Coincido
plenamente con las palabras pronunciadas por el Rey Felipe VI durante la última
entrega de los Premios Príncipe de Asturias en Oviedo, en el sentido de que
“España necesita un impulso moral colectivo” y que “la sociedad necesita
principios éticos”. Su discurso, el primero que pronuncia como rey en el citado
escenario, ha sido muy acertado, aludiendo a grandes rasgos a los esenciales
problemas por los que atraviesa España, instando, por ejemplo, a que los
españoles nos alejemos de la “división y la discordia” ya que, afortunadamente,
no somos “rivales los unos de los otros”, apelando claramente a la convivencia
democrática, y alertando contra la repetición de los “errores del pasado”. Un
discurso digno de aplauso, como han hecho los ovetenses a su llegada y todos
los invitados al Teatro Campoamor de Oviedo, donde se ha celebrado el evento.
Es lamentable, por tanto, que la campaña “Somos reales”, al margen de sus
legítimas aspiraciones republicanas y de sus reivindicaciones y protestas por
la situación que atraviesa España, haya intentado empañar el acto con movilizaciones
de manifestantes de todo el país en vez de elegir, en todo caso, otro tipo de
eventos con otro tipo de protagonistas que, con poderes ejecutivos o legislativos,
sean mucho más susceptibles que el Rey, que carece de ellos, de exigirles
responsabilidades. Si lo que pretendían, con todo derecho y con toda razón, era
hacer visible la situación que vive el país han errado al elegir el momento, un
acto de entrega de premios a personas destacadas en determinados ámbitos, como
por ejemplo, entre otros, la periodista congoleña Caddy Adzuba por su lucha
contra la violencia que sufren las mujeres y niñas, especialmente de tipo
sexual, en su país, pues supongo que los concentrados no tendrán nada en contra
de semejante distinción. Pero también han errado en dirigir la protesta al
principal protagonista del evento, el Jefe de Estado, que, como bien saben o
debieran saber, en España, por decisión democrática de todos los españoles,
carece de cualquier competencia ejecutiva o legislativa, siendo su labor
esencialmente representativa, y, por tanto, de entre todas las autoridades es
quizá el que menos responsabilidad tiene sobre lo que en España acontece. En
todo caso, esperemos que, al menos, el discurso de Felipe VI les haya
convencido y que estén dispuestos a defender los principios que el Rey ha
defendido en el mismo. Son sencillamente de sentido común.
Sentido común que al
menos ha tenido el Gobierno de Canarias paralizando la consulta sobre el
petróleo tras el recurso del Gobierno Central y que, esperemos que mantenga, en
caso de que la Justicia lo considere ilegal. Es como suelen funcionar las cosas
en democracia, respetando la ley y asumiendo y responsabilizándose cada cual de
las competencias que tenga encomendadas. Desgraciadamente no lo entienden así
Artur Mas y sus colegas que, intentando burlar el veredicto de los tribunales
competentes, se empeñan en seguir engañando a los ciudadanos con un simulacro
de referéndum que disimule el flagrante incumplimiento de su promesa de hacerlo
en serio al ser totalmente ilegal. Y en esta especie de juego irresponsable la
Generalitat moviliza a más de 7.000 funcionarios para el esperpéntico 9-N, no
con un decreto u orden oficial, sino mediante tretas burlescas que causarían
risa si no fuera tan grave el objetivo de las mismas. Moncloa, que tiene serias
dudas de poder parar la farsa en los juzgados (las farsas suelen ser
imparables, son eso, farsas), anda pidiendo informes jurídicos por si, al
final, puede volver a impugnar con seriedad algún acto ilícito o alguna
conducta improcedente jurídicamente hablando.
Entretanto, nuevos
datos del tema estrella en España, la corrupción. De un lado, Hacienda
rastreará ahora los múltiples negocios de Oleguer Pujol para que sus informes
sean claves en la investigación judicial, mientras que Oleguer, previendo la
misma, tenía montado un sistema de vaciado del servidor informático conectado a
su móvil para activarlo al instante y borraba el ordenador semanalmente para
ocultar sus manejos. De otro lado el juez Ruz descubre otros 750.000 euros,
sacados de la contabilidad oculta del PP, para la reforma de la planta baja de
su sede central hecha en 2006, con lo que los pagos en B ya suman 1´7 millones,
mientras que una nueva cuenta vinculada a Luís Bárcenas, en esta ocasión en Las
Bermudas, es bloqueada. No, si al final hasta descubriremos buena parte del
botín de todos estos sujeto, cuestión distinta será si conseguiremos
recuperarlo para las arcas públicas.
En cuanto a otros
asuntos se refiere, por lo visto, los médicos que no atendieron en Barajas al
nigeriano fallecido tras reventarle una bola de cocaína en el estómago tenían
trajes antiébola y, en todo caso, el Ministerio de Sanidad dice que “no hay ningún
protocolo que les impida atender a un supuesto infectado por el virus”. Es
obvio que habrá que averiguar las responsabilidades y esclarecer tan
lamentables hechos. Y, aunque no sean tan lamentables, ya puestos, habría que
hacer lo propio con quienes por fallos en el folleto han hecho que Moncloa
aplace la venta de acciones de Aena (las chapuzas, las mínimas) y, obviamente, a
todos esos padres que en edades tempranas les facilitan un móvil a sus hijos
cuando los expertos recomiendan que los menores de 16 años no lo tengan. Para
que luego nos lamentemos.
Y hoy acabamos el
relato en América del Norte. Las autoridades de Nueva York piden calma mientras
aíslan las zonas visitadas por el doctor Graig Spencer, primer diagnosticado de
virus de ébola en dicha ciudad, pues no hay peor enemigo para afrontar el
asunto que la alarma social en grandes concentraciones de población. Y, hablando
de alarmas, la generada en Ottawa por el asaltante del Congreso canadiense que
sembró el caos hasta ser abatido por el jefe de seguridad; al parecer, vivió
las últimas semanas en un albergue de indigentes donde soñaba con la yihad
deseando viajar a las zonas calientes de combate lo antes posible, pero, ya
ven, al final, decidió hacer la guerra por su cuenta.
Jorge Cremades Sena
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