Es
obvio que lo que no puede ser, no es, y además es imposible; imposible por ser
irrealizable o imposible porque si se realiza nos lleva directamente al caos;
en definitiva, imposible e indeseable. Es lo que, en no pocos asuntos, viene
sucediendo en España y, ahora, de cara a los próximos comicios, se incrementará
sin duda, aunque, por otro lado, también se visualizarán las contradicciones
acumuladas de un gobierno desnortado, ya dividido en tres sectores, cada uno a
lo suyo, mientras los ciudadanos constatamos perplejos situaciones
insostenibles que ni entendemos ni podemos entender y que, en el mejor de los
casos, son pan para hoy y hambre para mañana. Situaciones insostenibles como
que el 60% de los asalariados en España cobre menos que los recién jubilados ya
que las pensiones (y soy un pensionista más) crecen a un ritmo tres veces mayor
que las nóminas tras la subida del 8´5% aplicada por Escrivá, lo que, siendo
loable la decisión del ministro de que los pensionados (cada vez más numerosos)
no perdamos poder adquisitivo ante el desbocado incremento de la inflación, nos
conduce inevitablemente, si no se hace lo propio con los sectores productivos,
a que quienes han de pagar nuestras pensiones y las futuras sean cada vez más
pobres ya que no se les garantiza el mantenimiento de su poder adquisitivo, lo
que antes o después, salvo que se cambie el sistema, es, por mero sentido
común, simplemente inviable. Situaciones insostenibles como que topar los
alquileres como panacea para solucionar el grave problema de la vivienda, lo
que provoca en una sociedad de libre mercado es que la oferta de alquileres se
hunda por las incertidumbres que genera en los propietarios de viviendas que
prefieren venderlas o alquilarlas ante la inseguridad jurídica frente a
destrozos, impagos, okupaciones o escasez de incentivos fiscales, provocando
que se reduzca la oferta de viviendas en alquiler y, por tanto, que aumente la
demanda y el pertinente aumento de los precios, justo lo contrario de lo que
pretenden las medidas adoptadas, cuando la solución estaría en el incremento
sustancial en la promoción pública de viviendas sociales. Situaciones
insostenibles como que, mientras la Junta Electoral activa el reloj para cesar
a la condenada Laura Borrás, el PSC quiera reformar el Reglamento del Parlament
cuando PP, Vox y Ciudadanos (como debiera hacer el gobernante PSOE, si no estuviera secuestrado por los
secesionismos intolerables) envían un escrito para que le retiren el acta, lo
que debiera ser unánime por parte de todos en beneficio de la salud democrática
en nuestro país. Situaciones insostenibles como que sea el Estado el que crea
ya el 55% de los empleos en España (obviamente empleos improductivos), pues
desde el covid se han creado casi medio millón de puestos de trabajo gracias al
tirón del Gobierno, de las CCAA y de los ayuntamientos, con lo que el sector
público da trabajo a 3´5 millones de personas (272.900 más que en 2019) cuando
el sector privado, productivo e imprescindible, emplea a 17 millones que son
los que han de sostener el gasto de las clases pasivas, de la Administración y
los Servicios, de las Infraestructuras, etc etc de nada menos que de los más de
47 millones de habitantes que poblamos este país….. En fin, son simplemente
varios ejemplos de situaciones insostenibles que, entre otras muchas, podríamos
citar como paradigma de asuntos que el Gobierno de turno debiera corregir lo
antes posible ya que conducen directamente a situaciones inviables y caóticas
de cara a un futuro cada vez más cercano, por más que, muchas de ellas, se
vendan o pretendan vender a los ciudadanos como logros positivos que, en el
mejor de los casos, sólo lo serían a corto plazo.
Ni
es positivo ni viable que se garantice el mantenimiento del poder adquisitivo
sólo a las clases pasivas sin que también se les garantice a las clases
productivas (es decir los trabajadores) que son las que tienen que producir la
riqueza necesaria para costearlo y obviamente no se las puede empobrecer; ni es
positivo ni razonable que el grave problema de la vivienda, asunto que debiera
resolver el Gobierno, se cargue a las espaldas de los ciudadanos que legalmente
han decidido invertir sus ahorros y sus esfuerzos en adquirirlas para ahora
sufrir perplejos la okupación de las mismas y, muchas veces, su destrozo sin
que nadie haga nada para desokuparlas inmediatamente mientras incluso se les
obliga a seguir pagando los impuestos y el mantenimiento de los servicios
básicos de dichas viviendas okupadas; ni es positivo ni tolerable que el
Gobierno democrático del Estado dependa de radicales secesionistas que
simplemente pretenden finiquitarlo y a quienes, para que no dejen caer a dicho
Ejecutivo, se les trata de forma favorable al resto con decisiones arbitrarias
que van directamente en contra de la consolidación del Estado diseñado en la
Constitución; ni es positivo ni defendible que, mientras se empobrece el sector
productivo real, se genere un marco sobredimensionado de empleo público
convirtiendo al Estado en el principal empleador del país..... Ya ven, lo
que no puede ser, no es; y además es
imposible, inviable e indeseable.
No
obstante es complicado enderezar esta deriva populista en pleno año electoral,
como es el caso, pues nadie va a apostar por discursos realistas que los
ciudadanos no quieren escuchar en plena pugna por el voto tanto en el bloque
del centroderecha como en el de centroizquierda y con los radicales de un bando
u otro apostando por un ultra-radicalismo populista que conduce a la nada. Así
las cosas, el dictador Franco resurge entre las cenizas y Ferraz (es decir, el
PSOE), con la intención de no perder la baza de sus socios podemitas, ordena a
sus candidatos regionales y locales recuperar en campaña al dictador como baza
electoral, con lo que se nubla el protagonismo de cuestiones reales como las
citadas anteriormente, centrándose en poner “especial atención” en borrar del
callejero los vestigios de la dictadura o en proteger los lugares donde hubo
represión. No en vano las encuestas avisan a Moncloa de que Pablo Iglesias
(enemigo y a la vez aliado de Sánchez en el Gobierno) tiene todavía apoyos
ciudadanos pues en el espacio del bloque de las izquierdas más del 30% de los
votantes de Podemos le quiere frente a Yolanda Díaz, la preferida ahora de
Pedro Sánchez para intentar reeditar su gobierno Frankenstein, lo que le obliga
a una estrategia de “puro desgaste” del podemita hasta las municipales y
después “fagocitar por completo a los morados” en un escenario en que el ex
vicepresidente Iglesias “o cede o se encontrará con la fuga de los pocos que le
quedan” como en el bloque de centro-derecha está sucediendo con Ciudadanos.
Por
cierto, hablando de encuestas y sondeos, es totalmente indeseable e inadmisible
que las distintas empresas demoscópicas, empezando por el CIS, no se atengan al
sano objetivo de pulsar la opinión de los ciudadanos sino que busquen forzar la
opinión de los mismos a favor o en contra de sus preferencias políticas o
ideológicas. O son tendenciosas o son inútiles, lo que, en ambos supuestos, las
convierte en impresentables. En efecto, las últimas encuestas publicadas acerca
de la intención de voto se contradicen. Vean si no. Según 40dB, el PSOE se
aproxima al empate con el PP tras la moción de Vox ya que invierte su tendencia
a la baja y se sitúan a pocas décimas de los populares: el PP obtendría el 28%
de votos y 122 escaños, PSOE 27´4% y 109, Vox 14´2% y 42, UPodemos 11´8% y 31,
y Mas País 3´2% y 3. Según SigmaDos, Díaz hunde a Sánchez y deja a Podemos con
solo 8 diputados, pues el PSOE sufre una sangría de votos y pierde en un mes
más de dos puntos y seis escaños tras la irrupción de Sumar, mientras el PP,
aunque baja, se dispara en la distancia con el PSOE hasta en 44 escaños y puede
mantener la mayoría con Vox, en tanto que juntos Díaz y Podemos se convertirían
en tercera fuerza política pero con pocas opciones de reeditar la coalición
gubernamental con Sánchez. Y, según NCReport, Feijóo, que se convierte en el
líder mejor valorado, supera los 140 escaños tras la moción de Vox y la
irrupción de Sumar, Sánchez perdería una treintena de escaños, Abascal perdería
entre 9 y 11, y Yolanda Díaz se impondría a Sánchez como liderazgo de la
izquierda, en cuanto a resultados el PP obtendría el 33´1% de votos y entre
142-144 escaños, PSOE 21´9% y 89-91, Vox 13´8 y 41-43, Sumar 11´8% y 28-30, ERC
3´1% y 12-13, Podemos 5´1% y 3-5, y Otros se repartirían los 28-31 diputados
restantes. Ya ven, hay sondeos para todos los gustos, cuando la única certeza
es que la ley electoral permite a los partidos nacionalistas una
sobre-representación en el Congreso de los Diputados, pues, por ejemplo, ERC
con casi la mitad menos de votos que Podemos obtendría bastante más del doble de
escaños que los morados.
Bueno
y la Justicia y la corrupción mejor lo dejamos para otro día, aunque cabría
citar que la Justicia sortea la reforma de la malversación pactada por el
Gobierno y ERC, pues ni jueces ni Fiscalía aplican las modalidades atenuadas al
entender que el lucro no sólo se produce cuando hay enriquecimiento personal,
asunto indecente que pactaron para intentar exonerar a los condenados del
procés. Por otro lado ERC y Bildu allanan un pacto de Sánchez y Podemos sobre
la reforma del “sí es sí” al presentar enmiendas sobre dicha reforma para
propiciar una ruptura con el PP, en tanto que los “morados” admiten que han
“hablado” del contenido y el PSOE afirma que está dispuesto a “estudiarlo”…. se
trataría de agravar las penas, como exigen los socialistas, lo que ahora
resulta aceptable para Irene Montero. Y todo esto mientras jueces, fiscales y
funcionarios de Justicia ponen a la ministra Llop contra las cuerdas al tener
que enfrentarse a otra oleada de protestas por la grave situación de la
judicatura, pues si la subida de entre 450-480 euros mensuales para los
letrados propició que aceptaran y terminara la huelga, dicha subida provoca a
su vez la huelga entre los funcionarios, anunciada para dentro de unos días,
mientras jueces y fiscales empiezan también la lucha por la mejora de sus
salarios. Todo esto en medio del escándalo del “caso cuarteles”, sobre el que
un informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil detalla cómo un general
desvió 1´3 millones a un constructor en 2016 por obras “que ni se hicieron”,
mientras “el Jefe del Cuartel ha tenido que pintarse su propia oficina” y
mientras un mando relata “recriminé a los operarios la mala calidad de los
trabajos y desaparecieron”….. Entretanto el PSOE de Sánchez blinda a Marlaska
de estos escándalos y, en pleno cese de la Directora General de la Guardia
Civil, veta 93 comparecencias en el Senado, mientras el Gobierno evita dar la
cara en más de mil comparecencias solicitadas por el PP, encabezando el
Ministerio de Interior el ranking de solicitudes desatendidas para rendir cuentas
en el Congreso de los Diputados.
Por
lo que respecta a otros asuntos citar que muere el ex ministro popular Josep
Piqué; que ocho niños son rescatados de sus padres en Colmenar donde les tenían
desnutridos en una vivienda insalubre a pesar de que el padre era médico en el
Gregorio Marañón; que Garamendi también cobró de falso autónomo en Cepyme, pues
el hoy presidente de la CEOE recibió 120.000 euros a través de sociedades; que
el PNV apela a la nación vasca en su pugna con Bildu, pues Ortuzar critica a
los abertzales y arenga a los vascos a decidir su futuro “en libertad” (como si
en España no la hubiera) cuando, por otro lado ambos apoyan al Gobierno de
Sánchez; y que la inflación da alas a Hacienda y recauda en dos meses por IRPF
más de 23.000 millones, lo que permite, entre otras cosas, financiar un macro-Ejecutivo
que es 50 millones más caro que el anterior de Rajoy, pues la macro-estructura
montada por Sánchez y sus socios pasó una factura de 147 millones de euros en
2022 y, lejos de apretarse el cinturón, ya crece en este año a un ritmo del
15%.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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