La
Sexta daba la noticia a bombo y platillo. Una joven inmigrante, hondureña, ha
sido dada de alta médica forzosa sin cerrarle el cráneo por carecer de tarjeta
sanitaria. Es el titular. Al difundir la noticia en horario de gran audiencia,
muchos hogares españoles se escandalizan ante tan inhumano suceso. No se trata
de una de esas barbaridades que desgraciadamente se cometen en algún país
subdesarrollado y, por tanto, a medida que la noticia se detalla la indignación
crece a ritmo desenfrenado. En efecto, se emite un reportaje en que una joven,
María Concepción Amaya, acompañada por su hermana, explica que, tras ser
operada en el Hospital General Universitario de Valencia, le han dado el alta
médica dejándole el cerebro casi al aire libre, sólo bajo la frágil protección
del cuero cabelludo, ya que, tras comprobar dicho hospital que no tenía la
correspondiente tarjeta sanitaria y que era una inmigrante “sin papeles”, se niega
a colocarle el hueso craneal. “¡Se puede ser tan majaderos!”, es mi reacción
momentánea, como, supongo, la de miles y miles de ciudadanos, renegando contra
el gobierno por permitir que se actúe tan inhumanamente, contra los recortes en
los servicios básicos hasta tal extremo, contra la UE que los exige para
equilibrar el déficit y, en general, contra tanta injusticia e inhumanidad
generalizada.
La
sorprendente noticia de la Sexta va de boca en boca y dispara las redes
sociales. Crece como una bola de nieve con el paso de las horas y protagoniza
los corrillos y las conversaciones. Incluso algún nostálgico comenta que ni en
la época franquista se cometían tamañas barbaridades ya que existía la beneficencia.
Por si fuera poco, el gran Wyoming, en el programa “El Intermedio”, con el
estilo que le caracteriza, arremete contra el gobierno y sus recortes,
acusándole de liquidar la sanidad pública. “Tanto cuidadito con el cerebro,
para que lo necesitas si puedes llegar muy lejos sin él, basta con mirar el
Consejo de Ministros” le dice a su compañera de programa que, tras reiterar la
noticia, se dispone a sacar una cámara a la calle para pulsar la opinión de los
transeúntes a quienes el suceso se les presenta como sucedido en Marruecos y
tras las respuestas (“espeluznante”, “una barbaridad”, “aquí tenemos la mejor
sanidad del mundo” o “impresionante en el siglo XXI”) se les desvela que ha
sucedido en España, respondiendo los entrevistados que es “penoso”, “muy
triste”, “alucinante que pase aquí”, “increíble”, “lo decís vosotros pero a mí
me cuesta creerlo”, “una barbaridad y aquí peor todavía”, “esto no puede seguir
pasando” o “no me lo puedo creer”. En efecto, el asunto es mucho más grave que
la escasa capacidad cerebral adjudicada por el presentador al Consejo de
Ministros; se puede ser corto de mollera pero buena persona. Se certifica
definitivamente la anunciada muerte de nuestro Estado del Bienestar. Lo
sucedido es típico de países tercermundistas. Es la triste realidad que nos
toca vivir.
Sin
embargo, dos días después, el citado Hospital hace un desmentido mediante un
comunicado en el que manifiesta que la paciente fue atendida de inicio en
urgencias e ingresada en Neurocirugía “sin tener en cuenta su situación de
aseguramiento”, que han utilizado “todos los medios disponibles” y siempre han
actuado según los protocolos clínicos, que ha estado ingresada más de un mes e
intervenida en dos ocasiones por Neurocirugía, practicándole varios TAC, RM cerebral
y arteriografía de carótidas, que ha recibido fisioterapia y rehabilitación
durante su estancia, que finalmente se le dio de alta cuando su situación
clínica lo permitió y citada a consultas externas para el seguimiento y control
evolutivo, que se le ha solicitado el TAC de control para valorar “si se dan
las condiciones que permitan realizar la craneoplastía”, es decir, la
reposición del hueso craneal extraído cuando se operó, ya que las guías de
práctica clínica establecen que ha de transcurrir un tiempo de “al menos 6
semanas a 3 meses desde la intervención quirúrgica para poder realizar la
craneoplastia”. Por todo ello, el Hospital exige “la contundente y rápida
rectificación de los medios que han dado pábulo a esta noticia y han actuado
como caja de resonancia de la misma”.
La Sexta acaba de
anunciar la existencia de dicho comunicado. Menos mal. Pero el daño ya está
hecho. Para mucha gente que, lamentablemente, no hace un seguimiento mediático,
que se informa por el boca-oído, de gran repercusión en casos de tan aberrantes
noticias, en España dejan a medio operar a quienes no tienen medios para
pagarlo si dicha circunstancia se descubre durante la intervención quirúrgica,
aunque la consecuencia sea dejarles el cerebro directamente bajo el cuero cabelludo.
Si lo descubren antes de iniciar la intervención, directamente les dejan morir.
Es la imagen que queda en la memoria de mucha gente. Y en el exterior. Es la
consecuencia del irresponsable proceder de un medio de comunicación al no
contrastar la veracidad de las noticias que emite, sobre todo, si son
susceptibles de generar tan alarmante repercusión social. Es obvio que alguien
ha cometido graves irresponsabilidades y los ciudadanos tenemos derecho a saber
si ha sido el Hospital, La Sexta o la señora Amaya. Alguien está mintiendo y
con ello, generando una alarma social innecesaria que, tal como está el patio,
supone añadir mayores dificultades para salir del atasco. De ser la Sexta, la
señora Amaya, o ambas, el Hospital debe exigir responsabilidades por el daño
causado. Y el fiscal por los perjuicios a la ciudadanía. De ser el Hospital,
debe ser demandado por la señora Amaya y por la autoridad competente ante su
inhumano proceder. Lo inaceptable es que tamañas irresponsabilidades por parte
de alguien, de quien sea, queden saldadas con un tímido “lo siento” en el mejor
de los casos.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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