ESCÁNDALO MAYÚSCULO

                        A medida que se van conociendo detalles del escándalo por las tarjetas B de Caja Madrid a disposición de los ejecutivos y consejeros de la entidad, el asunto, uno más del elenco de episodios de corrupción en esta España negra en la que los sinvergüenzas campan a sus anchas, apunta a convertirse en un verdadero escándalo mayúsculo que, lamentablemente, ni es el único ni es anecdótico. El desfile de dimisiones y ceses ha comenzado, ya van siete y los que quedan, al margen de la responsabilidad penal en que puedan haber incurrido. Esperemos que también comience el desfile de la devolución de todo el dinero supuestamente malversado, aunque sólo sea para compensar moralmente a tantos y tantos preferentistas y accionistas engañados y estafados que reclaman con toda razón un mínimo de justicia. Lo que también ha comenzado es el desfile de explicaciones, a cual más increíble, ya que, al parecer, pensaban que su actuación era totalmente correcta y legal, al extremo que un ex cargo de Caja Madrid dice que Hacienda conocía las tarjetas opacas ya que “era una práctica sabida y legal en todas las corporaciones” (lo de legal me parece excesivo, lo demás, probable). Lo cierto es que cada ejecutivo podía gastar hasta 4.000 euros al mes sin justificar (ya quisieran millones de españoles ganar la cuarta parte y justificarlo), al margen de sus desorbitados sueldazos y del blindaje de sus mastodónticas pensiones. Y como todo les parecía normal (eran tontitos) y como en el botín participaban todos los colores políticos y sindicales, así como la patronal, entre todos la mataron (en este caso, la hundieron; me refiero a la Caja) y ella sola se hubiera muerto de no ser porque todo el pueblo acudió al rescate, pagando el pato, como siempre sucede cuando se permite que los sinvergüenzas actúen impunemente. En definitiva, los altos cargos, sólo entre 2009 y 2011, los años previos al rescate de la entidad, despilfarraron más de cuatro millones de euros. Blesa, uno de los principales protagonistas, en su último mes en la Caja, sabiendo que iba a dejar la presidencia de la entidad, dilapidó nada menos que 19.000 euros, cuadruplicando sus gastos con su “tarjeta B”. Bienvenida, por tanto, la decisión de Ignacio González de destituir al director de Economía de Madrid, uno de los implicados, mientras que dimite la Presidenta de la Fundación de Caja Madrid (otra que tal baila). Pero no basta. Esperemos que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias.

            Esperemos también que la Justicia actúe cuanto antes e impida el desafío intolerable de Artur Mas que, al final, ha firmado la creación de esa especie de Junta Electoral catalana que habrá de velar por la limpieza (cuando todo es suciedad) de la ilegal consulta del 9-N. Una vez más, atrapado entre la presión intransigente de Junqueras y la barrera de la ley, ha optado por saltarse ésta en vez de romper de una vez por todas con el proceso ilegal independentista. Es demencial que, para intentar salir del atolladero, Artur Mas diga que el decreto de nombramiento de la ilegal Comisión de Control del 9-N no entrará en vigor hasta que se pronuncie el TC y sea legal. Al parecer es un ejemplo más de su auto-anunciada estúpida “astucia” que, siguiendo su lógica, nadie entiende que, de paso, se autoproclame “a priori” presidente de la futura República de Cataluña y nombre su primer gobierno independiente, sobre todo, porque, como se descuide, nunca podrá hacerlo, pues según las encuesta ERC ya le sacaría casi siete puntos de ventaja a CiU si hubiera elecciones y, por tanto, correspondería a Junqueras tan alto honor. Entretanto el alcalde de Barcelona patrocina un 15-M independentista. Por su parte Fiscalía y Abogacía del Estado, al parecer, estudian los posibles delitos y actuaciones contra esta burla grotesca al Tribunal Constitucional y al Estado de Derecho. Y, por si fuera poco, viene ahora Urkullu a aclarar sobre lo suyo, es decir sobre el País Vasco, que “el debate no es sobre el derecho a decidir, sino sobre el autogobierno”. Sin comentarios.

            En cuanto a otros temas que, aunque no lo parezca, también los hay, los obispos critican que se retire la reforma de la ley del aborto por “cálculos políticos” en tanto que el 75% de los españoles apoya la retirada. Por su parte Sánchez quiere prohibir que los diputados cobren por ir a las tertulias y así lo pedirá en las Cortes, anunciando que, de no prosperar, lo aplicará al Grupo Socialista. Y, finalmente, el fiscal cree que Agapito Iglesias, cuando estaba al frente del Zaragoza, usó 400.000 euros para amañar el Levante-Zaragoza que le salvó del descenso.

            Y fuera de España, un estudio revela que la enfermedad del sida surgió en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, en 1920, desde donde se extendió al resto del mundo; en China, donde los estudiantes de Hong Kong siguen insistiendo en la democracia, el líder de las revueltas Joshua Wong, dice que “el Gobierno chino” les “tiene miedo, no sabe qué hacer”; y, en Brasil, de cara a las presidenciales, la candidata a la presidencia Marina Silva manifiesta que su “objetivo es volver al camino trazado por Lula”.

                                               Jorge Cremades Sena