Mientras
la denuncia del empresario francés, que acusa a Felip Puig de cobrar
comisiones, llega al TSJC, prosiguen los detalles del ya conocido como “Caso
Rato”, cuyas penas, en caso de comprobarse las acusaciones, podrían suponerle
hasta 16 años de prisión, mientras él afirma que tiene “tranquilidad mental” y
muestra “control de todos sus actos y una ineludible colaboración con la
Justicia”, asegurando que no tiene ninguna sociedad en paraísos fiscales, ni
tiene fondos fuera de Europa. Por su parte, el juez bloquea sus cuentas y
Anticorrupción critica las diligencias, mientras Bankia le pide 133 millones de
una fianza por el caso de su salida a Bolsa y Hacienda, que le investigaba por
blanqueo desde 2013, asegura que su deber es aplicar la ley y “no expresar
sentimientos”. Por lo visto el cruce de su declaración de bienes en el
extranjero y la de la amnistía fiscal delató las presuntas irregularidades de
Rato que posee un patrimonio de unos 27 millones de euros y un hotel en Berlín,
saliendo a la luz más datos como el IRPF defraudado por el ex ministro de
Hacienda, precisamente, y su familia (1.429.313 euros) o el fraude al impuesto
de sociedades en los últimos tres ejercicios (939.741 euros), como que 2.884
euros es lo que tributaron él y su familia en 2013 por intereses y dividendos.
Hacienda, por su parte, se centra en la investigación de la ex mujer del ex
Vicepresidente, y la Agencia Tributaria asegura que “tiene pruebas suficientes”
de los presuntos delitos de Rato, al que seguía el rastro desde hace más de un
año, en tanto que la vicepresidenta Santamaría entiende que “el caso Rato es un
asunto particular”, lo que, en todo caso, no supone que ello repercuta en el
PP. En fin, es el aperitivo de lo que en días sucesivos tendremos que seguir
digiriendo en esta putrefacta bacanal a la que nos invitan desgraciadamente nuestros
ilustres políticos casi a diario. Es obvio que o miente Hacienda o miente Rato,
aunque me temo que, como sucede siempre en estos casos, la verdad no está de
parte de quien fuera todopoderoso no sólo en España sino también en el FMI.
Y, hablando del FMI,
mientras dicho organismo dice que el auge de Podemos y Ciudadanos no daña la
confianza en España, Julio Montoya, diputado venezolano del partido Primero
Justicia, opositor al régimen de Maduro, dice que “durante diez años los de
Podemos contrataron ilegalmente con el chavismo”. Lleva razón el FMI sobre el
auge de los nuevos partidos, pues lo que golpea los mercados y la credibilidad
es el miedo a un inminente colapso de Grecia, cuya incertidumbre sobre el
impago eleva la prima de riesgo española al nivel más alto del año, con una
subida de 30 puntos en sólo una semana hasta máximos de noviembre, y hace
perder el Ibex un 3´3%. Es la consecuencia lógica de un gobierno, cuyo ministro
Varufakis es incapaz de alcanzar acuerdos con sus planteamientos fuera de toda
lógica. El auge de los partidos antisistema, como Podemos o Syriza, no dañan la
confianza mientras están en la oposición, la dañan precisamente cuando
gobiernan, pues, como dicen en mi pueblo “una cosa es predicar y otra dar
trigo”.
Por lo que respecta a
otros asuntos nacionales e internacionales cabe destacar que el Gobierno
español saca a concurso seis nuevos canales de televisión; que se inaugura el
nuevo régimen de acceso controlado a Altamira con la visita del primer grupo a
la cueva original después de trece años; que la llegada de “sin papeles” a
Europa se triplica en sólo un año, recibiendo la UE en los tres primeros meses
de este año 57.300 inmigrantes irregulares; y que en Turquía han sido detenidos
una española y su marido marroquí que trataban de unirse al Estado Islámico.
Jorge Cremades Sena
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