de Rajoy, que con tal evento logra reunirlos, aunque no logra que disimulen su frialdad y distanciamiento, mientras Génova relega a la Presidenta madrileña para dar relevancia a Almeida en el próximo congreso regional del partido.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que Alexia Putellas es la primera española en ganar el Balón de Oro; que el Gobierno propone que los afectados por ERTE cobren el salario íntegro; que Serrat se retira de los escenarios y anuncia que lo hará tras una última gira en 2022, que cerrará en Barcelona; que el Gobierno prepara el golpe final a los planes de pensiones privados con el objetivo de eliminar completamente los incentivos fiscales al ahorro individual y potenciar el superfondo colectivo del ministro Escrivá; que Hacienda se plantea suprimir el gasóleo profesional, medida que asestaría un duro golpe al sector del transporte por carretera; y que Inditex consolida el relevo generacional para afianzar a la dinastía Ortega y, tras anunciar que Marta, la hija pequeña del fundador, presidirá el imperio textil tras la salida de Pablo Isla, que abandona la compañía “de mutuo acuerdo”, las acciones de la empresa pierden un 6% de su valor, recelando los inversores de dicho relevo.

          Y del exterior, destacar que Bruselas celebra la apuesta europeísta del futuro gobierno alemán, percibiendo las autoridades comunitarias en Scholz una ambición mayor que la de Merkel; que Macron sale en defensa de la Francia diversa frente al auge del ultra Zemmour; que la OTAN advierte al presidente ruso de las consecuencias si usa la fuerza en Ucrania; que la UE suspenderá las reglas sobre asilo en los países vecinos de Bielorrusia; y que Castillo roza el “impeachment” en Perú tras sólo cuatro meses en la Presidencia del país.

Fdo. Jorge Cremades Sena

EL CORONAVIRUS GOZA DE BUENA SALUD

 

                    Se equivocaban quienes pensaron que la pandemia del coronavirus ya estaba controlada, pues, cuando se creía que todo estaba controlado, al menos en el mundo desarrollado, aparece en Suráfrica una nueva variante más contagiosa, a la que llaman “ómicron”, y siembra una gran preocupación y alarma en Europa y en el resto del mundo, poniendo en evidencia que la amenaza de la pandemia es mundial y no entiende de fronteras, ni de pobres y ricos. En definitiva, o se erradica la pandemia a nivel mundial o es imposible su control, pues resulta que ahora la falta de vacunas en África amenaza al mundo entero, cuando los países ricos acaparan dosis y el virus muta en los países pobres, menos protegidos y a las pruebas me remito: la tasa de inmunización es del 69% en EEUU, del 70% en la UE y del 7% en África). La realidad es que la variante ómicron se extiende por Europa, que toma medidas para afrontar la nueva amenaza y el incremento de contagios, y ya son varios países en los que se ha detectado la nueva cepa. Así las cosas, la UE exigirá la tercera dosis de vacunación para retener el pasaporte covid, abre la puerta a la vacunación de menores (entre ellos tres millones de niños españoles) que, obviamente, también se contagian y propagan la enfermedad, suspende vuelos con el sur de África y vuelve a pedir cuarentenas y pruebas para afrontar la que se avecina en este crudo invierno, mientras esta nueva variante pone a prueba las vacunas existentes, por lo que los laboratorios trabajan a destajo para conseguir nuevas inmunizaciones mientras las Bolsas mundiales se hunden ante esta nueva amenaza. Y mientras la OMS ve “preocupante” la nueva versión del covid por la acumulación de mutaciones no descritas hasta el momento y los expertos sanitarios avisan que es “pronto” para hablar de una pérdida de eficacia de las vacunas existentes ante ómicron, Portugal decreta una semana de duras restricciones tras la Nochevieja, Bélgica y Holanda adoptan nuevas restricciones y Alemania registra un record de casos, en tanto que, fuera de la UE, Israel y Marruecos cierran sus fronteras, Reino Unido convoca el G-7 y otros países del resto de continentes imponen restricciones a los viajeros. Por su parte en España, donde las CCAA han llevado un proceso de vacunación envidiable y los ingresados por covid de la sexta ola, que siguen creciendo, son más jóvenes y sin pauta de vacunación completa, nos disponemos a afrontar esta nueva crisis sanitaria sin que el Gobierno, contra lo que prometió y le pide la oposición, haya promovido una Ley de Pandemias que aporte cierta uniformidad y seguridad jurídica a los gobiernos de las CCAA, para evitar, como sucede hasta ahora, diecisiete arbitrarias estrategias distintas para combatir un único virus que, si no entiende de fronteras internacionales, menos aún va a entender de fronteras interiores a la hora de expandirse en medio de un caos político y jurídico que provoca soluciones bien diferentes entre una autonomía y la de al lado, lo que, para bien o para mal, no sucede ni siquiera en Estados Federales, donde la responsabilidad al final recae y debe recaer en el Gobierno del mismo y no, como en España, en el de los gobiernos territoriales a causa de la delegación competencial irresponsable del Gobierno Central. El coronavirus, en sus diferentes versiones, goza de buena salud lamentablemente y para evitarlo lo menos apropiado es una disparidad de criterios por razones políticas, jurídicas o de intereses territoriales, pues la amenaza es global y global ha de ser la solución para combatirla.

          Por otro lado y en otro orden de cosas, el Gobierno español marca su estrategia de Seguridad Nacional con un “plan integral” para Ceuta y Melilla, incluyendo en el documento por vez primera las campañas de desinformación entre los dieciséis riesgos más graves para España e instando a tener una capacidad de disuasión “creíble y efectiva”; bienvenido sea que se entienda que la Seguridad Nacional no es un don divino que cae del cielo y hay que apostar con medios humanos y materiales para garantizarla, tanto a nivel interno como exterior. Sin embargo, miles de policías y guardias civiles se manifiestan contra el Gobierno pidiéndole que se escuchen sus reivindicaciones, en tanto que la unidad de los sindicatos demuestra que las Fuerzas de Seguridad están en contra de la reforma de la ley y exigen que al menos se les escuche al grito de “¡basta ya!” con esta histórica movilización de agentes que, por si ya no lo tuvieran complicado, consideran que la reforma de la ley les deja indefensos, mientras la derecha política (PP, Vox y Ciudadanos) les arropan en la manifestación, siendo por ello criticados por algunos que, seguramente, como sucede a Pablo Iglesias, se emocionan cuando los manifestantes patean a los policías.

          Entretanto, el nacionalismo cobra 400 millones extra a Sánchez a cambio de apuntalarle la legislatura (ERC y PNV logran 90 millones más y Bildu 40), en tanto que la Ministra Montero celebra que “España está de enhorabuena” tras la aprobación de los Presupuestos a medida del nacionalismo y del secesionismo político con los que Sánchez ata la legislatura y le permite llegar hasta 2023 en La Moncloa, tras entregar el protagonismo a ERC y Bildu para, después, cortejar a los peneuvistas, mientras, a su vez, las CCAA van camino también de aprobar sus presupuestos, pues los ansiados fondos de la UE facilitan el proceso, y sólo Andalucía y Madrid los tienen bloqueados. Al respecto, Juanma Moreno, Presidente de la Junta de Andalucía, manifiesta: “si Vox lo paraliza todo, no tendré más remedio que convocar elecciones” y añade, sobre la crisis del PP de Madrid, que “debe resolverse con diálogo y sentido común por parte de todos” pues “da coraje que el eco principal esté en asuntos internos, tenemos que hacer autocrítica” y afirma que “el PSOE ya no es un partido autónomo en Andalucía, es una mala delegación de  Sánchez”. Por su parte Rajoy afirma rotundamente que “el gran problema de España es que el PSOE ha roto con la reconciliación”, que “tiene mucho mérito lo que ha hecho Ayuso en circunstancias difíciles; ¿lo de ella con Casado?, la sangre no llegará al río” y que “el PP tiene que hacer un esfuerzo para volver a unir a un país que otros han dividido”. Un PP que, según NCReport, ganaría al socialista Puig y podría gobernar en la Comunidad Valenciana con un pacto con Vox ya que absorben a buena parte del electorado de Ciudadanos; los resultados serían: PP el 29´3% de votos y entre 30-31 escaños, PSOE 24´1% y 26-27, Vox 15´9% y 15-16, Compromís 15% y 15-16, UPodemos 7´2% y 7, y Ciudadanos 5´2% y 4.

          Por su parte el nacionalismo y el secesionismo, socios de Sánchez, siguen a lo suyo. En el País Vasco, mientras el magistrado Juan Pablo González juzga que “ETA llevó a cabo una limpieza étnica”, las víctimas quieren acabar con los homenajes a etarras y exigen un cambio legal que impida los ongi etorri a sanguinarios históricos como Paroto o “Txapote”, cuando un centenar de criminales de la banda saldrán de la cárcel en los próximos días. Y en Cataluña, cuando el Govern desacata la orden judicial del Supremo sobre el castellano, Ana Losada, de la Asociación Escuela Bilingüe, manifiesta “vigilaremos que todos los directores cumplan el 25% de español”, mientras enfermeros andaluces son acosados por el separatismo, socio de Sánchez, y advierten “si nos vamos, colapsan” y la Plataforma por la Lengua denuncia al Govern los 600 contratos por no hablar catalán y Cataluña pierde 64 jueces en un año al extremo de que el TSJC pide un complemento salarial para paliarlo; menos mal que, al menos, Salvador Illa, primer secretario del PSC, reconoce que “el fallo del Supremo no ataca al catalán” y “se tiene que cumplir” y añade que “habrá que subsanar que el actual Estatut no es el que votaron los catalanes” y que “la nueva financiación debe permitir que Cataluña reciba los recursos que necesita”, mientras el secesionismo abraza la  inmersión lingüística para mantener vivo el procés y Boadella afirma que “el sentimiento de adherencia transformó a Cataluña en una tribu de pensamiento único”…..lamentablemente es la tribu en la que Sánchez se apoya, entre otras, para mantenerse en el poder y a la que no exige ni siquiera el cumplimiento de las sentencias de los tribunales de Justicia.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el feminismo vuelve a la calle por el hartazgo con la violencia machista con decenas de concentraciones y marchas en las principales ciudades; que el PNV retira la división de la denominación Rioja ante el rechazo generalizado del sector del vino; que los niños son las víctimas en siete de cada diez casos de agresión sexual; que Moncloa torpedea los nuevos negocios de Iván Redondo y desaconseja a empresas que fichen a su ex asesor; que el record de precios asfixia a la industria y ya “hay concursos desiertos”; que Pilar Llop, ministra de Justicia, afirma que “no hay mayoría para limitar la inviolabilidad del Rey”; que los salarios languidecen desde la crisis financiera de 2008; que muere la escritora Almudena Grandes, la voz de los perdedores, a los 61 años de edad; que Fiscalía, con la intención de archivar la causa, ve “voluntarias” y “espontáneas” las dos regularizaciones fiscales del Emérito, cuando, antes de pagar a Hacienda, Juan Carlos I, recibió hasta tres notificaciones del propio Ministerio Público informándole de que estaba siendo investigado; que el fiscal encargado de investigar a su compañero por su actuación en el caso Villarejo denuncia las maniobras de la mano derecha de Dolores Delgado y afirma que “la instrucción del caso Stampa se quiso dilatar de forma sibilina y torticera” mientras la amenaza de Villarejo a la Fiscal General por el “caso Stampa” es elocuente: “aún no ha salido todo lo que tenía que salir”; y que el Gobierno, que plantea subir los impuestos “verdes” hasta 7.500 millones y en la reforma fiscal para 2023 los expertos señalan que la reforma que prepara Hacienda golpeará sobre todo a las rentas bajas, estudia rebajar la previsión de crecimiento, pues la crisis sanitaria hace que los datos no respondan a la realidad económica, tal como vienen vaticinando organismos internacionales y españoles con datos muy alejados de las optimistas previsiones del Ministerio de Economía en que se ha basado la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

          Y del exterior, además de la preocupación y alarma por ómicron, cabe destacar que el Gobierno alemán de Scholz promete el voto desde los 16 años y regular el cannabis; que el centroderecha portugués apuesta por un candidato moderado; y que 27 muertes de migrantes en el Canal de la Mancha evidencian el drama que se vive en la zona y la tensión entre París y Londres, en tanto que Francia aparta a Reino Unido del diálogo sobre la crisis migratoria y las mafias ya se han embolsado este año 100 millones en cruces ilegales del Canal, mientras la UE exhibe unidad frente a Londres en la lucha contra la migración ilegal y Francia, sin contar con Reino Unido, consigue en la Cumbre de Calais, que un avión guardacostas de Frontex patrulle el Canal de la Mancha, en tanto que cientos de migrantes esperan en campamentos la llamada de la mafia en el puerto de Calais, convertido en una verdadera “jungla”, para cruzar el Canal, sobreviviendo entretanto entre fango y basura.

Fdo. Jorge Cremades Sena

SÁNCHEZ LOGRA EL SÍ A LOS PRESUPUESTOS

 

                    Sánchez logra el “sí” a los Presupuestos Generales del Estado, lo que, sin duda y “a priori”, es una buena noticia pues siempre es positivo que en democracia un Gobierno consiga la estabilidad para garantizar una legislatura sin recurrir a adelantos electorales o crisis gubernamentales que muestren la inestabilidad política con sus correspondientes consecuencias sociales y económicas en perjuicio sin duda de toda la ciudadanía. Sin embargo, dicho lo anterior, por lo que hay que dar la enhorabuena al Presidente, no es menos cierto que hay que tener en cuenta también el precio que su gobierno ha de pagar a sus coyunturales apoyadores para que, siendo minoritario e inestable, le den su apoyo parlamentario, no vaya a ser que sea más caro el collar que el perro. En efecto, Sánchez logra el “sí” de EHBildu, ERC, PDeCat, Más País y compañía, casi todos ellos instalados en el nacionalismo radical o en el secesionismo, a cambio de concesiones que atentan claramente contra la unidad del Estado y del modelo diseñado en nuestra Constitución, lo que, tal como está el patio, no deja de ser muy preocupante, más aún cuando los líderes de dichos partidos alardean de lo que han conseguido a cambio, amenazan al Ejecutivo con más exigencias futuras e incumplen la legalidad vigente sin que el Gobierno, precario y minoritario, atado de pies y manos por ellos, pueda hacer nada para impedirlo, ante la estupefacción de la inmensa mayoría de ciudadanos. En definitiva, Sánchez consolida a Otegi, con quien dijo que nunca pactaría, como socio estratégico de su Gobierno y éste confirma que sus cinco diputados en el Congreso votarán a favor de los PGE, tras acordar con el Presidente que la cadena infantil de la ETB en euskera se pueda ver en todos los municipios de Navarra y anuncia la convocatoria de movilizaciones “masivas” en las calles ya que “el independentismo está más fuerte de lo que se piensa”. Pero como no bastan con los votos de Bildu, con el “sí” a los Presupuestos de ERC, que mantenía que votaría en contra, Sánchez afianza la legislatura con una mayoría incluso más holgada que las del año pasado, pues a los 155 votos, que suman PSOE y UPodemos, se añaden los 13 de ERC, los 5 de Bildu, los 4 de PDeCat, los 2 de Más País, el de Compromís, el de Nueva Canaria y el de PRC, superando con creces los 175 votos necesarios para sacar las cuentas adelante, lo que debilita el poder de los votos del PNV, que, ya ni le son necesarios. Obviamente ERC no da su apoyo gratis, sino a cambio de que la ley audiovisual imponga una cuota en lenguas cooficiales, mientras la Generalitat, que Gobierna Esquerra, se declara insumisa lingüística y reta al Tribunal Supremo, que acaba de sentenciar que se respete el 25% de horas educativas en español, pidiendo a los centros educativos que no acaten la sentencia, mientras el Gobierno de Sánchez, obviamente por interés particular, no responde al desacato secesionista y se limita a “esperar que se respeten las resoluciones judiciales”, tan vulneradas por los independentistas, cuando su obligación es cumplir y hacer cumplir la ley. El caso es que Sánchez asume el apoyo de ERC y Bildu para consolidar la legislatura y mantenerse en el poder, mientras independentistas y abertzales presumen de ser determinantes y de forzar al Gobierno a pactar, mientras en Moncloa “celebran” el acuerdo para unas cuentas “viables” con la ayuda de catorce partidos. Me temo que en las condiciones citadas pocas cosas hay que celebrar.

          Sánchez, no obstante, pone al PSE en la vía de firmar más pactos con EHBildu y bendice al nuevo Secretario General de los socialistas vascos, Eneko Andueza, que deja abierta la puerta a pactar con los abertzales bajo la premisa de la “estabilidad” y la “convivencia”, que son fundamentales para sacar adelante los PGE. Y con respecto a ERC, que, por cierto, rompe la unidad del bloque independentista al pactar Aragonés con los Comunes (socios de Podemos y del PSOE de Sánchez) para salvar el veto de la CUP a los Presupuestos de la Generalitat, la paradoja está en mirar para otro lado ante su desacato a las sentencias judiciales que garanticen la enseñanza del español en Cataluña mientras se concede mayor protección al uso del catalán y otras lenguas cooficiales. Va a resultar que, al final, como sucedía durante el franquismo pero al revés, el castellano va a ser perseguido y las otras lenguas de España impuestas a toque de corneta. Como ven todo un sinsentido, mientras PNV y ERC, se disponen a pasar a la “fase nacional” tras los Presupuestos, con un nuevo órdago a Sánchez consistente en recuperar el objetivo de superar el concepto de “nacionalidad”, siendo obvio que el PSOE está atado al secesionismo y al nacionalismo si quiere seguir gobernando; son los socios, junto al populismo comunista de Podemos, que Sánchez ha elegido. Grupos de padres denunciarán el incumplimiento del fallo del Tribunal Supremo, al que el Govern había recurrido para que modificara el fallo del TSJC en idéntica dirección (pero como no ha fallado a mi favor y ya no puedo recurrir más, incumplo la sentencia y punto), mientras el Ministerio de Educación evita aclarar si impulsará su ejecución, como es su deber, y “no hará nada” para que los centros garanticen ese 25% de castellano a la que la ley obliga, limitándose Moncloa y Justicia a “esperar que se respeten las resoluciones judiciales”, mientras el TSJC deja bien claro que el Gobierno debe hacer cumplir la sentencia del Supremo, que era la suya, pues los jueces creen que no es su labor fiscalizar a la Generalitat, en tanto que el Ministerio de Educación, escaqueando el bulto, dice que es el tribunal el que debe actuar de oficio, con lo que el chantaje de los secesionistas, socios de Sánchez, sigue gozando de buena salud. Por su parte el PNV amenaza el negocio de 15.000 viticultores de la denominación “Rioja”, con la exigencia nacionalista de crear un órgano de control propio en Álava, lo  que “rompe un modelo de éxito que genera 1.300 millones de euros al año”…..como en Cataluña, poco importa, lo esencial es que el secesionismo siga adelante y, como dice Otegi, siga “más fuerte de lo que se piensa”.  

          Entretanto, tres indicadores anticipan una explosión de contagios covid y la tasa del virus se dispara, pues cada positivo infecta a 1´22 personas, mientras vuelven las colas ante el temor de una nueva ola y Sanidad propone un nuevo semáforo covid con limitaciones de horarios en la hostelería a partir de los 100 casos por cien ml habitantes. Y poco más por parte del Gobierno, con lo que seguimos con un virus y diecisiete tribunales con criterios distintos para afrontarlo a falta de una ley nacional que lo evite tal como piden muchas CCAA y la oposición, para evitar el caos legal, que de nuevo se evidencia con el famoso pasaporte covid al carecer de una legislación nacional (Galicia ya lo aplica, País Vasco lo paraliza, Aragón plantea ir al Constitucional…..). Por lo visto Sanidad ni tiene previsto actuar mientras el pasaporte covid es implantado con apoyo judicial en Cataluña, Baleares y Galicia, mientras la justicia vasca lo rechaza, en plena eclosión de casos y cuando se conoce que los mayores sin vacunar tienen 25 veces más riesgo de muerte y la Comisión de Salud Pública aprueba la tercera dosis para el grupo de entre 60 y 69 años, en tanto que Europa recomienda la tercera dosis a todos los adultos y la vacunación sube en España al extenderse el certificado covid.        

Por otro lado, la España vaciada se une por la financiación, con lo que las ocho autonomías menos pobladas piden que se compense el mayor coste de los servicios sociales en poblaciones dispersas. En efecto, los dirigentes regionales de PSOE, PP y PRC se rebelan contra los “privilegios” nacionalistas y cinco autonomías gobernadas por el PSOE, dos por el PP y la gobernada por el PCR firman una declaración conjunta en favor de la España despoblada que ayude a “paliar sus desventajas” y claman contra los “privilegios económicos y sociales” de los nacionalistas, siendo obvio que la España vaciada no quiere una financiación autonómica de distintos niveles. Y mientras el Gobierno usa los fondos europeos para regar con 100 millones las sedes sindicales (cuela en la partida de modernización y digitalización de la Administración la “rehabilitación energética” de 42 edificios cedidos a los sindicatos), Bruselas avisa a España que puede perder 5.000 millones por la  lentitud de la ministra Montero, advirtiendo la Comisión Europea de que España va “particularmente lenta” en la presentación de su propuesta para los fondos del periodo 2021-2027.

Y sigue la guerra interna en el PP. Casado advierte ante esta tensión incomprensible y, en pleno pulso con Ayuso y Álvarez de Toledo, dice que “esto no es un talent show de megalomanías”, pues la tensión sobrevoló en el Congreso del PP de Andalucía, que clausuró el líder nacional, con advertencias sobre los “personalismos”, reclamando un PP libre de ellos y de “vanidades”, exigiendo un cierre de filas ante las “insidias e injurias” y tachando a sus críticos de “megalómanos”, mientras pone a Juanma Moreno como ejemplo frente a quienes ven el partido como un “talent show”. Entretanto el chat interno del PP arde contra Álvarez de Toledo, considerando los dirigentes que “es ruin hacer públicas las conversaciones e insultar” y acusándola de realizar “ataques personales, muy graves, que son intolerables”. Por su parte Ayuso asume que el PP vive una “guerra interna”, mientras algunos de sus consejeros filtran mensajes a Génova con presiones como “tengo mucha gente para nombrar consejero en lugar de ti” y críticos contra Casado apuntan a Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de la Presidenta Ayuso. Por su parte Aznar decide mediar entre Ayuso y Casado, ya que “esto tiene que acabar ya” y pide un acuerdo a ambas partes, diciendo que “ya he hablado con todos con los que tenía que hablar y les he dicho todo lo que tenía que decir”, en tanto que los barones se plantan ante esta crisis del PP de Madrid y amenazan con no asistir a más congresos regionales de la formación si Génova y el entorno de Ayuso no acaban ya con su absurda pugna. No obstante, según NCReport, el popular Mañueco está a un paso de conseguir mayoría absoluta en Castilla y León si adelanta elecciones ya que Ciudadanos perdería once escaños, pues los resultados serían: PP el 40´9% de votos y ente 38-40 escaños, PSOE 31´1% y 30-31, Vox 8´6% y 6-7, UPodemos 6´1% y 2, UPL 2´3% y 1-2, Ciudadanos 6´7% y 1, y XA ´0´9% y 1.

Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que los expertos independientes auguran alta inflación durante mucho tiempo, rectificando al Gobierno al creer que la crisis de precios no será tan transitoria como se preveía; que la compañía Airbus critica a España en un informe interno por los fondos de la UE y se queja de la “falta de liderazgo” y la “descoordinación”; que el Ingreso Mínimo Vital deja sin ayuda a la mitad de las familias vulnerables, la normativa sigue siendo ineficaz a pesar de los cambios; que fallece en Ibiza a los 80 años de edad el ensayista Antonio Escohotado; que 53.000 mujeres y 9.000 niños están bajo protección por violencia machista, con dispositivos localizadores del maltratador o seguimiento policial entre las medidas; que el Gobierno no compensará la pensión a los prejubilados de la crisis de 2008; que Casado y Abascal coinciden en la protesta de los policías contra la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, apoyando junto a Ciudadanos la movilización de sindicatos y organizaciones de policías, para defender el trabajo policial y denunciar que la reforma de la ley los deja desprotegidos; que el Ejecutivo subirá más de dos millones de pensiones tras vincularlas al salario mínimo; que tras ocho días de movilizaciones y protestas en Cádiz los sindicatos de trabajadores del metal y la patronal alcanzan un acuerdo para poner fin a las manifestaciones y a la huelga; que el Presidente Sánchez abona 2.420 euros al PP al ser condenado por vulnerar la Ley Electoral y debe pagar otros 2.000 a la Junta Electoral por usar La Moncloa para hacer campaña; y que PSOE y PP llegan a un “acuerdo para que haya acuerdo” de renovar el CGPJ, cuyo último escollo afecta al compromiso de cambiar el sistema de elección de los vocales y las alternativas son una proposición parlamentaria o una mesa de trabajo, cuando unos mails revelan las maniobras de Delgado contra Stampa, pues la “mano derecha” de la Fiscal General sugirió por escrito que se dilatara la investigación penal contra el ex responsable del “caso Villarejo”, ocultando a los fiscales el expediente del “caso Stampa” alegando que se trata de “materia reservada” cuando los fiscales pretendían despejar las “dudas” que existen sobre la actuación de Delgado respecto a la salida de la Fiscalía Anticorrupción de uno de los responsables de la investigación al ex comisario.

Y del exterior, destacar que la UE planea reglas fiscales más suaves por temor a otra recesión, pues Bruselas ve inviable volver a la estricta disciplina presupuestaria tras el covid; que los talibán borran a las mujeres de las pantallas, pues el Ministerio de Prevención del Vicio en Afganistán les prohíbe protagonizar series o salir sin velo en televisión; que la UE expulsa de su espacio a las aerolíneas que lleven migrantes a Bielorrusia; que se dan violentas protestas en Bélgica y Países Bajos contra las medidas por la pandemia, cuando Alemania alerta de un duro invierno por el covid y prevé adoptar más medidas; que el Polisario pide a las empresas, incluidas 14 españolas, que salgan “de inmediato del Sahara” por creer que su presencia viola la ley internacional; que el ultraderechista Kast va en cabeza de las presidenciales de Chile y disputará la Jefatura de Estado al izquierdista Boric; que la socialdemocracia gobernará Alemania en un tripartito inédito pues Scholz será el canciller tras cerrar un programa con verdes y liberales prometiendo descarbonizar la economía y subir el salario mínimo y siendo proclive a flexibilizar las reglas fiscales de la UE; y que Zapatero es el invitado de honor del chavismo en unas elecciones que gana Maduro a una oposición dividida, mientras la misión de la UE constata las trampas chavistas en dichos comicios como la “falta de independencia y acoso a los votantes” y cuando el ministro español Albares carga contra Maduro pues “los comicios no cumplieron la expectativa democrática”, ya ven, el demócrata Zapatero sigue erre que erre contra viento y marea.

Fdo. Jorge Cremades Sena

INASUMIBLE SUBIDA DE COSTES

 

                    El desbocado incremento del IPC está provocando un preocupante malestar social, casi generalizado, al extremo de que los costes cada vez son más inasumibles para las empresas y los distintos sectores económicos, que no pueden sobrevivir con tan desorbitados costes de producción, y para las familias, que cada vez ven más difícil llegar a final de mes por los desorbitados precios de la cesta de la compra, un encarecimiento del precio de los productos básicos que no se corresponde con el incremento de ingresos, por lo que la pérdida de poder adquisitivo cada vez se hace más preocupante. A ello cabe añadir el desorbitado precio de la energía y el caos eléctrico, que, tras cinco meses sin factura, llega a provocar que muchos autónomos y particulares tengan luego que afrontar de golpe el pago de hasta 2.000 euros acumulados que, obviamente, no han podido ir reservando por su precaria situación económica, un asunto, que la CNMV está investigando, del que las eléctricas culpan al Gobierno por los cambios introducidos para salir del paso como sea. El Gobierno, que avala también los peajes de acceso a las ciudades, soliviantando al sector del transporte de mercancías, ya bastante afectado, como los demás, por los costes inasumibles que tiene que afrontar, se muestra incapaz de frenar este creciente malestar social generalizado contra Sánchez, especialmente en el campo, el gran olvidado, pues agricultores y ganaderos no aguantan más y anuncian que volverán a movilizarse en calles y carreteras con sus tractores y máquinas agrícolas para reivindicar precios justos ante la “inasumible” subida de costes, que les arruina definitivamente y que se ven frustrados tras intentar reunirse con el Ministerio y no obtener respuesta alguna, por lo que convocan paros y una gran manifestación de cara a la Navidad, mientras alertan del riesgo de desabastecimiento, pues los tributos verdes, que lideran las subidas con un 20% en un año, se ceban con ellos y ya están hartos de seguir trabajando para perder dinero. Entretanto, la “España vaciada” reta a la política y, animada por la experiencia de “Teruel Existe”, que pactó con el PSOE tras absorber el voto de Ciudadanos y de la izquierda descontenta, prepara un conglomerado de plataformas para concurrir a las próximas elecciones, una plataforma con presencia en 25 provincias que copia el modelo de Teruel Existe y que atomizará más aun el Congreso de los Diputados, aunque, de seguir la estrategia de éste grupúsculo político turolense, podrían convertirse en socios de Sánchez favoreciendo su permanencia en La Moncloa, junto a las confluencias que conforman el conglomerado UPodemos, cogobernante con el sanchismo, y la que intenta montar la Vicepresidenta Díaz. De ser así, al Ejecutivo de Sánchez no le viene nada mal este caótico malestar social pues lo que electoralmente se pierda por un lado se recupera por otro, y, por tanto no pasa nada con que, mientras tanto, permanezca el ruido y la confusión, mientras Bruselas salva “in extremis” el rescate de unas 50 empresas en España (¡menos mal!) al prorrogar seis meses la regulación de las ayudas por la pandemia, y por su parte Sánchez Llibre, Presidente de Foment del Treball y Vicepresidente de CEOE, dice que “Trabajo debe revisar la ideología y rigidez de sus propuestas”, que “Ayuso no hace dumping fiscal, usa instrumentos de las CCAA para impulsar la actividad”, que “la mesa bilateral va en la dirección del entendimiento y la valoramos positivamente” y que “con los fondos pedimos más transparencia, agilidad y concreción”. En definitiva, menos decisiones demagógicas cargadas de estigmas ideológicos y más decisiones cargadas de realismo encaminadas a resolver los problemas reales que sufren los ciudadanos.

          Y es que a este malestar generalizado, que lleva a varios sectores (metal, transportistas, agricultores y ganaderos….) a una inevitable manifestación y protesta social contra Sánchez, se suma más malestar todavía por otras leyes y decisiones adoptadas por el Gobierno con marcado carácter político-demagógico que adoptan por la mínima y sin consensuar ni siquiera a nivel interno gubernamental entre el sector socialista y el comunista del mismo, como, por ejemplo, las polémicas leyes de universidades de Castells, por las que los estudiantes toman las calles; las decisiones de Iceta para extender su “federalismo cultural” que ante el rechazo mayoritario a su plan se ha visto obligado a renunciar ahora a dispersar los museos nacionales y a comprometerse a primar el criterio técnico sobre el político; o la controvertida Ley de Memoria en que PSOE y Podemos chocan incluso a la hora de leerla, pues Bolaños descarta juicios penales por los crímenes franquistas y asume de alguna forma la Ley de Amnistía de 1977 al anunciar que no habrá “ningún cambio”, mientras Podemos se revuelve y considera que dichos crímenes son imprescriptibles. Pero la guinda del esperpento se la lleva la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que sustituye a la anterior Ley, conocida como “Ley Mordaza” y que pone en alerta a quienes han de ser los encargados de mantener precisamente la seguridad de los ciudadanos, es decir, a las fuerzas de orden público a las que pagamos para ello, al extremo de que los sindicatos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos autonómicos y locales se han unido para oponerse a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y han convocado por primera vez en su historia una protesta conjunta en Madrid, ya que “la reforma favorece a los violentos y los antisistema”, pareciendo más bien una ley de inseguridad ciudadana que otra cosa.

          Entretanto el Tribunal Constitucional renueva sus cargos y recibe al cuestionado Arnaldo con una llamada a la ejemplaridad en el acto de toma de posesión de los nuevos magistrados pactados entre PSOE y PP, lo que, según algunos, acelera el pacto para el CGPJ, creyendo el Gobierno que “estamos muy cerca” de que se renueve antes de final de año, lo que permitiría que la izquierda tenga en 2022 la mayoría tanto en el Consejo como en el TC. En definitiva, un renovado Tribunal Constitucional, que elige al conservador González-Treviño como Presidente y al progresista Xiol como Vicepresidente, y que encarga la ponencia del aborto al citado Arnaldo y al progresista Sáez la que afecta a la polémica ley sobre la eutanasia.

          Por otro lado el juez rastrea pagos de Venezuela a Podemos hasta 2017, pues investiga la financiación ilegal del partido a través de una tapadera de PDVSA, la petrolera del régimen chavista, y la Policía tiene desde 2016 el documento que implica a Bescansa con el dinero del chavismo. El juez cree que los trabajos de Neurona para Podemos no se prestaron y dos testigos protegidos sitúan a Monedero en el centro de los pagos a Podemos. Pero es que, además de esta opaca relación de Podemos y sus fundadores con el régimen chavista venezolano, la Policía se incauta de la correspondencia de Raúl Morodo, el embajador de Zapatero en Venezuela, en la que se dirige a Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, que protagonizó un espectáculo en Barajas con el ministro Ábalos, cesado después por Sánchez con la remodelación del Ejecutivo, como “querida gacela”, un insólito lenguaje diplomático que pone de relieve el peculiar trato del embajador español con los jerarcas del chavismo y en la que pedía atención especial  para su hijo, acusado hoy junto a él de cobrar sobornos multimillonarios, tras mediar, al parecer, con los chavistas,  entre otras cosas, para adjudicar una central eléctrica a Isolux.

          Mientras tanto prosigue la guerra interna en el PP, principal partido de la oposición al Gobierno de Sánchez. Génova ve en sus críticos “un golpe en marcha contra Casado” y la dirección del  PP se revuelve contra Ayuso, Álvarez de Toledo y el ala más liberal del partido por intentar “controlar” al líder “popular” y advierte “estamos dispuestos a dar la batalla hasta el final”, mientras la Presidenta de Madrid dice a Moreno en el Congreso del PP de Andalucía “vuela libre, toma tus decisiones”. Una guerra interna en el PP que se convierte en un regalo inesperado para Sánchez, mientras crece la preocupación en el partido por esta estrategia para desestabilizar a Casado, aireando los chats de la cúpula de Génova una maniobra que cuenta “con ayuda externa” pues “sale a la luz el pacto Ayuso-Cayetana” que busca debilitar al presidente nacional y, por ende, sus opciones para llegar a La Moncloa. No obstante Ayuso niega un “golpe” a Casado y no renuncia al PP de Madrid, mientras el aviso interno de los barones del PP es que, de seguir así, “vamos al suicidio, esto no se aguanta” en pleno desconcierto en las filas populares que creen que lo que sucede perjudica mucho a Casado y, por ende, favorece a Sánchez.

          Por lo que respecta a otros asuntos cabe citar que el portavoz de los obispos reduce la pederastia a “pequeños casos”; que Garbiñe Muguruza, tras ganar el WTA FINALS de tenis, dice: “en los grandes escenarios me vengo arriba fácilmente”; y que los funcionarios podrán teletrabajar tres días a la semana a partir del próximo año, al anunciar la ministra de Hacienda y Función Pública que el decreto estará listo a comienzos d 2022.

          Y del exterior, destacar que Yunior García, líder opositor cubano, dice que “cada cubano tiene su propia manera de luchar” y añade “la mía es la palabra, escribir”; y que Polonia cava tumbas para los muertos sin nombre, pues los inmigrantes fallecidos tras cruzar la frontera con Bielorrusia acaban enterrados sin más en sepulturas anónimas, mientras Lukashenko, el dictador bielorruso, admite que sus tropas han ayudado a entrar en la UE a los migrantes pero niega que sea una maniobra orquestada.

Pero la noticia internacional más preocupante es el incremento de contagios por covid que en una nueva ola pone la alarma en la UE que defiende la eficacia de la vacuna, al extremo de que Alemania, donde “todo el país es un gran brote”, se dispone a exigir la inyección a los sanitarios y a imponer restricciones a quienes no están inmunizados, pidiendo a toda su población quedarse en casa; Austria, harta de los negacionistas, decide duras restricciones confinando a toda la población y a obligar a vacunarse, pues o te vacunas o sanción y confinamiento, pese a las protestas de la oposición y de la calle por atentar contra las libertades; Portugal impone de nuevo las mascarillas en bares y pedirá certificados de vacunación; e Italia, con los casos de covid disparados, estudia seguir estos pasos restrictivos. Por su parte en España, donde la vacuna se la ha puesto un alto  porcentaje de ciudadanos, aunque hay todavía cuatro millones de no vacunados que se resisten a hacerlo, diciendo algunos que “nos tratan como a perturbados”, las CCAA se replantean prescindir de personal sanitario, cuando el país se sumerge en la sexta ola con un aumento de contagios que, en todo caso, gracias a la masiva vacunación voluntaria de los españoles, le permite afrontar este rebrote en condiciones óptimas respecto a la mayoría de sus vecinos, aunque, algunas regiones ya sufren de un preocupante riesgo alto.

Fdo. Jorge Cremades Sena