Cuando
todo el mundo esperaba que Puigdemont declarara en el Parlament la
independencia de Cataluña de forma clara y contundente, tal como habían
acordado en su ilegal Ley del referéndum y tal como el siniestro mundo
independentista deseaba, o, en caso contrario, desistiera de proseguir con su
totalitario proyecto y regresara a la Legalidad democrática para dar paso a un
nuevo rumbo en su pulso al Estado de Derecho, tal como esperaban todos los
demócratas, el President, intentando burlarse una vez más de todos los
españoles y especialmente de los catalanes, viene a decir en sede parlamentaria
que “sí” declara la independencia de la República Catalana, “pero” no desde ese
instante, sino en diferido, pues propone inmediatamente que el Parlament
suspenda el asunto durante semanas para negociarla, “aunque”, antes de irse del
edificio del Parlament y en una sala próxima, que no en el hemiciclo, encabeza,
junto a Forcadell, la firma de un documento sin membrete, no oficial y sin
carácter ejecutivo alguno, en el que todos los diputados independentistas
apoyan por escrito la declarada independencia de Cataluña, pero eliminando la
propuesta hecha en el hemiciclo de que se suspenda acto seguido. En efecto, el
President en el Parlament, durante su discurso plagado de mentiras e
inexactitudes y dando validez al ilegal referéndum, no reconocido por nadie
salvo por los independentistas totalitarios, despacha el peliagudo asunto del
independentismo catalán con la frase “como presidente de la Generalitat, asumo
el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de
república”, provocando el eufórico entusiasmo en las huestes independentistas
debidamente convocadas en la calle cerca del Parlament, para, segundos después,
proseguir con la frase “y propongo que el Parlament suspenda los efectos de la
declaración de independencia”, provocando una inmensa decepción en dichas
huestes soberanistas que abandonaban cabizbajos la concentración callejera. Y,
despachado el esperpento parlamentario sin réplica alguna a la intervención de
diez minutos de los portavoces de la oposición, acto seguido los diputados
secesionistas, incluida la CUP que no aplaudió el discurso de Puigdemont,
abandonan el hemiciclo, donde ni siquiera se puso la declaración de
independencia a votación, y suscriben la independencia en un documento no
oficial para mayor confusión y ambigüedad que nadie, en su sano juicio, entiende.
En definitiva, una farsa y chantaje más al Estado de Derecho, una especie de
independencia a plazos y en diferido, durante una sesión del Parlament, que
tuvo que comenzar una hora después de la anunciada a causa de las discrepancias
entre los propios independentistas, para ganar tiempo e intentar eludir las
consecuencias legales de tamaña irresponsabilidad con una falsa oferta de
diálogo y una llamada a la mediación internacional que nadie respalda para
resolver un conflicto en un Estado de Derecho democrático como es el caso.
Obviamente
el Gobierno español (como cualquier demócrata u organismo o institución
democrática) considera inadmisible el chapucero proceder del President y su
tramposa, ambigua y confusa declaración de independencia, que ni en la Pompeu
entienden, por lo que Rajoy, tras hablar con Sánchez y Rivera, convoca
urgentemente un Consejo de Ministros extraordinario para acordar una respuesta
y comparece en el Congreso de los Diputados para exponer y debatir en sede
parlamentaria la gravísima situación generada por el President de la
Generalitat de Cataluña. Y la respuesta del Gobierno de Rajoy es clara y
contundente: dar un plazo a Puigdemont hasta el próximo lunes para que aclare
con un “sí” o un “no” escueto y rotundo si ha proclamado o no la independencia
unilateral de Cataluña, entendiendo su silencio, pasado el plazo como un “sí”,
y, en tal caso, otro plazo hasta el próximo jueves para que se retracte y, en
caso de no hacerlo, adoptar todos los mecanismos constitucionales establecidos
para devolver a Cataluña la legalidad y la democracia, atropelladas por el
Govern. En definitiva, si Puigdemont pretendía seguir mareando la perdiz para
evitar el peso de la ley y contentar a su vez a sus radicales socios de la CUP,
Rajoy pone la pelota en el tejado del President, para que no quepan dudas de su
proceder, antes de aplicar el artículo 155 de la Constitución, tal como pide Rivera
y tal como ha pactado con Sánchez, lo que supone un amplio respaldo
parlamentario a la aplicación del mismo de más del 70% de los diputados en el
Congreso. Una respuesta coordinada a la declaración unilateral de independencia
de Cataluña por la que el Gobierno intervendrá la autonomía si Puigdemont no
rectifica antes del día 19, avalada por el acuerdo entre PP-PSOE, que añade la
promesa de iniciar negociaciones para una reforma de la Constitución, mientras
el separatismo advierte de que la oferta de negociación y mediación del
President será la última y Junqueras descarta la solución de convocar
elecciones, en tanto que la CUP, totalmente defraudada considera una “traición”
por parte de Puigdemont la apertura de esa falsa vía de diálogo y mediación
ofertada en el Parlament y amaga incluso con abandonarlo hasta que se den pasos
evidentes a favor de la ruptura. Es el callejón sin salida en que se ha metido
el Govern de la Generalitat con Puigdemont y Junqueras a la cabeza.
Así
han transcurrido estos dos vertiginosos (políticamente hablando) días previos a
la fecha de hoy, día de la Hispanidad, con la esperpéntica sesión y
comparecencia de Puigdemont en el Parlament y la posterior constructiva sesión
y comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados, mientras se respira un
ambiente de cierta confusión en la calle, de cierta división en el mundo
independentista y decepción entre los más radicales, y de un amplio consenso
entre los partidos constitucionalistas para atajar este golpe de Estado,
lamentando que Podemos se oponga, junto a los partidos nacionalistas e
independentistas, a aplicar los mecanismos constitucionales, como es el
artículo 155, que considera como medidas de represalia contra los golpistas,
cuando simplemente se trata de aplicar la legalidad democrática vigente.
Entretanto, los bancos catalanes piden tranquilidad a sus clientes, prosigue la
huida de empresas, se acentúa la caída del turismo y el separatismo llama a
tomar la calle para imponer su idílica república, mientras documentos de la
Generalitat revelan un plan para desestabilizar el Estado y agentes de la
Policía Nacional vigilan los alrededores del Palacio de Justicia de Barcelona
para garantizar su custodia y seguridad que antes del 1-O estaba encomendada en
exclusiva a los Mossos, cuyo jefe, Trapero, junto a los líderes de Omnium y
ANC, declarará el lunes en la Audiencia, conociéndose además que Omnium ha
recibido nada menos que veinte millones en ayudas para la secesión y que la
Generalitat ocultó subvenciones a los líderes callejeros del secesionismo
camuflándolas como estudios y donaciones. En efecto, según informe de la
Guardia Civil sobre el ilegal referéndum del 1-O queda patente que “los jefes
de los Mossos están involucrados en el proceso” ya que el atestado entregado a
la Audiencia Nacional concluye que Trapero dio apoyo a los detenidos por
preparar la ilegal consulta, que los agentes de la policía autónoma
entorpecieron las investigaciones de la Guardia Civil a los miembros del Govern
y que el “número dos” de Junqueras tenía en su casa el plan estratégico para
“generar conflicto y desconexión forzosa”.
Y, mientras en este
putrefacto escenario generado por el parcial Govern de Cataluña en favor del
independentismo totalitario un juez investiga al director de un colegio y a
tres profesores por incitar al odio a la Guardia Civil, el Ministerio de
Educación apercibe al Departamento de Enseñanza de la Generalitat por veinte
nuevos casos de “adoctrinamiento”, “acoso escolar” e “incitación al odio”
registrados tras el 1-O, al extremo de que en uno de ellos, concretamente en un
colegio de jesuitas de Barcelona, se ha escenificado un cuento para explicar el
referéndum a niños de siete años cuyo “final feliz” consiste en que se “mata al
Rey y a los policías malos”…. Ya era hora de que el Gobierno inicie el proceso
de sanción (y si no están previstas que se prevean) contra la Generalitat tras
permitirle, durante décadas, el indecente adoctrinamiento de niños y jóvenes en
las escuelas, que explican perfectamente el incremento del sentimiento
independentista y de rechazo a España y a tolo lo español, al extremo de que
cada vez es más frecuente oír la frase de “vete a tu tierra” a quienes,
catalanes o no, quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos dentro
del marco democrático del Estatut, de la Constitución y de la Legalidad y los
principios que inspiran a la Unión Europea. Es obvio que, además de la
aplicación del 155 y el restablecimiento de la legalidad en Cataluña, hay que
hacer desde el Estado de Derecho y sus respectivos gobiernos un gigantesco
esfuerzo pedagógico-político y desde la Justicia una severa persecución de
delitos para que la normalidad democrática arraigue de nuevo en Cataluña, no
sólo en apariencia sino en la realidad.
En cuanto a otros
asuntos y noticias, que también las hay, aunque queden eclipsadas por el
desafío catalanista, cabe citar que la Fiscalía confirma que la red Gürtel
financió al PP; que el Gobierno quiere aflorar por ley la brecha salarial entre
hombres y mujeres; que Berlín rechaza las reformas del euro que proponen Macron
y Juncker; que el FMI teme otra burbuja financiera en Europa por la política de
Draghi; que la UE desiste de la creación de un fondo de garantía de depósitos
común y debilita su proyecto de la Unión Bancaria; y que otros cinco jueces se
suman al Supremo en el exilio tras huir de Venezuela.
Jorge Cremades Sena
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