RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

                        La jueza Mercedes Alaya, recuperada de su baja laboral temporal, ha vuelto a su trabajo con energías renovadas, dando un importante empujón a la investigación sobre los EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía. La convergencia mediática temporal con el caso de los papeles de Bárcenas, de su vinculación o no a la trama Gürtel y la supuesta financiación del PP, con las ITV de Oriol Pujol, con el Instituto Nóos de Urdangarín o con el caso campeón de Blanco, entre otros asuntos de menor relieve, ha generado una alarma social en la opinión pública sin precedentes. La gente ya está hasta las narices de esta corrupción sistémica instalada en nuestra sociedad; pero aún lo está más del trato mediático que se le da, sobre todo en los medios audiovisuales, que, como si se tratara de un “programa basura” más, convierten en frívolo espectáculo lo que debiera tratarse con rigor, seriedad y responsabilidad. Cada uno de los casos de corrupción aparece en dichos medios como un asunto opinable y discutible, dosificado en una serie de tertulias en las que cada participante manipula la información a su antojo mientras que el juzgado de turno intenta esclarecer los hechos concretos y las responsabilidades pertinentes de cada uno de sus respectivos autores. Entretanto, los ciudadanos, a pesar de este tsunami desinformativo y manipulador, cada vez son más conscientes de que, al margen de la responsabilidad penal que se pueda demostrar en cada caso, se requiere una responsabilidad política, que en otros países existe y aquí no, entre otras causas, porque dichos tertulianos a sueldo, pretenden generar en la opinión pública –y a veces lo consiguen- una cierta tolerancia hacia conductas absolutamente repudiables en vez de posicionarse en contra de forma unánime y firme en todas y cada una de ellas. Este derroche de frivolidad mediática, mezclando información y opinión, para manipular la dimensión de los hechos que paralelamente investiga un juez y presentarlos a la opinión pública según les conviene, provoca un perjuicio social casi tan grave como los presuntos delitos investigados.

            La exigencia de responsabilidades políticas –las penales ya se verán- no   pueden venderse como “cacerías contra Griñán” o ataques al PP, a Cataluña o a la Monarquía, por más que sea lo que pretendan algunos, sino como el precio que, al menos, por su manifiesta incompetencia, deben pagar quienes en el marco de su responsabilidad permitieron, por acción u omisión, la proliferación de actividades delictivas de personajes como Guerrero o el sindicalista Lanzas, Bárcenas, Pujol o Urdangarín. Si todos ellos actuaron durante años de forma fraudulenta es porque algún personaje de ámbito superior competencial hizo dejación de su responsabilidad y, como mínimo, se lo permitió. Discutir por qué lo hizo o buscar excusas a su proceder es irrelevante. Lo esencial es que, ante su evidente incapacidad en el ejercicio de su responsabilidad, se le exija unánimemente la dimisión de su cargo. Por eso, plantear en serio la exigencia de responsabilidades políticas en este circo mediático, cuando hasta las responsabilidades penales investigadas son tergiversadas con grandes dosis de cínica parcialidad, es como pedir peras al olmo.  

            Se mire como se mire, el caso de los EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía, como otros tantos casos, una vez esclarecidas las responsabilidades penales de los imputados, debiera tener además consecuencias políticas en quienes durante más de diez años no se enteraron o no quisieron enterarse del destino incorrecto que sus subordinados hacían del dinero público que los ciudadanos les habían confiado para su correcta administración. Si quienes se lo llevaron calentito, enriqueciéndose indebidamente o enriqueciendo de forma arbitraria a sus clientelas familiares o ideológicas, han de pagar las culpas que en sede judicial se impongan –entre las que debiera estar además la devolución de las cantidades malversadas-, quienes, mirando hacia otro lado o viéndolo de reojo, no hicieron nada para impedírselo debieran, como mínimo, merecer el repudio social generalizado, quedando inhabilitados -si no de derecho, al menos, de hecho- para seguir ejerciendo la representación política. Es lo que sucede en cualquier país normal. Por eso en dichos países se conjuga el verbo dimitir. Aquí sucede todo lo contrario y, por ello, los partidos políticos no tienen reparo alguno en incluir en sus listas a personajes de dudosa honradez, incluso imputados, o nombrarlos para cargos, incluso más importantes que los anteriores. Saben que no pasa nada; al contrario, la experiencia les dice que, finalizada la representación circense, pueden incluso aumentar el apoyo electoral en los siguientes comicios. Sin un código ético para ejercer la actividad política y sin un reproche social generalizado ante las malas prácticas, exigir responsabilidades políticas en este país es como entretenerse en debatir sobre el sexo de los ángeles.

Pero, si, de entrada, la ciudadanía es la responsable por seguir apoyando a los partidos que actúan de forma tan indecente, no es menos cierto que los verdaderos culpables, además de dichos partidos, son quienes de forma arbitraria actúan como agentes propagandísticos de la corrupción ante la opinión pública, minimizándola o maximizándola según les conviene, en vez de condenarla de forma unánime y sin paliativos para generar sin fisuras una progresiva conciencia social de rechazo absoluto a estos comportamientos indeseables, en vez de generar un asqueo colectivo hacia la actividad política que, a corto plazo, beneficia a los sinvergüenzas frente a los políticos honrados y, a largo plazo, perjudica a todos los ciudadanos. De momento, ya podemos darnos con un canto en los dientes si, al menos, se depuran las responsabilidades penales, las políticas, con estas mimbres, están a años luz de ser depuradas.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena