La gobernabilidad en
España está llegando a unos niveles de degradación e inestabilidad
insoportables y es obvio que así no podemos seguir durante mucho más tiempo. En
democracia, como es el caso (o, al menos, debiera serlo), el Ejecutivo ni puede
ni debe salir a la palestra para arremeter contra un juez instructor (que,
mejor o peor, hace su trabajo) por el mero hecho de que sus decisiones le
incomodan, pues, por muy mal que lo hiciera el juez, arremeter contra él nunca
es el camino teniendo en cuenta que lo procedente, si es que estuviera
prevaricando o cometiendo cualquier otro delito, sería demandarlo y que sea la
Justicia la que decida sobre su actuación; asimismo es lo que procede también
cuando los medios incurren en un supuesto exceso del derecho a la libertad de
expresión en vez de desprestigiarlos e intentar amordazarlos para que no
indaguen o publiquen noticias que incomodan a los gobernantes. Ni jueces ni
medios son “a priori” los culpables y si lo fueran de algo para eso están los tribunales
de justicia y no su descalificación y descrédito gratuito. Por tanto, contra lo
que ha hecho, el ministro de Justicia, nada más y nada menos, no puede ni debe
salir a la palestra para calificar públicamente la instrucción, en este caso
del juez Peinado, de “persecución despiadada” tras conocerse que ha decidido
citar al Presidente Sánchez como testigo en el caso que atañe a su mujer,
Begoña Gómez, por presunta “corrupción y tráfico de influencias” y que, al
respecto, le tomará declaración en el Palacio de La Moncloa después de que
ella, haciendo uso de su derecho, haya decidido acogerse a no declarar como
imputada y después de que el Presidente haya decidido en el ámbito político
reiteradamente no responder a las preguntas que al respecto le hace la
oposición en las Cortes. Ni tampoco Moncloa puede lanzarse casi en tromba, como
ha hecho, contra el juez por citar a Sánchez, quien, por cierto, cuando en 2017
estaba en la oposición y el Presidente Rajoy era citado para declarar como
testigo en el “caso Gürtel” (al igual que Sánchez ahora en el “caso Begoña”),
le exigía la dimisión porque “merecemos un Presidente limpio de sospecha” y dejaba
bien claro que, ante semejante circunstancia, lo que tiene que hacer un
Presidente es dimitir, dando lugar con semejante incoherencia, ya que él no
dimite, a que ahora Feijóo le pida que dimita y sea coherente con lo que dijo
entonces, aunque, conociendo la incoherente trayectoria de Sánchez entre lo que
dice y lo que hace, dicha petición caerá
obviamente en saco roto. Así las cosas, la citación a Sánchez, quien puede
acogerse a su derecho de no declarar contra su mujer, preocupa al PSOE al ver
que “esto se complica”, mientras reconoce estar “impactado” pues el caso ha
ganado “escala” y “no estar preocupado es irresponsable”, en tanto que anticipa
un recurso ante la decisión judicial, que es lo que se debe hacer si discrepa
de la misma, y recrudece el ataque a su decisión porque “es una persecución
política”, que es lo que jamás debe hacerse, pues si tiene pruebas de ello, lo
que procede es llevarlo a los tribunales de Justicia y, en caso contrario,
apechugar con lo que venga. Por su parte el juez pone en el foco a Sánchez y le
interrogará como testigo en La Moncloa el día 30 ya que ve “útil y pertinente”
en un presunto “tráfico de influencias en cadena” que el Presidente del
Gobierno testifique para esclarecer las reuniones con él y su esposa en Moncloa
de otros afectados en el caso que ellos mismos han declarado haber mantenido,
y, al efecto, ordena que la declaración sea grabada, mientras decide imputar a
Barrabés y Goyache, en tanto que Fiscalía del Estado (ya se sabe que algunos la
consideran del Gobierno y no del Estado) pide que se anule y los socios de
Sánchez silencian sus críticas (¡cómo serían si el Gobierno fuera de signo
contrario) para mantener sus cuotas de poder.
Mientras tanto, cuando se publica
que Begoña Gómez no registró el software tras saber que debía ser “100%” de la
UCM, otro asunto aparece en el horizonte de las corrupciones y conductas
sospechosas, al extremo de que, tras varios días de espera, es destituida
finalmente la Directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, tras conocerse,
gracias a la prensa, que dos empresas que comparte con su pareja, Elisabeth
García, lograron nada menos que 64 contratos públicos de ayuntamientos
socialistas para gestionar los “puntos violeta” contra la violencia de género.
Por otro lado el Estado inyecta a Correos 3.000 millones al dejarlo en riesgo
de quiebra el ex asesor de Sánchez y lanza un nuevo plan ante el peligro de
entrar en causa de disolución en 2026 con el actual ritmo de pérdidas, mientras
los sindicatos culpan de la situación a Juanma Serrano, ex Jefe de Gabinete de
Sánchez. ¿Estaremos ante otra “persecución despiadada”?....ya puestos, por qué
no.
Es evidente que así no podemos
seguir, con un Gobierno de coalición minoritario que se mantiene gracias a los
chantajes a que le somete la derecha secesionista catalana y, aun cediendo a sus
exigencias indecentes, cuando le interesa deja de respaldar al Gobierno de
Sánchez que sigue sin entender que eso no es gobernar, pues siete votos en un
Congreso de 350 escaños, que son los que tiene el prófugo Puigdemont, no pueden
imponer su criterio al resto de formaciones políticas, como pretendió ayer
mismo con la reforma de la Ley de Extranjería y con el techo de gasto, ambas,
iniciativas del Gobierno desechadas en el Congreso de los Diputados poniendo en
evidencia la fragilidad de Sánchez, cada vez más dependiente del secesionismo
minoritario (tanto de derechas como de izquierdas) al que él mismo eligió para
poder ser investido a cambio de un precio demasiado alto que a España le
costará sangre, sudor y lágrimas. En efecto la oposición de Vox y PP, junto al
socio de Sánchez, Junts (heredero de la corrupta Convergencia y Unió de Pujol y
compañía, representante de la más rancia derecha catalana), tumban a Sánchez la
senda fiscal y la reforma de la Ley de Extranjería para que por ley las CCAA
acepten el reparto obligatorio de menores migrantes…. y Sánchez y su Gobierno,
en vez de romper con su prófugo aliado Puigdemont, culpa a la oposición, especialmente
al PP de Feijóo, de este fracaso parlamentario, cuando, curiosamente, gracias
al acuerdo con él, se consigue que el Congreso dé luz verde a la lista de vocales
del CGPJ pactada por fin entre PP y PSOE para desbloquear al fin el Gobierno de
los Jueces. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez, acostumbrado a ceder con el
secesionismo a casi todo lo que le exija, es incapaz de ceder a las peticiones
que le hace el PP sobre la reforma de la Ley de Extranjería y, como Junts en
este caso tampoco traga, la derrota en el Congreso está más que servida, ya que
el secesionismo vuelve a jugar con la debilidad de Sánchez y Puigdemont amenaza
la Legislatura con esta exhibición de fuerza tumbando de una tacada el techo de
gasto y la reforma de la ley de Extranjería, ya que, en esta ocasión, el Presidente
no ha cedido al chantaje de que Cataluña quedara exenta del reparto obligatorio
de menores migrantes. Es evidente que, se mire como se mire, así no podemos
seguir.
La cruda realidad es que el fracasado
“superpleno” del Congreso para las expectativas del Gobierno golpea a Sánchez y
complica la legislatura, dejando los Presupuestos en el aire y a Canarias con
el marrón de la inmigración irregular, tras haber ignorado el Ejecutivo la
alerta por parte de las CCAA (mejor decir que son campañas de la ultraderecha,
incluido el PP) de un “colapso” de menores migrantes, pues llevan, demandando,
sin éxito, más recursos para poder acogerlos dignamente (era una de las condiciones
exigidas por el PP de Feijóo para abstenerse al menos y permitir la reforma de
la Ley de Extranjería, al igual que ninguna Autonomía quedara exenta del
reparto obligatorio). Y todo ello en plena negociación entre PSC y ERC para
investir a Illa como President de Catalunya, dándose la circunstancia de que
esta humillación de Puigdemont a Sánchez se produce tras una orden desde Waterloo
justo cuando se conoce que hoy Sánchez se traslada a Barcelona para
entrevistarse con Aragonés e intentar cerrar definitivamente la investidura de
Illa, ganador de los comicios catalanes, ya que Puigdemont pretende ser él el
investido a pesar de que, como sucede con Sánchez en España, perdiera las elecciones
en Cataluña. Ya ven, justo cuando se celebra un año del 23-J en que Feijóo ganó
los comicios pero en los despachos se le ninguneó el triunfo por no ser con
mayoría absoluta, dando lugar a este pintoresco gobierno de coalición de
perdedores, Sánchez, como regalo de aniversario, sufre esta dura derrota en el Congreso
por partida doble y muestra su debilidad parlamentaria a pesar de haber cedido
en cuestiones que habremos de lamentar en el futuro (indultos, rebaja de
delitos de malversación, amnistía…..) por ser insólitas en democracias
consolidadas. No en vano todavía la Comisión Europea avisa de que sigue “investigando”
la amnistía en España y no descarta llevarla al TJUE, mientras estudia expedientar
a España por tan insólita Ley y evalúa la apertura de un procedimiento de infracción
contra el Gobierno por si vulneró el derecho comunitario para lograr el apoyo
del independentismo para su investidura.
Entretanto el Ejecutivo cierra con ERC un pacto de 1.500 millones mientras
negocia con Illa (¿anticipo de lo que se está dispuesto a ceder para conseguir
su investidura?), mientras Ernest Maragall rompe su carnet de ERC por el
escándalo de unos carteles denigratorios sobre el alzheimer, carteles que se
revelaron como una operación interna de ERC y denigraban la enfermedad de su
hermano Pasqual, por lo que fueron motivo de gran controversia y están siendo
investigados. Y por otro lado la Policía confirma que Puigdemont sí intentó
llegar a Putin, pues el informe fechado el 8 de julio detalla en sus 196
páginas cómo intentó acceder al presidente ruso para “obtener el apoyo económico
y político para la causa secesionista” y
los agentes identifican una estructura organizada que reportaba directamente al
líder de Junts, hoy exonerado de cualquier responsabilidad por meros intereses
del Gobierno de Sánchez. Evidentemente, así no podemos seguir, salvo que, al
final, entendamos que los chorizos son los jueces y los honestos los presuntos
delincuentes investigados…..en fin, a este paso, todo se andará.
Por lo que respecta a otros asuntos citar que Europa abre la puerta a un
encarecimiento de los despidos improcedentes en España; que, según Luca de Meo,
CEO de Renault, “España tiene un retraso claro con los coches eléctricos”; que,
según Garamendi, “si nos recortan la jornada habrá convenios que se paralicen”;
que, según NCReoprt, el PP lograría mayoría absoluta en Murcia si hay repetición
electoral, pues los de López Miras ganarían hasta tres escaños tras la salida
de Vox; y que García Ortiz impone de nuevo el ascenso de Dolores Delgado a
Fiscal de Sala de Memoria Democrática…..el que la sigue, la consigue.
Y del exterior, destacar que se hunde un pesquero en las Malvinas cuya
tripulación es en buena parte española y ya deja al menos ocho fallecidos, dos
de ellos españoles; que María Corina Machado, líder opositora venezolana, dice “negociaremos
una transición pacífica en Venezuela”; que París se blinda por los JJOO y
cruzar el Sena es misión imposible, mientras crece el temor a un atentado
terrorista; y que, por fin, Biden renuncia a su reelección y da su apoyo para
que sea la candidata demócrata a la Vicepresidenta Kamala Harris, quien en
pocas horas logra un record de donaciones recaudando en 24 horas 90 millones
para añadir a lo ya recaudado por Biden, mientras los demócratas cierran filas
con ella y destacados personajes forman parte de esa oleada de apoyos…..ahora
probablemente será una fiscal, Kamala, quien se las tenga que ver con un
convicto, Trump, por lo que ella tras asegurarse la nominación demócrata
centrará su campaña en enfrentar su pasado profesional con las causas
judiciales de su rival, y, entretanto, dimite la Jefa del Servicio Secreto de
EEUU por los errores detectados en el intento de asesinato de Trump, los
norteamericanos tendrán la última palabra.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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