REFORMA O RUPTURA, UN FALSO DILEMA

                        La fiebre revolucionaria (en sentido estricto de cambio radical) con que algunos pretenden poner patas arriba todo nuestro sistema político-institucional, amenaza seriamente la paz y la convivencia social, poniendo en grave riesgo nuestro Estado de Derecho. Una vez más, como en otros muchos periodos históricos, el dilema “reforma o ruptura” con el pasado para afrontar el futuro divide a los españoles en el presente de forma radical y peligrosa. En casi todos los momentos anteriores, salvo en la Transición, la intransigencia de los rupturistas generó tal violencia que, al final, condujo a los españoles a un futuro peor que su presente en términos de libertad y prosperidad popular, dejando herencias perniciosas y difíciles de gestionar. Por ello es incomprensible que, a estas alturas y con semejante bagaje, se ponga en duda en términos históricos la validez del consenso –modelo ejemplar en su día a nivel nacional e internacional- que, con grandes dificultades e ingentes reformas, propició el tránsito del régimen autoritario al de democracia plena, arrinconando a los rupturistas intransigentes de ambas orillas y, gracias a ello, consiguiendo el más largo periodo de libertad, paz y prosperidad de toda nuestra Historia. Por tanto, es indecente calificar, para desacreditarlo, nuestro actual sistema político como heredero del franquismo, salvo que se refieran a que cada periodo histórico es, obviamente, heredero del anterior y, en ese caso, también se calificaría al franquismo como heredero de la República, a ésta como heredera de la Restauración y así sucesivamente, pues, en definitiva, cada periodo histórico resulta de la capacidad o incapacidad de responder a los problemas surgidos en el periodo precedente que, en España, desgraciadamente, casi siempre se liquidó mediante la violencia, el revanchismo y la incapacidad de reconciliar a unos y otros en un proyecto común y mejor para todo el conjunto.

            Dicho lo anterior, nada que objetar a las necesarias reformas que precise nuestro Estado de Derecho para responder con mayor eficacia a los problemas ciudadanos que, surgidos o agravados por la crisis, siguen siendo, en todo caso, infinitamente inferiores a los que padecimos durante la dictadura franquista. Si entonces se trataba de poner punto y final a la dictadura para sustituirla por el Estado de Derecho, ahora sólo se trata de reformarlo para que funcione mejor. Si entonces se trataba de acabar con una legalidad ilegítima para sustituirla por una legalidad legítima y democrática, ahora se trata simplemente de hacer los retoques necesarios para mejorarla. Si entonces, para evitar riesgos innecesarios y males mayores, optamos por el reformismo frente a un incierto y peligroso rupturismo, ahora, cuando el marco legal democrático –surgido de dicho acuerdo mayoritario- permite las más profundas reformas, carece de sentido  apostar por rupturas y reivindicarlas al margen del mismo. Por tanto, la principal y prioritaria reforma ha de ser la exigencia inexcusable del acatamiento a la legalidad, pues gran parte del deterioro progresivo de nuestro sistema democrático obedece a la permisividad de hechos y comportamientos antidemocráticos, incluso desde las instituciones, desacatando impunemente la legalidad sin respetar las reglas de juego, cuyo acatamiento es la condición básica para la supervivencia democrática. Y así, una vez reforzada la esencia del Estado de Derecho con esta prioritaria reforma, que casi nadie está dispuesto a afrontar –a las pruebas me remito-, hay que priorizar las demás –tanto las legislativas como las institucionales-, comenzando por aquellas que incidan más directamente en la salida de la crisis, principal obstáculo para el desarrollo del bienestar ciudadano, y en la mejora del ineficaz entramado político-institucional, principal fuente del derroche y despilfarro del dinero público.

            Pero, a diferencia de la Transición, ahora cada cual va a lo suyo. Ni acuerdo en las medidas tendentes a finiquitar la crisis, ni acuerdo en las reformas para poner las instituciones realmente al servicio de la ciudadanía. Al contrario, cada uno exhibe su receta particular y concreta del sector que lo está pasando peor, incitándole a actuar al margen de la ley para conseguir sus legítimas aspiraciones. No se trata de buscar solución a sus problemas de forma razonable y dentro de lo posible; se trata de romper con el sistema que, heredero del franquismo según ellos, es antidemocrático y por tanto hay que sustituirlo por su modelo imaginario que ineludiblemente ha de ser republicano y federal. Es lo urgente, lo imprescindible para que todo lo demás funcione, pues, de no ser así, ni cabe la libertad ni el progreso y, por tanto, es tan sencillo como sustituir “Monarquía Constitucional y Estado Autonómico” por “República Federal” -supongo que “Española”- y todo arreglado. Además, las nuevas generaciones que, obviamente, no pudieron refrendar este caduco sistema semifranquista –así se lo venden- legitimarían por fin –supongo que hasta la siguiente generación- un auténtico marco de libertades que les permitirá desembarazarse de la losa opresora en la que viven ahora. Con argumentos tan irreales e inconsistentes (basta comprobar que no sólo hay libertad y progreso en las Repúblicas Federales, ni refrendan su sistema político de vez en cuando para que las nuevas generaciones lo legitimen o lo sustituyan por otro) se postergan las reformas necesarias y se priorizan los debates superfluos, que nada aportan a la solución de los problemas reales, sino que generan nuevas incertidumbres y elementos de división en una ciudadanía maltrecha que busca agarrarse a un clavo ardiendo. Son las prioridades y los métodos de los intransigentes que, desde la libertad conseguida con la Transición, que tanto denostan y denostaron, reavivan el debate, convertido ya en falso dilema, entre “reforma o ruptura”, que tanto nos hizo dudar entonces, sin reparar que hoy ni siquiera cabe la duda, pues la ruptura con un sistema democrático sólo puede conducir al autoritarismo, en el mejor de los casos, y siempre al empeoramiento de la situación. Es obvio que, para algunos, cuanto peor, mejor. ¿Lo es también para la mayoría? Parece que, de momento, no.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena