Y, como estaba previsto y anunciado, Rajoy
recibió en La Moncloa a Pedro Sánchez. Una primera reunión, entre las muchas
que debieran hacerse en el futuro (por más que les pese a buena parte de los
delegados socialistas en el Congreso Extraordinario) entre el Presidente del
Gobierno y el Jefe de la Oposición, líderes respectivos de los dos partidos
políticos más importantes y, por tanto, imprescindibles, hoy por hoy, para
garantizar cualquier reforma de Estado, que no de Gobierno, que, por su interés
extraordinario, requiera, por ley y por sentido común, una mayoría altamente
cualificada. Y, como se preveía, han coincidido en que no habrá consulta ilegal
en Cataluña. En todo lo demás han discrepado, aunque a nadie se le oculta que en
algunos asuntos, especialmente en los de mayor trascendencia, es más de cara a
la galería. En cuanto al diálogo abierto sobre Cataluña, Sánchez propone una
reforma de la Constitución que Rajoy rechaza porque en este momento no hay el
consenso de 1978, recordándole además de los riesgos de la aventura
federalista. En efecto, tanto PP como PSOE, al igual que el resto de partidos
políticos, tienen todo el derecho y la legitimidad de proponer un determinado
modelo de Estado, incluido el unitario centralista ante el desmadre de las
CCAA, pero abrir el melón constitucional sin, previamente, haber constatado
electoralmente el apoyo cualificado por un determinado modelo, y un amplio
consenso para ejecutarlo, al menos tan sólido como el que dio lugar al modelo
actual, añadiría incertidumbres innecesarias que agravarían la situación
actual. Cambiar el modelo de Estado definido en la Constitución vigente por
otro surgido de una victoria pírrica de algún o algunos partidos, como sucedió
en todas las anteriores constituciones excepto en la de 1978, sería de tamaña
irresponsabilidad que acarrearía graves incertidumbres sobre el futuro de
España. Peor aún si se hace además para aplacar la presión minoritaria en
España de grupos o partidos separatistas, más o menos importantes en algunos
territorios, con claros objetivos centrífugos (radicalmente opuestos al federalismo,
que requiere objetivos centrípetos) que no apuestan a ningún modelo estatal
sino a la independencia. En el mejor de los casos, sería pan para hoy y hambre
para mañana. ¿Y si mayoritariamente ganase la opción centralista? Estos, entre
otros, son los riesgos de abrir el melón constitucional sobre el cambio de
modelo de Estado que, en la actualidad, supera en algunos aspectos la autonomía
competencial de muchos de los estados que forman parte de Estados Federales.
Entretanto los asesores de Mas, que mañana se verá con Rajoy, le advierten que
la independencia de Cataluña le costará un 2% del PIB. Es lo que menos le
importa. Como si fuera el 10% o más, lo importante es seguir alimentando su
falacia.
En todo caso, ahora, la gran preocupación de Mas es
intentar salir lo más airoso posible del indecente comportamiento de su antecesor y
padre político Jordi Pujol. Por cierto, además de lo suyo personal, enfrascados algunos de sus hijos en
graves supuestos de corrupción como su padre, hasta el más pequeño, de raza le
viene al galgo, Oleguer está siendo investigado por varias operaciones de
blanqueo de dinero. La Policía entrega a Fiscalía un informe sobre diversas
transacciones inmobiliarias por valor de 3.000 millones de euros nada menos,
por lo que Anticorrupción abre diligencias contra Oleguer. Como ven, su papá,
enmerdado hasta las cejas, al igual que buena parte de su familia, casi con
toda seguridad tendrá que renunciar a todos los privilegios derivados del alto
honor que se le concedió en su día y que con tanto deshonor ejerció. En dicho
sentido presiona ERC y buena parte de CiU (las circunstancias obligan), aunque
ambos partidos no estén dispuesto a apoyar una investigación parlamentaria
urgente al respecto para que, al margen de lo que aclare la justicia, queden aclaradas
todas y cada una de las responsabilidades políticas que por acción u omisión se
deriven de semejante ignominia a lo largo de tantos años.
Coincide este merder de Pujol y compañía con el ejemplar
comportamiento de Felipe VI que, como dijimos ayer, introduce mayor
trasparencia y control de la Corona que el que había con su padre Juan Carlos
I. Ni negocios privados de la Familia Real, ni opacidades; dedicación exclusiva
a la institucionalidad, que para eso se les paga, y auditorías externas de las
cuentas. Es entre otras la primera batería de medidas tomadas por el Rey para
cumplir la promesa hecha en su proclamación de dotar a la Corona de mayor
transparencia y hacer de la honestidad una norma. Es obvio que el Rey Felipe se
está ganando su puesto de trabajo. Además anuncia que antes de finalizar el año
se elaborará y publicará un código de obligado cumplimiento para todo el personal
de la Casa de SM el Rey. Buena ocasión para que los dirigentes de los partidos
políticos, sindicatos y del resto de instituciones del Estado tomaran ejemplo.
Y ojala que, al igual que los españoles hacen con Felipe, cada vez sus promesas
adquieran mayor índice de credibilidad.
Quien cada vez tiene menos credibilidad es Messi que está
a un paso de sentarse en el banquillo (no del Barça sino de la Justicia) ya que el juez no le exonera de su culpa
en el ya conocido delito fiscal y ve “indicios suficientes” de fraude fiscal
contra él. No piensen mal. Nada que ver con Jordi Pujol, aunque se trate de un
jugador del Barça, club utilizado de forma indecente por los gerifaltes
independentistas y por buena parte de sus propios dirigentes para hacer carrera
política en el ámbito del independentismo. Seguramente de todo, incluido lo de
Messi, la culpa es de España.
Finalizo con una buena noticia. El Gobierno de Rajoy ha
vuelto a la cordura y da marcha atrás, como le exigía la oposición, en el asunto
de la tributación de las indemnizaciones por despido y, por tanto, salvo las
inferiores a 180.000 euros estarán exentas de IRPF.
Y una mala noticia, en este caso para Rusia, que tendrá
que pagar 37.000 millones por expropiar la petrolera Yukos.
Jorge Cremades Sena
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