Hubo un tiempo, al
inicio de nuestra democracia, en que el Gobierno utilizaba las pensiones de
forma descarada por meros intereses electorales, al extremo de que sólo se
revalorizaban en el año electoral, para luego correr el argumento de que dichas
pensiones dependerían del color del partido gobernante, en un claro ejercicio
demagógico de atraer el voto de los jubilados, cada vez más numeroso e
importante entre los votantes. Obviamente, con el tiempo, el actual sistema de pensiones
se fue consolidado, especialmente durante los gobiernos de Felipe González, al
extremo de que ya, consolidado como un derecho, a nadie se le ocurre poner en
entredicho que la permanencia de su
pensión depende del color político del gobierno de turno, aunque se siga
utilizando el mantra de que unos partidos se volcarán en mejorarlas y otros
harán todo lo contrario con un evidente afán electoralista, lo que viene a ser
un contrasentido, dado que, a la hora de la verdad, todos los partidos dependen
de las urnas y ninguno va a ser tan ingenuo de tirarse piedras sobre su propio
tejado. Sin embargo, es tal la cantidad de votos en juego, millones y millones,
“in crescendo”, que se sigue jugando, o intentando jugar, con el asunto de las
pensiones a base de demagogias y chantajes indecentes, como pone en evidencia
el reciente macro-decreto ómnibus del Gobierno, que acaba de rechazar el
Congreso de los Diputados por englobar más de ochenta iniciativas en dicho
paquete legislativo cuando el Gobierno sabía que buena parte de ellas no
cuentan con la mayoría necesaria en la Cámara para ser aprobadas y, por tanto,
el Ejecutivo es el único o, al menos, el máximo responsable de este descalabro
parlamentario, dado que, al ser un Gobierno minoritario, requiere de pactos
concretos sobre cada uno de los asuntos importantes, como es el caso, para que
éstos sean aprobados, en vez de planificar el demagógico chantaje de exigir que
se aprueben todos en un solo paquete global, cuando el conjunto de medidas con
las que no están de acuerdo los distintos grupos parlamentarios pueden votarse
al margen del conjunto, posibilitando que aquellas que cuentan con mayoría
parlamentaria salgan adelante y las que no, no, reflejando así las verdaderas
mayorías parlamentarias en vez de camuflar aquellas que, siendo minoritarias, también
saldrían adelante al votarse todas conjuntamente, lo que implícitamente
evidencia un comportamiento antidemocrático. Comportamiento antidemocrático por
parte del Gobierno que se pone de manifiesto después de la frustrada chapuza
parlamentaria al culpabilizar del desaguisado a la oposición y muy en especial
al PP, su alternativa gubernamental, diciéndole a los ciudadanos que es el
culpable o responsable de que no se aprueben aquellas medidas claramente
beneficiosas para el pueblo como es el caso de, entre otras, la subida de las
pensiones, la ayuda al transporte público o a los daños por la Dana, cuando
cuentan con amplio respaldo social y hubieran salido adelante en el Congreso
por amplia mayoría de haberse votado no como parte del paquete del decreto
ómnibus, tal como la oposición le pide a Sánchez, quien ha optado por la trampa
de utilizarlas como perversa moneda de cambio para que prosperen otras medidas
que no cuentan con el apoyo parlamentario mayoritario, ya no sólo por el
rechazo del PP, que también, sino por el de los socios gubernamentales
radicales del Gobierno y de sus aliados coyunturales nacionalistas y
secesionistas, quienes, al igual que propiciaron la investidura de Sánchez y le
mantienen en Moncloa, son los que ahora le dejan con el culo al aire,
especialmente Junts que, en esta ocasión, cumple su amenaza de votar en contra
si no se le reparan ya las promesas pactadas. Pues bien, culpabilizar
demagógicamente a la oposición, y en especial al PP, con el único afán de desprestigiarle
y restarle votos, con semejante demagogia y para evitar que sea verdadera
alternativa de Gobierno, es un engaño manifiesto y demagógico que,
afortunadamente, cada vez cuela menos en la ciudadanía.
Es lo que sucede ahora, entre otros casos, con el asunto de las pensiones, las
ayudas por la dana o al transporte, decaídos por el rechazo parlamentario
global al decreto-omnibus cuando hubieran podido salir adelante con amplio
respaldo parlamentario si se hubieran planteado sin trampa ni cartón con
decretos “ad hoc”, por lo que el responsable del caso es indiscutiblemente el
Ejecutivo sanchista que pretende que a cambio de ello salgan adelante otras
medidas que no cuentan con el respaldo parlamentario suficiente, no ya sólo por
el rechazo de la oposición, sino también por el de los propios socios de Sánchez
o sus aliados coyunturales. En fin, un chantaje demagógico e indecente,
inadmisible por su evidente carga antidemocrática, para soslayar como sea que
el Gobierno carece de mayoría parlamentaria y, como ya dijo Sánchez en su día a
Rajoy, sin esa mayoría no se puede gobernar, aunque ahora, siendo él
Presidente, diga que una Democracia Parlamentaria se puede gobernar sin
Parlamento. El caso es que el Congreso rechaza rotundamente el
decreto-trampa-omnibus, cuando Sánchez sabe que no rechazaría asuntos sociales
como los citados y, por tanto, él es el responsable de que éstos hayan decaído.
Sánchez es el responsable por no entender o no querer entender, porque no le
conviene, que en democracia para gobernar con solvencia se requiere contar con
la mayoría parlamentaria, lo que supone que hay que ganar unas elecciones y en caso
de no ganarlas (como es el caso de Sánchez) o ganarlas pero sin mayoría
suficiente (como es el caso de Feijóo), es imprescindible hilvanar un programa
de gobierno sólido y mayoritario con otros grupos parlamentarios, pero sin
chantajes ni trampas antidemocráticas….y si ello no es posible, como le sucede
a nuestro Presidente ahora, simplemente convocar nuevas elecciones y que los
ciudadanos aclaren en las urnas el asunto. Es sencillamente lo que exige la
democracia parlamentaria, que necesariamente requiere, por más que Sánchez diga
ahora lo contrario, contar con una mayoría cuanto más amplia y sólida mejor, en
vez de engañar a la gente culpabilizando a los demás de tus propias
irresponsabilidades. Es sencillamente de primero de Ciencias Políticas o de
Derecho, pues mezclar churras con merinas como hace el macro-decreto-omnibus es
antidemocrático y utilizar su lógico rechazo demagógicamente es sencillamente
inadmisible.
Así las cosas, Sánchez, en vez de rectificar aceptar lo que le pide la
oposición y sus propios socios, apuesta por “sostenella y no enmendalla”, lo
que resulta paradójico, cuando él precisamente se caracteriza por rectificar
una y otra vez, o, en definitiva mentir, dejando a la ciudadanía perpleja
incluso en casos muy importantes tras haber prometido, para que le votaran, que
jamás lo haría en caso de gobernar (son llamativas, entre otras, sus
rectificaciones o mentiras sobre gobernar con Podemos, amnistiar el “procés”,
blanquear a Bildu, las primarias en el PSOE, las tropas en Irak, rebajar o
amnistiar la malversación etc etc), lo que ha ido minando su credibilidad al
extremo de que con el paso del tiempo ya no puede seguir rectificando o
mintiendo más, pues a la legua se le ve el plumero y ya casi nadie le compra la
burra, mientras la Legislatura colapsa al no poder cumplir sus
pactos-chantajistas, especialmente con el prófugo Puigdemont, dejando un lastre
de agraviados que antes o después le exigen que repare sus agravios. Sánchez,
en el caso del macro-decreto-omnibus esperaba al menos la abstención de Junts
para sacar adelante su chapucero totum revolutum, pero no ha sido así, el
prófugo y los suyos ya están hartos de sus incumplimientos, muchos de ellos
sencillamente porque no dependen de Sánchez o, al menos, en la medida de
urgencia que le exigen, pues en este laberinto de su supervivencia, en lo que
es un maestro, no ha habido reparo algunos en tragar con lo que los secesionistas
le han ido planteando, sea viable o no, con tal de salir del paso para
mantenerse en el poder. Ahora enrocado, el Gobierno de Sánchez prefiere
culpabilizar al PP y, contra lo que la ciudadanía exige y mayoritariamente los
grupos parlamentarios le piden, no hace nada por ahora para recuperar los
decretos perdidos, mientras el prófugo le recuerda que “culpar a los otros de
las consecuencias de tus actos no genera confianza” y el resto de socios
critican su soberbia….pero él tiene la desfachatez de culpar sin ruborizarse a
los demás del “dolor social” causado, cuando el único responsable de ello es su
Gobierno que, teniendo la solución en la mano, prefiere no ponerla convencido
de que no va a adelantar las elecciones simplemente porque “ni a PSOE ni a
Junts nos conviene” (lo que convenga a la ciudadanía no importa). Obviamente
oposición y socios denuncian el chantaje de Sánchez con las pensiones: Feijóo
le acusa de usar a los jubilados como “rehenes”, Junts le reprocha pretender
colar la subida en un decreto-omnibus junto a medidas ampliamente rechazables,
y ERC, Bildu y Podemos piden medidas “urgentes” para reparar los daños, en
tanto que Sumar, como si no formara parte del Ejecutivo, soporta el temporal
como buenamente puede aunque se desmarca de la estrategia de Sánchez de
retrasar las medidas, mientras no pocos cargos del PSOE a distintos niveles ven
al Gobierno metido en “un callejón sin salida”, al menos, sin salida en
términos democráticos.
El pueblo, entretanto, puede esperar, mientras, según GAD3, el 72´3% de los
españoles cree que la política es “mala o muy mala”, cuando en democracia
debieran creer todo lo contrario. Pero es que además, más del 60% cree que la
esposa y el hermano del Presidente se aprovecharon de su parentesco, cuando en
democracia ello atenta contra la igualdad de derechos; dos de cada tres,
españoles consideran que el Fiscal General del Estado debiera dimitir, cuando,
siendo el garante de la legalidad él está encausado y, en democracia, ello es
inadmisible, aunque el propio Presidente del Gobierno considere que el Fiscal
General no es del Estado sino del Gobierno (error de bulto que Sánchez debiera
hacerse mirar); y el 58% piensa que el Jefe del Ejecutivo conocía las presuntas
irregularidades de García Ortiz, lo que, en democracia, sería totalmente
gravísimo. Bueno, y por seguir añadiendo resultados del sondeo, añadir que sólo
el 14% de españoles apoya los actos de Sánchez por la muerte de Franco (sería
interesante conocer qué porcentaje apoyaría una intensa campaña contra la
invasión de España por Napoleón), pues hasta el 35% de los votantes del PSOE
está en contra y el 34% se muestra indiferente, mientras sus socios de Sumar y
el nacionalismo tampoco secundan el plan del Gobierno con entusiasmo, por más
que Sánchez considere que, incapacitado para gobernar por no tener mayoría
parlamentaria, este tipo de cosas le va a dar votos cuando lleguen las
elecciones. Ya veremos. La cuestión es saber hasta qué extremo estamos
atentando contra nuestra higiene democrático y lo que luego nos puede costar
reparar la enfermedad. De momento Felipe VI, en el acto de entrega de los
despachos a la nueva promoción de la Carrera Judicial y en presencia del
cuestionado Fiscal General García Ortiz, de la Presidenta del CGPJ Isabel
Perelló y del Ministro de Justicia Félix Bolaños, una vez más, como Jefe de
Estado, pone las cosas en su sitio y reclama un “profundo respeto” para los
jueces, pieza clave para el Estado de Derecho Democrático hoy cuestionados
incluso por parte del Ejecutivo, y recuerda, tras los ataques del Gobierno que
es una condición “imprescindible” para que “una sociedad conviva
pacíficamente”, y además pide a los nuevos jueces una “conducta ejemplar” (la
misma que debieran tener nuestro políticos en general y nuestros gobernantes en
particular), mientras Perelló desde el CGPJ advierte contra los “reproches
personales” a magistrados y atribuirles “intenciones ocultas”…. En fin, Felipe
VI y Perelló defienden a los jueces ante el Fiscal General y el Ministro de
Justicia, que debieran tomar nota y hacerse mirar si lo que estamos haciendo es
sensato y conveniente, dado que hoy son ellos quienes ostentan tan altas
dignidades, pero en el futuro serán otros. Y, por cierto, el sanchismo se
impone en Aragón con Pilar Alegría sin primarias, cuando Montero y López ya son
líderes sanchistas respectivos en Andalucía y Madrid, con idéntico sistema, con
lo que el sector no afín al sanchismo se limita a Castilla La Mancha y
Extremadura….. si esto es lo que hay a nivel interno….¡qué se puede esperar en
otros ámbitos!; y entretanto, ya ven, la salud democrática brilla por su
ausencia.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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