A día de hoy el problema de
la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los españoles pues
el acceso a la misma se ha vuelto casi imposible para miles y miles de
ciudadanos y, obviamente, tan suculento
reclamo electoral no pasa desapercibido por parte de nadie y todos saben que
solucionarlo es muy difícil, lo que conlleva a recurrir a todo tipo de
demagogias al respecto señalando culpables y víctimas por todas partes. La
realidad es que España, en el contexto de las grandes economías de Europa
Occidental, tiene una de las más altas tasas de viviendas en propiedad frente a
otros países de nuestro entorno donde el alquiler es mucho más común y está
mucho mejor regulado, dándose además la circunstancia de que por tradición
muchos trabajadores españoles durante su vida laboral han destinado buena parte
de sus ingresos no ya a pagar la hipoteca de su propia vivienda sino también a
adquirir una segunda o tercera como medida de ahorro más segura, siempre al
alza, y con la esperanza de garantizarse para la vejez un ingreso extra con el
alquiler de las mismas y compensar sus pensiones, muchas de ellas bastante
escasas, que no le permitirían vivir con holgura, al extremo de que en España
el 92% de las viviendas en alquiler (repito, el 92%) pertenecen a pequeños
propietarios, mientras los grandes fondos de inversión y grandes tenedores sólo
controlan el 8% restante. Por tanto, para empezar, hay que tener mucho cuidado
a la hora de regular la vivienda y no confundir churras con merinas, pues el
binomio inquilino-propietario no obedece al de víctima-verdugo y, por tanto, la
primera precaución a tener en cuenta a la hora de legislar debiera distinguir
con claridad entre grandes propietarios especuladores, que son una minoría, y pequeños
propietarios ahorradores, que son la inmensa mayoría; y la segunda precaución a
contemplar debiera distinguir entre inquilinos trabajadores o rentistas, que
atienden con normalidad, a veces con mucho esfuerzo, el pago del alquiler de su
vivienda, y entre inquilinos vulnerables, que no pueden pagar el alquiler, y “okupas”,
que, simplemente, porque no tienen vivienda consideran que tienen derecho a ocupar una vivienda propiedad de
otro….. A todo lo anterior hay que añadir que, en todo caso, estamos en un
Estado de Derecho, democrático y social,
en el que rige la economía de libre mercado y, aunque cabe la intervención del
Estado, es éste quien tiene la responsabilidad y la obligación de corregir los
desajustes del mercado respetando siempre la legalidad vigente y, en todo caso,
cambiándola por otra más justa para todos, pero no derivando esa responsabilidad
estatal en aquellos propietarios, grandes o pequeños, que, cumpliendo con la
ley vigente, ven ilegalmente asaltadas sus propiedades sin garantía jurídica
alguna. Cuestión distinta sería sustituir esta economía de libre mercado por
una intervencionista…. pero esa es otra historia.
Así las cosas la ejecución del
desahucio de Mari Carmen, una anciana de 87 años, tras perder un litigio
judicial con el propietario de su vivienda (es decir, que la razón jurídica
estaba, en este caso, de parte del propietario y no del inquilino) ha desatado
todas las alarmas como si fuera algo insólito, cuando cada día se ejecutan
decenas de desahucios, como el de Mari Carmen, a pesar de que Sánchez dijera en
su campaña electoral que, con él en La Moncloa, no habría ni un desahucio
más….y lleva ocho años gobernando, en los que ha habido más de 190.000
lanzamientos por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Llama la
atención que, ante tanta pasividad en todos esos años, ahora Sánchez haya
puesto el grito en el cielo cediendo ante la izquierda radical y con el riesgo
de perder el apoyo de sus socios de derechas, PNV y Junts, se haya empleado en
hilvanar contrarreloj en el Consejo de
Ministros un decreto, al que muchos llaman “decreto Mari-Carmen” y que,
finalmente, se ha traducido en dos, a ver si, al menos, alguno de ellos sale
adelante en el Congreso, mientras ya estamos en ascuas por saber qué va a pasar
con el “decreto Mari” y el “decreto Carmen”….. y, entretanto, Mari-Carmen llega
finalmente a un acuerdo con el propietario de su vivienda, gracias a la
mediación del Ayuntamiento de Madrid, y cuando le den el alta médica en el
hospital volverá al dichoso piso, de renta antigua, que, al parecer, había
sufrido determinadas irregularidades en las subrogaciones para llegar a ella.
Para poner la guinda, seguramente
porque ya estamos en periodo preelectoral, el Sindicato de Inquilinas convoca las
protestas y se consolida una ocupación de la Puerta del Sol al estilo del
famoso 15-M, y el remate kafkiano lo pone Yolanda Díaz, quien en la Fiesta del
PCE, muy mitinera ella, llega a afirmar que “si hay que movilizarse contra el
Gobierno de España pues contra el Gobierno; movilicémonos”, olvidándose demagógicamente
al estilo de Sánchez de que ella es la Vicepresidenta de dicho gobierno y, por
tanto, algo tendrá que ver en lo que está pasando. Ya ven, el Gobierno populista
de Sánchez lo tiene claro y, si se lo aprueban, topa los alquileres al 2%,
cuando la inflación toca el 5%, permite al inquilino quedarse bastantes años y definirá
qué es un “fondo buitre” mientras llama “pyme muy carroñera” a la empresa que
cobrará 500 euros mensuales a Mari Carmen. Es lo que toca.
Y en pleno conflicto recurrente entre
PSOE y sus socios de izquierda radical, mientras Yolanda Díaz llama a
movilizarse contra sí misma y Podemos exige expropiar al estilo chavista miles
de viviendas de fondos buitre, la Policía recibe órdenes de no desalojar a los
acampados en la Puerta del Sol, mientras Almeida acusa a Interior de dejación
de funciones, Ayuso da 48 horas al Gobierno para que despeje la Puerta del Sol y
el sector inmobiliario avisa de que las medidas anunciada tras el Consejo de Ministros
van a provocar más fugas de oferta de arrendamientos y “se van a cargar el
mercado: nadie va a construir vivienda para alquilar”….. Y es que el déficit de
viviendas en España superará el millón de pisos en 2028, pero nadie apuesta por
algo tan elemental como construir viviendas para incrementar la oferta y
abaratar el precio….y, bueno, si se trata de un plan de viviendas sociales,
mejor ni hablamos. En fin, pasado mañana veremos qué pasa en el Congreso de los
Diputados con los decretos “Mari” y “Carmen”, pues el pretendido “decreto Mari-Carmen”
es inviable.
Jorge Cremades Sena
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