Es de sentido común y de escrupulosa exigencia democrática que las cesiones de competencias constitucionales del Estado, en caso de que se concedan a cualquiera de las CCAA, deben contar en principio con un amplísimo consenso parlamentario en las Cortes Generales y ser acompañadas por un respaldo argumental consensuado sobre la necesidad imperiosa de dichas cesiones para justificar que las mismas no atentan contra nuestra Constitución y que lo que pretenden es mejorar el funcionamiento institucional del Estado. En definitiva, todo lo contrario de lo que en estos últimos años se viene haciendo en España, al utilizar las citadas cesiones como moneda de cambio para obtener los votos de los partidos separatistas y gracias a ello mantenerse el Gobierno en el poder lo que convierte la cesión de competencias estatales a las CCAA en un maniobra intolerable y peligrosa para la estabilidad democrática de nuestro Estado de Derecho. Lamentablemente es bien larga la lista de cesiones de competencias del actual Gobierno a las CCAA, especialmente a la Generalitat de Cataluña, por la necesidad que Sánchez tiene de los siete votos en el Congreso con que cuenta el prófugo Puigdemont, lo que convierte al fugado de la Justicia en el verdadero protagonista de la gobernabilidad (o ingobernabilidad) del actual Estado Español, diseñado en nuestra Constitución, mientras Junts, su partido, proclama su objetivo de finiquitarlo mediante la repetición de su unilateral proclamación de independencia de Catalunya, que llevó a prisión a la cúpula de Junts (y de ERC) y a la fuga de la Justicia al propio Puigdemont y alguno más, a pesar de que Sánchez, contra lo que proclamaba en campaña, dando un giro radical a sus promesas electorales, se sacó de la manga una controvertida amnistía sin exigirles a ninguno de ellos ni siquiera una mínima rectificación, no ya a renunciar a su proyecto secesionista, sino ni siquiera a la renuncia de que lo intentarán siempre conforme a la legalidad emanada de nuestra Constitución, lo que, al menos, convertiría al partido secesionista en merecedor de ser tenido en cuenta para conformar alianzas políticas de cara al futuro, ya que, en las circunstancias actuales debiera ser considerado por todos los demócratas como una organización proscrita, aunque legal, salvo que renuncie al proyecto secesionista unilateral y al margen de la Constitución. Sin embargo no es así y el chalaneo permanente sigue desmantelando nuestro Estado de Derecho por la vía de cesiones competenciales esenciales diseñadas constitucionalmente como exclusivas del Estado Central, asunto que respetan especialmente incluso los Estados Federales, que no es el caso de España. Lo intolerable es que Moncloa y Junts (es decir, Sánchez y el prófugo) sigan negociando, como en casos anteriores, sortear la Constitución, para encajar como sea la cesión competencial de la inmigración a la Generalitat que exigen los secesionistas, cuando ya la sentencia del TC del Estatut la negó. Junts exige que Cataluña tenga el poder para expulsar inmigrantes y el prófugo insiste en pedir a Sánchez que los Mossos adquieran las facultades en el control de fronteras y arrebatar los trámites de documentación a la Policía al pedir “que la Generalitat tenga la última palabra” (es decir, que sea la que decide), mientras el Gobierno se niega de momento a concederlo y prepara un informe jurídico que lo respalde….¡cómo si los informes jurídicos le importaran a los secesionistas totalitarios!
Lo intolerable es que Sánchez y
Puigdemont se sigan prestando a seguir mareando la perdiz mientras desmantelan
el Estado de Derecho vaciando de competencias al Gobierno central que cada vez
tiene menos presencia en autonomías como Cataluña o el País Vasco, donde los
antiguos partidos nacionalistas, pero constitucionalistas, se han mutado en
secesionistas anti-constitucionalistas y, por tanto, hostiles al actual Estado
de Derecho Español, al que pretenden liquidar como sea. No en vano los
sindicatos policiales denuncian que “están dejando morir a la Policía y a la
Guardia Civil en Cataluña” ante la presumible cesión competencial citada como
colofón de otras tantas cesiones anteriores, siendo obvio que Sánchez y el
separatismo, aliados y socios, desdibujan a las Fuerzas de Seguridad del Estado
a nivel nacional para potenciar a las autonómicas, en este caso a los Mossos
d´Esquadra….y no son opiniones, son hechos: Cataluña ha perdido 600 guardias
desde 2017 y dejan de reponerse 300 policías cada año (si esto no es desmantelar
el Estado actual que venga Dios y lo vea). Si a ello se añade, en caso de ser
cierto, que desde el propio Ministerio de Interior, según se publica (y si no
es cierto, hay que exigir un desmentido urgente), Marlaska, retrasó el envío de
personal de rescate a Valencia cuando la dana, el asunto es gravísimo….no en
vano, desde el Grupo de Montaña de la Guardia Civil narran que “en vez de
mandarnos a salvar vivos nos enviaron a buscar muertos”.
Pero es que además, el Gobierno
utiliza el BOE y, exageradamente el recurso al real-decreto, para soslayar su
manifiesta minoría parlamentaria, al extremo de modificar una ley aprobada en
el Parlamento sin tener que consultar a las Cortes Generales (según Sánchez, se
puede gobernar “con o sin apoyo” del Parlamento), ¡claro que se puede gobernar
(o desgobernar) sin el apoyo del Parlamento!, que le pregunten a Hitler,
Franco, Maduro o Fidel Castro…. El caso es que, aunque letrados de ambas
Cámaras advierten del peligro de que el Ejecutivo extienda esta práctica para
introducir lo que se quiera, en una decisión sin precedentes, como pasa con
otras decisiones en los últimos años, el Gobierno ha enmascarado como una
“rectificación de errores” en el BOE un cambio de fondo en una Ley aprobada por
el Parlamento: en concreto, lo que al Ejecutivo le parece una simple errata es
en realidad un gran olvido con impacto presupuestario en nada menos que la
modificación de un anexo donde se regula la retribución de jueces y fiscales.
Y entretanto prosigue el espectáculo
de la corrupción, pues cada día que pasa se complica el asunto un poco más. El
juez del caso imputa a la asesora de Begoña Gómez y rastrea sus llamadas, pues
quiere saber con qué patrocinadores y empresas habló Cristina Álvarez para
favorecer las actividades privadas de su amiga y jefa Begoña, la esposa del
Presidente (ascendida por Patxi López a “presidenta del Gobierno”). Y mientras,
al menos, tres causas de corrupción acechan ya con cierta solvencia al entorno
del Presidente Sánchez apuntando a Moncloa (dos juzgados indagan los nexos con
asesores del Gobierno, y el “caso Koldo” lleva a vínculos del PSOE sanhista,
mientras el juez Peinado acota todas las gestiones que llevó a cabo la asesora
para los asuntos privados de Begoña), se van conociendo más datos y detalles
sobre las aventuras de Aldama y sus relaciones con altos cargos del Gobierno,
entre ellos el mensaje del empresario que dejó al ministro Ábalos tras dejar
éste Fomento, con un escueto “es importante que hablemos por el bien de todos”,
y la respuesta del entonces número dos de Sánchez “estaré en casa”, dejando
claro que Aldama exigió a Ábalos mantener una reunión privada en octubre de
2021, tras haber tenido una disputa con su asesor Koldo, y el ex ministro le
indicara el lugar, su casa de Madrid, después de que Aldama advirtiera a Ábalos
“no voy a seguir aguantando comentarios y mentiras que no son” y le insistiera
en verse “los dos solos”, emplazando al ministro en su propio domicilio. Ya
ven, más bien parece un episodio del cuento Alí Babá y los cuarenta ladrones que el proceder de un
Ministro en su cotidiana gestión gubernamental.
Así las cosas, los partidos andan
revueltos y preocupados en medio de este ambiente enrarecido. En el PP los
barones, pese a que apoyan su cambio de opinión sobre el decreto “minibús” de
Sánchez-Puigdemont, piden un revulsivo a Feijóo pues “no podemos esperar que el
poder nos caiga del cielo” y piden que explique más su posición, mientras
Sánchez lanza al PSOE madrileño contra Ayuso, asegurando en Madrid que “no
tenemos a la internacional ultraderechista; sino a la multinacional
ultraderechista” en tanto que su digitalizado Oscar López para mandar en el
socialismo madrileño ni mencionaba al defenestrado Lobato, pero prometía que
ganará las elecciones en 2027, con el convincente argumento de que “esto es el
PSOE; la izquierda que gana” y “cuando este partido quiere, este partido gana”
(en fin, sin comentarios, pero me cuesta creer que el PSOE de Madrid lleve más
de treinta años sin querer ganar en la Comunidad de Madrid), en tanto que
Feijóo contesta a las críticas de falta de liderazgo que le hace la izquierda
con un “de momento no me da órdenes nadie”, promete a los barones más
iniciativa contra Sánchez con un “no vamos a estar quietos” y se reivindica
ante la Junta Directiva porque “somos la única oposición”. Por su parte en Vox
García-Gallardo se suma a la lista de disidentes y deja la portavocía del partido
en Castilla y León tras negarse a firmar la expulsión de dos procuradores
críticos con la dirección nacional a la que él ahora, como “afiliado raso”,
acusa de falta de lealtad y de no admitir discrepancias. Así y todo, según
40DB, Vox, con el 14´2% de votos, lograría su máximo desde las últimas elecciones
mientras caen PSOE y PP, pues los socialistas obtendrían un 28´4% (3´3 puntos
menos) y los populares un 32´6% (medio
punto menos), Sumar subiría ocho décimas (aunque se deja casi 6´5 puntos) y
Podemos se sitúa en el 3´4%..... y, según SigmaDos, más de la mitad de los votantes
del PSOE quiere que Sánchez se someta a la cuestión de confianza, y el 58´8% de
los encuestados pide “no ceder más ante los socios de investidura y convocar
elecciones”. Ya ven, me temo que para ganar en las urnas se requiere algo más
que ese “querer ganar” del que habla Oscar López.
Y en asuntos económico-laborales,
destacar que la calle hace el vació a la protesta de UGT y CCOO contra el PP
(no contra el Gobierno) por el decretazo ómnibus, un ridículo sindical espantoso,
cuando en el mercado laboral de Sánchez dos de cada tres contratos tienen fecha
de caducidad, cuando el mercado laboral acaba de destruir 242.000 empleos en
enero tras la campaña navideña y cuando 1´3 millones de “ocupados” buscan otro
empleo para sobrevivir; en todo caso, sin consenso social alguno, el Gobierno,
con acuerdos sólo de los sindicatos, acomete la reducción de jornada laboral a
37´5 horas semanales, aunque tendrá que afrontar una incierta tramitación en el
Congreso, pues dicha reducción, según estudios, costarán 24.000 millones a las empresas, mientras Yolanda Díaz castiga
a las Pymes (las más vulnerables de las empresas y mayoritarias en España) sin
ayudas públicas para adaptarse.
Por lo que se refiere a otros asuntos
citar que Rueda advierte contra la quita de la deuda porque “es ruinoso para
Galicia”; que Jenny Hermoso declara que el beso de Rubiales le dio “asco” y la
Fiscalía acusa al actual seleccionador De la Fuente de mentir sobre el “caso
Rubiales”; y que Economía eleva la previsión de crecimiento en España en el
2´6% en 2025.
Y del exterior destacar que un individuo mata a tiros a diez personas en una escuela de adultos en Suecia; que decenas de miles de alemanes se manifiestan en Berlín para exigir a la CDU un distanciamiento con la ultraderecha de Alternativa para Alemania; que la OTAN pide a la UE que gaste en Defensa más del 2%; y que Trump sigue a lo suyo: exige que 1´5 millones de palestinos salgan de La Franja, concede una prorroga a Méjico y Canadá en imponerle aranceles a cambio de que defiendan de delincuentes y migrantes las fronteras con EEUU, que China denuncia ante la OMC los aranceles de Trump y promete “contramedidas”….y, en definitiva, que Trump descoloca el comercio global y finiquita la mayor red de cooperación del mundo.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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