La temeridad
antidemocrática de Pedro Sánchez para adecuar la ley de amnistía a los
intereses personales de Puigdemont y de él mismo (como si no fuera ya
suficiente sumisión haberle concedido una ley de amnistía) es de tal magnitud
que pone a nuestro país al borde del colapso democrático provocando tal
deterioro de nuestro sistema constitucional de incalculables consecuencias. En
efecto, tras los cambios de opinión sobre si la amnistía cabía en la
Constitución Española o no (Sánchez, cuando no se lo exigían para gobernar
tenía claro que no cabía y ahora que se lo exige el prófugo tiene claro que sí
cabe), el asunto es ahora si dicha amnistía abarca a algunos delitos o no, como
puede ser el de terrorismo, la malversación o la traición, dado que en la UE
son de difícil encaje legal; pero, como se está investigando judicialmente al
respecto al mismísimo Puigdemont y cabe la posibilidad de que los jueces puedan
probar que sí cometió alguno de dichos delitos, se trata de modificar en el
Código Penal el concepto de terrorismo para darle satisfacción al prófugo y
sacarle de la quema, viendo si entre los grados menos sangrientos del
terrorismo pueden colarse como “desórdenes públicos”, lo que le permitiría ser
amnistiado….y todos contentos, pues, en caso contrario, ya lo dijo Turull,
“colorín colorado” el cuento de que siga gobernando Sánchez se habría acabado.
Es así de fácil de entender. Pero lo preocupante y obsceno es que, mientras
juristas y magistrados debaten sobre si en el procés se cometieron delitos de
terrorismo o no, el Presidente Sánchez, autoproclamándose en juez supremo
absoluto ya ha dictado sentencia pública diciendo que todos los secesionistas
serán amnistiados porque no han cometido delitos de terrorismo, cuando entre
los expertos hay todo tipo de dudas y opiniones dado que el Derecho y su
aplicación no es una ciencia exacta y, por tanto, lo que procede es dejar a los
jueces instructores trabajar para buscar las pruebas pertinente que corroboren
o no la comisión del delito. Así las cosas, el Fiscal del Tribunal Supremo, en
sintonía con Sánchez, no ve delito de terrorismo en el caso Tsunami y, por
tanto, rechaza imputar a Puigdemont y al resto de investigados al respecto por
el juez García-Castellón, dándose la circunstancia curiosa de que dicho fiscal había
emitido previamente un informe en sentido contrario y cambió de opinión tras
visitar al Fiscal General del Estado, quien, como todo el mundo sabe, es nombrado
por el Gobierno y su presidente, Sánchez, tuvo el descaro de decir públicamente
que, por tanto, dependía del Ejecutivo que es quien lo nombra, con lo que es
bien fácil deducir que, según su criterio, el Fiscal General del Estado más
bien se convierte en Fiscal General del Gobierno y por tanto, defiende los
intereses del Ejecutivo y no los del Estado (una aberración conceptual
inaceptable). En efecto, Álvaro Redondo defendió en un primer informe que había
indicios para abrir causa contra Puigdemont y sostenía que “participó en
conductas con la evidente intención de atentar contra la paz pública” pero
luego modificó su criterio e hizo un segundo informe en sentido contrario tras
reunirse con García Ortiz, aunque ambos niegan que ello haya influido en el
cambio de decisión, mientras PSOE y Junts se conjuran para resucitar la
amnistía, de momento aparcada, y buscan una vía para reactivar la negociación y
aprobar la ley tras el 18-F y, con total seguridad, desvincular a Puigdemont
del posible delito de terrorismo sería el lubricante fundamental que
desatascaría semejante bodrio político-judicial a la carta en favor del fugado,
en el que no faltan todo tipo de acusaciones contra los jueces incluso desde la
tribuna del Congreso de los Diputados sin que la Presidenta Armengol se inmute,
en tanto que, ante semejante panorama, el CGPJ considera que la inviolabilidad
parlamentaria no justifica la falta de respeto.
Pero como los jueces, a pesar de las
críticas, siguen instruyendo las causas en que Puigdemont está implicado,
Sánchez ofrece ahora a Junts limitar los plazos de las instrucciones judiciales
a cambio de no tocar la ley de amnistía rechazada por Puigdemont porque no le
protege a él personalmente, mientras los fiscales debaten el citado informe que
no ve terrorismo en el “caso Tsunami”….otro despropósito inaceptable. En
efecto, Sánchez busca aplacar a Junts dando más poder a los fiscales y ofrece a
Puigdemont cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reducir los plazos de
instrucción de los jueces a cambio de no tocar el texto rechazado de la ley de
amnistía que ya está al borde de la constitucionalidad, si es que no la ha
rebasado, y pone una sombra de duda diciendo que hay instrucciones judiciales
“que se alargan en el tiempo”, como si los jueces lo hicieran adrede. Por su
parte los fiscales del Supremo ven indicios de terrorismo sobre Puigdemont,
mientras el juez García-Castellón ordena localizar a un diputado de ERC que ha
huido de la justicia y se ha refugiado en Suiza (otro prófugo más); y es que la
Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo, contra lo que dice Álvaro Redondo en
su segundo informe tras reunirse con el Fiscal General, cree que existen
indicios de terrorismo en el caso Tsunami, contra lo que dice Sánchez y, por
tanto, rechaza por abrumadora mayoría la maniobra para rebajar el caso a meros
“desórdenes públicos” como busca el Gobierno para contentar al prófugo
entregándole una amnistía total y sin excepciones. Por tanto doce de los quince
fiscales del Supremo, tras el pertinente análisis detallado, desautorizan a
Sánchez y a su Fiscal General y con semejante abrumadora mayoría apoyan que se
siga investigando al prófugo por terrorismo en el grado que sea y tras una
tensa reunión la Junta rechaza el segundo informe del fiscal Redondo dejando en
evidencia la afirmación del Presidente del Gobierno y del Fiscal General García
Ortiz de que “no es terrorismo” lo actuado por Tsunami Democrátic, mientras el
Fiscal General se reserva otra “maniobra” para exculpar a Puigdemont pero no
será vinculante….Y ante semejante confuso panorama intencionado el Gobierno, en
vez de apoyar que prosiga el trabajo de los instructores del caso, confía en el
Fiscal General del Estado (que no del Gobierno) para la última palabra ya que
“es una decisión jerárquica”. Por su parte el contradictorio fiscal Redondo,
que se retractó de su primer informe en 72 horas de los cinco indicios que
defendía en el mismo y en dos informes contradictorios pasó de graves delitos
para Puigdemont a ninguno tras un fin de semana, un lunes y una visita al
Fiscal General, se defiende ante sus compañeros de la Junta de Fiscales
diciendo que su primer informe acusatorio de 63 páginas y que llegó a entregar
a su Jefe en el Supremo, era sólo un “borrador interno” y justifica el cambio
de criterio en su segundo informe en que hizo un “estudio exhaustivo de
hechos”, mientras García Ortiz niega haber influido en él….. Y, digo yo…..¿qué
problema hay en que como en otros tantos casos se siga investigando y buscando
pruebas que acrediten o no la verdad?.
Y mientras el PSOE tumba la ley del PP para resolver 379
asesinatos de ETA (esto sí que era terrorismo puro y duro en su más alto
grado), cuando los populares dicen que buscaban esclarecer crímenes y acabar
con los homenajes a los terroristas, el letrado Galindo planta al Consejo de
Europa para no informarle de la amnistía y, por tanto, no acudirá a la cita con
la Comisión de Venecia tras solicitarlo él mismo a la Mesa del Congreso…. Galindo,
elegido recientemente Letrado Mayor del Congreso esgrime que no es “un
político” para plantar a Europa tras haber dado vía libre a la amnistía y lo
hace con el voto a favor de PSOE y Sumar, evidenciando la connivencia con la
Presidenta Armengol.
Demasiado embrollo al borde del
colapso democrático cuando también en España, como en el resto de países de la
UE, estalla el campo y su revuelta desborda al Gobierno mientras los
agricultores, que ya no pueden soportar más su paupérrima situación económica,
le gritan “recordad que coméis gracias a nosotros” y exhiben músculo con cortes
de carreteras, puertos y polígonos en casi toda España y amenazan con que
pararán el país, mientras Agricultura intenta frenarles con una ayuda de 269
millones. Por su parte Bruselas, a nivel europeo, cede en su agenda verde, pues
Von der Leyen aparca la polémica normativa para la reducción de pesticidas y la
Comisión estudia reorientar las ayudas a la transición ecológica. Es sin duda
alguna el gran reto que ha de afrontar la UE de forma inminente….y, nunca mejor
dicho, con la sequía como la gota que colma el vaso de la paciencia de los
agricultores y ganaderos.
Por otro lado, mientras Sanidad,
haciendo alarde de “nula transparencia”, ignora también el criterio de la
Sociedad Española de Oncología, más de 500 sanitarios de Baleares se confabulan
para negarse a atender a los pacientes en castellano (lengua oficial en toda
España) y crean un código de conducta que impone el catalán en sus
comunicaciones aunque el enfermo les “responda en español” y sólo cambiarán en
el caso de que se quejen…..¡menos mal!, pero ya ven, el objetivo prioritario no
es curar las enfermedades, es otro distinto. En fin, sin más comentarios.
Y entretanto, Feijóo manifiesta:
“Sánchez ya no es nadie sin Puigdemont”, “yo no estoy en libertad vigilada como
Sánchez, soy el líder de un partido libre, sólo me debo a los españoles”, “el
PP no mantiene abierta una línea de contacto con Junts, para actuar fuera de la
Constitución, no”, “sólo puede haber un acuerdo sobre el CGPJ si se garantiza
que se aprueba una ley de despolitización de la Justicia”, “los dirigentes de
Vox están a veces un poco obsesionados con el PP; no voy a confundirme de
objetivos y prioridades”…y en referencia a Yolanda Díaz añade que “es llamativo
que alguien a quien le pagan su vivienda diga que hay que limitar el sueldo que
tienen otros”. Dicho queda.
Por lo que respecta a otros asuntos
citar que Bruselas dará 200 millones a Mauritania para frenar los cayucos hacia
Canarias; que el SMI sube un 5%, hasta 1.134 euros, y el IRPF se ajusta; que la
Guardia Civil cifra en 180 millones los contratos amañados de los uniformes,
pues Asuntos Internos detecta que durante veinte años se han hecho “trampas” en
la compra de suministros mediante el pago de dádivas por parte de las empresas;
y que el Gobierno castiga a Madrid en el
reparto de fondos europeos per cápita (los madrileños recibirán sólo 382 euros
por habitante frente a los 1.310 que recibirán los melillenses por ejemplo) y
mientras tanto Ayuso exige a Mónica García que rectifique la elección
“arbitraria” de centros de cáncer.
Y del exterior, destacar que Chile
se abrasa y los incendios probablemente provocados ya han causado más de un
centenar de muertos; que los aliados envían mensajes a Kiev de que acepte perder
territorio; que Carlos III de Inglaterra suspende su agenda tras detectarle un
cáncer, pero se verá con el premier; que el ex presidente de Chile, Piñera,
muere al caer el helicóptero que pilotaba; que Milei trasladará a Jerusalén la
embajada argentina en Israel y Netanyahu le agradece la decisión mientras es
recibido como una estrella en Israel; y que los salvadoreños votan masivamente
a Bukele que arrasa en su guerra abierta contra las bandas y dice que El
Salvador va “hacia un partido único en un sistema plenamente democrático” y mientras muchos
salvadoreños dicen que “sin Bukele El Salvador era un caos”….es obvio que
prefieren la seguridad a determinadas libertades.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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