Inevitablemente,
el empecinamiento antidemocrático de Puigdemont y su comparsa ha activado la
puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución que dice: “Si una
Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras
leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general
de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad
Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría
absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla
al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del
mencionado interés general”. Mayor claridad, imposible; y, dadas las
circunstancias, mayor necesidad, también, pues es meridianamente claro que los
gobernantes secesionistas de la Comunidad Autónoma de Cataluña incumplen
reiteradamente las obligaciones constitucionales y las leyes democráticas,
atentando grave y claramente contra el interés general de España; asimismo es
manifiestamente claro y notorio los requerimientos que el Gobierno de España ha
hecho al Presidente de la Generalitat para que deponga su actitud y rectifique
en su intolerable proceder, no siendo atendidos por éste, sino todo lo
contrario. Por tanto al Gobierno de España sólo le quedaban dos opciones: mirar
para otro lado y que la Generalitat prosiguiera con su perverso proceso
antidemocrático en contra de todos los españoles, incluidos los catalanes, o
“adoptar las medidas necesarias” para obligar a la Generalitat al “cumplimiento
forzoso” de sus obligaciones y proteger así el “interés general”. Y obviamente
el Gobierno de España ha optado por ejercer su obligación acordando enviar al Senado
para su aprobación “por mayoría absoluta” las “medidas necesarias” para
restaurar el orden constitucional en Cataluña consistentes en relevar al
President y su Govern, que quedaría destituido por su flagrante actuación al
margen de sus obligaciones constitucionales y legales, que pasarían a ser
ejercidas temporalmente por el Gobierno de España y sus respectivos
Ministerios; en mantener el Parlament de Cataluña pero tutelado parcialmente
para evitar nuevos ataques a la Constitución y al Estatuto de Cataluña, como la
ilegítima e ilegal legislación paralela para dar apariencia de cobertura legal
al “procés” totalitario del Govern; y en convocar elecciones autonómicas en
Cataluña en un plazo máximo de seis meses para que los catalanes decidan el
nuevo Govern que, al margen de su sesgo independentista o no (eso lo decidirán
los catalanes), se disponga a gobernar de forma democrática y, por tanto,
acatando la Constitución, el Estatut y las Leyes democráticas acordadas en vez
de prostituirlas y mancillarlas como ha venido haciendo este Govern dirigido
por Puigdemont y heredado de Artur Mas. Actuación impecable pues del Gobierno
de Rajoy, con el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos, que representan en las Cortes
Generales a más del 70% de todos los españoles, incluidos los catalanes, y que
es el Sancta Santorum de la Democracia y donde ha de ejercerse el verdadero
diálogo democrático, concreto y eficaz, que se decide finalmente en votaciones
mayoritarias, frente a ese manido diálogo antidemocrático, etéreo y chantajista,
que esgrimen los populistas y los soberanistas, y que sólo sirve para confundir
demagógicamente a los ciudadanos, rechazando, como hace Puigdemont, comparecer
con arreglo a la Ley y a los reglamentos en las Cortes Generales para defender
allí su proyecto independentista, negándose simplemente porque sabe que es
minoritario y porque la democracia sólo le vale si se le garantiza su personal
triunfo.
Con
la puesta en marcha del artículo 155, tal como sucedería en cualquier Estado de
Derecho democrático, no acaba el problema pero se restablece una normalidad
expresada claramente en la entrega de los Premios Princesa de Asturias en la
víspera de la toma por parte del Consejo de Ministros de tan extraordinaria
medida constitucional. En efecto, en Oviedo, por si quedaban dudas, se expresó
claramente la forma correcta de reconducir cualquier amenaza totalitaria y
antidemocrática: “España resolverá el inaceptable intento de secesión por medio
de sus legítimas instituciones democráticas” porque “Cataluña es y será parte
esencial de España” y “la Constitución resolverá el inaceptable intento de
secesión” ya que “ningún proyecto de futuro se puede construir basándose en
romper la convivencia”, “ningún proyecto de progreso y libertad se sustenta en
la desafección ni en la división” y “ningún proyecto puede conducir al
aislamiento o al empobrecimiento de un pueblo”, dijo Felipe VI ante las
autoridades de la UE, presentes para recibir el citado premio. Sin duda alguna,
sabias y sensatas palabras, difíciles de rebatir aunque algunos lo hagan, por
parte del Jefe de Estado español, refrendadas por las autoridades europeas: “la
fuerza del derecho es un principio fundamental de la UE”, “he visto banderas
españolas por las calles y es hermoso”, “la fuerza de Europa se fundamenta en
la fuerza del Derecho”, dijo Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión
Europea; “la Ley tiene que ser respetada por todos los que participan en la
vida pública; para mí la concordia es sinónimo de unidad” dijo Donald Tusk,
Presidente del Consejo Europeo; y “no es labor de Europa la mediación en una
región de España”, “el Derecho no es una opción, es una obligación, no está mal
recordarlo cuando afloran los egoísmos nacionalistas” dijo Antonio Tajani, Presidente
del Parlamento Europeo. Un cierre de filas unánime por parte de la UE (al igual
que el expresado por el resto de gobernantes de sus países miembros) con el
Estado de Derecho, en este caso el español, frente al separatismo totalitario
que, a pesar de esta unánime desaprobación, sigue engañando demagógicamente a
la ciudadanía afirmando que su idílica república sería aceptada como miembro de
la UE y amparada por sus instituciones cuando la realidad es que quedaría
totalmente aislada internacionalmente con los consecuentes perjuicios para sus
ciudadanos.
Por
todo lo anterior, desde un planteamiento democrático y de sentido común, se
entienden perfectamente, ante la puesta en marcha del artículo 155, las
reacciones de Pedro Sánchez y el PSOE apoyando la medida “para poner freno a
una quiebra unilateral” o las de Rivera y Ciudadanos que, emulando a Tajani,
sostienen que “aplicar la Constitución no es una opción sino una obligación”;
pero son incomprensibles e inaceptables las reacciones de Urkullu y el PNV
considerando que “es algo desproporcionado, extremo y que dinamita puentes” o
las de Pablo Iglesias y Podemos afirmando que “esto aleja aún más a Cataluña de
España”, a quienes habría de exigirles que dijeran, en todo caso, dónde estaría
la proporción y el acercamiento entre Cataluña y España… ¿dejando actuar al
Govern catalán y al Parlament al margen de la Ley?, ¿aceptando su chantaje y darles
lo que pidan para que no monten el pollo?, ¿dando veracidad a su demagógica
propuesta de un diálogo para consensuar un “referéndum pactado” a todas luces
inconstitucional salvo que se reforme la Constitución previamente?....en
definitiva, exigirles qué digan exactamente qué harían ellos, si fueran quienes
gobiernan España, para que los electores españoles lo tengan en cuenta en lo
sucesivo. Por su parte Puigdemont convoca al Parlament “para actuar en
consecuencia” y en busca de una reacción a la decisión del Ejecutivo, provocada
por él, diciéndole a los catalanes que “no podemos aceptar ese ataque, tenemos
que conjurarnos”, pero, de momento, sin mencionar la posibilidad de una
declaración unilateral de independencia, aunque, conociendo al personaje, no
son pocos quienes sostienen que el Parlament declarará la DUI el día 27-O lo
que acarrearía que la Fiscalía se querellara contra él y los principales responsables
por rebelión y sugiriera, ante la gravedad de los hechos, prisión provisional. De
momento, una vez cesado el Govern, el Estado controlará a los Mossos, a TV3 y
la economía catalana, garantizando así el mantenimiento del autogobierno en
Cataluña que para nada desaparece pues simplemente se sustituye a sus gestores
temporalmente a la espera de que se celebren los anunciados comicios
autonómicos una vez recuperada “la legalidad, la convivencia y la economía” y,
como es lógico y normal, los funcionarios rebeldes, si los hubiere, podrán ser
sancionados, incluso sin sueldo, tal como sucede en cualquier otra Comunidad
Autónoma gestionada con absoluta normalidad democrática, que es lo que se pretende
con la aplicación del 155, intentando evitar este desastre político,
institucional, social y económico provocado por el independentismo totalitario
del Govern de la Generalitat, cuyos defensores, con Puigdemont a la cabeza,
tienen la desfachatez indecente de calificar la constitucional medida del 155
de “golpe”, cuando son ellos quienes actúan de forma golpista al margen de
cualquier legalidad y sin ninguna legitimidad democrática que les evale.
Jorge Cremades Sena
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario, gracias