UN JUEGO PERVERSO

 

                       Dedicados nuestros políticos, unos y otros, al juego perverso de ver quién es más hábil a la hora de vender a los ciudadanos sus demagogias, contradicciones e incoherencias y, por ende, denigrar las del contrario con meros fines electoralistas en vez de perseguir ambos el bien general de todos los ciudadanos buscando verdaderas soluciones a los problemas que tienen, asistimos a un caos político-institucional en que nadie sabe a qué atenerse, pues lo bueno y lo malo, lo adecuado e inadecuado, depende del quién, cómo, cuándo y dónde se diga o se haga. Lo esencial no es, por ejemplo, que el Fiscal General se niegue a responder al juez instructor como investigado para esclarecer unos presuntos hechos que se le imputan, cuando precisamente su papel fundamental es “impulsar la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley”; lo que importante es que se escape de la nebulosa en que él mismo se ha metido (y, por tanto, ha metido a la institución) con su conducta “inadecuada” y presuntamente arbitraria, en el ejercicio de sus funciones, lo que, al margen de si, finalmente, se demuestra delictiva o no, ha de ser y parecer clara y transparente para no dar lugar a indicios y sospechas que avalan su imputación, no ya en un tribunal menor, sino nada menos que en el Tribunal Supremo, siendo improcedente, dado su cargo de Fiscal General, que se acoja al derecho de no contestar a las preguntas del juez (y de las partes) pues, como Fiscal General, debiera aportar voluntariamente todo tipo de pruebas de su presunta inocencia y de la culpabilidad de otros para ayudar a esclarecer meridianamente los hechos que se le imputan (cabe recordar que, precisamente él, no es un ciudadano cualquiera, es nada menos que el Fiscal General del Estado). Sin embargo García Ortiz, que así se llama tan digno personaje, en la comparecencia ante el juez se limita a negar “rotundamente” que él fuera el autor de la filtración del correo del novio de Ayuso (cabe recordar que como investigado tiene todo el derecho a mentir… ¡y, ya sólo faltaría que lo estuviera haciendo!) y a responder sólo a las preguntas de su defensa, considerando que toda la instrucción del juez Hurtado debe declararse nula y asegurando que está obligado a borrar mensajes de su teléfono con frecuencia. Es más, acusa al juez de estar condicionado y carga contra la Fiscal Superior de Madrid, su subordinada que le señaló como filtrador, cuando, dado su alto cargo, lo que debiera hacer es denunciar en sede judicial y en toda regla dichas conductas si ve reproche penal en ellas, en vez de extender sospechas sobre la actuación de jueces y magistrados mientras realizan su trabajo. Pero, en fin, ya ven, nada menos que el Fiscal General del Estado, garante de nuestra legalidad, insólitamente abraza el “lawfare” y desafía a la Justicia, sumándose al juego perverso de desacreditar a los jueces, acusando al instructor de su caso (lo procedente es que no hubiera “caso del Fiscal General”) de actuar de forma “predeterminada” en su contra y de ordenar un registro ilegal o “allanamiento” en su despacho, acusaciones todas ellas muy graves que, en caso de tener fundamento han de dirimirse en sede judicial mediante las pertinentes demandas, pero que, con semejante comportamiento, el Fiscal General cuestiona al Tribunal Supremo (bastante cuestionado ya y desautorizado por nuestros gobernantes), esquiva responder a cuestiones que le acorralan al negarse a contestar a las partes y al propio juez, y no despeja los mensajes borrados de su móvil, entre ellos a Moncloa, mientras el novio de Ayuso, González Amador, presuntamente perjudicado en su defensa por la filtración, sostiene que no entrega el móvil para ocultar “conductas delictivas”. ¿Es normal esta conducta del Fiscal General del Estado, que no del Gobierno, en un Estado de Derecho Democrático? En fin, júzguenlo ustedes.

            En definitiva, la causa del Fiscal General queda abocada a juicio aunque no se analice su móvil, mientras tanto el juez recurre a WhatsApp y a Google para recuperar el contenido borrado, siendo complicado que respondan a la petición, mientras la Fiscal Jefa de Madrid dice que acató órdenes de García Ortiz y que muchos fiscales pudieron acceder a los datos; entretanto el Fiscal General, visto lo visto, reorienta ahora su estrategia a salvarse en el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido, que, como ya se sabe, cuenta con mayoría progresista, siendo lamentable que las decisiones casi ya sean previsibles en uno u otro sentido según la orientación ideológica mayoritaria que tengan sus miembros, como si el resultado de aplicar la ley dependiera de las mayorías ideológicas de los tribunales y no de la legalidad o no del asunto que se juzga….otro juego perverso que provoca la despiadada lucha entre gobierno y oposición por copar las distintas instituciones, especialmente las judiciales, como si ello supusiera un seguro de salvación de las posibles inconveniencias en que unos u otro pudieran incurrir en el futuro o en el presente. Y mientras unos y otros esperan que los tribunales les den la razón para, en caso contrario, arremeter contra el juez, tras haber arremetido contra el instructor del caso para que lo inclinara a su favor, el pueblo, que, por lo visto es lo que menos importa, cada vez entiende menos lo que está pasando, salvo quienes con las orejeras puestas, y pase lo que pase, siguen a ciegas y aplauden las demagogias, contradicciones e incoherencias de sus jefes políticos afines y arremeten contra las de los contrarios. No obstante, por si le interesa a alguien, según SigmaDos, incluso los votantes del PSOE piden que el Fiscal General dimita, pues el 43% de los socialistas reclama su cese y el 67% de los españoles que se posicionan le señalan como el filtrador, mientras el 64% ve en el asunto una operación de Moncloa contra Ayuso….y, entretanto, trece fiscales del máximo rango exigen a García Ortiz que deje ya el cargo, pues “la tensión es insoportable” y hablan de daños intolerables a la institución ya que su proceder “es impropio de un Estado de Derecho”.

            Y, si este juego perverso es moneda común en asuntos judiciales, imaginen lo que es en asuntos políticos. Valga como ejemplo el indecente y demagógico asunto del decreto ómnibus que se puede resumir en los siguientes pasos: el Gobierno lo presenta en el Congreso con unos ochenta asuntos para que se apruebe de una tacada sin contar con la mayoría global al mismo; el PP se opone ya que hay asuntos que apoya y otros que rechaza y el ómnibus es rechazado finalmente porque el socio de Sánchez, Puigdemont, vota con la oposición, aunque PP y Junts piden que sea troceado para votar y sacar adelante aquellos asuntos que conciten mayoría parlamentaria (revalorización de pensiones, ayuda al transporte público y a víctimas de la dana…); ante dicha petición el Ejecutivo por activa y pasiva dice que no lo trocea y culpa al PP, pero no a Junts, de ir contra los pensionistas, mientras, cambiando de opinión, pacta al final el troceo con Junts, dejando el ómnibus en una especie de minibús con una treintena de asuntos y dejando caer los otros cincuenta; el PP de Feijóo, aunque no está de acuerdo con la inclusión de algunos asuntos en el nuevo decreto minibús, como la cesión al PNV de un palacete en París, cambia de opinión, al igual que el PSOE de Sánchez con el troceo, y  decide votarlo a favor consciente de que, en caso contrario, proseguirá la campaña de desprestigio acusándole de no apoyar la revalorización de las pensiones, cuando jamás dicho asunto se ha puesto en cuestión; y, finalmente, contra todo pronóstico el Gobierno le acusa ahora de que vota el decreto minibús pactado con Junts porque ya su voto no es decisivo después de que Puigdemont ha decidido apoyarlo, cuando el PP dejó claro desde el rechazo del ómnibus que, si Sánchez quería sacar adelante las pensiones sin nada a cambio, sólo tenía que trocearlo y contaría gratis con los votos del PP… Pero ya ven, Sánchez, tras claudicar en lo del troceo, prefirió buscar los siete votos del prófugo a cambio de nuevas cesiones; en fin, ¿no es todo esto un mero juego de trileros políticos para engañar a las gentes de buena fe?.  

            Ante este perverso juego, indigno de la Política con mayúsculas, hablan los protagonistas. El PP dice que apoya este nuevo decreto “por los jubilados, los valencianos y el transporte”, y su portavoz en el Congreso, Tellado, manifiesta: “hablamos con Junts, pero no cedemos ante chantajes”, “el PNV es una mala copia de Bildu; el PP no puede tener ningún tipo de relación con ellos”, “los sindicatos deberían defender a los trabajadores y dejar la política a los políticos”, “hay otros partidos que quizá prefieran sólo hacer oposición; nosotros queremos echar a Sánchez”….. Y mientras Vox, que mantiene su voto en contra del decreto minibús, da al PNV un plazo para que devuelva el palacete de París antes de llevar el asunto a los tribunales porque “es una usurpación ilegítima de un bien del Estado”, desde el PSOE, no sanchista, Page declara lo siguiente: “ETA me señaló por mi cercanía al Presidente Bono, que era enormemente duro con los terroristas”, “en el Partido Socialista hay motivos para estar en desacuerdo en cómo el Gobierno naturaliza a Bildu” y añade “vivimos una política show, un Gran Hermano Dúo; unos se pegan, otros se ponen los cuernos”. Por su parte Sánchez acelera tras el acuerdo con Junts, mientras ultima la reducción de jornada y la subida del SMI, a la espera de que Puigdemont le prepare de nuevo otro “mataleón” que, ya saben, aprieta pero no ahoga. Y ante todo este deplorable juego perverso, los ciudadanos, según SigmaDos, consideran que, aunque el bloque PP-Vox se afianza, el PSOE rentabiliza el “decretazo”, ya que el pulso sobre pensiones le lleva a ganar cinco escaños y al PP a perder cuatro en un mes, pero, de momento, sigue habiendo mayoría de la derecha con 190 escaños sumando los votos de un Vox al alza, mientras Feijóo refuerza sus expectativas en la Comunidad Valenciana con un escaño más en plena reconstrucción de la zona y el PSOE crece en Andalucía, ante un Moreno Bonilla que defiende abonar la relación con Junts pero no con Puigdemont, que anuncia que se presentará a las elecciones “porque hay mucho por hacer” y que acusa al Presidente del Gobierno de convertir al PSOE andaluz en “una sucursal del sanchismo”, con María Jesús Montero, más sanchista que Sánchez, a la cabeza por obra y gracias del Presidente del Gobierno.

            Entretanto prosigue la investigación de los casos de corrupción y las presiones a los jueces, que rechazan las reformas de Bolaños; Sánchez ofrece gastar más a las CCAA e Illa usa a Junts y ERC de peones en la financiación autonómica; los sindicatos mayoritarios mantienen huelgas contra la oposición y no contra el gobierno; Hacienda descarta que el reparto de fondos de financiación autonómica tenga en cuenta la variable de despoblación; los diplomáticos están molesto con Albares por “represalias” en la carrera y por imponer su ley en la Escuela Diplomática sin respetar la “libertad de cátedra”; Junts y Gobierno buscan pactar el papel de los mossos en las fronteras; Defensa suma gastos de Interior para mejorar ficticiamente cifras ante las peticiones de la OTAN; el CNIO destituye a la Directora y al Gerente por su profunda crisis, mientras Mónica García se queda sola con su plan para dinamitar Muface; la presión vecinal detiene un desahucio en Barcelona, cuando la suspensión de los mismos desincentiva la oferta de alquiler….. y, el dato positivo, la economía del país crece un 3´2% en 2024, muy por encima de lo previsto, aunque los precios suben otro 3% y suman cuatro meses acelerando. Ya ven, este perverso juego no deja títere con cabeza, mientras Trump sigue imponiendo su insolidario proyecto; pero, en fin, ya tenemos bastante con lo nuestro, ¿no les parece?; dejemos los asuntos internacionales de momento para otra ocasión; con nuestro perverso juego político los españoles ya tenemos suficiente.

Fdo. Jorge Cremades Sena