DESENCANTO Y HARTAZGO POLÍTICO

 

                        Sin duda alguna la inmensa mayoría de los ciudadanos quiere y espera que, en la medida de lo posible, sus gobernantes solucionen los problemas o, al menos, que vayan en dicha dirección en vez de crearlos o empeorar más todavía los existentes, lo que, al final, provoca un desencanto y hartazgo político, en definitiva, una frustración democrática ciudadana que sólo favorece a los radicalismos populistas antidemocráticos que esperan su oportunidad para imponer su ideario autoritario con el beneplácito mayoritario en las urnas, es decir, aceptando las reglas democráticas, dado que las circunstancias no favorecen imponerlo por la fuerza. Por ello, para evitarlo, es imprescindible que nuestros gobernantes y políticos genuinamente demócratas defiendan y apliquen siempre las reglas de juego democráticamente establecidas tanto cuando las mismas les benefician como si les perjudican partidariamente, pues lo contrario es inaceptable, improcedente y altamente peligroso y nocivo para la democracia, por ello, en buena lid cuando las opciones moderadas democráticas pierden en las urnas lo que procede es hacer una autocrítica severa sobre las causas de semejante anomalía en vez de pretender inhabilitar la victoria con remedios de dudosa credibilidad democrática que, al final, atenta peligrosamente contra el propio sistema. Pero todo esto requiere de nuestros políticos altas dosis de responsabilidad, moderación y escrupuloso respeto a las reglas de juego democrático que, visto lo visto, no son virtudes que acompañen a nuestros dirigente políticos en España, pero tampoco en el resto de Europa. Algo se tiene que estar haciendo bastante mal para que, por ejemplo. en Italia ya gobierne la ultraderecha, en Países Bajos suceda lo mismo, en Francia esté a punto de suceder, y en España todo dependa de los partidos minoritarios independentistas en plena gresca de PSOE y PP, los partidos demócratas moderados y europeístas que han venido gobernando el país desde que se instaurara la democracia en 1978. Sin embargo nadie ve ni quiere ver, ni se pregunta sobre las causas que provocaron este deterioro de los partidos demócratas moderados que, siendo de izquierdas o de derechas, han ido alternándose en el poder, tanto en Europa como en España, pilotando la gobernanza desde el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa y también en España y los Estados satélites de la URSS aunque algo más tarde por estar demasiados años después de la guerra bajo el yugo de la dictadura. Y como tengo el convencimiento de que eso no es lo que quieren los pueblos libres cabe preguntar: ¿dónde están los partidos socialistas o socialdemócratas europeos que lamentablemente han desaparecido, prácticamente o realmente, en Francia, Italia, Grecia…. dejando sin opciones electorales a sus votantes, políticamente huérfanos? ¿dónde está aquel PSOE moderado y con escrupuloso sentido del Estado de Derecho que ganaba elecciones por contundentes mayorías y reconocía su derrota cuando las perdía facilitando la alternancia política del vencedor que toda democracia debe amparar? Ya ven, todos ellos están extinguidos o en vías de extinción; ¿qué pasó con ellos? Seguramente sus dirigentes estaban cada vez más pendientes de conservar sus poltronas y su posición política, por raquítica que fuera progresivamente, que de afianzar sin sesgo alguno la democracia en sus respectivos países como el menos malo de los sistemas políticos experimentados. Y si hablamos de la derecha, aquella derecha conservadora, liberal o demócrata-cristiana, sucede tres cuartos de lo mismo. En fin, unos y otros, estamos confundiendo peligrosamente la gimnasia con la magnesia, mientras con torticeras artimañas buscamos acorralar a una extrema derecha pujante (en Francia ya es casi imposible) con pactos antinatura con radicalismos de izquierdas tan peligrosos como los de derechas, cuando lo que hay que hacer es rebatir cada día sus demagógicas recetas populistas (las de unos u otros) en vez de, por no hacerlo cuando procede, tener que buscar después, cuando ganan en las urnas, su descrédito para inhabilitarlos, lo que supone obviamente un descrédito para la democracia, y un desencanto y hartazgo político insoportable e inasumible.

            Ciñéndonos a España, como el Tribunal Supremo (desautorizado insólitamente por el Ejecutivo de Sánchez con su insólita ley de Amnistía para los secesionistas del procés) rechaza ahora aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación (previamente suavizado por el Gobierno en el Código Penal) se monta la marimorena porque ello supone, obviamente y contra lo que se pretendía con la citada Ley, mantener la orden de detención del prófugo de la Justicia, Puigdemont, socio de investidura de Sánchez a cambio de sus siete votos que éste necesitaba para ser investido presidente de un Gobierno minoritario de coalición con el populismo izquierdista, apoyado por todo el secesionismo vasco y catalán de izquierdas o de derechas, y porque supone además la inhabilitación hasta 2031 que, entre otros, afecta a Junqueras (el otro socio secesionista de Sánchez, en este caso de izquierdas, pues cualquier ideología le es válida al líder socialista) a pesar de haber sido ya indultado por Sánchez, como el resto de condenados por el procés y en contra de lo que en su día prometiera a los españoles. La marimorena está pues más que asegurada si a esto hay que añadir la incierta investidura del socialista Illa en Cataluña al negarse los propios socios de Sánchez citados a favorecerla por el mero hecho, fundamental en democracia, de haber ganado en las urnas, mientras Puigdemont exige incluso que es a él a quien hay que investir a pesar de haberlas perdido, al igual que Sánchez fue investido a pesar de haber perdido las generales frente a Feijóo. Ya ven, por más que, de cara a la galería, ERC y Junts digan que desvinculan la investidura en Cataluña de la decisión judicial del Supremo, la realidad es que la Sala Segunda del Alto Tribunal frustra los planes del Independentismo, pactados con Sánchez, al considerar los magistrados que el delito de malversación queda excluido del texto concreto de la ley porque entienden que hubo enriquecimiento ilícito aunque el dinero desviado para la consulta no fuera directamente a sus bolsillos (cabe recordar que, por más matices que al delito de malversación le quieren poner los gobernantes, malversar significa “apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función” y es obvio que los caudales públicos destinados al procés no tenían dicha función).

            Por lo tanto, haciendo uso de su derecho y deber, el Supremo deja a Puigdemont sin la amnistía que le prometió Sánchez a cambio de sus siete votos, con lo que el Alto Tribunal culmina siete años de acción judicial contra los autores del golpe del 1-O ya que seis de los siete magistrados ven la ley inaplicable al delito de malversación, tal como defendieron los fiscales del 1-O frente a García Ortiz, pues no se puede borrar la malversación y, por tanto, Puigdemont será detenido si pisa suelo español, con lo que, de momento, el Supremo ataja la amnistía de “alta velocidad” a Puigdemont y critica la “precipitación” para aprobar la ley sin definir su contenido “con mayor nitidez”, mientras Feijóo carga contra el Gobierno porque “ni siquiera saben hacer la ley”, en tanto que Junqueras y Puigdemont, quien se burla de la decisión judicial y equipara al TS con la mafia definiéndolo como “la Toga Nostra”, se reúnen en Waterloo con la investidura de Illa cada vez más complicada pues el fallo del TS acerca una repetición electoral en Cataluña…y quién sabe si también en España. Así las cosas, la lista única independentista se agita de nuevo, mientras el Gobierno de Sánchez, enfrentado de nuevo con el PP por este asunto tras el reciente acuerdo sobre el CGPJ, manifiesta que “la Ley de Amnistía es clara y los jueces tienen que aplicarla” (lo que no quiere decir que la tengan que aplicar al gusto del consumidor, en este caso del Ejecutivo y de los secesionistas). Entretanto se aplica la amnistía ya a los 46 policías procesados por las cargas del 1-O de 2017, aunque alguno de ellos, sacando su dignidad como bandera, deja clara su postura: “prefiero ir a juicio que la amnistía, me dan un perdón que no necesito”, contrastando con quienes realmente la quieren y necesitan por haber cometido graves delitos contra el Estado de Derecho por más blanqueamiento interesado que Sánchez pretenda concederles.

            Y mientras Feijóo media en la UE para que actúe antes que el TC respecto a la amnistía y retrasa su recurso contra la medida de gracia para ganar tiempo porque no se fía del TC con la actual mayoría progresista a la que acusa de actuar con criterios políticos, los ministros de Sánchez arremeten contra él por poner en duda la imparcialidad de los magistrados del Constitucional (como si desde el Gobierno y sus socios de investidura no se estuviera poniendo en duda la actuación de los jueces)…..unos y otros, al final, lo que no pueden ni deben hacer, por pura higiene democrática, es actuar en favor o en contra de las decisiones de jueces y magistrados según éstas les sean beneficiosas o perjudiciales. Pero es lo que tenemos. En todo caso, cabe señalar que el Constitucional, para mayores suspicacias, obliga a excarcelar a un alto cargo del PSOE en el caso de los ERE anulando la pena de malversación (consecuencia directa de las modificaciones que el Gobierno sanchista hizo de dicho delito en el Código Penal), con lo que también borra la malversación de los ERE andaluces y reprocha al Supremo, que lo condenó en su día, que no argumenta suficientemente el desvío de fondos por el recurrente, despejando así el camino para “amnistiar” a Griñán y compañía, mientras muchos juristas acusan al TC de extralimitarse en sus funciones….y es que el bloque progresistas del TC que lidera Pumpido, sorprendentemente, borra la malversación de cargos del PSOE en los ERE, corrigiendo así la sentencia del Supremo de uno de los mayores casos de corrupción en España y anticipando obviamente la absolución de Griñán al abocar el “caso ERE” al “indulto”. ¿Es corregir las sentencias del Supremo una competencia propia del TC? Algunos, consideran que no, pero, en fin, ¿quién sabe?

            Y ya que estamos en las rebajas de verano de los delitos de corrupción en España, se publica que cinco indicios acorralan a García Ortiz como Fiscal General del Estado en el caso del novio de Ayuso; que la UCM acusa a Begoña Gómez de contratar saltándose los controles, pues la interventora universitaria detectó una “concentración irregular” en 2023 para la cátedra que dirige y apunta a que Begoña hizo la adjudicación de “forma verbal” método prohibido en el sector público, por lo que la Complutense alertó de que hubo “inobservancia absoluta de los procedimientos”, mientras el juez dice que la investiga desde que su esposo es Presidente del Gobierno; y que el Gobierno sabía más de un mes antes que Delcy Rodríguez llegaba a Madrid-Barajas, tal como informaron policías adscritos al CNI, con lo que los reportes de los servicios de inteligencia desmontan la versión oficial de que Moncloa se enteró sobre la marcha, mientras Enrique Alvarado, embajador de Guaidó en Budapest, pone la guinda diciendo “creo que hubo un acuerdo entre Zapatero y Maduro para financiar el proyecto de Sánchez” y el opositor venezolano señala a Aldama como el “lobista” que le organizó a Ábalos un encuentro con los diplomáticos de Guaidó “para hacer negocios”, recordando que el ex presidente socialista “comía y desayunaba permanentemente con Delcy Rodríguez” (en fin un oscuro caso sin aclarar suficientemente)´.

Y por lo que respecta a otros asuntos nacionales citar que el empleo marca un record con 71.000 nuevos puestos de trabajo en junio, pues el arranque del verano acelera el empleo y baja el paro a niveles de 2008, sin duda la única buena noticia de estos días; que dos hermanas de 64 y 54 años se suicidan en Barcelona cuando iban a ser desahuciadas; que las CCAA gobernadas por el PP pactan una EBAU que acabe con las actuales desigualdades unificando criterios de corrección y puntuación y un único calendario; que Sánchez activa su plan de regeneración democrática (¡quién lo diría!) y entre las medidas propone limitar la publicidad institucional en “pseudomedios” (¿quién y cómo se decidirá los “pseudos” de los verdaderos?); y que, mientras según SigmDos, el 68% de los españoles está en contra de una “financiación singular para Cataluña”, Puigdemont ofrece a ERC un “pacto nacional” electoral catalán que incluya cuotas generosas en listas y cargos, frente a un PSC optimista con la investidura de Illa, en tanto que el socialista García-Page pide en Albacete a Sánchez, con quien coincide en un acto, un pacto con el PP y le advierte de que “la riqueza no se puede trocear por regiones” (dicho queda).

Fdo. Jorge Cremades Sena