Crece
la sospecha ciudadana de que la mayoría de gobernantes, dirigentes políticos y
gestores públicos son una banda de inútiles, si los juzgan benévolamente, o una
banda de chorizos, si son malévolos al juzgarlos. O ambas cosas a la vez, que
es aún peor. En consecuencia, las encuestas sitúan a la clase política española
como uno de los principales problemas. En los últimos años, sus pronósticos,
cálculos y balances, especialmente en temas económicos, son errores
gigantescos, por no calificarlos como mentiras descomunales, sólo explicables
desde la incompetencia o la mentira, que suele utilizarse para ocultar
intereses espurios. Así nuestro sistema financiero, en la Champions League
según Zapatero, ni nos permite jugar un campeonato local, pues, según Rajoy
necesita, sólo para el agujero de Bankia, 4.000 millones de euros, que aumenta
día a día hasta 23.500 millones; del 6% de déficit público en 2011 de Zapatero,
se pasa al 8% de Rajoy, que eleva un mes después al 8´51% y deja en el 8´9%
tras descubrir desfases de comunidades gobernadas por su partido. ¿Son inútiles
o mienten? Ambos supuestos les
inhabilitarían como gobernantes. Pero ni a ellos, ni a los gestores bajo su
control, se les exige responsabilidad civil o penal por arruinar con tan irresponsable
gestión a la mayoría de ciudadanos mientras unos pocos se hacen
multimillonarios con la ruina de todos.
De
la interminable lista de ejemplos de incapacidad o choriceo en diferentes
facetas de la gestión pública merece matrícula de honor la del sistema financiero
y especialmente la de las Cajas de Ahorro en su mayoría. Los datos conocidos –y
los que nunca se conocerán- evidencian que las Cajas de Ahorro son el paradigma
de una gestión financiera al servicio de intereses políticos del rey taifa de
turno –los hay de casi todos los colores- en colaboración con las principales
organizaciones políticas, sociales y sindicales de su territorio, que participan
en los Consejos de Administración a través de representantes, nombrados sin
criterios técnicos, de la parte alícuota de privilegios crediticios, sueldos
escandalosos, indemnizaciones millonarias y jubilaciones de lujo que tan dignos
gestores deciden autoadjudicarse por la alta responsabilidad que su trabajo
lleva implícita. Sin embargo, descubierto el agujero negro por sus manifiestas
irresponsabilidades, ninguno devuelve lo percibido indebidamente, sino que
reclama incluso lo que aún le queda por percibir aunque sea escandaloso e
indecente. Saben que el sistema les otorga impunidad y que, en el peor caso,
sólo puede causarles algún daño personal colateral, pues, si entre todos la
mataron y ella sola se murió, a nadie le interesa llegar hasta las últimas
consecuencias. Siempre habrá alguna razón de estado, algún argumento de interés
general, alguna conveniencia de prudencia o cualquier otra virtud para que cualquier
investigación quede entre las penumbras. Y, en todo caso, siempre se encontrará
algún recoveco legal de forma o de fondo como prescripción de delitos,
inaplicación retroactiva u otra figura jurídica para que las cosas queden como
están y se consoliden los hechos consumados.
Ya ven, como en otros tantos casos, la ceremonia de la confusión acaba de
comenzar en el Congreso de los Diputados sólo para el asunto Bankia (¿Comisión
de investigación? ¿Subcomisión a puerta cerrada? ¿Comparecientes? ¿Y…?).
Entretanto, la fiscalía del Estado permanece en silencio. Los españoles, a
pagar los 23.500 millones de euros para sanear Bankia y para que algunos de sus
gestores disfruten de por vida de las decenas y cientos de millones que tan
honradamente han ganado por los servicios prestados. Otros, de otras Cajas ya
intervenidas, así lo vienen haciendo. La UE no se fía y nos impone auditar
nuestras finanzas ante la manifiesta ineficacia de nuestras autoridades
supervisoras, instando a Rajoy a que siga vaciando los bolsillos de los
españoles. El desempleo crece y crece hasta límites insostenibles. En paralelo,
la pobreza y la indigencia. La prima de riesgo obliga a financiarnos con
intereses de lujo. La fuga de capitales aumenta de forma alarmante en paralelo
al fraude fiscal. Siguen las duplicidades administrativas, los sueldos
escandalosos de sus gestores, los ejércitos de asesores, las embajadas y las
televisiones autonómicas al servicio del político de turno, etc. etc. Los
agujeros negros de nuestras finanzas son más misteriosos que los galácticos. Y,
a pesar todo, se nos pide calma y confianza. Se nos exige prudencia. Y más
sacrificios. Lo contrario no es políticamente correcto; te convierte en
antipatriota por crear una alarma que genera desconfianza. ¿Acaso hay motivos
para dudar de la capacidad o la honradez de nuestros gobernantes? ¿Acaso no hay
alternativa en la oposición? No, si al final va a resultar que nos quejamos por
puro capricho.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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