Mientras
se activa, como es lógico, un plan de emergencia en Madrid por el primer caso
de ébola en Europa, ya que una auxiliar de enfermería del Carlos III de Madrid
ha quedado infectada tras haber tratado a los dos misioneros repatriados
españoles, una campaña de alarmismo exagerado, de acusaciones políticas y de
peticiones de dimisión a través de los medios de comunicación desmorona el
sosiego necesario para entender el verdadero alcance del problema y, sobre
todo, las medidas preventivas a adoptar para evitar su posible propagación. Apenas
iniciada la investigación sobre qué circunstancias han podido producir el
contagio (fallo humano, negligencia, imprudencia, falta de medios… o cualquier
otra) y, en todo caso, actuar al efecto para que jamás pueda repetirse (aunque
la infalibilidad sea imposible de garantizar), que es el objetivo prioritario,
casi todos los líderes de la oposición política, a excepción del socialista
Sánchez (cuya prudencia en el asunto le honra) se han lanzado a una irracional
campaña política dando palos de ciego con el objetivo de sacar ventaja del
suceso. Unos porque no eran partidarios de expatriar a los enfermos españoles,
otros porque las autoridades sanitarias habían dicho que no había riesgo de
contagio, otros porque consideran que no se estaba preparado para el reto y
otros, en definitiva, porque se apuntan a un bombardeo, ponen los carros delante
de los caballos cuando, obviamente, tras las necesarias e imprescindibles
investigaciones, habrá tiempo para, si las hubiere, exigir las responsabilidades pertinentes. Ahora resulta que, según algunos, los trajes protectores no
cumplían los requisitos, o que, según otros, pudo fallar la cadena de aislamiento,
o que… ¿y por qué no esperar a la verificación de todos estos detalles? Parece
que lo más prudente es que los pasos sean, por este orden, evaluar en primer
lugar todo lo sucedido y prevenir el posible contagio de otras personas (no ya
desde la propia enfermera contagiada, sino también de quienes hayan viajado a países
de riesgo o procedan de los mismos, pues así se han contagiado en EEUU),
informar simultáneamente de forma objetiva y pedagógica los verdaderos riesgos
y las peculiaridades de la enfermedad (vías de contagio, precauciones,
síntomas, etc) para no generar alarmismos innecesarios pero sin escatimar un
ápice de información, exigir que las autoridades sanitarias, tanto las
políticas como las profesionales, den la cara ante la opinión pública y,
finalmente, exigir las responsabilidades, si las hubiere, incluidas las dimisiones
que pudieran corresponder si ese fuera su alcance. Hacerlo al contrario no sólo
es inútil sino que puede ser incluso pernicioso. En fin, esperemos que se
recupere la cordura en este delicado asunto y, sobre todo, que la enfermera
infectada salga lo antes posible de este trance.
La anterior noticia
eclipsa obviamente las noticias sobre la investigación de Hacienda sobre si Bankia
cometió un delito fiscal con las tarjetas de sus consejeros y se trataba de
sobresueldos no declarados, mientras que, hasta la fecha, sólo se ha devuelto
el 5% de lo supuestamente defraudado. Sobre el asunto se conoce además que
Blesa cobró al menos 27 millones de Caja Madrid y que las tarjetas del equipo
de Rato iban a la cuenta de “quebrantos”, es decir, de la empleada por el banco
para contabilizar las cantidades no recuperables de las “visas” robadas, lo
que, visto lo visto, no anda demasiado desencaminado, aunque este supuesto robo
a través de las tarjetas opacas sea bastante más sibilino.
Y mientras la Abogacía
del Estado dice que Mas “incumplió” la orden del TC “a sabiendas”, lo que ya
sabemos todos (y valga la redundancia), de un lado el president da la impresión
de fracturar el frente soberanista al admitir que podría suspender la consulta,
en tanto que Convergència le aclamará en un acto la víspera del 12 de octubre
para maquillar la marcha atrás del 9-N, lo que, algunos, no dan ningún crédito
ya que lo entienden como una escena más de la calculada ceremonia de la
confusión que entre todos tienen orquestada.
En otras cuestiones,
rotas las negociaciones entre PSOE y PP sobre RTVE, que los socialistas
pretendían llevar hacia el modelo y no ceñirse a la elección del Director
General del ente, los populares proponen para dicho cargo a José Antonio
Sánchez, el Director General de Radio Televisión Madrid, como sustituto de
Leopoldo González-Echenique, que presentó su dimisión el pasado 25 de
septiembre. Y, zanjada la polémica sobre Defensa con la rectificación de
Sánchez sobre su posible desaparición, recordar que de todos los países de la
OTAN, en cuanto a porcentaje del PIB se refiere, sólo Luxemburgo y Lituania
gastan menos que España en Defensa.
Jorge Cremades Sena
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