UNA ESPAÑA CAÓTICA

                         La intromisión de otros poderes del Estado en la Justicia, entorpeciendo permanentemente el trabajo de jueces y fiscales, y el desencuentro patológico del Gobierno con la oposición en temas fundamentales de Estado, provoca que asuntos que podrían llevarse por vía política se lleven por vía judicial politizada, conformando una España caótica, judicializada e irrespirable en que además la corrupción lo invade todo. En este ambiente ya no importa consensuar amplios acuerdos parlamentarios en temas esenciales que exigen amplias mayorías (lo que, dado el resultado electoral, exige un acuerdo PP-PSOE), pues lo que realmente importa es ver si cediendo a chantajes de partidos minoritarios, muchos de ellos de dudosa constitucionalidad, se consigue conformar una ramplona mayoría aritmética que permita sacar adelante como sea y a duras penas el coyuntural asunto del momento para salvar los muebles, dando paso así a un Gobierno secuestrado que, para colmo, anda envuelto en una serie de presuntos casos de corrupción, algunos bien escandalosos, y que, al margen de que la investigación judicial pueda demostrar o no su reproche penal, suponen un preocupante desprestigio político, dados los comportamientos de sus protagonistas poco transparentes, nada ejemplares y contradictorios, al extremo incluso de generar la sensación de que el veredicto dependerá de la ideología que tenga el juez o magistrado de turno y no de si los hechos investigados se ajustan a la legalidad o no. En definitiva, una España caótica con una Justicia politizada o una política judicializada (como prefieran) que atenta contra los principios básicos del Estado de Derecho democrático y contra los principios constitucionales de igualdad, solidaridad, unidad y autonomía (que no independencia). Así las cosas, el caso más escandaloso, el del Fiscal General, incluso puede atentar contra los más elementales principios del Estado de Derecho, pues su imputación es insólita en democracia y, en caso de darse, requiere la inmediata dimisión o cese del titular…. pero aquí no, pues la Fiscalía del Supremo hace un duro alegato contra el juez Hurtado, que investiga a García Ortiz, el actual Fiscal General, arremetiendo la Teniente Fiscal María Ángeles Sánchez Conde contra la instrucción en la causa del Fiscal General, su Jefe, por revelación de secretos  e incluso cuestiona la constitucionalidad de sus decisiones considerando “desproporcionado” e injustificado el registro del despacho de García Ortiz, quien, curiosamente, aseguró al juez instructor que borró “por imposición legal” su móvil con “datos ultrasensibles” y justificó su reacción contra el novio de Ayuso por una previa noticia que “negó tajantemente” y ahora admite como cierta. La rotunda respuesta de García Ortiz al juez instructor es “no puedo darme el lujo de que mi móvil llegue a terceros” y añade que es “impensable” que se registre el despacho de un Fiscal General. ¿Está diciendo García Ortiz que su despacho es inexpugnable para el juez que investiga un presunto caso de corrupción y al efecto busca las pruebas que clarifiquen los hechos? Me temo que el sentido común y la legalidad avalan el registro de cualquier lugar por parte de un juez instructor, siempre que lo haga ajustado a derecho y conforme a la ley y los procedimientos establecidos, y, en caso contrario, lo procedente es demandar formalmente al citado juez para corregir su error en vez de cuestionar su trabajo, como ya viene siendo habitual en España, desacreditando con ello a la judicatura en general en vez de corregir el presunto error puntual que, como cualquier otro ciudadano, pudiera cometer en el desempeño de su labor. Si la instrucción del juez es legal o no, es lo esencial; si lo es, no cabe hablar de “desproporcionalidad”, que es una apreciación subjetiva, y, si no lo es, demándese en tiempo y forma al presunto infractor en vez de extender una nebulosa intencionada para entorpecer el esclarecimiento de la verdad, lo que, siendo malo si se hace desde la política, es perverso si se hace desde las propias instituciones de la Justicia o del Estado.

            No obstante y en semejantes circunstancias la Justicia se abre paso como puede, mientras el renovado CGPJ, politizado hasta las trancas, es incapaz de acordar un nuevo sistema de elección de sus vocales y enviará al Congreso dos textos contradictorios; mientras el juez del “caso Pegasus” considera imposible saber quién espió a Sánchez y tres de sus ministros; y mientras Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, más politizado todavía si cabe, irrumpe por sorpresa en los recursos de los líderes del 1-O por la amnistía (decisión insólita tomada por el Gobierno de Sánchez tras uno de las múltiples cambios de opinión del Presidente, para poder seguir en el poder) y decide participar en las deliberaciones y los fallos del Alto Tribunal, pese a que en 2021 se abstuvo de intervenir en la causa del “procés”. Mientras tanto, se suceden novedades sobre otra serie de casos que afectan al entorno del Gobierno, y David Sánchez, hermano del Presidente, renuncia a su trabajo en la Diputación de Badajoz y deja el cargo tras el varapalo judicial y el demoledor auto de la jueza manteniendo su imputación y solicitando a la UCO nuevas pruebas porque “todo parece indicar que el puesto de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas se creó para él”, una renuncia que no allana su situación judicial pues a efectos penales es irrelevante, mientras la Diputación anuncia que sacará de nuevo a concurso la plaza y, ¡cómo no!, Moncloa, que con toda razón criticó en su día que Ayuso saliera a defender a su novio, se pone ahora al servicio de David Sánchez saliendo a la palestra para decir que “le están persiguiendo” (ya ven, si se investiga a uno de los tuyos es persecución, y, si es al contrario, es loable indagación para esclarecer los hechos). Y en el caso Ábalos-Koldo-Aldama y compañía, sigue el embrollo: la UCO ata el vínculo de Aldama, su socio y el proxeneta (la creación de una de las sociedades coincide con las citas con “señoritas”), mientras se conoce que el empresario “conseguidor” usó Caracas y Santo Domingo para blanquear dinero del fuel, en tanto que mensajes de la trama evidencian la creación de sociedades-pantalla en el Caribe y se presume un desvío de fondos fuera de España casi un año después de los contratos de mascarillas.

            Entretanto el Gobierno cambia los criterios de reparto de menores inmigrantes para cumplir con las exigencias de Junts y PNV, añadiendo el esfuerzo previo a los baremos de población, PIB y tasa de desempleo, que obligaban a Cataluña y País Vasco a recibir más inmigrantes que otras regiones; en definitiva un reparto de inmigrantes maquillado para excluir a Cataluña y País Vasco pactado por el Gobierno y Canarias, con el que el PP canario está de acuerdo frente al rechazo de Feijóo, mientras las CCAA del PP estallan contra este pacto sobre los menores sosteniendo que “los usan para seguir en Moncloa” con el respaldo de Puigdemont, quien, curiosamente, exige que se le ceda a Cataluña las competencias sobre inmigración. Por cierto, ante la cesión del famoso palacete de París al PNV y, como era de esperar, decenas de entidades catalanistas exigen ahora más de 700 edificios y reclaman al Gobierno un trato igual que al PNV exigiendo la titularidad de inmuebles en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, los integrantes “dels Països Catalans”. Ya ven, todo pivota en torno a las exigencias del separatismo catalán y vasco,  ya sea tanto de izquierdas como de derechas.

En cuanto a otros asuntos cabe destacar que la vivienda revienta record de 2007 pues los precios se disparan sin freno, mientras nada se acuerda sobre la okupación ilegal; que la ministra García niega un fármaco a los niños con cáncer por motivos económicos; que Yolanda Díaz quiere línea directa con Puigdemont para conseguir la reducción de jornada laboral sin interferencias del PSOE; que Aitor Esteban tiene vía libre para presidir el PNV tras la retirada de Ortuzar y frenar a Bildu; que la gran Banca española logra unos beneficios record de 31.767 millones; que Sánchez dispara la deuda de la Seguridad Social un 272% en siete años y habrá que ver cómo se resuelve semejante agujero; que la jueza pide a Mazón y a Medio Ambiente que ambos expliquen su actuación durante la dana; y que el ex jefe de la UDEF acusado de narcotráfico reclutaba a detenidos para su red de blanqueo, invirtió siete millones en criptomonedas y guardaba casi un millón en una caja de zapatos en su despacho…en fin, ¡cómo para hacer inexpugnable cualquier despacho al juez instructor, como pide el Fiscal General!.

Y mientras el cisma de la izquierda pone en alerta al PSOE, porque “si se presenta Irene por su cuenta vamos a pique” (es lo único que les preocupa), y Junts exige sanciones a los jueces para apoyar la llamada “ley Begoña” (es decir, la supresión “de la figura de la acusación popular”), García-Page, uno de los pocos dirigentes socialistas capaces de mantener discrepancias públicas con Sánchez sin ser sancionado, obviamente, gracias a sus mayorías absolutas en Castilla-La Mancha, ofrece pactos al PP frente a la vía de Sánchez de aupar a Vox para perjudicar a los populares, en concreto  plantea siete grandes acuerdos para que el funcionamiento de España mejore y exige más “normalidad” en la política, añadiendo: “llamar socios a los partidos que apoyan a Sánchez me parece demasiado obsceno”, “PSOE y PP son los únicos cuyo futuro depende de que a España le vaya bien”, “Castilla-La Mancha cumple con la intención de hacer grande a España” y “hay mucho odio a la clase política y al Gobierno; hay animadversión”. Y todo ello cuando Vox celebra en Madrid una cumbre con la ultraderecha europea y Abascal reúne, entre otros, a Orban, Le Pen o Salvini para compartir discursos contra la inmigración, las instituciones europeas y la “agenda woke”; una cumbre, la de Patriots (el partido europeo Patriotas por Europa), que es el tercero en importancia en el Parlamento Europeo, es decir, como el PSOE en la Asamblea de Madrid, mientas a Oscar López, el digitalizado jefe de los socialistas madrileños, sólo se le ocurre decir que “hay una mayoría progresista en Madrid; hay que movilizarla” ¿cabe deducir de sus palabras que los madrileños son masoquistas al dar mayorías a la derecha? ¿no será que el concepto de “progresista” del sanchismo, pactando con partidos poco progresistas, tanto de izquierdas como de derechas, y algunos de dudosa lealtad democrática y constitucional es lo que hace que en las urnas los ciudadanos les rechacen? En fin, y luego nos quejamos del preocupante ascenso de opciones ultras tanto en España como en Europa.

Y mientras Trump sigue a lo suyo y atacando al Tribunal Penal Internacional de La Haya, finiquitando el actual sistema internacional y su legalidad, me temo que se necesitará, tanto en España como en Europa, algo más que descalificaciones, demagogias e incoherencias por parte de nuestros gobernantes si queremos revertir de nuevo la preocupante situación, comenzando por consensuar políticas en vez de actuar cada uno por su lado como el Ejército de Pancho Villa, en vez de, como hace Albares, alejarse por su cuenta de la tibieza de la UE ante Trump y su gobierno, pues la política exterior será fuerte y eficaz si lo es de toda Europa y en caso contrario sencillamente no será. Y menos aún si el ministro, como es el caso, trata de imponerle a Kaja Kallas, la Jefa de la Diplomacia Europea, un diplomático afín a él frente a la “mejor candidata”, abriendo así un conflicto inédito en Bruselas (como los tantos y tantos conflictos abiertos aquí en nuestro país) que sin duda “afecta al futuro de España”….y es que Albares, quizá imitando la forma de proceder en esta caótica España, quiso frenar el nombramiento de Belén Martínez Carbonell como Secretaria General del SEAE a pesar de su “muy buen perfil” técnico, para colocar a Marcos Alonso, actual Embajador de España ante la UE y persona muy cercana a él. ¿Nepotismo como en otros tantos casos para colocar al amigo o familiar en vez de al mejor? En fin, así nos va en esta España caótica que pretende exportar su caótico modelo gubernamental y en la que, aunque la mayoría de los madrileños es progresista, según el ministro Oscar López, como son masoquistas votan lo contrario a su ideología. 

Fdo. Jorge Cremades Sena