La ya
conocida como crisis de los refugiados en Europa está vertiendo ríos de tinta,
no exento a veces de un claro interés político partidario entre quienes tienen
la responsabilidad de gobernar y quienes están en la oposición, al margen del
color político de unos u otros en los distintos países de la UE, pues, en
términos concretos, el asilo político, un derecho reconocido
internacionalmente, cuando es masivo, como es el caso, genera no pocas
expectativas proselitistas en el electorado a base de demonizar las medidas y condiciones
concretas del asilado que cada gobernante decide o, por el contrario, a base de
proclamar a los cuatro vientos pero en abstracto ideas genéricas de solidaridad
sin límites por parte de los aspirantes a gobernantes. Dicho esto, en cada Estado
miembro de la UE, al margen de ideologías, quien gobierna tiene la patata
caliente de resolver un grave problema, rodeado de críticas y descalificaciones
por parte de quienes en vez de buscar acuerdos en beneficio de los migrantes
prefieren utilizarlo como arma arrojadiza para obtener rentabilidad política.
Si a ello añadimos que el polo de atracción es la UE, carente de políticas
uniformes al respecto, el problemón adquiere dimensiones insospechadas, pues
cada país, cada gobierno y cada sociedad ven el asunto de formas muy diferentes
y además tienen capacidades bien distintas para afrontar el asunto. Así,
mientras la UE intenta restablecer la unidad interna sobre las cuotas de
refugiados (hay una cumbre de Ministros de Interior para cerrar los cupos),
Alemania y su Gobierno, con Merkel a la cabeza, tras admitir a miles y miles de
refugiados, que incluso expresan su deseo de ser asilados allí en vez de en
otros lugares, impone frenos fronterizos ante la llegada masiva de ellos (y los
que están a la espera), reponiendo los controles en el límite con Austria tras las
quejas, más que razonables y razonadas, de Múnich, ciudad desbordada por la
situación. Y mientras Alemania cierra sus fronteras del sur e impide la llegada
de trenes austriacos para presionar a sus socios, por semejante aluvión,
advirtiendo Berlín que “no somos el principal responsable de protegerlos”,
Peter Sutherland, representante especial de la ONU para las Migraciones, afirma
que “la respuesta de Europa a la crisis migratoria ha sido inadecuada”, y,
aunque elogia las propuestas de la Comisión Europea para acoger en la UE
120.000 refugiados más, estima que algunos líderes políticos han reaccionado de
forma “insuficiente”. Sin duda la clave es encontrar la respuesta adecuada y la
reacción suficiente, pero son términos tan subjetivos que, sin duda alguna, no
encontrarán consenso al respecto, sobre todo cuando algunos entienden que en el
disenso pueden sacar ventajas electoralistas. Si el qué está más o menos claro
(el derecho de asilo no debe ser puesto en cuestión) el cuánto, el cómo y el
quién queda en absoluta penumbra.
Volviendo a España y a
sus exclusivos problemas, al margen del anterior que comparte con sus socios
europeos, la corrupción sigue ocupando episodios memorables. De un lado en el asunto
del famoso 3%, sale a la palestra que CDC fue perdiendo apoyos de las
constructoras no catalanas, pues las donaciones de ellas pasaron del 35% en 2008
al 0% en 2013, mientras el arquitecto Jaume Vila, conocido como el “arquitecto
del 3%” reclamó a Artur Mas un cargo en doce ocasiones, siendo finalmente
colocado en Torredembarra por mediación del ex “conseller” Felip Puig con la
principal labor de certificar las obras a Teyco, la constructora que pagaba las
mordidas a CDC. De otro lado se investiga una concesión de Susana Díaz (ella
dice que fue anterior a su ascenso a la Presidencia) a la empresa minera Matsa,
en la que Paula Chaves, hija del ex presidente Chaves, es apoderada y directora
de sus servicios jurídicos, mediante un procedimiento con irregularidades
admitida incluso por la Administración andaluza y en condiciones que
beneficiaban a la adjudicataria. Y de otro lado (el último por hoy) el diputado
de ERC Bosch cobra 6.000 euros del Congreso más el sueldo de concejal, por lo
que lleva ya más de tres meses percibiendo dos salarios pese a que la Ley lo
prohíbe… sin duda, una amnesia pasajera, ¿no creen?.
Y, ¡cómo no!, el
problema independentista. La candidatura soberanista plantea como primera
medida tras las elecciones del 27-S no pagar los impuestos, pues la ANC,
integrada en la lista secesionista, propone bloquear con una cadena humana la
sede de Hacienda en Barcelona. Habrá que preguntar a Artur Mas si esta
proclamada desobediencia civil sería apoyada en una hipotética República
Catalana dirigida por él o alguno de sus socios, o si sólo es viable para
arremeter contra España. Y habría que preguntar al PSOE qué hace avalando el
derecho a la autodeterminación de Cataluña en la UE y en qué se basa para
avalar el derecho a decidir, más que especificado en el derecho internacional,
así como en los supuestos en que sería reconocido; y habría que preguntárselo
ya que una moción ante el Consejo de Europa, denominada “la situación de las
naciones sin Estado en Europa” (que la Asamblea rechazó finalmente debatir), fue
apoyada por 30 firmas de varios grupos diferentes entre las que se encuentra la
de Àlex Sáez Jubero, diputado socialista por Gerona y miembro titular de la
Delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Y, mientras Izquierda
Unida acepta renunciar a sus siglas para las generales (la fagocitación por
parte de Podemos está más que consumada), Pablo Iglesias invita a los
socialista a “caminar juntos” bajo el ejemplo de Corbyn en Reino Unido, que,
por cierto, ha generado un verdadero terremoto en el tradicional partido
laborista británico (y, digo yo, ¿por qué no bajo el ejemplo de Tsipras en
Grecia?).
Para finalizar,
felicitar a Márquez que gana en Misano y lamentar que Lorenzo cayera por la
lluvia, complicándose la lucha por el título.
Jorge Cremades Sena
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