Tras
meses y meses de malas noticias causa satisfacción que, de vez en cuando,
aparezca una buena y, como tal, puede calificarse el acuerdo alcanzado entre
gobierno y CCAA en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que algunos califican
como “pacto de Estado”. Y no lo es sólo por el compromiso de reducir el déficit
este año sino también porque, bajo la recuperada Ley de Estabilidad
Presupuestaria, puede suponer el principio del fin de los caóticos y
descontrolados desequilibrios autonómicos, causantes, según las instituciones
europeas, de buena parte de los males que nos aquejan. A falta de estructuras
federales consolidadas, que delimiten con claridad las competencias
territoriales y las nacionales, es bueno que, al menos de vez en cuando, se
establezcan fórmulas de garantía para que el gobierno nacional pueda ser creíble
y solvente en sus compromisos con la Comunidad Internacional. Si la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y el acuerdo en el CPFF consiguen ese plus de credibilidad
y solvencia en dichas políticas, se debería hacer lo mismo en otras, pues, al
igual que las CCAA han sido capaces, como no podía ser de otra forma, de aparcar
sus diferencias para alcanzar el objetivo nacional del déficit, hay otros
muchos objetivos nacionales por conseguir para que en el concierto internacional
nos consideren un país serio, creíble y fiable. Ojala que esta buena noticia
suponga un cambio de actitudes políticas para que los intereses nacionales
prevalezcan ante los legítimos intereses territoriales, pues el interés general,
en caso de discrepancias, siempre ha de prevalecer sobre el particular.
Pero,
dicho lo anterior, me temo que tan buena noticia, tan responsable forma de
proceder, es flor de un día. Nuestros políticos, lamentablemente, no se
caracterizan por ejercer cotidianamente
la responsabilidad, salvo en circunstancias extremas que ellos mismos han provocado,
como es el caso. Suelen utilizar el victimismo y la demagogia para culpar a
otros de las incompetencias e irresponsabilidades propias tras ofertar
proyectos inviables con fines meramente electorales que se desvanecen si gobiernan.
Y luego, pasa lo que pasa. Ya va siendo hora de que cada palo aguante su vela,
de que cada gobernante asuma sus responsabilidades sin confundir sus deseos con
la realidad, pues, como dice el pueblo “una cosa es predicar y otra es dar
trigo”. El acuerdo de reducir el déficit, con sus correspondientes recortes -que nadie se
engañe, ni engañe a nadie-, viene impuesto por una necesidad ineludible y urgente
que todos conocen, pues lo contrario, bien lo saben, es una falacia por la
imposibilidad de conseguir financiación suficiente para mantener políticas
expansivas de gasto. Conclusión: o ajustas, o te ajustan; es el dramático
destino de la globalización económica en tiempos de crisis. Así, cualquier
promesa en sentido contrario queda obsoleta en el instante en que su promotor
se convierte en gobernante y deja de ser oposición. Se puede estar de acuerdo o
no, pero es la triste realidad en la que, a lo sumo, cabe un debate sobre el
cómo pero no sobre el qué, aunque la urgencia deja poco margen a elucubraciones
ideológicas y menos aún a demagogias. Son momentos duros que requieren
soluciones urgentes, que cada gobernante, en cualquier instancia
administrativa, está obligado a tomar y a exigir en su ámbito de
responsabilidad que las tomen las instancias dependientes.
Por
ello quienes, como el gobierno PSOE-IU de Andalucía, basan su proyecto en lo
contrario, sin tener en cuenta la realidad, claudican en la primera reunión de
la Junta, aunque para mantener su falacia, imposible de sostener como
gobernantes, su vicepresidente, Valderas, explique cínicamente lo inexplicable.
Tras afirmar a los cuatro vientos que hay que mantener la expansión del gasto
para salir de la crisis, IU, que considera a PP y PSOE como las dos caras de
una misma moneda, decide gobernar en Andalucía con el PSOE para evitar que lo
haga el PP y aplique los recortes que viene aplicando a nivel nacional. De
entrada, bienvenida sea la decisión. Pero la Junta en su primera actuación hace
los mayores recortes de toda la historia de la autonomía, semejantes en líneas
generales a los del gobierno y otros entes territoriales (subida del IRPF,
bajada de sueldo a funcionarios, incremento de jornada lectiva a profesores…..)
y Valderas, sin el menor sonrojo, dice que es “por imposición” del Gobierno,
para “reequilibrar el déficit”, que no se siente responsable de “una herencia”
recibida, pero que no tiene otra opción para evitar que Andalucía “se arrastre
a una situación de no retorno” aunque dichas medidas “generarán más paro y
serán inútiles para salir de la crisis” que evitaría “con otro tipo de
políticas” por lo que insta a los andaluces a una “gran movilización social”,
que apoyará, contra la política de Bruselas que “calca” el gobierno de Rajoy.
¿Acaso los demás no tienen imposiciones? ¿No tienen herencias? ¿No quieren
evitar un camino sin retorno? Pero los demás, acertados o no, asumen estas
políticas inevitables como la solución posible, mientras Valderas dice que
tiene otras. ¿Por qué no las aplica si éstas son inútiles para salir de la
crisis? ¿Por qué libremente acepta una herencia para no hacerse responsable de
ella si podía seguir en la oposición y no aceptarla? ¿Por qué apela a
movilizaciones sociales contra los demás y no contra él? Si quería mantener su
falacia ante la ciudadanía ¿por qué eligió salir de la oposición para formar
gobierno si nadie le eligió por mayoría para hacerlo? Se ve que aún no se ha
enterado de que “una cosa es predicar y otra es dar trigo”, pero el pueblo si
sabe que soplar y sorber a la vez es imposible y que, al final, con este tipo
de planteamientos hasta las buenas noticias se tornan, si no en malas, en
regulares.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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