En el primer acto de la
campaña por los 50 años de la muerte de Franco, el Presidente Sánchez llama a
“defender la libertad”, con lo que todos los demócratas estamos de acuerdo, y
avisa de que la dictadura, que todos los demócratas rechazamos, “puede volver a
ocurrir”, lo que es totalmente cierto pues la libertad y la democracia, una vez
conseguidas, suelen ser muy frágiles y requieren ser defendidas por todos los
organismos del Estado de Derecho Democrático, y muy especialmente por la
Jefatura de Estado y la del Gobierno, quienes en ningún caso deben orillar su
marco legal recogido en la pertinente Constitución, garantía indispensable de
los derechos y libertades ciudadanas y, por tanto, barrera infranqueable de
tentaciones totalitarias de cualquier signo. Por tanto, totalmente de acuerdo
con lo de “defender la libertad” pues su pérdida “puede volver a ocurrir”, y
además se da la circunstancia de que los españoles somos expertos en esto, pues
basta apelar a nuestra “memoria histórica” para toparnos con la dramática y
amarga experiencia de que a lo largo de nuestra Historia hemos perdido la
libertad en demasiadas ocasiones, lo que debiera servirnos de lección para no
repetir flagrantes errores del pasado en vez de reactivarlos. Dicho lo anterior,
cabe pues conmemorar la fecha de la muerte del último dictador, Franco, para
que no se olvide su nefasto legado y, sobre todo, para evitar que se repita
tamaña experiencia con otro aspirante al totalitarismo; sin embargo, nada
justifica que, cincuenta años después de la efeméride, se planifique desde el
Gobierno, como si no tuviera otra cosa más importante que hacer, una larga
campaña, nada menos que de un año y con unos cien actos (más o menos uno cada
tres días), lo que más bien suena a la pretensión por parte del Ejecutivo de
extender una densa cortina de humo para desviar la atención sobre los graves
problemas que su controvertida gestión democrática, cada vez más cuestionada,
va dejando en la memoria histórica, que no histérica, de los ciudadanos. De
entrada, si queremos conmemorar la muerte de Franco, acaecida el 20-11-75, o,
como dice Sánchez, “los 50 años de España en libertad” iniciados el 6-12-78 con
la aprobación por referéndum de la Constitución Española, habrá que ajustarse a
las fechas históricas de dichos eventos, pues no procede que el Gobierno
desajuste la verdadera historia de forma indecente, ya que hasta noviembre no
se produce el aniversario de la muerte del dictador y hasta dentro de tres años
no comienza el aniversario del actual periodo de libertad en España. ¿Qué
estamos conmemorando pues?, nada de nada, simplemente estamos usando a Franco
como cortina de humo para ocultar otros problemones que tiene el Ejecutivo. Si,
realmente, el objetivo de tan larga y precipitada campaña es, como dice
Sánchez, “defender la libertad” conviene recordarle que la mejor defensa de la
libertad se hace día a día desde el propio Ejecutivo, comenzando por cumplir (y
hacer cumplir) escrupulosamente lo establecido en nuestra Carta Magna, lo que
exige, entre otras cosas, no mentir en campaña electoral para luego hacer lo
contrario de lo prometido, no claudicar jamás ante exigencias inconstitucionales
a cambio de votos, no firmar acuerdos con prófugos de la justicia, ni amnistiar
a delincuentes, no permitir que las discrepancias internas del gobierno
permitan a sus ministros defender una
cosa y la contraria, no abusar del decreto-ley ni pretender eludir el control
parlamentario, no legislar “ad hoc” para conseguir esperpénticos acuerdos que
contravienen principios constitucionales o sortear decisiones judiciales, no
pactar con quienes explícitamente proponen cargarse la unidad de España o el
“régimen del 78”, es decir, los “50 años de España en libertad” que Sánchez
dice celebrar con esta campaña….. ¿Observa este gobierno escrupulosamente todo
lo anterior para reforzar la higiene democrática de España? Júzguenlo ustedes.
En definitiva, más bien parece que
lo que pretende Sánchez es agarrarse a Franco para intentar resucitar una
mortecina Legislatura rota en mil pedazos, que en una seria campaña en defensa
de los “50 años de España en Libertad”, en la que, por cierto, “borra” de un
plumazo la figura de Don Juan Carlos, quien, a pesar de sus luces y sombras,
fue un protagonista destacado en aquella Transición para conseguir el consenso
y la concordia entre todos los españoles, como así sucedió finalmente con la
aprobación de la Constitución en 1978, pues con la muerte de Franco en su cama
tres años antes todo siguió igual y no llegó la democracia por arte de magia.
Pero es que además el PSOE sanchista registra inesperadamente en el Congreso
una proposición de ley orgánica para prohibir, entre otras cosas, que los
partidos no puedan ejercer la acusación popular, que los jueces eviten admitir
a trámite denuncias basadas en recortes de prensa, o que se deroguen los
delitos de ofensa a los sentimientos religiosos. Cabe recordar que precisamente
gracias a la acusación popular (un derecho constitucional) en España se han
resuelto y han salido a la luz escandalosos casos de corrupción (entre ellos,
GAL, Filesa, Gürtel, Noos, Pujol, ERE…..) y da la casualidad de que lo que
propone ahora el PSOE es justo lo que en su día proponía el PP, acuciado por
escandalosos casos de corrupción como ahora lo está el PSOE, que entonces
rechazaba los argumentos del PP y ahora los propone con la agravante de que incluso
incluye ahora que la reforma se aplique con efecto retroactivo….. Es obvio que
en la proposición no se pretende mejorar la acusación popular, sino salvar de
la Justicia a los investigados ilustres de cada partido; para comprobarlo basta
comparar los argumentos del sanchista Patxi López avalando ahora la propuesta
socialista y los del popular Hernando entonces avalando la suya, son similares,
si entonces el PSOE en la oposición rechazaba la del PP, ahora el PP en la
oposición rechaza la del PSOE, y viceversa. Es obvio que la pretensión no es
mejorar el funcionamiento de la Justicia, y esto es lo grave.
En fin, así las cosas, y en plena
investigación judicial del entorno político y familiar de Sánchez, todo parece
que su pretensión es una reforma restringiendo la acusación popular para
permitir que se archiven, entre otros, los casos de su esposa y de su hermano,
cuando los socialistas, al igual que los populares, han estado personados en
una veintena de causas contra sus rivales e incluso ejercen la acción penal
contra el novio de Ayuso, el caso Koldo y Aldama. Ya ven, la Ley del embudo,
pero sanear nuestra higiene democrática, nada de nada. El PP avisa de que quien
apoye la “Ley Begoña”, ya le pusieron nombre, será cómplice de la corrupción y
el portavoz popular, Borja Samper, acusa a Sánchez de “hacer oposición a un
dictador muerto” en vez de rechazar a “los dictadores vivos”, en clara
referencia a la usurpación de Maduro en Venezuela, y considera incorrectas las
celebraciones del inicio de la democracia española ya que en 1975 en España no
había cambiado nada y no había democracia. Entretanto María Jesús Montero,
destinada por Sánchez a dirigir el PSOE andaluz con la orden de meter presión y
barro, reclama en su presentación un partido “fuerte, unido y con autoestima”
en Andalucía y promete recuperar el espíritu de los gobiernos de Chaves, Griñán
y Susana Díaz, apostando por el PSOE de siempre, es decir, el que ya gobernó a
los andaluces durante 37 años y del que ella misma formó parte, primero como
Consejera de Salud y después de Hacienda, hasta ascender al Ministerio de
Hacienda con Sánchez. Un PSOE andaluz que, por cierto, es protagonista de uno
de los mayores escándalos de corrupción de España, el caso de los EREs, que
acabó con la condena de sus altos dirigentes y que ya se ha encargado Sánchez
de amnistiar, vía TC, al igual que amnistió a Puigdemont y compañía por asuntos
incluso más graves todavía.
Ya ven, corrupción y corrupción que
no cesa y que nadie quiere atajar de raíz. El Jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel
Ángel Rodríguez, MAR, declara en el Supremo, como testigo, que filtró un correo
sobre el caso y se inventó que un pacto fue parado “desde arriba”, mezclando
información con opinión para salir del atasco. Por su parte la defensa del
Fiscal General del Estado intenta sin éxito minimizar su actuación en los
mensajes que envió MAR, quien declara que no tuvo el mail incriminatorio del
novio de Ayuso hasta que fue publicado en la prensa y apunta al Fiscal General
diciendo que “va a ir pa´lante” por “difundir el mail” que le hizo llegar el
novio de Ayuso por hacer “declaraciones” de lo “publicado” y asegura que
“desconocía” el correo inicial en que la pareja de Ayuso le plantea a Fiscalía
la conformidad, mientras dos periodistas declaran en el TS que tenían el correo
filtrado antes que el Fiscal General, quien contacta con Telefónica para
recuperar la lista de llamadas de su teléfono en aquellos días. Por otro lado
el hermano de Sánchez, cuyo trabajo en la Diputación pacense no es “imprescindible”,
declara que lo encontró en internet y titubea ante la jueza sobre dónde está su
oficina y cuáles son sus funciones y el Presidente socialista de la Diputación
dice que no sabía de quien es hermano David Sánchez Pérez-Castejón, mientras
altos cargos de Extremadura se acusan de crear la polémica plaza “innecesaria”.
Y mientras MAR dice que “es agobiante lo que Sánchez hace contra Ayuso cada día”
y considera “evidente” que la filtración que se investiga del fiscal general
responde a “un ataque” a su Jefa, en tanto que el hermano de Sánchez afirma
sobre su trabajo “yo voy siempre que lo necesito, voy a mi despacho, pero no
tengo esa afiliación a un lugar físico, pero voy todos los días a trabajar”,
aunque no ubica la oficina que dirige, el juez niega a Begoña Gómez, la mujer
del Presidente, poder anonimizar sus datos bancarios….. Ya ven, lío tras lío,
verdades a medias o mentiras para emborronar la Justicia y menoscabar su independencia,
base de todo Estado democrático.
Por lo que respecta a otros asuntos
destacar que Yolanda Díaz y los sindicatos hacen pinza contra el ministro
Cuerpo por la jornada laboral; que el ministro Urtasum torpedea la ampliación
de El Prat que impulsa Illa; que la Princesa Leonor se embarca en Cádiz en El
Elcano para ampliar su formación militar; que las CCAA del PP diseñan un plan
para facilitar la construcción de pisos con el objetivo de ampliar la oferta
para abaratar los precios de la vivienda; que con las urgencias saturadas, la
crisis de Muface pone en jaque a un millón de funcionarios; que las trabas de
Marruecos frustran la apertura de aduanas en Ceuta y Melilla; que Trump es
condenado por 34 delitos pero el juez no le impone ni pena de cárcel ni multa,
y él dice que “ha sido una caza de brujas” (¿les suena esto algo en España?); y
que Maduro se corona dictador usurpando el poder en un acto fraudulento de
espaldas al pueblo, con calles militarizadas y fronteras bloqueadas para
impedir que el vencedor de los comicios y exiliado, Edmundo González, regrese
al país y sea investido presidente legalmente…..
Pues, ¡claro que sí!, claro que, como dice Sánchez, la dictadura puede “volver
a ocurrir” en cualquier país y cuando ocurre es muy difícil recuperar la
libertad; la medicina, que los gobiernos democráticos cumplan escrupulosamente
sin fisura alguna lo que se recoge en la pertinente Constitución (en España,
esa que algunos llaman “régimen del 78” y pretenden derribarla para sustituirla
no se sabe bien por qué, ¿acaso por otra dictadura?, ¿quién sabe?); no estaría
de más que, tanto PP como PSOE, entendieran que no son enemigos, sino contrincantes
en el juego limpio de la democracia, y que para defenderla deben pactar asuntos
de Estado para que opciones totalitarias, hoy minoritarias, no prosperen en el
futuro. Por el bienestar de nuestros hijos y nietos, esperemos que así sea.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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