Como si no tuviéramos
suficiente con las frecuentes agresiones
a la separación de poderes y en especial a la independencia del poder judicial,
la Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Jesús Montero (además de Ministra
de Hacienda y otros cargos de relevancia política) arremete ahora de forma
insólita y preocupante nada menos que contra otro principio básico del Estado
de Derecho Democrático diseñado en nuestra Constitución al decir públicamente,
ante la sentencia absolutoria de Dani Alves por parte del TSJC, que no le gusta
a la ministra, que dicha sentencia es una “vergüenza” tras haber revisado la
condena anterior de la Audiencia Provincial de Barcelona a cuatro años y medio
de prisión al futbolista por agresión sexual a una joven, diciendo literalmente
sobre la sentencia que “es una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio
de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes”, afirmación
que es, a todas luces y se mire por donde se mire, una intolerable aberración
democrática de primera magnitud y más aún si viene de boca de una
Vicepresidenta de un Gobierno democrático que se precie, lo que la hace
inadmisible. La crítica a la sentencia, a la que tiene derecho Montero como
cualquier otro ciudadano, excede sobremanera lo razonable pues no se limita a
manifestar su desacuerdo con la sentencia sino que va más allá al poner en
entredicho un principio fundamental del Estado de Derecho, como es la
presunción de inocencia, recogido en la Constitución. El TSJC estima por
unanimidad de sus cuatro integrantes (tres mujeres y un hombre) el recurso de
Alves (al que tiene derecho como cualquier ciudadano) y considera que no son
suficientes las pruebas presentadas por lo que le absuelve del delito al que se
le condenó en primera instancia, sin perjuicio del derecho de los implicados a
recurrir a instancias más superiores. El tribunal aprecia inconsistencias en
los testimonios de la denunciante y pone énfasis en la importancia de la
presunción de inocencia a falta de pruebas concluyentes, sentencia que al no
ser firme puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Es el
proceder habitual de miles de juzgados que diariamente imparten justicia, sin
olvidar, como hace la ministra, que sin tener en cuenta la presunción de
inocencia no hay Estado de Derecho ni democracia, sino una Justicia
inquisitorial en la que el denunciado ha de demostrar su inocencia, cuando lo
razonable y democrático es que sea el denunciante quien deba demostrar la
culpabilidad del denunciado en un juicio. La verdad jurídica o judicial ha de
ser probada fehacientemente, lo que obviamente se complica en presuntos delitos
que suelen darse en la intimidad y por supuesto se ha de ser muy cuidadoso a la
hora de criticar o alabar las sentencias, que, en todo caso, no pueden ni deben
ser alabadas cuando me son ventajosas y criticadas cuando me son hostiles. La
Vicepresidencia Montero se ha pasado varis pueblos con sus inaceptables
declaraciones que han levantado una descomunal polémica especialmente en el
mudo jurídico que las ha interpretado como un ataque directo del Gobierno a un
Tribunal Superior, es decir, del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, lo que es
intolerable e inadmisible.
Así las cosas, el mundo político
arremete contra Montero y no son pocos quienes piden su dimisión o su cese por
parte del Presidente Sánchez, dado que durante vario días desde el PSOE y desde
el Gobierno nadie dijo ni “mú”, hasta que por fin la Vicepresidenta decide
salir a la palestra para pedir “disculpas” si es que se malinterpretaron sus
palabras. Y aunque no caben interpretaciones sobre lo que dijo, que lo dijo muy
clarito, sostiene ahora que lo que quiso decir era que “la presunción de
inocencia no puede ser incompatible con la credibilidad y con la fiabilidad del
testimonio de las víctimas” mientras se escuda en que “no es jurista”, mientras
miembros del gobierno, compañeros suyos, atribuyen los ”patinazos” de Montero a
la sobrecarga de tareas que le impone Sánchez. Cabe recordarle que no hace
falta ser jurista para saber lo que se dice y, en caso contrario, mejor
callarse, sobre todo si el puesto que ocupa es el que es; la presunción de
inocencia es una cosa y la credibilidad de las víctimas es otra, son cosas bien
distintas y nadie ha dicho que ambas sean incompatibles, pero la cuestión es
que la presunción de inocencia es básico y si no se prueba la culpabilidad del
acusado no se le puede condenar. Y no es una cuestión sólo de los presuntos
delitos de violencia machista, sino de todos, pues pretender que el testimonio
de quien sea (en este caso de una mujer) debe primar sobre las garantías
procesales supone invertir la carga de la prueba en un proceso penal lo que nos
acercaría de forma muy peligrosa y alarmante a un sistema totalitario e
inquisitorial; todo ello sin menoscabo de que la lucha contra la violencia de
género (o cualquier otra violencia) y la protección de las víctimas deben ser
objetivos irrenunciables que requieren el compromiso de toda la sociedad, pero
que ha de ejercerse dentro del marco del respeto al Estado de Derecho y a los
principios constitucionales que lo inspiran. Por tanto las palabras de Montero
son una injerencia política de extrema gravedad, cuando ni siquiera la
sentencia es firme, lo que no puede solventarse con una mera petición de
“disculpas” a regañadientes. ¡Qué se estaría diciendo y especialmente ella si
semejantes despropósitos los hubiera dicho un Vicepresidente de un Gobierno del
PP o del PP-Vox por ejemplo! De momento Cuca Gamarra desde el PP critica a
Montero por su ataque “populista” contra los jueces y por obviar principios
básicos democráticos, pues siendo legítimo debatir y discrepar de las
sentencias, hacerlo si eres la Vicepresidenta del Gobierno y radicalmente
opuestos a la Constitución es inaceptable y preocupante para el conjunto de la
ciudadanía. Es más, semejante irresponsabilidad en quien detenta tan altas
responsabilidades gubernamentales debiera ser tenida en cuenta para valorar su
permanencia en el Gobierno, salvo que el propio Presidente esté de acuerdo con
tamaña barbaridad antidemocrática. No en vano los jueces piden amparo al CGPJ
ante la Vicepresidenta y ven en ella y en otros ataques del Gobierno “autoritarismo”
mientras Moncloa y el PSOE evitan avalarla sin desautorizarla.
Mientras tanto el Gobierno endurece
los requisitos para crear universidades privadas y Sánchez justifica la medida
para evitar “chiringuitos educativos” sin nivel académico, siendo curioso que él
mismo, entre otros ministros de su gobierno, estudiaron en universidades
privadas, o que el PSOE lo considere como una “amenaza a la clase trabajadora”
cuando el 28% de las universidades privadas se han creado con el PSOE en La
Moncloa. Su reforma ahora supone el cierre de 14 universidades, pues el 34% de
los campus que no son públicos incumpliría el mínimo de alumnos matriculados
que exige el Gobierno. ¿Está diciendo Sánchez que la universidad privada y de
pago en que él se licenció era un “chiringuito educativo” o “una máquina
expendedora de títulos” como las califica? ¿Está diciendo que su título
universitario es un fraude? Esperemos que no sea así, aunque sí sabemos que su
ministra Diana Morant manifiesta que “se están cargando la Universidad de
manera deliberada” mientras defiende el endurecimiento de los requisitos para
abrir o mantener un campus privado en España, y añade que “el sistema
universitario español ha funcionado y se lo están cargando de manera deliberada
los que piensan que es un negocio”….¿se estará refiriendo a Sánchez que está
entre los que piensan esto? En fin, sin más comentarios.
Y mientras el Gobierno español busca
el rearme a costa del fondo de cohesión de la UE, pretendiendo justificar ante
sus socios el beneficio de invertir en el sector civil, Kaja Kallas, la Alta
Representante de la UE para AAEE, manifiesta que “toda la UE ayudó a España en
el covid y ahora debemos unirnos en Defensa”, que “la solidaridad entre los países
de la UE es nuestra mejor herramienta de defensa”, que “es ilusorio creer que
podemos salir de esta situación sin medidas impopulares”, que “si no lo llamamos
rearme todo sigue igual: hay que subir la inversión militar”, que “los tanques
rusos no están llegando a los Pirineos, pero hay que estar juntos” y que “si
EEUU inicia una guerra comercial con sus aliados, es China quien se beneficia”…..
Dicho queda; de momento Trump acaba de dar a conocer su tsunami de aranceles a diestro
y siniestro, mientras la UE dice tener “todos los instrumentos sobre la mesa”
para responder; habrá que ver como evoluciona este conflicto comercial,
mientras en Ucrania y en Gaza todo sigue igual, cuando no peor.
Por lo que respecta a otros asuntos
destacar que una explosión en una mina asturiana causa cinco mineros muertos;
que dos bomberos mueren al arder un coche eléctrico y convertir un garaje en una
trampa mortal; que en Murcia es detenido un individuo por matar a la hija de
cinco años de su ex pareja….. y que Marine Le Pen es condenada por malversación
y apartada de la carrear electoral; ya ven, también en otros lugares hay
corrupción y no sólo en España…..aunque, bueno, por hoy ya está bien, mejor
dejamos la corrupción en España para otro día.
Fdo.
Jorge Cremades Sena
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