El
totalitario mundo secesionista, ebrio de engaños y delitos por parte de sus
promotores, comienza a hacer aguas por todas partes, evidenciando que, tras su
falsa e idílica unidad, sólo hay podredumbre y egoísmos personales, lo que no
quiere decir que ya nos hayamos librado de sus machadas totalitarias, sus
demagogias intolerables y sus desafíos inadmisibles al Estado de Derecho, pues
sabido es que los dictadores son incluso más peligrosos como liberticidas
cuando se sienten amenazados por la libertad y la democracia. Y en este
contexto de podredumbre secesionista, que pone en evidencia la crisis del
separatismo, es donde cabe encuadrar las primeras bajas de sus líderes, como
las de Artur Mas, que deja el PDeCat por discrepancias con el partido y
acuciado por la Justicia, y las de Carles Mundó, que renuncia a ser
parlamentario tras aspirar a liderar ERC, mientras la intransigencia del
prófugo Puigdemont abre una brecha entre ambos partidos, tan distintos en
términos ideológicos de izquierda-derecha y tan iguales en términos del
secesionismo unilateral totalitario. Así las cosas, el artífice principal del
“procés”, cercado por la Justicia y por Puigdemont, deja la presidencia del
PDeCat imputado por rebelión, con el patrimonio embargado, señalado por la
corrupción del caso Palau e ignorado por el ala más radical de su partido,
sabiéndose incapaz de controlar el plan de ruptura de Puigdemont, su sucesor
impuesto por las CUP, y afirmando ahora que “no se puede acelerar la
independencia en el cortísimo plazo con el 47% de los votos”, olvidando que,
aunque fuera incluso muy superior el porcentaje de votos, el pretendido
secesionismo unilateral sería tan ilegal como lo es ahora, salvo que una
cualificada mayoría de españoles y no sólo de catalanes, decidiera reformar la
Constitución al respecto, con lo que estaríamos hablando no de unilateralidades
secesionistas sino del ejercicio de un derecho de los catalanes en este caso,
decidido por todos los españoles, que ni los catalanes, ni ningunos otros
españoles del resto de CCAA, tienen ahora. Por su parte el ex conseller Mundó,
de ERC, deja la política ante la radicalización del proyecto del expresident
fugado, mientras Podemos negocia con su partido, ERC, darle el control de la
Mesa del Parlament, pues al tratarse de un partido de izquierda lo vende mejor
ante la opinión pública que si diera el apoyo a un partido de derecha, como
PDeCat (camuflaje de la antigua CDC), enfangado en múltiples casos de
corrupción, aunque con ello el partido de Colau no disimula en absoluto, una
vez más, sus ambigüedades y claras simpatías por el secesionismo, por más que
de cara al resto de España disimulen diciendo que están en contra de la
independencia para taponar la pertinente hemorragia de votos (ambigüedades calculadas,
como sucede con el PSC, para contentar a tirios y troyanos, que al final
provocan el desencanto generalizado de unos y otros), ya que, precisamente
ahora, cuando puede tambalearse la exigua mayoría soberanista (sólo tienen
garantizados 62 votos tras la entrega de credenciales a huidos y encarcelados,
que no quieren entregar su acta para dar paso al siguiente en la lista) no
caben medias tintas, o estás con el bloque secesionista totalitario o con el
bloque constitucionalista democrático. Todo lo demás son cuentos y todos los
españoles, incluidos los catalanes, deberán tomar buena nota de ello de cara al
futuro.
Y
en medio de esta podredumbre secesionista, y cuando la preocupación por
Cataluña desciende ocho puntos en el barómetro del CIS (desde la aplicación del
155 y la recuperación de cierta normalidad democrática), el prófugo Puigdemont
exige violar de nuevo la ley, como siempre fue su costumbre, para ser investido
President y al efecto presiona al preso Junqueras y a ERC para que le elijan sin
estar presente en la Cámara legislativa, aunque, de momento, ERC se resiste a
actuar de forma ilegal y se remite a lo que dictaminen los letrados (antes se
pasaron los dictámenes por el arco del triunfo), mientras Manuel Fernández
Fontecha, letrado de Las Cortes, sostiene, como es lógico y de sentido común,
que “la presencia física del investido es absolutamente ineludible e
indispensable”. Asimismo Junqueras considera ilegal que se pueda ser President
a distancia o por correspondencia, seguramente no por convicción sino por
conveniencia, y en un nuevo escrito advierte al juez de que el reglamento de la
Cámara exige la presencia física de todos y cada uno de los parlamentarios,
quienes “tienen el deber de asistir” ya que “la persona del diputado es
insustituible”… Y lleva razón, por más que le moleste a Puigdemont y sus
fieles, mientras Artur Mas responde a la pregunta de si se puede gobernar desde
Bruselas se sale por la tangente diciendo “no te voy a contestar a eso” (a buen
entendedor…). Lo que sucede en realidad en esta podredumbre secesionista es que
cada quien tiene distintos intereses personales, pues no es lo mismo estar
encarcelado, fugado o en libertad bajo fianza, mientras todos ellos saben que
se enfrentan judicialmente a gravísimos delitos que pueden dar con ellos en
prisión durante muchos años. Para más podredumbre, los papeles que iban a
quemar los Mossos y que fueron requisados de una furgoneta por la Guardia Civil
demuestran que la Generalitat desvió tres millones de fondos del Estado (el maldito
Estado que les oprime) para pagar el ilegal y antidemocrático referéndum del
1-O. No en vano, el Gobierno de España apelará in extremis al 155 para evitar
un President a distancia, aunque Moncloa espera evitar semejante supuesto,
creyendo que ERC no hará a Puigdemont presidente telemáticamente, pero, por si
acaso, pactará con PSOE y Ciudadanos un recurso ante el Constitucional si, como
se hizo durante la esperpéntica e ilegal proclamación de independencia, se
reforma el reglamento de la Cámara catalana para posibilitar lo imposible.
Entretanto
los “padres de la Constitución” que quedan vivos no creen que sea inevitable
reformar la Carta Magna y ven margen para cambiar el Estado Autonómico sin
modificar la Ley Fundamental, coincidiendo además en que cualquier cambio
requeriría un amplio consenso, siendo deseable que lo fuera, como mínimo,
cercano al que aprobó la Constitución en su día, pues lo contrario sería a mi
juicio un claro retroceso democrático y un riesgo para el futuro. En efecto,
Herrero de Miñón, Roca y Pérez-Llorca, ponentes de la Carta Magna, vienen a
decir un “no” rotundo al PSOE de Sánchez, desinflando así el proyecto
federalista y los experimentos constitucionales promovidos por el líder
socialista, no vaya a ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Ya dijo
Alfonso Guerra en su día que “los experimentos, con gaseosa” y ahora Roca, tan
distinto ideológicamente con Guerra, sostiene con total acierto que “la Carta
Magna debe respetarse en su integridad, no hay vías al margen de ella”. Cabría
preguntarse, entre otras cosas, si para crear un Estado Federal se requiere
previamente o no la existencia de Estados independientes que estén dispuestos a
federarse, tal como han surgido los actuales Estados federales que existen en
el mundo.
Y
en cuanto a otros asuntos cabe destacar la petición de Sánchez de un impuesto a
la Banca para pagar las pensiones y Podemos anima al PSOE a presentar una
iniciativa conjunta en el Congreso, aunque la propuesta del líder socialista
sólo cubriría el 13% del déficit de las pensiones, por lo que el PSOE fía al
crecimiento y a una subida de salarios lograr que cuadren las cuentas.
Entretanto dos ex ministros de Economía comparecen en el Congreso: Solbes y
Rato. Solbes admite errores al no haber previsto la crisis económica y haber
subido el gasto público, reconociendo “claros errores de previsión de la
crisis” que se negó en 2008 para ganar las elecciones, con el Gobierno de
Zapatero. Rato, por su parte, acusa al Gobierno de Rajoy de la caída de Bankia
y de querer detenerle, arremetiendo contra varios de sus ministros (dice sobre
Guindos: “el 6 de mayo pidió mi dimisión y 250.000 millones de euros
abandonaron el país”; sobre Montoro: “se refirió a mi situación tributaria antes
de mi detención…aún no he sido acusado”; sobre Catalá: “el día antes de mi
arresto cuenta mis datos fiscales en televisión, ¿cómo los conocía?”; y sobre
Báñez: “le dijo a mi secretaria que se fuera separando de mí porque iba a tener
problemas”), un claro ajuste de cuentas con el Gobierno de Rajoy en tono
chulesco durante su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre la
crisis financiera.
Por
lo demás cabe citar que el Rey Felipe acude por primera vez a Davos para
defender la imagen de España, encabezando la mayor delegación española de la Historia
en el Foro Económico; que el turismo cierra un año récord con 82 millones de
visitantes; que el PP obliga a Ciudadanos a retratarse con la prisión
permanente revisable, otro asunto de rabiosa actualidad; que Podemos se ve
obligado a justificar la larga ausencia de Pablo Iglesias, quien hará una purga
de críticos ante las municipales, mientras Echenique culpa a la prensa de los
malos resultados en Cataluña; que los líderes de los países del sur celebran
una cumbre en Roma, centrada en la inmigración, y abogan por aumentar el control
de las fronteras y porque el peso del flujo migratorio sea compartido por la
UE; y que es ilegal grabar incluso a los ladrones, pues Estrasburgo indemniza a
cinco españolas despedidas por robar en su trabajo, ya que “deberían haber sido
informadas de que estaban bajo vigilancia”, aunque sostiene que el despido fue
procedente.
Jorge Cremades Sena
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