Sánchez, aunque sea algo
tarde, reaparece en las zonas incendiadas y promete que su Ejecutivo declarará
zona catastrófica a las áreas afectadas por el fuego, es decir, casi media
España, pues los incendios de este maldito agosto, los más brutales en tres
décadas, según datos europeos provisionales, han calcinado ya este año en
España 350.000 hectáreas, la mayor extensión arrasada en treinta años, y más de
30.000 personas han tenido que ser evacuadas en sólo una semana infernal. El
Gobierno, cuando casi cuarenta incendios siguen activos y la mitad de ellos
todavía son “especialmente preocupantes”, considera inextinguibles los focos
más virulentos y sólo confía en la lluvia y en el fin de la ola de calor que,
al parecer, empieza a remitir en estos días, mientras reconoce que el 90% de
los mismos están relacionados con causas humanas y no obedecen a una especie de
maldición divina como creían nuestros antepasados. Y Sánchez propone un pacto
de Estado (otro más que puede no materializarse) contra el cambio climático
que, de momento, pincha en hueso duro con un portazo del PP y la frialdad de
sus socios a la propuesta, pues la cruda y triste realidad es que, como
siempre, en plena crisis por los incendios se desencadena una guerra política
en plena gestión del asunto: Sánchez anuncia la citada declaración de zona
catastrófica y Feijóo critica que la mayoría de los recursos no han llegado
aún, mientras se desencadena un debate mediático sobre quién, cómo, cuándo y
dónde se debe o no elevar el nivel de emergencia lo que supone que el mando de
la emergencia siga en las CCAA o pase al Ministerio de Interior, aunque, en
todo caso, ello no supone la llegada de más medios. El PP no cede
provisionalmente la competencia porque desconfía de Marlaska y los presidentes
autónomos de las zonas más afectadas (Alfonso Fernández Mañueco, Alfonso Rueda
y María Guardiola), todos del PP, entienden que elevar el grado de la
emergencia no implica traer “más medios para la extinción” sino simplemente la cesión
del mando del operativo. Así las cosas, mientras mejora la situación en
Castilla y León, Galicia y Extremadura por el fin de la ola de calor que, al
menos, frena la voracidad de los incendios, bienvenida sea la promesa de
Sánchez de que va a declarar “zona catastrófica” las áreas afectadas en casi
media España para que las víctimas de la catástrofe puedan percibir las ayudas
pertinentes (esperemos que no tarden tanto en llegar como a Canarias por el
volcán o a Valencia por la dana), aunque, visto lo visto, si a las catástrofes
naturales sumáramos las catástrofes políticas, bien se podría dar un pasito más
y declarar “zona catastrófica” a toda nuestra querida y vapuleada España.
Ciñéndonos a los incendios conocemos
que Interior preguntó por los medios aéreos de las CCAA al quinto día de
producirse algunos de los virulentos incendios; que las pérdidas por los
incendios superan ya los 1.260 millones; que un correo de Protección Civil del
día 15 demuestra la necesidad de un mando superior ante las emergencias, como
ayer mismo reclamaban desde el PP a CCOO; que hasta el viernes no se requirió a
diez CCAA sin incendios que sus recursos se destinasen a Extremadura, Galicia,
Asturias y Castilla y León; que Ayuso pidió en diciembre la creación de una
Secretaría de Estado de Emergencias y adscribir la Aemet a Interior; y que las
CCAA tuvieron que pedir al Gobierno que recurriera a la UE (Extremadura con
tres cartas en menos de 24 horas, y Castilla y León le reclamaron que
solicitara ayuda porque “la situación es de extrema gravedad”) y el Delegado
del Gobierno en Extremadura reconoció a María Guardiola que “no tenemos
capacidad para mandar más medios”….. Lo lamentable es que en este “entre todos
la mataron y ella sola se murió” el Estado y las CCAA, que también son Estado,
hoy invierten un 50% menos en prevención
de incendios que hace trece años, pues la partida pasó de 364 millones a 175 y
la de mantenimiento forestal de 1.742 en
2009 a 1.295 en 2022, último año que Transición Ecológica publicó datos; y
encima el Estado sólo ha destinado 170 millones del mecanismo europeo a la
gestión de catástrofes frente a los 634 de Portugal o los 640 de Grecia. Ahora,
en plena gresca política sobre responsabilidades y competencias, como ya es
habitual en España, la Fiscalía investiga la falta de planes para prevenir
incendios, pues el Fiscal de Medio Ambiente ordena indagar si los ayuntamientos
de las zonas afectadas por los incendios elaboraron esos programas, señalando
en su escrito posibles “responsabilidades penales”. Entretanto Mañueco avanza
114 millones para las zonas más afectadas y dice que “el operativo está
dimensionado para unas circunstancias normales, pero las de la última semana
han sido excepcionales” y sostiene que ese “ambicioso plan de ayudas” es un
mensaje de “apoyo, tranquilidad y esperanza” y el PP forzará que los ministros
Marlaska, Robles y Aagesen tengan que comparecer en el Senado para dar
explicaciones.
Y continuando ahora con los incendios políticos, que avalarían la
decisión de declarar a toda España como “zona catastrófica”, políticamente
hablando, con un gobierno de coalición minoritario contaminado por la
corrupción, en el que sus socios tienen posturas opuestas en algunos asuntos de
Estado y con los socio de investidura retirándole su confianza y sometiéndole a
chantajes casi permanentes para sacar sus propuestas minoritarias adelante, la
cosa está que arde en vísperas del inicio del nuevo curso legislativo. Así, de
entrada, para empezar, ERC no quiere ni sentarse a hablar con la Vicepresidenta
Montero, pues su líder, Oriol Junqueras, desdeña su interlocución porque “no es
quien puede contribuir más” y dice a Sánchez que está a “años luz” de aprobar
las cuentas; ello cuando el Gobierno se dispone a aprobar en septiembre la
quita de deuda del FLA a las CCAA que pactó con ERC por el que el Estado
asumirá el 19´9% de lo que adeuda la Generalitat de Catalunya a través del
Fondo de Liquidez Autonómico. Cabe citar que el pago de intereses por la deuda
pública en España evaporará 42.000 millones este año, lo que supone ya cuatro
veces más que todo el Presupuesto en I+D, Infraestructuras o Seguridad
Ciudadana. Y entretanto, pendientes entre otras cosas, los Presupuestos, el
cupo catalán, la cooficialidad del catalán en la UE, el aislamiento
internacional de España, etc etc …..y los casos de corrupción en curso.
El juez Peinado cita a declarar a
Begoña Gómez como investigada por malversación e investiga también a la asesora
en La Moncloa de la esposa del Presidente; imputa a la esposa del Presidente
(que no a la Presidenta, como dice Patxi López) por malversar fondos públicos
al contratar a su amiga Cristina Álvarez, con lo que suma este nuevo delito a
los de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida
e intrusismo laboral…..un cuadro delictivo que, aunque algunos de dichos
delitos puedan ser difíciles de probar, es complicado digerir. Entretanto se
publica que Moncloa anuló un móvil de Cristina antes de que declarase
anteriormente como testigo ante Peinado y que Moncloa busca acabar con el juez
porque “es nocivo” y causa “indignación”, lo cierto es que el CGPJ investiga
las posibles irregularidades que denunció el ministro Bolaños durante su
interrogatorio como testigo. Y mientras Renfe incorpora como consejero al
community manager de Oscar Puente en Valladolid, se pierden los 270 millones de
inversión china en la mina bajo sospecha por “el caso Koldo” pues el grupo
inversor chino, según consta en informes de la Guardia Civil, ha comunicado que
no seguirá adelante con la operación sobre el primer proyecto por el que mostraron
interés Santos Cerdán y su asesor.
Así las cosas, cabe citar que la
reunión de Sánchez con Clavijo acaba sin compromiso alguno y sólo estudiará la
crisis canaria; que la exportación de coches se desinfla un 9% en España por
los aranceles y la crisis sectorial; que se ponen en marcha las primeras
sanciones a los comercios que no acepten pago en efectivo; que la ministra
Aagesen ordena a las eléctricas rebajar cien millones a la gran industria y les
pide que apliquen el descuento del 80% de la parte regulada que decayó en julio
tras el fiasco del decreto “antiapagón”; que EEUU amenaza con incluir a
tecnológicas españolas en la lista negra por el contrato con Huawei y el
Capitolio impulsa una investigación federal por la vinculación “altamente
inquietante” del Gobierno de Sánchez con el régimen chino; y que el informe
europeo sobre el apagón analizará si hubo “mix suicida” como denuncian las eléctricas,
pues el organismo que aglutina los intereses de los operadores europeos extenderá
su investigación a los días previos al incidente energético en contra de lo que
pretende Red Eléctrica para diluir su responsabilidad.
Y así las cosas, no extraña que España,
siendo la cuarta economía de Europa, quede descartada de las gestiones de la UE
para buscar la paz en Ucrania. Trump, tras reunirse en la Casa Blanca con
Zelenski y siete líderes europeos (pero sin Sánchez) dice que la paz está más
cerca y que Europa ofrecerá garantías de seguridad a Kiev coordinadas por EEUU
y anuncia preparativos para celebrar un encuentro Putin-Zelenski que, según el
canciller alemán Merz, podría celebrarse en dos semanas. Zelenski pospone las
cesiones y pide “garantías de seguridad”, Trump se entiende con el ucraniano y
fomenta una “trilateral con Putin”, mientras insiste en que habrá que discutir “posibles
intercambios de territorio” para que Ucrania firme la paz con Putin (es decir,
que el invasor se salga con la suya). No obstante Moscú enfría las perspectivas
de una reunión de Putin con Zelenski y Europa busca un sitio seguro para
celebrarla, pues Zelenski se niega a ir a Moscú a negociar, mientras Trump
descarta enviar soldados rusos a Ucrania y la adhesión del país a la OTAN,
aunque avisa a Putin de que, si no coopera, afrontará una “situación difícil”……en
fin un voluble e impredecible Trump. ¿Alguien puede explicar por qué España no
participa en estos encuentros en los que, para bien o para mal, se está
decidiendo no ya el futuro de Ucrania, sino también el de la UE a la que
pertenecemos y, por tanto, el futuro de España? ¿Es que ya han declarado a
nuestro país “zona catastrófica”?; esperemos que nuestro Presidente nos lo
explique a todos los ciudadanos.
Respecto al exterior, destacar que la
Justicia de Colombia pone en libertad al ex presidente Álvaro Uribe pues creen
los magistrados que se vulneraron sus derechos fundamentales; que Maduro activa
a cuatro millones de milicianos ante el pulso de EEUU; que dos conservadores se
disputarán la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia el 19 de octubre,
quedando fuera la izquierda por primera vez después de veinte años al dar la
sorpresa en primera vuelta el Partido Demócrata Cristiano de Rodrigo Paz
logrando el mayor número de votos, por delante del ex presidente Jorge Tuto
Quiroga; y que Hamás acepta una propuesta de tregua de los mediadores para
Gaza, pero Israel se prepara ya a las puertas de la ciudad de Gaza para lanzar
su ofensiva y Netanyahu llama a filas a 60.000 reservistas y no responde a la
propuesta, su ejército controla ya las afueras de la mayor ciudad de La Franja
y se dispone a ocuparla para acabar con Hamás, y planea dividir Cisjordania.
Jorge Cremades Sena
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