Con impostada alegría el
Gobierno de Sánchez y el Grupo Parlamentario Socialista celebraban en el
Congreso de los Diputados la aprobación de la Ley de Amnistía impuesta por el
secesionismo (y muy especialmente por Puigdemont, el más beneficiado cuando se
aplique) por la pírrica ventaja de 178 votos a favor y 172 en contra, mientras
que los variopintos socios de Sánchez (todo el secesionismo catalán, vasco y
gallego, más todo el populismo del entramado de Sumar, incluido Podemos)
exhibían su verdadera alegría y se felicitaban mutuamente por haber impuesto al
patético y débil “gobierno Frankenstein dos” todas sus exigencias (incluso las
que el propio Gobierno consideraba inconstitucionales a bombo y platillo hasta
anteayer) a cambio de nada….bueno, sí, a cambio de los siete votos de Junts
para seguir gobernando, pues los de los demás socios ya los habían comprado
mucho más baratos. Una amnistía que, aunque algunos intentan equipararla, nada
tiene que ver con la promulgada en 1977 que, con sus errores y aciertos,
pretendía transitar sin violencia de un régimen dictatorial a un régimen
democrático mediante un amplio consenso político-social y respondía a un
verdadero clamor social y político, saliendo aprobada en el Congreso por 296
votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones y un voto nulo (eso sí es mayoría
incuestionable). Nada que ver pues con la actual amnistía sanchista aprobada
con calzador en el Congreso, que transita hacia no se sabe dónde desde un
régimen democrático, homologado con los que conforman la UE, donde los
comportamientos delictivos se dirimen en los tribunales de justicia mediante procesamientos
con todas las garantías procesales para los procesados; y, como ven, nada que
ver con el resultado de la votación, que no obedece a clamor social o político
alguno sino a satisfacer a quienes, a cambio de unos votos para apalancar al
Ejecutivo, han cometido graves delitos contra el Estado de Derecho y, para
colmo, sin compromiso alguno por parte de dichos delincuentes de no volver a
repetir los mismos delitos. Así pues, por más que se pretenda disfrazar esta
torticera amnistía, la realidad es que vamos cada vez peor en la consolidación
democrática que se pretendía con la consensuada amnistía de 1977, pues ahora lo
que se consigue es deteriorar gravemente el Estado de Derecho al desautorizar
el Ejecutivo al Tribunal Supremo, blanqueando los delitos a cambio de nada
(bueno, sí; de siete votos) y, por ende, dejando inmaculados a una serie de
delincuentes que encima presumen de que esta amnistía “no es punto final de
nada” sino el inicio de retomar su proyecto totalitario para imponer la
autodeterminación de los pueblos de España por vía inconstitucional si el
Estado chantajeado no se pliega a concederles este derecho como sea y, si fuera
preciso, al margen de los cauces democráticos establecidos, como se hizo en el
“procés”, hoy blanqueado por el Gobierno de España, o forzando previamente
situaciones de dudosa legalidad (como ha sido el caso de esta amnistía) que no
obedecen a ningún clamor general ni a ningún amplio consenso político-social
para resolver un conflicto inexistente, sino que obedece a intereses personales
espurios de unos pocos, como es el caso. Cabe decir de una vez por todas, claro
y alto, que, de conflicto político, nada de nada, pues, a diferencia de lo que
sostiene el secesionismo totalitario (especialmente el ultraderechista representado
por Junts, con el prófugo a la cabeza) y que lamentablemente avala el Ejecutivo
de Sánchez, en España no se persigue a nadie ni se impide que los secesionistas
promuevan su proyecto separatista, lo que se persigue y debiera impedirse, como
es lógico, es que pretendan imponerlo al margen de la ley y de la Constitución
sin previa reforma de ésta que lo permitiera, lo que supondría unas mayorías
amplias que hoy no se dan en España por más que uno de los partidos
mayoritarios, en este caso el PSOE de Sánchez, juegue con esa ambigüedad, como
hace con la amnistía recién aprobada, cuando lo que tiene que hacer, si es que
así lo quiere, es asumir el objetivo de sus socios secesionistas como propia
propuesta electoral socialista o, en caso contrario, decirle a dichos socios
totalitarios que la fiesta se acabó, pues en asunto tan crucial no caben medias
tintas ni ambigüedades, nos jugamos nuestra democracia.
Cada vez peor pues con una amnistía
que da el pistoletazo de salida a una precampaña electoral catalana tras
decidir el president Aragonés un adelanto electoral al 12 de mayo, porque los
socios de Sánchez no le han aprobado los presupuestos en el Parlament,
generando más alboroto político si cabe, ya que, al parecer, la verdadera razón
del adelanto electoral es el temor de ERC a un crecido Puigdemont después de
que los “comunes” de Ada Colau (léase Yolanda Díaz), todos ellos socios del
Gobierno sanchista de España, hayan tumbado los presupuestos catalanes, que
sirven de excusa para adelantar los comicios, con lo que un Aragonés acorralado
lanza un pulso al prófugo que no descarta presentarse como candidato por Junts
a la Generalitat e incluso volver a España, aun con el riesgo de ser apresado,
para hacer campaña electoral en plena tramitación de la amnistía, según dice su
abogado Boye. Es obvio que la pretensión de Aragonés es dejar a Junts sin
margen para situar al expresident como candidato tras su hipotético regreso
triunfal a España como amnistiado una vez se apruebe definitivamente la ley que
doblega el brazo al Estado de Derecho Español y, por obra y gracia de Sánchez,
le convierte en verdadero héroe del secesionismo frente a aquellos que, como el
líder de ERC Junqueras y otros se doblegaron a dicho Estado de Derecho. La
realidad es que el adelanto electoral en Cataluña sacude más aún el sacudido
tablero político español (incluido el catalán) y, ante la incertidumbre, obliga
también a Sánchez a renunciar a la aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado y, obviamente, a mentir o contradecirse una vez más, lo que ya es
habitual en el Presidente, pues él mismo cuando estaba en la oposición exigía a
Rajoy que dimitiese ya que “aprobar los Presupuestos es la primera y principal obligación
de un Gobierno, porque sin Presupuestos no hay nada que gobernar”. En fin, sin
más comentarios, es Sánchez, quien anuncia que prorrogará las Cuentas y todo
arreglado, con él, ya ven, se puede gobernar como sea, con los demás, no. En
todo caso el PSOE culpa a la Vicepresidenta comunista Yolanda Díaz de este
fiasco presupuestario por no haber sido capaz de convencer a su socia Ada Colau
para que en Cataluña le aprobaran a Aragonés las Cuentas y éste se queja de que
“la irresponsabilidad ha podido con unos buenos presupuestos”, mientras Puigdemont
sostiene que “estaré en el debate de investidura” del nuevo Govern (ya ven,
siempre hay un roto para un descosido).
Entretanto, unos y otros,
interpretan de forma contradictoria al informe de la Comisión de Venecia con la
colaboración de los medios de comunicación al extremo de que casi es imposible
saber lo que dice y, obviamente, dispuestos a que, si no les conviene, al final
le restarán importancia diciendo que al fin y al cabo es un órgano consultivo.
Pero como dicho informe no descarta en Europa el objetivo de la amnistía como
método adecuado para solucionar conflictos, aunque recomienda que debiera
requerir un consenso amplio para ser aprobada con amplia mayoría, acotar su
alcance temporal, respetar la Constitución del país afectado o no tramitarse de
urgencia….les sirve a Gobierno y oposición para sacar del mismo el mayor
beneficio: la oposición no logra una desautorización internacional concreta y
contundente, y el Gobierno no consigue el aval exhaustivo que buscaba. En todo
caso Bruselas avisa que la amnistía del procés incluye delitos que la UE define
como terrorismo y no cumple toda la directiva comunitaria, mientras el dictamen
del órgano consultivo cuestiona el alcance y la tramitación (no el fondo del
asunto) y la “profunda división” que provoca y recuerda que debe ser el Poder
Judicial quien decida si personas concretas pueden beneficiarse. Así las cosas,
mientras Yolanda Díaz lamenta que Sánchez renuncie a los Presupuestos, Junts y
ERC, aunque enfrentados en Cataluña, reniegan de la “concordia” de Sánchez y siguen
pidiendo la independencia y el referéndum, dejando claro Puigdemont que la
controvertida amnistía “no es punto final de nada”, sabiendo que necesita que
el juez Llarena renuncie a detenerlo si regresa a Cataluña para ser investido “president”,
cuando se presupone, conociendo al personaje, que el prófugo dejará caer a
Sánchez si no logra el Govern. Por otro lado Sánchez y ERC se unen para frenar
a un Puigdemont, crecido tras haber impuesto su amnistía, mientras se preparan,
como el resto de partidos, para afrontar las inminentes elecciones en Cataluña,
convocadas por sorpresa tras haber pedido Aragonés a Yolanda Díaz que mediara
con los “comunes” de Colau y haberlo rechazado la Vicepresidenta.
Y por si no fuese suficiente todo este
embrollo, PSOE y PP, en vez de dejar que los tribunales trabajen, se enzarzan
en un patético debate sobre corrupción con el famoso “y tú más” por bandera, con
un tenso rifirrafe en el Congreso entre Sánchez y Feijóo. El caso Koldo y el
del novio de Ayuso, aunque no sean equiparables, sirven de patética excusa para
usar la corrupción como reclamo electoral en vez de como acicate para que se
acabe con ella de una vez por todas y dejar que los tribunales de Justicia
esclarezcan los hechos. Ayuso acusa al Gobierno porque Hacienda investiga a su
pareja, lo que considera una “cacería” y recuerda que “no hay un solo contrato
con la Comunidad de Madrid” y que se trata de una “persecución política” que busca
su “destrucción personal” asegurando que su novio “sufre una inspección fiscal
salvaje” (el victimismo como bandera) y la ministra Montero, bien calladita en
el caso Koldo, insta a la presidenta madrileña a dar explicaciones diciendo en
sede parlamentaria que actúe “con absoluta transparencia respecto a si
efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo
en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública…. con las comisiones
respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia”; pero se da la
circunstancia de que cuando pronunció dichas palabras ningún medio de
comunicación había publicado nada de nada, lo que permite al PP acusar a la
ministra de revelación de secretos, bien por parte de ella o de la Fiscalía,
enredando así más todavía un asunto, lamentablemente bastante habitual, de evasión
de impuestos en un problema político, pues los mismos inspectores de Hacienda
ven “gravísima” la filtración, pues el desliz de la ministra podría ser un
delito por revelar información privada. La pareja de Ayuso demandará a la
ministra por revelación de secretos y a dicha denuncia podría añadirse otra a
la Fiscalía de Madrid mientras se presume que el Fiscal General utiliza la
Fiscalía contra Ayuso (que no está acusada de nada), mientras el Colegio de Abogados
se niega a firmar un comunicado conjunto con la Fiscalía para zanjar el escándalo,
mientas la Asociación de Fiscales exige la dimisión del Fiscal General y
mientras el Consejo General de la Abogacía condena la filtración. Entretanto
Bruselas cifra en 17´7 millones el impacto del caso Koldo en fondos, por lo que
el Gobierno deberá retirar proyectos afectados de la cofinanciación comunitaria.
Ya ven, cada vez peor.
Por lo que respecta a otros asuntos,
citar que la comida se encarece otro 5´3%, el doble que el IPB general; que el
80% de catalanes vive en una zona tensionada de alquiler de vivienda; que hay
700.000 parados más de los que reconoce Yolanda Díaz, pues el desempleo real es
un 27% mayor que el registrado oficialmente al no contemplar los fijos
inactivos discontinuos; que la comisión de las residencias dice que se podrían
haber evitado 4.000 muertes; que casi 5.000 presos quedan confinados en sus
celdas por las protestas de los funcionarios en Cataluña tras el asesinato en
la cárcel de una funcionaria a navajazos por un preso; y que policías y
guardias civiles marchan para que su profesión sea declarada de riesgo, con más
de 12.000 agentes manifestándose en demanda de mejoras laborales y exigiendo la
dimisión del ministro Marlaska.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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