A LA GRESCA CON EL DÉFICIT AUTONÓMICO

                        Las CCAA, entre ellas y con el Gobierno Central, andan a la gresca con el objetivo de déficit autonómico, sin que se vislumbre un acuerdo satisfactorio para todos. Es bien sabido el esfuerzo que viene realizando España para reducir su excesivo déficit que, según el Programa de Estabilidad 2011-14, fijaba el objetivo de situarlo en un 3% del PIB en 2013, atendiendo las recomendaciones del Consejo de la UE. Su distribución quedó en el 1´7 % para la administración central, el 1´1% para las CCAA y el 0´2% para los ayuntamientos, pero las posteriores previsiones económicas a la baja de la UE lo relajaron alargando el plazo para lograrlo hasta 2014 y permitiendo para el conjunto de España un techo del 4´5% para 2013. Y aquí empieza la polémica. El gobierno Rajoy no traslada dicha relajación a las CCAA en la nueva distribución, sino todo lo contrario (0´7%, frente al 1´1% anterior), reservándosela con creces para la administración central (3´8%, frente al 1´7% anterior) y dejando a los ayuntamientos el 0´0%. Es decir, mayor esfuerzo autonómico y mayor relajación para la administración central, aunque, ante las malas perspectivas de recuperación económica, el propio gobierno fija después el déficit de las CCAA en el 1´2% frente al 0´7% inicial. Este primer motivo de discrepancia con el gobierno de Rajoy, no está exento de razón por parte de las CCAA, pues no parece razonable su criterio a la hora de repartir la relajación del techo de déficit concedida por la UE para 2013 (del 3% al 4´5%), al exigir a las autonomías un esfuerzo de consolidación desproporcionado y hacer lo contrario con la administración central. Lo razonable es que ese diferencial del 1´5% del PIB para el conjunto de España, no sólo repercuta en un menor esfuerzo del previsto inicialmente para la administración central, sino que también lo “disfruten” las CCAA, que, de entrada, han de conseguir el 1´2% de su PIB.

Pero, si a lo anterior se añade el diferente comportamiento de las distintas CCAA en el ajuste del déficit previsto en 2012, la polémica está absolutamente servida con todo tipo de argumentos. En efecto, España, a pesar del ingente esfuerzo realizado, cerró el año 2012 con un 6´7% de déficit frente al 6´3% pactado con Bruselas (4 décimas más de lo previsto). Para la administración central más la Seguridad Social se previó el 4´5%, para las CCAA el 1´5% y para los ayuntamientos el 0´3% restante; sin embargo, sólo éstos con un 0´2% consiguieron superar el objetivo, pues ni la administración central-SS, con un 4´8%, ni las CCAA, con un 1´7%, lo consiguieron. Y aquí está el segundo motivo de la discordia que, al fin, es la madre del cordero, pues el asimétrico resultado de las CCAA en el ajuste del déficit en 2012, más la citada desviación global del 0´2% (al conseguir el 1´7% en vez del 1´5% previsto), coloca a las CCAA en un desigual punto de partida respecto al objetivo de déficit para 2013. Mientras ocho de ellas cumplieron con holgura en 2012 el objetivo del 1´5%  de su déficit, situándolo incluso por debajo del mismo (Extremadura, 0´6%; Asturias y La Rioja, 1%; Madrid y Cantabria, 1´1%; Galicia y Canarias, 1´2%; Navarra, 1´3%) y otras cuatro también lo consiguieron (País Vasco y Castilla-León, 1´4%; Aragón y Castilla-La Mancha, 1´5%), las cinco restantes lo incumplieron con amplitud (Baleares, 1´8%; Cataluña y Andalucía, 2%; Murcia, 3%; Comunidad Valenciana, 3´4%). Y, son éstas, precisamente, las que, obligadas obviamente a un mayor esfuerzo para conseguir el objetivo de déficit en 2013 (0´7% o 1´2%, que es lo probable), plantean que se les permita incluso un techo de déficit mayor. Es decir, que se haga una distribución asimétrica del mismo para suavizar el tremendo sacrificio que, en todo caso, habrán de realizar hasta el 2015. Una especie de “déficit a la carta” que, en caso de concederse sin más, penalizaría a las CCAA cumplidoras y premiaría a las incumplidoras en la consecución del objetivo.

Iniciado el conflicto por el independentista Artur Mas -quien, una vez más, lo plantea como un nuevo conflicto con España-, al reclamar a Rajoy para Cataluña un techo de déficit para 2013 como mínimo del 2´1% (mayor que el conseguido en 2012 y que el previsto para el conjunto de las Autonomías), el asunto hubiese quedado como un nuevo conflicto bilateral Cataluña-resto de España, pero se ha convertido en una gresca global, pues las cuatro comunidades restantes que, como Cataluña, no ajustaron su déficit en 2012, hacen causa común con los nacionalistas catalanes y, como entre ellas, las hay gobernadas por socialistas, como Andalucía, y populares, el guirigay está servido. La variable cumplidor-incumplidor con el déficit trasciende cualquier otro principio político o ideológico que, con más o menos virulencia, pone en evidencia la discrepancia entre los nacionalistas, entre los socialistas y entre los populares, según pertenezcan a una comunidad con el déficit ajustado o disparado en 2012, a la hora de criticar o no las tesis del gobierno central. Desde el “no pagaremos delirios soberanistas” del popular castellanoleonés De Santiago, hasta “el café para todos sería injusto” del socialista andaluz Griñán, pasando por silencios cómplices y otras exhibiciones argumentales, más o menos oportunas, en favor o en contra de las tesis de Montoro, lo razonable es que, si, por pura necesidad, se concede un trato asimétrico del problema –como la UE ha hecho con España- se exijan las contrapartidas pertinentes para evitar lo que, según Monago, provocaría “más gasto descontrolado”, premiando a las CCAA con gobiernos despilfarradores en vez de “tener una atención especial con las que han cumplido” como defiende Urkullo entre otros. Es fácil de entender. Ante la necesidad, cualquier trato de privilegio, exige un control inmediato por parte de quien lo otorgue, para evitar que el beneficiario se permita el lujo de priorizar sus delirios, no sólo los soberanistas, relegando las urgentes y verdaderas necesidades de los ciudadanos. Lo contrario es mantener la irresponsabilidad que nos ha conducido a este callejón sin salida.

Nota: Acaba de aparecer la noticia de que el Ejecutivo Comunitario acaba de proponer nuevas relajaciones para que ajusten el déficit siete países, que, en el caso de España quedaría en el 6´5% para 2013 (5´8%, 2014; 4´2%, 2015 y 2´8” en 2016), incluso dos décimas más que el 6´3% que pedía Rajoy y dos puntos más que el objetivo del 4´5% anterior. Dicha relajación, obviamente, va acompañada de una serie de recomendaciones y exigencias de control que, tal como planteo en el artículo, pretenden garantizar con seriedad el cumplimiento de los objetivos, entre ellos, la puesta en marcha del nuevo Consejo Fiscal Independiente y la mejora de la eficacia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para controlar el gasto de las CCAA. ¿Hará lo propio el ejecutivo español para zanjar la gresca autonómica? Es lo que espera la UE del señor Rajoy.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena