Por
fin se atisba un halo de esperanza: PP, PSOE y Ciudadanos deciden sustituir la
LOMCE, acordando los tres partidos suspender la implantación académica de la
ley educativa y tramitar en el plazo de seis meses una nueva norma que tenga
“vocación de estabilidad” frente a los ocho modelos educativos que se han
sucedido durante la democracia (con vocación de inestabilidad e imposición,
diría yo) y que han dado el triste balance común de fracaso escolar, que para
nada se corresponde con el esfuerzo presupuestario realizado al efecto durante
todo este tiempo. El PP acepta así por primera vez sustituir la LOMCE por una
nueva ley consensuada y pone punto final a la ley más polémica que tantas
movilizaciones ha provocado en las calles al no contar con el respaldo de la
comunidad educativa que es obviamente con quién primero hay que hablar al menos
con el objetivo de asesoramiento previo con conocimiento de causa. Nadie mejor
que profesores, padres y alumnos como asesores, pues ellos son quienes desde la
trinchera educativa sufren y padecen los errores de lo legislado. Un atisbo de
esperanza para que España cuente con una Ley de Educación estable y ajena a los
vaivenes políticos del lógico turno gubernamental, pues, desgraciadamente, como
ha sucedido a lo largo de la Historia de España con sus Constituciones, que no
han sido pocas, hasta llegar a la vigente de 1978, consensuada por todas las
fuerzas políticas, las leyes educativas han arrastrado la lacra de ser
impuestas por los vencedores a los vencidos, cuando la educación de los
españoles, de todos los españoles, ha de estar muy por encima de los intereses
particulares de unos u otros ya que, como sucede con las Constituciones, son o
deben ser la más esencial garantía del futuro de todos. Bienvenido sea pues
este anuncio de acuerdo educativo con “vocación de estabilidad” que requiere
orillar los aspectos más contradictorios de unos y otros, impregnados
obviamente de posiciones ideologizadas, para aproximar lo que demanda
sencillamente el sentido común en la tarea educativa, en el difícil trabajo de
impartir conocimientos y educar comportamientos y actitudes como herramientas
indispensables para desenvolverse en la vida.
Y
ya que estamos en el capítulo de acuerdos políticos, bienvenida sea también la
reunión entre Villegas y Santamaría, es decir, entre Ciudadanos y PP, para
avanzar en un acuerdo sobre presupuestos, esperando que a dicha tarea se sumen
otros partidos, especialmente el PSOE, o que, en caso de no hacerlo, expliquen
a los ciudadanos qué alegan al respecto. Pero como todo no pueden ser buenas noticias,
cabe destacar que Ciudadanos se niega a negociar con el PP el pacto
anticorrupción, que, tras lo acaecido con Rita Barberá, los populares quieren
revisar, aunque, obviamente el Gobierno lo respetará al no tener los apoyos
necesarios para cambiarlo y simplemente apuesta por “abrir una reflexión” al
respecto; en todo caso, Rivera rechaza rebajar el citado pacto contra la
corrupción, por lo que Ciudadanos mantiene expulsar a los imputados sin esperar
al juicio oral, mientras el PP considera que habría que hacerlo precisamente en
el momento de la apertura de dicho juicio oral, aspecto menor, en todo caso, ya
que lo esencial es que todos los partidos se pongan de acuerdo en el instante
en que un imputado debe ser expulsado de su respectivo partido y debe abandonar
los cargos públicos o partidarios que tenga.
Donde
el desacuerdo parece imponerse es entre el Gobierno y los sindicatos en lo que
respecta a la reforma laboral, por lo que los sindicatos anuncian ya el primer
pulso de la legislatura; una especie de podemización sindicalista, aunque a
medias, pues Pablo Iglesias, que se suma a las marchas, pidió a Toxo una huelga
general en una reunión celebrada el día 16, pero, de momento, los sindicatos se
quedan en movilizaciones anunciadas para diciembre. Las líneas rojas puestas
por el Gobierno para el diálogo social no son pues aceptadas por los
sindicatos, lo que requiere que tanto uno como los otros expliquen con pelos y
señales de qué va el asunto para que podamos percibir los ciudadanos quién está
más cargado de razón y sensatez en este desencuentro del diálogo social que
sería muy importante en estos momentos.
En
cuanto a otros asuntos se refiere cabe citar que Urkullu explica al PSOE que la
reforma del Estatuto será constitucional, ¡menos mal!; que Carmena cierra Gran
Vía, Mayor y Atocha al tráfico privado durante 29 días en Navidad; y que
Bruselas ve margen para elevar los impuestos en España.
Y
en el exterior cabe destacar que es positiva pero no suficiente la repulsa
mundial de la violencia contra las mujeres, una lacra internacional inaceptable
e intolerable; que el IS pierde terreno y los civiles vuelven a casa, mientras
se conoce que activó más de 3.000 cuentas en redes sociales minutos antes de
los atentados de Niza y París para hacer propaganda de las masacres que
provocaron 217 muertes; y que Turquía amenaza a la UE con abrir las fronteras a
los refugiados, cifrados por Erdogán en tres millones los inmigrantes acogidos,
en tanto que Bruselas reconoce que no tiene un “plan B” para semejante contingencia
y rebaja el tono con Turquía que, ya ven, en algunos asuntos no sólo tiene la
sartén por el mango sino que actúa con patente de corso.
Jorge Cremades Sena
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