Es innegable que el gobierno de Rajoy ha decidido coger el toro por los
cuernos. En su segunda reunión del Consejo de Ministros, aún en periodo de
nombramientos ministeriales de segundo escalón, sin escatimar la información
sobre la nefasta herencia recibida, ha tomado una serie de medidas de choque
que, aún siendo esperadas, han caído como un jarro de agua helada a la inmensa
mayoría de los españoles, que, en definitiva, somos quienes vamos a pagar la
factura, teniendo en cuenta que, tal como se ha anunciado, este paquete de
recortes sólo representa una mínima parte de todo lo que queda por hacer en un
futuro inmediato. No obstante, tamaña celeridad y contundencia, jamás
practicada por ningún otro gobierno precedente, aporta aspectos positivo ya que
la primera condición para un futuro crecimiento es diagnosticar crudamente la
realidad, por muy dura que sea, y poner seriedad y orden en la economía para
mejorarla, consiguiendo además una mejora de imagen de España en el exterior al
evidenciar que su gobierno es capaz de afrontar el problema de cumplir sus
compromisos, ganando así credibilidad ante la UE y ante países terceros. En el
fondo nadie se ha sorprendido de la confirmación de los peores augurios sobre el
déficit en 2011, pues ya estábamos acostumbrados al desacierto crónico del
gobierno de ZP en todas sus previsiones económicas, aunque, en esta ocasión, al
estar tan cerca el traspaso de poderes, algunos tuvieran la esperanza de que los
datos aportados al nuevo gobierno, el 6%, se acercara a la verdad. Craso error,
es el 8%. Este es el verdadero jarro de agua fría, teniendo en cuenta que el
máximo de déficit del euro está en el 3% y el compromiso para llegar a él es
situarlo en el 4´4% en 2012. La broma supone que el ajuste pasa de unos 16.500
millones de euros a unos 40.000, salvo que, como en época de ZP, se opte por
incumplir los compromisos y seguir por la senda del caos. Por tanto también es
bueno que la España real coincida con la España oficial, lo que,
desgraciadamente, no se ha hecho desde que ZP decidiera derogar la Ley de
Estabilidad Presupuestaria que, a la postre, ha supuesto una especie de barra libre
en el gasto público. Que las CCAA, de cualquier color político, sean las
principales causantes de tan nefasto desequilibrio –que ha llegado a ser hasta
del 11%- sólo pone en evidencia la necesidad de poner orden en un despilfarro
que, en definitiva, hemos de pagar todos los españoles.
Pero,
dicho lo anterior y sin entrar en un pormenorizado análisis de cada una de las
medidas adoptadas, Rajoy se estrena decepcionando a los españoles en un tema de
vital importancia, la credibilidad. Si, frente a Rubalcaba, una de sus promesas
electorales fue no subir los impuestos, hacer lo contrario ya en su primera
decisión importante crea una sombra de duda sobre su coherencia a la hora de
cumplir el resto de objetivos de su programa de gobierno. Máxime cuando subir los
impuestos sobre las rentas del trabajo, por muy progresiva y temporal que sea,
afecta negativamente a la actividad económica (menor poder adquisitivo, menor
capacidad productiva) que, al menos en el corto plazo, augura un incremento del
desempleo, el principal problema y la principal preocupación de los ciudadanos.
Si el gobierno anterior se caracterizó por hacer lo contrario de lo que
prometía, rectificando permanentemente y arruinando así su credibilidad, lo
peor que puede suceder ahora es que el nuevo gobierno siga por dichos
derroteros. No basta con ganarse la credibilidad exterior, especialmente de la
UE, demostrándole que va en serio lo de rebajar el déficit para poder exigirle
las correspondientes contrapartidas en una política europea viable (eurobonos,
bajada del precio del dinero, etc) que ayude a salir del atasco; es incluso más
importante ganarse la credibilidad interior y, para ello, la peor fórmula es
incumplir lo prometido a quienes, en definitiva, tienen la capacidad de
apoyarle o rechazarle.
Los
ciudadanos, no por masoquismo sino por realismo, podemos aceptar este primer
paquete de medidas, calificadas como extraordinarias y temporales, que afectan
a todos menos a jubilados, parados y especuladores, aunque los más afectados,
como siempre, sean las clases medias trabajadoras y, especialmente, los
funcionarios. No obstante, podemos entender que, como medida de choque, el
gobierno haya optado por lo fácil a la espera de las necesarias reformas
estructurales que requieren, por su mayor complejidad, más tiempo de
maduración. Incluso podemos sentirnos satisfechos de que por fin un gobierno se
disponga a gobernar sin ocultar permanentemente la situación y sin que su norma
de conducta sea la rectificación o la falsa previsión intencionada o por incapacidad.
Es más, como a cualquier otro gobierno anterior, hay que concederle los ya
clásicos cien días de cortesía. Pero es un mal presagio que, en su estreno, ya
cometa dos incumplimientos electorales importantes, la citada subida de
impuestos y la no reforma de la ley antitabaco. Una decepción, sin lugar a
dudas, que ensombrece las expectativas de quienes, hartos de tanta
incoherencia, apostaron por una nueva forma de gobernar, creyendo que, en esta
ocasión, lo prometido era deuda. Se puede estar dispuestos a apretarse el
cinturon, a hacer los sacrificios que sean necesarios, pero, bajo ningún
concepto, se debe seguir soportando las mentiras o falsas promesas de nuestros
gobernantes. Ya hemos soportado bastantes.
Fdo. Jorge
Cremades Sena
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