A LA GRESCA CON EL DÉFICIT AUTONÓMICO

                        Las CCAA, entre ellas y con el Gobierno Central, andan a la gresca con el objetivo de déficit autonómico, sin que se vislumbre un acuerdo satisfactorio para todos. Es bien sabido el esfuerzo que viene realizando España para reducir su excesivo déficit que, según el Programa de Estabilidad 2011-14, fijaba el objetivo de situarlo en un 3% del PIB en 2013, atendiendo las recomendaciones del Consejo de la UE. Su distribución quedó en el 1´7 % para la administración central, el 1´1% para las CCAA y el 0´2% para los ayuntamientos, pero las posteriores previsiones económicas a la baja de la UE lo relajaron alargando el plazo para lograrlo hasta 2014 y permitiendo para el conjunto de España un techo del 4´5% para 2013. Y aquí empieza la polémica. El gobierno Rajoy no traslada dicha relajación a las CCAA en la nueva distribución, sino todo lo contrario (0´7%, frente al 1´1% anterior), reservándosela con creces para la administración central (3´8%, frente al 1´7% anterior) y dejando a los ayuntamientos el 0´0%. Es decir, mayor esfuerzo autonómico y mayor relajación para la administración central, aunque, ante las malas perspectivas de recuperación económica, el propio gobierno fija después el déficit de las CCAA en el 1´2% frente al 0´7% inicial. Este primer motivo de discrepancia con el gobierno de Rajoy, no está exento de razón por parte de las CCAA, pues no parece razonable su criterio a la hora de repartir la relajación del techo de déficit concedida por la UE para 2013 (del 3% al 4´5%), al exigir a las autonomías un esfuerzo de consolidación desproporcionado y hacer lo contrario con la administración central. Lo razonable es que ese diferencial del 1´5% del PIB para el conjunto de España, no sólo repercuta en un menor esfuerzo del previsto inicialmente para la administración central, sino que también lo “disfruten” las CCAA, que, de entrada, han de conseguir el 1´2% de su PIB.

Pero, si a lo anterior se añade el diferente comportamiento de las distintas CCAA en el ajuste del déficit previsto en 2012, la polémica está absolutamente servida con todo tipo de argumentos. En efecto, España, a pesar del ingente esfuerzo realizado, cerró el año 2012 con un 6´7% de déficit frente al 6´3% pactado con Bruselas (4 décimas más de lo previsto). Para la administración central más la Seguridad Social se previó el 4´5%, para las CCAA el 1´5% y para los ayuntamientos el 0´3% restante; sin embargo, sólo éstos con un 0´2% consiguieron superar el objetivo, pues ni la administración central-SS, con un 4´8%, ni las CCAA, con un 1´7%, lo consiguieron. Y aquí está el segundo motivo de la discordia que, al fin, es la madre del cordero, pues el asimétrico resultado de las CCAA en el ajuste del déficit en 2012, más la citada desviación global del 0´2% (al conseguir el 1´7% en vez del 1´5% previsto), coloca a las CCAA en un desigual punto de partida respecto al objetivo de déficit para 2013. Mientras ocho de ellas cumplieron con holgura en 2012 el objetivo del 1´5%  de su déficit, situándolo incluso por debajo del mismo (Extremadura, 0´6%; Asturias y La Rioja, 1%; Madrid y Cantabria, 1´1%; Galicia y Canarias, 1´2%; Navarra, 1´3%) y otras cuatro también lo consiguieron (País Vasco y Castilla-León, 1´4%; Aragón y Castilla-La Mancha, 1´5%), las cinco restantes lo incumplieron con amplitud (Baleares, 1´8%; Cataluña y Andalucía, 2%; Murcia, 3%; Comunidad Valenciana, 3´4%). Y, son éstas, precisamente, las que, obligadas obviamente a un mayor esfuerzo para conseguir el objetivo de déficit en 2013 (0´7% o 1´2%, que es lo probable), plantean que se les permita incluso un techo de déficit mayor. Es decir, que se haga una distribución asimétrica del mismo para suavizar el tremendo sacrificio que, en todo caso, habrán de realizar hasta el 2015. Una especie de “déficit a la carta” que, en caso de concederse sin más, penalizaría a las CCAA cumplidoras y premiaría a las incumplidoras en la consecución del objetivo.

Iniciado el conflicto por el independentista Artur Mas -quien, una vez más, lo plantea como un nuevo conflicto con España-, al reclamar a Rajoy para Cataluña un techo de déficit para 2013 como mínimo del 2´1% (mayor que el conseguido en 2012 y que el previsto para el conjunto de las Autonomías), el asunto hubiese quedado como un nuevo conflicto bilateral Cataluña-resto de España, pero se ha convertido en una gresca global, pues las cuatro comunidades restantes que, como Cataluña, no ajustaron su déficit en 2012, hacen causa común con los nacionalistas catalanes y, como entre ellas, las hay gobernadas por socialistas, como Andalucía, y populares, el guirigay está servido. La variable cumplidor-incumplidor con el déficit trasciende cualquier otro principio político o ideológico que, con más o menos virulencia, pone en evidencia la discrepancia entre los nacionalistas, entre los socialistas y entre los populares, según pertenezcan a una comunidad con el déficit ajustado o disparado en 2012, a la hora de criticar o no las tesis del gobierno central. Desde el “no pagaremos delirios soberanistas” del popular castellanoleonés De Santiago, hasta “el café para todos sería injusto” del socialista andaluz Griñán, pasando por silencios cómplices y otras exhibiciones argumentales, más o menos oportunas, en favor o en contra de las tesis de Montoro, lo razonable es que, si, por pura necesidad, se concede un trato asimétrico del problema –como la UE ha hecho con España- se exijan las contrapartidas pertinentes para evitar lo que, según Monago, provocaría “más gasto descontrolado”, premiando a las CCAA con gobiernos despilfarradores en vez de “tener una atención especial con las que han cumplido” como defiende Urkullo entre otros. Es fácil de entender. Ante la necesidad, cualquier trato de privilegio, exige un control inmediato por parte de quien lo otorgue, para evitar que el beneficiario se permita el lujo de priorizar sus delirios, no sólo los soberanistas, relegando las urgentes y verdaderas necesidades de los ciudadanos. Lo contrario es mantener la irresponsabilidad que nos ha conducido a este callejón sin salida.

Nota: Acaba de aparecer la noticia de que el Ejecutivo Comunitario acaba de proponer nuevas relajaciones para que ajusten el déficit siete países, que, en el caso de España quedaría en el 6´5% para 2013 (5´8%, 2014; 4´2%, 2015 y 2´8” en 2016), incluso dos décimas más que el 6´3% que pedía Rajoy y dos puntos más que el objetivo del 4´5% anterior. Dicha relajación, obviamente, va acompañada de una serie de recomendaciones y exigencias de control que, tal como planteo en el artículo, pretenden garantizar con seriedad el cumplimiento de los objetivos, entre ellos, la puesta en marcha del nuevo Consejo Fiscal Independiente y la mejora de la eficacia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para controlar el gasto de las CCAA. ¿Hará lo propio el ejecutivo español para zanjar la gresca autonómica? Es lo que espera la UE del señor Rajoy.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

A CRÁNEO ABIERTO, SI NO PAGAS

                        La Sexta daba la noticia a bombo y platillo. Una joven inmigrante, hondureña, ha sido dada de alta médica forzosa sin cerrarle el cráneo por carecer de tarjeta sanitaria. Es el titular. Al difundir la noticia en horario de gran audiencia, muchos hogares españoles se escandalizan ante tan inhumano suceso. No se trata de una de esas barbaridades que desgraciadamente se cometen en algún país subdesarrollado y, por tanto, a medida que la noticia se detalla la indignación crece a ritmo desenfrenado. En efecto, se emite un reportaje en que una joven, María Concepción Amaya, acompañada por su hermana, explica que, tras ser operada en el Hospital General Universitario de Valencia, le han dado el alta médica dejándole el cerebro casi al aire libre, sólo bajo la frágil protección del cuero cabelludo, ya que, tras comprobar dicho hospital que no tenía la correspondiente tarjeta sanitaria y que era una inmigrante “sin papeles”, se niega a colocarle el hueso craneal. “¡Se puede ser tan majaderos!”, es mi reacción momentánea, como, supongo, la de miles y miles de ciudadanos, renegando contra el gobierno por permitir que se actúe tan inhumanamente, contra los recortes en los servicios básicos hasta tal extremo, contra la UE que los exige para equilibrar el déficit y, en general, contra tanta injusticia e inhumanidad generalizada.

            La sorprendente noticia de la Sexta va de boca en boca y dispara las redes sociales. Crece como una bola de nieve con el paso de las horas y protagoniza los corrillos y las conversaciones. Incluso algún nostálgico comenta que ni en la época franquista se cometían tamañas barbaridades ya que existía la beneficencia. Por si fuera poco, el gran Wyoming, en el programa “El Intermedio”, con el estilo que le caracteriza, arremete contra el gobierno y sus recortes, acusándole de liquidar la sanidad pública. “Tanto cuidadito con el cerebro, para que lo necesitas si puedes llegar muy lejos sin él, basta con mirar el Consejo de Ministros” le dice a su compañera de programa que, tras reiterar la noticia, se dispone a sacar una cámara a la calle para pulsar la opinión de los transeúntes a quienes el suceso se les presenta como sucedido en Marruecos y tras las respuestas (“espeluznante”, “una barbaridad”, “aquí tenemos la mejor sanidad del mundo” o “impresionante en el siglo XXI”) se les desvela que ha sucedido en España, respondiendo los entrevistados que es “penoso”, “muy triste”, “alucinante que pase aquí”, “increíble”, “lo decís vosotros pero a mí me cuesta creerlo”, “una barbaridad y aquí peor todavía”, “esto no puede seguir pasando” o “no me lo puedo creer”. En efecto, el asunto es mucho más grave que la escasa capacidad cerebral adjudicada por el presentador al Consejo de Ministros; se puede ser corto de mollera pero buena persona. Se certifica definitivamente la anunciada muerte de nuestro Estado del Bienestar. Lo sucedido es típico de países tercermundistas. Es la triste realidad que nos toca vivir.

         Sin embargo, dos días después, el citado Hospital hace un desmentido mediante un comunicado en el que manifiesta que la paciente fue atendida de inicio en urgencias e ingresada en Neurocirugía “sin tener en cuenta su situación de aseguramiento”, que han utilizado “todos los medios disponibles” y siempre han actuado según los protocolos clínicos, que ha estado ingresada más de un mes e intervenida en dos ocasiones por Neurocirugía, practicándole varios TAC, RM cerebral y arteriografía de carótidas, que ha recibido fisioterapia y rehabilitación durante su estancia, que finalmente se le dio de alta cuando su situación clínica lo permitió y citada a consultas externas para el seguimiento y control evolutivo, que se le ha solicitado el TAC de control para valorar “si se dan las condiciones que permitan realizar la craneoplastía”, es decir, la reposición del hueso craneal extraído cuando se operó, ya que las guías de práctica clínica establecen que ha de transcurrir un tiempo de “al menos 6 semanas a 3 meses desde la intervención quirúrgica para poder realizar la craneoplastia”. Por todo ello, el Hospital exige “la contundente y rápida rectificación de los medios que han dado pábulo a esta noticia y han actuado como caja de resonancia de la misma”.

La Sexta acaba de anunciar la existencia de dicho comunicado. Menos mal. Pero el daño ya está hecho. Para mucha gente que, lamentablemente, no hace un seguimiento mediático, que se informa por el boca-oído, de gran repercusión en casos de tan aberrantes noticias, en España dejan a medio operar a quienes no tienen medios para pagarlo si dicha circunstancia se descubre durante la intervención quirúrgica, aunque la consecuencia sea dejarles el cerebro directamente bajo el cuero cabelludo. Si lo descubren antes de iniciar la intervención, directamente les dejan morir. Es la imagen que queda en la memoria de mucha gente. Y en el exterior. Es la consecuencia del irresponsable proceder de un medio de comunicación al no contrastar la veracidad de las noticias que emite, sobre todo, si son susceptibles de generar tan alarmante repercusión social. Es obvio que alguien ha cometido graves irresponsabilidades y los ciudadanos tenemos derecho a saber si ha sido el Hospital, La Sexta o la señora Amaya. Alguien está mintiendo y con ello, generando una alarma social innecesaria que, tal como está el patio, supone añadir mayores dificultades para salir del atasco. De ser la Sexta, la señora Amaya, o ambas, el Hospital debe exigir responsabilidades por el daño causado. Y el fiscal por los perjuicios a la ciudadanía. De ser el Hospital, debe ser demandado por la señora Amaya y por la autoridad competente ante su inhumano proceder. Lo inaceptable es que tamañas irresponsabilidades por parte de alguien, de quien sea, queden saldadas con un tímido “lo siento” en el mejor de los casos.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

MONARQUÍA O REPÚBLICA, UN DEBATE INOPORTUNO

                        El malestar generalizado por la crisis económica y los comportamientos indecentes de demasiados políticos genera un ambiente propicio a la divulgación de recetas mágicas, que, adobadas debidamente con ciertas dosis de demagogia, pueden llegar a tener una aceptación considerable en parte de una población que, angustiada y desesperanzada por la situación, es cada vez más proclive a creer en los milagros. Y uno de los que más llama la atención, al ser probablemente el que menos tenga que ver con la crisis y con la posible salida de la misma, consiste en cambiar, que no en reformar, la Jefatura del Estado, generando, como si no hubiera ya suficientes, un nuevo debate público, Monarquía o República, absolutamente inoportuno en el mejor de los casos, ya que todos los esfuerzos, por parte de todos, debieran centrarse en los asuntos que realmente inciden directamente en la penosa situación que estamos padeciendo. ¿Se imaginan a los italianos o los griegos planteando que la solución de sus crisis pasa por implantar de nuevo la Monarquía ante el fracaso de sus respectivas repúblicas? ¿Se imaginan a holandeses o suecos reivindicando la República como necesaria para ser plenamente democráticos? No es imaginable ni en éstos, ni en los demás países desarrollados del mundo, pues saben que, planteado en dichos términos –como se hace en España- se trata de una falacia y, al margen de las convicciones monárquicas o republicanas que tenga cada uno, rechazarían su uso como arma política coyuntural con fines electoralistas o desestabilizadores que generan más confusión en momentos tan críticos, como es el caso, sin aportar la más ínfima solución a los problemas reales, sino todo lo contrario. Los fenómenos paranormales, sólo suceden en España.

            Monarquía y República, sin más precisiones, son conceptos teóricos que, desde la antigüedad, definen dos diferentes formas genéricas de gobierno, pero que han evolucionado y se han diversificado tanto desde entonces que hoy, para saber de qué estamos hablando, requieren, como mínimo, de concreciones específicas. Por tanto el debate “per se” Monarquía o República, sin concreciones (absoluta, semiconstitucional, constitucional o parlamentaria, en el caso de la Monarquía; popular, democrática, parlamentaria, presidencialista o semipresidencialista, en el caso de la República), queda reducido a la figura del Jefe del Estado (rey o presidente), es decir, a un determinado modelo teórico sin mayor trascendencia que a nada conduce. Pero si, además de esto, se plantea como garante o portador de valores concretos (ideológicos, económicos, libertades, desarrollo, bienestar social…), que es lo que argumentan quienes lo plantean aquí, se incurre en una irresponsabilidad manifiesta y en una flagrante falsedad. Por más que algunos se empeñen en lo contrario, ser monárquico o republicano, nada tiene que ver con ser de derechas o de izquierdas, al igual que un estado monárquico o republicano nada tiene que ver “per se” con subdesarrollo o desarrollo, dictadura o democracia, esclavitud o libertad, malestar o bienestar social… Decir estas sandeces, que tanto se prodigan en nuestro país, nos llevaría, por puro razonamiento lógico, a la  conclusión, por ejemplo, de que los suecos son de derechas por no rebelarse contra su Monarquía y que, por tanto, en Suecia no hay estado del bienestar, es un país subdesarrollado y carece de libertades democráticas, mientras que en Corea del Norte, por ejemplo, sucede todo lo contrario por ser una República. Partir de falsas premisas suele conducirnos a erróneas conclusiones. Para comprobarlo basta recordar los lugares privilegiados que ocupan las quince monarquías parlamentarias -que no las de otro tipo- que existen, compitiendo e incluso superando a las más importantes repúblicas en desarrollo humano y económico, en PIB, en nivel de vida, en prosperidad, en servicios sociales, en educación, en sanidad, en libertades y otras tantas variables positivas. Pero además, si en este tipo de monarquías, como en las repúblicas parlamentarias, el Jefe del Estado (rey o presidente) tiene un mero papel representativo, ajeno a las decisiones políticas gubernamentales, poco o nada se le podrá exigir o achacar acerca de la situación económico-social, en este caso de la crisis, ya que las decisiones, acertadas o no, sobre la misma no son de su competencia. Justo lo contrario del resto de modelos monárquicos o republicanos en que la Jefatura del Estado ejerce en su totalidad o comparte las competencias gubernamentales y, por tanto, es responsable, total o parcialmente, de la situación social o económica de sus respectivos pueblos y de su posible mejora. Lo que avala la inoportunidad de introducir el debate en momentos tan críticos, cuando su nula incidencia en la crisis y en su posible solución, lo convierte en un elemento perturbador innecesario e indeseable.

            Al margen de ser monárquico o republicano, vincular la reivindicación republicana con la crisis, haciendo aparecer como responsable de ella a una monarquía parlamentaria, como es el caso, y, como su solución, sustituirla por una república sin más, es de un cinismo inaceptable. Hasta el más ingenuo, si está mínimamente informado, sabe que cualquier presidente republicano, salvo si se trata de repúblicas parlamentarias, como la alemana por ejemplo, al igual que cualquier monarca no parlamentario, como el marroquí por ejemplo, es mucho más responsable de la crisis de sus respectivos países que cualquier rey parlamentario, como el español por ejemplo, y que, por tanto, es mucho más susceptible de que se cuestione el modelo de estado que representa. Y, sin embargo, no se cuestiona el modelo; en todo caso, se reforma. Por ello, salvo en España, donde todo es diferente, en ningún otro país monárquico parlamentario, ni a los republicanos más convencidos, que también los hay, se les ocurriría desencadenar una campaña reivindicativa republicana en momentos tan inoportunos y con premisas tan falsas. Saben que, de hacerlo así, su descrédito interno e internacional sería notorio. Ya ven, los fenómenos paranormales sólo se dan aquí.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

EN CAÍDA LIBRE

                        Según el último barómetro del CIS, tanto el PP, desde el gobierno, como el PSOE, desde la oposición, siguen en caída libre en cuanto a apoyo ciudadano se refiere. Si los populares, con el 34% de intención de voto, pierden un punto porcentual respecto al trimestre anterior, los socialistas pierden dos puntos y obtienen un 28´2%. Sucede igual, aunque con ligeros descensos, a CiU y PNV, que obtienen un 3´4% y un 1´2% respectivamente, mientras que siguen en ligero ascenso tanto IU como UPyD que, con el 9´9% y el 7´4% respectivamente, obtienen sus mejores resultados en los últimos años, y mantienen sus apoyos, tanto ERC con el 2%, como Amaiur y Coalición Canaria con el 0´9% cada uno. Asimismo, todos los líderes políticos quedan peor valorados en mayor o menor medida, repitiendo Rosa Díez como la menos mala con una nota de 3´9 (frente al 4´3 anterior), en tanto que Cayo Lara pasa de 3´8 a 3´5, Rubalcaba de 3´4 a 3 y Rajoy de 2´8 a 2´4, sin conseguir aprobar ninguno de ellos. En otro orden de cosas, el barómetro manifiesta las principales preocupaciones de los ciudadanos, que, de nuevo, encabeza el desempleo (80´7%), seguida de la corrupción y el fraude (39´3%), la situación económica (35´5%) y la política y los políticos (29´4%), valorando la situación global de España como mala o muy mala (90%) y sin perspectivas de que sea mejor el próximo año (85%). Muy por debajo de estas preocupaciones quedan la sanidad (7´9%), los desahucios (5´7%), los bancos (5´4%), la educación (4´8%), los problemas sociales (4´7%), los recortes o ajustes (3´9%) y el terrorismo (0´6%). Estos son los resultados concretos que, al margen de las valoraciones subjetivas de cada partido político para venderlo lo mejor posible a sus electores, manifiestan algunas cuestiones indiscutibles.

            En primer lugar, decepción y desencanto generalizado ante la actuación de los partidos que, gobernando o liderando la oposición, han protagonizado la gobernabilidad democrática, tanto a nivel nacional como autonómica, pero sin sustituir dicha decepción por entusiasmo hacia otros partidos casi vírgenes en experiencias de gobierno, aunque, lógicamente, obtengan un cierto y escaso beneficio del derrumbe de los anteriores, lo que genera una alarmante y preocupante desconfianza hacia todos los partidos políticos en general. No obstante, si, según estos datos, hoy se celebrasen comicios, todavía ganaría de nuevo el PP a pesar de que el 68´5% considera que la gestión del gobierno es mala o muy mala, pues, aún son más, un 71´5%, quienes consideran mala o muy mala la oposición que hace el PSOE. Está en caída libre la gobernabilidad en el futuro.

            En segundo lugar, ausencia de liderazgos carismáticos, capaces de pilotar la necesaria regeneración interna de los distintos partidos políticos, para que, de nuevo, generen proyectos creíbles, viables e ilusionantes en los que poder confiar, y dejen de ser compartimentos estancos cerrados, alejados de la realidad, donde se dirimen las luchas cainitas por los intereses bastardos de unos cuantos. El suspenso generalizado de todos y cada uno de los líderes políticos contrasta con la valoración que obtuvieron sus antecesores en otros tiempos. Está en caída libre la credibilidad en la capacidad de los dirigentes políticos de cualquier ideología.

            En tercer lugar, pesimismo generalizado sobre la mejoría de la situación que, casi por unanimidad, consideran catastrófica y duradera, generando una resignación sin precedentes ante la incapacidad de resolver con prontitud los graves problemas que preocupan mayoritariamente a la ciudadanía. Está en caída libre la esperanza en un próximo futuro mejor.

            Y, en cuarto lugar, un desajuste reivindicativo considerable entre las mayoritarias y principales preocupaciones ciudadanas (paro, fraude, economía y política) y las de carácter más minoritario y secundario (sanidad, desahucios, bancos, educación, recortes…), que, curiosamente, son las que protagonizan las reivindicaciones callejeras y las tertulias mediáticas. Está en caída libre la conexión real entre los ciudadanos y sus representantes políticos a la hora de priorizar los intereses más generales y visualizarlos como tales ante la opinión pública.

            Si a todo ello añadimos que, según el baremo del CIS, más del 40% de los españoles quedan al margen del proceso electoral, bien como abstencionistas decididos o votantes indecisos; que los españoles sólo aprueban a tres instituciones (la Guardia Civil, la Policía y las FFAA) y que la Monarquía, tras los Medios de Comunicación y el Defensor del Pueblo, sigue suspendiendo, pero con un 3´7 de nota, queda como la sexta institución mejor valorada, superando por muy poco a la Iglesia (3´6) o al Poder Judicial (3´5), pero sacando una considerable distancia sobre el Gobierno (2´4) y sobre la institución peor valorada, que es la de los Partidos Políticos (1´8), lo que realmente sucede es que lo que está en caída libre es nuestro sistema global de convivencia. Es decir, nuestro sistema democrático que es manifiestamente mejorable.

            Esta es la cruda realidad que percibe la ciudadanía española, perpleja ante la manifiesta incapacidad de sus gobernantes y dirigentes políticos democráticos para ponerse de acuerdo para salir del abismo en que se han –y nos han- metido, sin reparar que, o cambian el rumbo entre todos para frenar democráticamente la caída libre hacia el fondo del mismo y comenzar la difícil escalada o, ante el terror ciudadano al impacto final definitivo, surgirán, con la excusa de evitarlo, los salvadores especializados en sobrevivir en la ciénaga a base de ofertarles todo tipo de soluciones mágicas inviables que sólo aportan más lastre a las soluciones razonables. ¿Acaso no están apareciendo ya semejantes salvapatrias? Júzguenlo ustedes mismos.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

SOMBRÍO PANORAMA

                        La última Encuesta de Población Activa (EPA) arroja una cifra escalofriante de paro en España; 6.202.700 personas desempleadas tiñen de negro la celebración del Primero de Mayo o Día Internacional de los Trabajadores que, si entre otras reivindicaciones, sirve para homenajear a los Mártires de Chicago por participar en las jornadas de lucha para conseguir la jornada laboral de ocho horas, hoy, más de un siglo después, paradójicamente ha de ser un clamor generalizado simplemente para que el derecho al trabajo no sea atropellado tan indecentemente. No garantizar el derecho al trabajo fehacientemente supone condenar inmerecidamente a las personas afectadas a una vida indigna y miserable, incapacitándoles para disfrutar de otros derechos, como la vivienda, imprescindibles para su pleno desarrollo humano a nivel individual, familiar y social. Una injusticia inadmisible que no se palia con las coberturas de desempleo, ni con las ayudas posteriores que, por su carácter temporal y transitorio, sólo valen como garantía para afrontar con cierta tranquilidad una mala coyuntura personal adversa con periodo de caducidad hasta el momento de reincorporarse a un nuevo puesto de trabajo. En definitiva, para un imprevisto circunstancial. Pero, si agotadas dichas prestaciones temporales, como sucede a unos dos millones de los citados desempleados, encima se les condena a la inanición, la injusticia inadmisible se convierte en una majadería social intolerable. Es lo que está sucediendo.

            Es repugnante y repulsivo que en una de las zonas más desarrolladas del mundo, con un alto nivel de vida y un considerable estado del bienestar se condene a tanta gente a la exclusión laboral, arrancándoles la capacidad de poder ganarse la vida libre y dignamente. Tanto en el conjunto de la UE, como en los países de la eurozona, el paro aumenta de forma significativa, arrojando cifras espeluznantes (casi 27 millones de parados en la UE, de los que más de 19 pertenecen a la eurozona, entre ellos, los más de 6 que aporta España). Un sombrío panorama que además dibuja un horizonte de futuro tenebroso sin que se atisbe una mínima esperanza. Sin crecimiento económico no se genera empleo y en Europa todas las previsiones al respecto, revisadas a la baja, apuntan en esa dirección. Una descomunal tragedia europea que, al margen del color político de los gobernantes en los diferentes países que la integran, todos ellos se muestran incapaces de salir de la crisis, generando un euroescepticismo cada vez más evidente que hace tambalear el tan ansiado proyecto de unidad europea. Por si fuera poco lo anterior, el fracaso ante la crisis de gobiernos sucesivos de izquierdas y de derechas (Zapatero y ahora Rajoy en España) o viceversa (Sarkozy y ahora Hollande en Francia), así como el de experimentos tecnocráticos (como el de Monti en Italia) genera en la ciudadanía una descomunal desconfianza en la alternancia política, requisito imprescindible para la supervivencia de la democracia, e incluso un rechazo progresivo al sistema global establecido, sin que se sepa muy bien hacia dónde vamos.

            Este sombrío panorama europeo se hace ya irrespirable en algunos países como España, donde el nivel de desempleo, siempre superior al del entorno, llega a límites insostenibles. Imparable en los últimos años con un gobierno socialista, sigue “in crescendo” con un gobierno conservador a pesar de las reformas emprendidas, frustrando todas las esperanzas depositadas en el cambio de rumbo desde las últimas elecciones. La ciudadanía se va quedando huérfana políticamente de cara a las próximas. Nadie entiende que la manifiesta mejoría de los datos macroeconómicos (prima de riesgo, balanza comercial, déficit…) no vaya acompañada de una mejora sustancial en la economía real, la que afecta directamente a los ciudadanos. Nadie entiende que, ante la petición de paciencia por parte del gobierno, la desacreditada oposición exija premura, cuando antes sucedía justo lo contrario. Nadie entiende que el paro siga siendo moneda de cambio en la lucha política partidaria para desgastar al rival, en vez de ser el común problema a resolver por parte de todos (gobierno, oposición, partidos, sindicatos, patronal…), quienes, aportando sus teóricas soluciones viables, han de ser capaces de suscribir un acuerdo o un plan general de emergencia que es lo que realmente se necesita.

            Lamentablemente ya no valen los reproches, ni las descalificaciones gratuitas, ni la búsqueda de culpables presentes o pretéritos. No se trata de polemizar sobre quién es o ha sido más inútil. A estas alturas es una pérdida de tiempo que no nos podemos permitir y que, en definitiva, nada resuelve. Se trata de solucionar un gravísimo problema que trasciende cualquier ideología, que está por encima de cualquier proyecto político y que ha de ser prioritario a cualquier otro objetivo. Se trata de devolver a todos esos millones de personas la dignidad que vilmente les han arrebatado. Se trata de poner coto a una sociedad corrupta e inmoral que no pone límites al enriquecimiento ilícito de unos pocos, ni al despilfarro y el derroche del dinero público, mientras condena a millones de personas a sobrevivir en la más absoluta miseria sin darles la oportunidad de ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿Nadie es capaz de evitarlo? ¿Por qué, si todos coinciden en el diagnóstico, ninguno pone el remedio? Esto es lo que hay que demandarles.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

ASEDIO ESPERPÉNTICO

                        Desde que apareció la noticia de que la Plataforma ¡En Pie! –son tantas las plataformas que ya no se sabe quienes son unos u otros- tomaba la iniciativa de “asediar de forma indefinida” el Congreso de los Diputados hasta que “caiga el régimen” me vino a la memoria la época medieval en la que tan frecuentes eran estas prácticas para dirimir las rivalidades entre la nobleza. Entonces, nada era más eficaz para someter al rival en su propio terreno que rodearle en sus dominios (ciudad, fortaleza u otro lugar) para atacar a las fuerzas enemigas que están dentro o para impedirles que salgan o que reciban ayuda del exterior. Eso era un asedio en toda regla. Si eras perseverante y tenías la fuerza suficiente, el éxito estaba más que asegurado. Era cuestión de tiempo. El desgaste progresivo del asediado siempre jugaba en su contra y, salvo circunstancias imprevistas favorables, el desenlace final era la rendición, que, pactada o no, se materializaba antes o después, dependiendo de la capacidad de resistencia. Eran otros tiempos, con otras mentalidades y otros medios, que nada tienen que ver con los de hoy.

Pero, si en la actualidad se suele proceder de otra forma, no faltan quienes, añorando los viejos tiempos, consideran que la intimidación y el acoso siguen siendo válidos para conseguir los fines que pretenden. Y en esta deriva progresiva de imponer la razón de la fuerza se inscribe el referido asedio que, coincidente en sus objetivos con la anterior iniciativa de “ocupa el Congreso”, ya ni repara en el uso de eufemismos para generar cierta confusión sobre la esencia de su naturaleza, al extremo de provocar el rechazo por parte de determinados grupos o plataformas que entusiásticamente apoyaron aquella iniciativa. En definitiva, una convocatoria auténtica sin pretender engañar a nadie como entonces, lo que, en el fondo, es de agradecer. En su llamamiento no hay espacio para la confusión, reconocen sin tapujos que conscientemente se niegan a cumplir las reglas que impone un régimen al que pretenden “derrocar”, advierten a los convocados que, comenzando por la “no notificación”, que es preceptiva, el “régimen” puede tener la excusa para una represión indiscriminada y enumeran todas las posibles estrategias a desarrollar mientras dure el asedio, que aspira a ser indefinido. Una declaración de guerra sin paliativos. El enemigo, el sistema democrático; el objetivo concreto, su esencial institución, el Parlamento; sus promotores, los autoproclamados defensores de la libertad.

Como era de esperar, el desmarque de otros grupos ante tamañas precisiones –la mayoría, pretendiendo similares objetivos, se mueven mejor en el río revuelto del confusionismo- ha convertido tan libertaria iniciativa en un asedio esperpéntico. Lo que, según los medios, iba a ser una tumultuosa manifestación asediando el Congreso, al extremo de no celebrar la sesión plenaria prevista, supongo que para evitar males mayores, ha quedado reducido al bochornoso espectáculo de unos 2.000 individuos vociferando, insultando y agrediendo verbal y físicamente a los policías antidisturbios, unos 1.400, que las autoridades competentes habían situado en la zona. El resultado, la dispersión y el levantamiento del “sitio” por parte de sus convocantes tras las primeras refriegas con los agentes, no sin dejar una treintena de heridos, afortunadamente con carácter leve, repartidos entre asaltantes y policías casi por igual. El motivo de la desconvocatoria: “debido a que no vemos fuerzas suficientes consideramos que no es prudente continuar con la acción”, pues, “continuar con la estrategia no tiene sentido por el insuficiente apoyo social”. Es decir, como en estos momentos no conseguimos rendir el castillo, nos retiramos estratégicamente para sitiarlo en cualquier otro momento que nos sea más propicio. También se hacía así en el medievo.

Pero lo que realmente llama la atención, no es el espectáculo en sí mismo, sino que, ni antes, ni en el momento de producirse, ni después se haya producido una condena unánime e indiscutible por parte de los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, asociaciones profesionales, medios de comunicación e instituciones del Estado. Asuntos tan graves, por esperpénticos que resulten, no deben utilizarse de forma frívola para obtener supuestas ventajas particulares. Al fin y al cabo son atentados directos contra la democracia que merecen tolerancia cero por el bien de todos los ciudadanos, independientemente de su color ideológico o su posición social. Cuestionar si fueron exageradas o insuficientes las medidas preventivas, las respuestas policiales a las provocaciones, o calificar el evento de carácter “pacífico” cuando su convocatoria encierra tamaña violencia es de una irresponsabilidad meridiana. Un claro triunfo para los liberticidas que, a pesar de su esperpéntico fracaso en este acto concreto, obtienen como botín demasiados policías heridos por no actuar de forma más contundente ante el temor de ser criticados después y, lo que es peor aún, la suspensión de una sesión plenaria que, a mi juicio, jamás debiera haberse producido. Demasiado premio para tan burdos liberticidas.

                                    Fdo. Jorge Cremades Sena

EL CUENTO DE NUNCA ACABAR

                        Ante la disyuntiva planteada por César Vilar en su artículo “La modélica transición o el cuento de nunca acabar”, publicado en INFORMACIÓN como respuesta a mi artículo “Reforma o ruptura, un falso dilema”, voy a quedarme con “el cuento de nunca acabar”, ya que con la “modélica transición”, desarrollada y refrendada por la inmensa mayoría de españoles, excepto por los grupúsculos de extrema izquierda y extrema derecha, que preferían resolver el asunto a tiro limpio, ya se quedó el pueblo al dejar de ser súbdito para convertirse en ciudadano y, como tal, soberano para decidir su futuro desde la paz y la libertad. No lo digo yo, lo avalan los hechos, entre ellos, que cualquiera, incluidos los liberticidas, como en los demás países democráticos, pueda exponer, defender y propagar libremente sus ideas, siempre que lo haga, como en los demás países democráticos, sin recurrir a la violencia y dentro de la legalidad establecida. Seguramente, el problema es que, como en el resto de países democráticos, cada proyecto maravilloso, cada idea genial, necesita conseguir el respaldo mayoritario ciudadano para que sus promotores consigan el gobierno y puedan plasmarlo como parte de dicha legalidad. ¿Qué le vamos a hacer? Poco más se puede añadir. Me quedo por tanto con el “cuento de nunca acabar” de que en España no hay democracia, a la vista está, por culpa de esa especie de pecado original de los españoles al haber consensuado la liquidación del franquismo en vez de resolverlo… ¿Cómo? ¿Mediante la violencia? Es el mismo cuento que, siempre inconcluso, aplican para todo quienes, incapaces de consolidar un proyecto mayoritario y, por tanto, viable para abordar con solvencia los problemas reales, se limitan a deslegitimar el respaldado por la mayoría, incluso si son responsables subsidiarios o cooperadores necesarios por su condición de minoritarios, cuando dicha mayoría no es la suficiente para hacerlo viable.

            Lamento que César Vilar, absorto en sus cuentos de nunca acabar, no entienda el mensaje de mi citado artículo. Seguramente la culpa es mía. Por ello le hago el siguiente resumen: “Hay solución a la grave situación actual, menor que la de la transición, si se afrontan importantes reformas, comenzando por exigir el cumplimiento de la legalidad y priorizando las que más incidan en la crisis; lo mejor es afrontarlas con grandes apoyos o consensos, como entonces, rechazando la intransigencia rupturista que hoy, en un estado de derecho, como es el caso, ni siquiera tiene sentido -salvo en quienes niegan nuestra democracia a pesar de su evidencia-, pues la ruptura conduciría inevitablemente a un sistema totalitario”. El resto del artículo es una relación de hechos contrastables para avalar el mensaje. ¿Acaso las constituciones españolas, excepto la vigente, no las hicieron unos españoles contra otros? ¿Acaso la violencia de unos y otros no ha sido la constante para finiquitar los proyectos políticos y, a su vez, la excusa para intentar legitimarlo? ¿Acaso la violencia no genera más violencia? Si el señor Vilar no manifiesta con claridad con cuál de estas cuestiones está en desacuerdo, ni explica racionalmente el motivo, ni expone la solución alternativa y se limita a expresar lo pésimos que son tanto el PP como el PSOE, omitiendo que IU colabora con el primero en Extremadura y gobierna con el segundo en Andalucía o en el tripartito catalán en su día, estamos ante el cuento de nunca acabar de que el malo es el vecino y yo siempre soy el bueno aunque, si es necesario, le ayude a consolidar sus maldades.

            No sé por qué el señor Vilar me incluye, junto a Griñán, en una “campaña” de “dirigentes del PSOE”, que no soy, con la “voluntad de maquillar las consecuencias inmediatas de la feroz crisis económica”. Es el cuento de nunca acabar, consistente en adjudicar intencionalidades perversas al contrario en vez de rebatir sus actos con razonamientos concretos. Yo, que no me atrevería a decir cuál es la voluntad de Vilar ni la de los dirigentes de IU, quiero imaginar que buena, le invito a que repase mis artículos criticando duramente al gobierno PSOE-IU de Andalucía, especialmente en el tema de los EREs fraudulentos que tanto criticó en campaña electoral IU y el PP. Tampoco sé por qué me acusa, junto a Griñán, de inmovilismo cuando planteo la necesidad de profundas reformas, que no rupturas, ya que afortunadamente hoy lo permite nuestro marco legal que él tanto repudia; ni por qué achaca a la ya lejana transición los actuales males de la sociedad en vez de achacarlo al mal funcionamiento de las instituciones en las que también IU participa de forma activa; ni por qué atribuye a la URSS, junto al sindicalismo combativo europeo, los méritos del tímido desarrollo de los derechos sociales y económicos recogidos en nuestra Constitución. Ni siquiera entiendo que no entienda que cada periodo histórico es la consecuencia directa del anterior, de la capacidad que tuvieron para resolver los problemas o no de forma pacífica, que es lo que yo argumento en mi artículo, y me salga recordando la ayuda de nazis y fascistas –supongo que en la guerra civil- para derribar la República, omitiendo las luchas entre anarquistas, comunistas y socialistas que tanto tuvieron que ver en el descontrol de la paz social previa y, durante la contienda, en la derrota bélica a pesar de la ayuda de las brigadas internacionales. ¿Se hubiera evitado todo esto, producto de la intransigencia, con un mayoritario consenso republicano? Esa es la cuestión, señor Vilar. Si yo hubiera estado allí lo hubiera intentado, como hice luego en la transición. ¿Usted qué hubiera hecho? Piense antes de responder, pues consensuar, supone encontrar espacios de entendimiento pacífico, lo que requiere renuncias por parte de todos, especialmente de quienes tienen menos apoyo social. Lo contrario es el cuento de nunca acabar, el de los buenos y los malos. ¿En qué bando está usted, señor Vilar? Yo, por si le interesa, en ninguno. No creo en los cuentos desde hace muchos años. Dejé de creer en ellos cuando, siendo muy joven, sentí que no era libre, mientras que otros jóvenes de países vecinos sí lo eran. Desde entonces luché para que mis hijos y nietos no sientan jamás lo que sentí yo. Si usted se siente así ahora, lo lamento de veras. Mi trabajo, sirvió de poco.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

REFORMA O RUPTURA, UN FALSO DILEMA

                        La fiebre revolucionaria (en sentido estricto de cambio radical) con que algunos pretenden poner patas arriba todo nuestro sistema político-institucional, amenaza seriamente la paz y la convivencia social, poniendo en grave riesgo nuestro Estado de Derecho. Una vez más, como en otros muchos periodos históricos, el dilema “reforma o ruptura” con el pasado para afrontar el futuro divide a los españoles en el presente de forma radical y peligrosa. En casi todos los momentos anteriores, salvo en la Transición, la intransigencia de los rupturistas generó tal violencia que, al final, condujo a los españoles a un futuro peor que su presente en términos de libertad y prosperidad popular, dejando herencias perniciosas y difíciles de gestionar. Por ello es incomprensible que, a estas alturas y con semejante bagaje, se ponga en duda en términos históricos la validez del consenso –modelo ejemplar en su día a nivel nacional e internacional- que, con grandes dificultades e ingentes reformas, propició el tránsito del régimen autoritario al de democracia plena, arrinconando a los rupturistas intransigentes de ambas orillas y, gracias a ello, consiguiendo el más largo periodo de libertad, paz y prosperidad de toda nuestra Historia. Por tanto, es indecente calificar, para desacreditarlo, nuestro actual sistema político como heredero del franquismo, salvo que se refieran a que cada periodo histórico es, obviamente, heredero del anterior y, en ese caso, también se calificaría al franquismo como heredero de la República, a ésta como heredera de la Restauración y así sucesivamente, pues, en definitiva, cada periodo histórico resulta de la capacidad o incapacidad de responder a los problemas surgidos en el periodo precedente que, en España, desgraciadamente, casi siempre se liquidó mediante la violencia, el revanchismo y la incapacidad de reconciliar a unos y otros en un proyecto común y mejor para todo el conjunto.

            Dicho lo anterior, nada que objetar a las necesarias reformas que precise nuestro Estado de Derecho para responder con mayor eficacia a los problemas ciudadanos que, surgidos o agravados por la crisis, siguen siendo, en todo caso, infinitamente inferiores a los que padecimos durante la dictadura franquista. Si entonces se trataba de poner punto y final a la dictadura para sustituirla por el Estado de Derecho, ahora sólo se trata de reformarlo para que funcione mejor. Si entonces se trataba de acabar con una legalidad ilegítima para sustituirla por una legalidad legítima y democrática, ahora se trata simplemente de hacer los retoques necesarios para mejorarla. Si entonces, para evitar riesgos innecesarios y males mayores, optamos por el reformismo frente a un incierto y peligroso rupturismo, ahora, cuando el marco legal democrático –surgido de dicho acuerdo mayoritario- permite las más profundas reformas, carece de sentido  apostar por rupturas y reivindicarlas al margen del mismo. Por tanto, la principal y prioritaria reforma ha de ser la exigencia inexcusable del acatamiento a la legalidad, pues gran parte del deterioro progresivo de nuestro sistema democrático obedece a la permisividad de hechos y comportamientos antidemocráticos, incluso desde las instituciones, desacatando impunemente la legalidad sin respetar las reglas de juego, cuyo acatamiento es la condición básica para la supervivencia democrática. Y así, una vez reforzada la esencia del Estado de Derecho con esta prioritaria reforma, que casi nadie está dispuesto a afrontar –a las pruebas me remito-, hay que priorizar las demás –tanto las legislativas como las institucionales-, comenzando por aquellas que incidan más directamente en la salida de la crisis, principal obstáculo para el desarrollo del bienestar ciudadano, y en la mejora del ineficaz entramado político-institucional, principal fuente del derroche y despilfarro del dinero público.

            Pero, a diferencia de la Transición, ahora cada cual va a lo suyo. Ni acuerdo en las medidas tendentes a finiquitar la crisis, ni acuerdo en las reformas para poner las instituciones realmente al servicio de la ciudadanía. Al contrario, cada uno exhibe su receta particular y concreta del sector que lo está pasando peor, incitándole a actuar al margen de la ley para conseguir sus legítimas aspiraciones. No se trata de buscar solución a sus problemas de forma razonable y dentro de lo posible; se trata de romper con el sistema que, heredero del franquismo según ellos, es antidemocrático y por tanto hay que sustituirlo por su modelo imaginario que ineludiblemente ha de ser republicano y federal. Es lo urgente, lo imprescindible para que todo lo demás funcione, pues, de no ser así, ni cabe la libertad ni el progreso y, por tanto, es tan sencillo como sustituir “Monarquía Constitucional y Estado Autonómico” por “República Federal” -supongo que “Española”- y todo arreglado. Además, las nuevas generaciones que, obviamente, no pudieron refrendar este caduco sistema semifranquista –así se lo venden- legitimarían por fin –supongo que hasta la siguiente generación- un auténtico marco de libertades que les permitirá desembarazarse de la losa opresora en la que viven ahora. Con argumentos tan irreales e inconsistentes (basta comprobar que no sólo hay libertad y progreso en las Repúblicas Federales, ni refrendan su sistema político de vez en cuando para que las nuevas generaciones lo legitimen o lo sustituyan por otro) se postergan las reformas necesarias y se priorizan los debates superfluos, que nada aportan a la solución de los problemas reales, sino que generan nuevas incertidumbres y elementos de división en una ciudadanía maltrecha que busca agarrarse a un clavo ardiendo. Son las prioridades y los métodos de los intransigentes que, desde la libertad conseguida con la Transición, que tanto denostan y denostaron, reavivan el debate, convertido ya en falso dilema, entre “reforma o ruptura”, que tanto nos hizo dudar entonces, sin reparar que hoy ni siquiera cabe la duda, pues la ruptura con un sistema democrático sólo puede conducir al autoritarismo, en el mejor de los casos, y siempre al empeoramiento de la situación. Es obvio que, para algunos, cuanto peor, mejor. ¿Lo es también para la mayoría? Parece que, de momento, no.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

EREs FRAUDULENTOS, EXTREMA GRAVEDAD

                        Aunque cualquier episodio de corrupción es un grave asunto social y económico, ya que, al final, entre todos hemos de pagar la fiesta de unos pocos, el caso de los EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía lo es de extrema gravedad, no sólo por la cuantía, que también, sino además por su naturaleza, su duración y sus protagonistas, que en su conjunto lo convierte en singular desde el punto de vista ético, estético y político. Por más que la peste corrupta que asola nuestra geografía, vinculada esencialmente a los pelotazos urbanísticos, nos haya acostumbrado a convivir casi sin sorprendernos con un elenco de figuras delictivas y de fuentes donde practicarlas, siempre hay margen para la sorpresa. La imaginación de los corruptos no tiene límites. De entrada, lo que hace singular el caso de los EREs fraudulentos es que el enriquecimiento indebido de los supuestos chorizos emana del dinero presupuestado a ayudar a los pobres (trabajadores con riesgo de exclusión laboral en empresas con problemas), que afecta a un gobierno socialista, al que, como tal, se le supone una especial sensibilidad en defensa de las clases trabajadoras, y, finalmente, que se produce en una de las regiones europeas con mayor índice de paro laboral. Aspectos que añaden un plus de gravedad y asombro frente a otros casos de corrupción al uso.

            Ni cabe, como hace el PP y sus voceros, magnificar el asunto, afirmando que “los socialistas se han llevado mil millones de euros”, ni minimizarlo, como hacen éstos, diciendo que se trata de “un problema de solidaridad mal entendida” al tratarse de ayudar a empresas en crisis aunque existan “algunos problemas de procedimiento”. Ni tanto, ni tan calvo. Las mentiras o las verdades a medias, tan utilizadas cínicamente en todos los casos de corrupción, sólo añaden a la ciudadanía un plus de repugnancia. Lo cierto es que desde 2001 la Junta, presidida por Chaves, crea un procedimiento de ayuda a empresas en crisis, necesitadas de EREs para realizar prejubilaciones o despidos, y a trabajadores afectados por los mismos y, a tal efecto, crea un fondo, dotado con 721 millones de euros hasta 2011, que debía ser ampliado para su finalización hasta unos 1.217 millones. Loable e indiscutible objetivo. Lo insólito, que su gestión se deja al margen de la trasparencia y el control administrativo normal, a pesar de las diversas advertencias de la Intervención General. La consecuencia, un uso arbitrario e irregular del mismo, conocido al fin como “fondo de reptiles”, que se materializa en conceder prejubilaciones a personas que jamás trabajaron en las empresas afectadas (más de 13 millones de euros), en subvencionar a empresas que no estaban presentando un ERE y a personas que después no llegan a crear ninguna empresa (más de 74 millones) y en pagar comisiones exageradas (hasta el 20%, cuando lo normal es el 3%) a intermediarios (consultoras, bufetes, aseguradoras, sindicatos) entre la Junta y los trabajadores (unos 70 millones), que, en definitiva, suponen un fraude de demasiadas decenas de millones de euros. Fraude que no se justifica, como pretenden los socialistas, con los más de 6.000 prejubilados favorecidos por la Junta correctamente, como era su obligación, pues hubiesen sido muchos más prejubilados si los fondos fraudulentamente destinados a las decenas y decenas de prejubilaciones inmerecidas, a las empresas sin necesidad de un ERE, a los “sobrecostes” de intermediarios y a las personas que jamás crearon luego una empresa, se hubiesen administrado correctamente en vez de usarse para el enriquecimiento injusto e ilegal de unos cuantos.

            El desfile por la cárcel de personajes indecentes, desde el exconsejero de Empleo Antonio Fernández –incluido para el ERE como trabajador de la empresa desde el día de su nacimiento- hasta el director general Guerrero Benítez –derrochador, según su chófer, del dinero defraudado en cocaína, copas y prostitución-, pasando por el exsindicalista Lanzas –intermediario y “conseguidor” que esconde 82.000 euros bajo un colchón y acumula un patrimonio exagerado-, convierte este asunto, calificado al principio por los socialistas como “cosa de cuatro pillos”, en el más grave fraude institucional que se ha investigado hasta la fecha, dando razón a la famosa frase, aportada en la investigación del caso Mercasevilla, de que “La Junta colabora con los que colaboran”. Es decir, la Junta no gobierna para todos por igual. Yo te doy, si tú me das o me interesa darte, al margen de los derechos que tengas. Una trama institucional que, durante una década al menos, actúa con absoluta impunidad de forma arbitraria y caprichosa sobre unos fondos presupuestarios con marcada índole social, rebasando éticamente cualquier otro repugnante caso de corrupción al perjudicar directamente a las clases más humildes.

            Por todo ello, al margen de las responsabilidades penales –las políticas no se depuran en este país- que la jueza Alaya pueda esclarecer, es imprescindible que, como mínimo, las cantidades malversadas directamente del presupuesto -tanto las apropiadas, como las concedidas a beneficiarios de forma ilegal- sean devueltas a la Administración para que ésta les dé un futuro uso correcto. Si por cualquier error administrativo la Administración le exige a cualquier ciudadano normal la devolución de lo indebidamente cobrado (incluso las mínimas cantidades pagadas en demasía a personas en situación de precariedad, como paro, ayuda familiar, etc) es intolerable que no lo hagan quienes se han enriquecido tan repugnantemente como colaboradores necesarios de los EREs fraudulentos, así como los cientos de prejubilados indebidamente quienes, tras declarar nula su pensión, debieran devolver la subvención inicial más lo percibido hasta la fecha como falsos pensionistas que es lo que son. De no hacerlo, otros muchos, que sí tenían derecho a percibirla por trabajar de verdad en las empresas y cumplir todos los requisitos exigibles, serían doblemente maltratados si con dinero público se hace borrón y cuenta nueva de este escándalo sin precedentes. Un escándalo, para colmo, protagonizado por un gobierno socialista y, ahora, apoyado por IU que en su vertiente más radical se salta la legalidad (asalto a supermercados, ocupación de fincas, etc) al menos con la excusa de hurtar a los ricos para favorecer a los pobres. Lo contrario no tiene excusa posible.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

                        La jueza Mercedes Alaya, recuperada de su baja laboral temporal, ha vuelto a su trabajo con energías renovadas, dando un importante empujón a la investigación sobre los EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía. La convergencia mediática temporal con el caso de los papeles de Bárcenas, de su vinculación o no a la trama Gürtel y la supuesta financiación del PP, con las ITV de Oriol Pujol, con el Instituto Nóos de Urdangarín o con el caso campeón de Blanco, entre otros asuntos de menor relieve, ha generado una alarma social en la opinión pública sin precedentes. La gente ya está hasta las narices de esta corrupción sistémica instalada en nuestra sociedad; pero aún lo está más del trato mediático que se le da, sobre todo en los medios audiovisuales, que, como si se tratara de un “programa basura” más, convierten en frívolo espectáculo lo que debiera tratarse con rigor, seriedad y responsabilidad. Cada uno de los casos de corrupción aparece en dichos medios como un asunto opinable y discutible, dosificado en una serie de tertulias en las que cada participante manipula la información a su antojo mientras que el juzgado de turno intenta esclarecer los hechos concretos y las responsabilidades pertinentes de cada uno de sus respectivos autores. Entretanto, los ciudadanos, a pesar de este tsunami desinformativo y manipulador, cada vez son más conscientes de que, al margen de la responsabilidad penal que se pueda demostrar en cada caso, se requiere una responsabilidad política, que en otros países existe y aquí no, entre otras causas, porque dichos tertulianos a sueldo, pretenden generar en la opinión pública –y a veces lo consiguen- una cierta tolerancia hacia conductas absolutamente repudiables en vez de posicionarse en contra de forma unánime y firme en todas y cada una de ellas. Este derroche de frivolidad mediática, mezclando información y opinión, para manipular la dimensión de los hechos que paralelamente investiga un juez y presentarlos a la opinión pública según les conviene, provoca un perjuicio social casi tan grave como los presuntos delitos investigados.

            La exigencia de responsabilidades políticas –las penales ya se verán- no   pueden venderse como “cacerías contra Griñán” o ataques al PP, a Cataluña o a la Monarquía, por más que sea lo que pretendan algunos, sino como el precio que, al menos, por su manifiesta incompetencia, deben pagar quienes en el marco de su responsabilidad permitieron, por acción u omisión, la proliferación de actividades delictivas de personajes como Guerrero o el sindicalista Lanzas, Bárcenas, Pujol o Urdangarín. Si todos ellos actuaron durante años de forma fraudulenta es porque algún personaje de ámbito superior competencial hizo dejación de su responsabilidad y, como mínimo, se lo permitió. Discutir por qué lo hizo o buscar excusas a su proceder es irrelevante. Lo esencial es que, ante su evidente incapacidad en el ejercicio de su responsabilidad, se le exija unánimemente la dimisión de su cargo. Por eso, plantear en serio la exigencia de responsabilidades políticas en este circo mediático, cuando hasta las responsabilidades penales investigadas son tergiversadas con grandes dosis de cínica parcialidad, es como pedir peras al olmo.  

            Se mire como se mire, el caso de los EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía, como otros tantos casos, una vez esclarecidas las responsabilidades penales de los imputados, debiera tener además consecuencias políticas en quienes durante más de diez años no se enteraron o no quisieron enterarse del destino incorrecto que sus subordinados hacían del dinero público que los ciudadanos les habían confiado para su correcta administración. Si quienes se lo llevaron calentito, enriqueciéndose indebidamente o enriqueciendo de forma arbitraria a sus clientelas familiares o ideológicas, han de pagar las culpas que en sede judicial se impongan –entre las que debiera estar además la devolución de las cantidades malversadas-, quienes, mirando hacia otro lado o viéndolo de reojo, no hicieron nada para impedírselo debieran, como mínimo, merecer el repudio social generalizado, quedando inhabilitados -si no de derecho, al menos, de hecho- para seguir ejerciendo la representación política. Es lo que sucede en cualquier país normal. Por eso en dichos países se conjuga el verbo dimitir. Aquí sucede todo lo contrario y, por ello, los partidos políticos no tienen reparo alguno en incluir en sus listas a personajes de dudosa honradez, incluso imputados, o nombrarlos para cargos, incluso más importantes que los anteriores. Saben que no pasa nada; al contrario, la experiencia les dice que, finalizada la representación circense, pueden incluso aumentar el apoyo electoral en los siguientes comicios. Sin un código ético para ejercer la actividad política y sin un reproche social generalizado ante las malas prácticas, exigir responsabilidades políticas en este país es como entretenerse en debatir sobre el sexo de los ángeles.

Pero, si, de entrada, la ciudadanía es la responsable por seguir apoyando a los partidos que actúan de forma tan indecente, no es menos cierto que los verdaderos culpables, además de dichos partidos, son quienes de forma arbitraria actúan como agentes propagandísticos de la corrupción ante la opinión pública, minimizándola o maximizándola según les conviene, en vez de condenarla de forma unánime y sin paliativos para generar sin fisuras una progresiva conciencia social de rechazo absoluto a estos comportamientos indeseables, en vez de generar un asqueo colectivo hacia la actividad política que, a corto plazo, beneficia a los sinvergüenzas frente a los políticos honrados y, a largo plazo, perjudica a todos los ciudadanos. De momento, ya podemos darnos con un canto en los dientes si, al menos, se depuran las responsabilidades penales, las políticas, con estas mimbres, están a años luz de ser depuradas.

                                   Fdo. Jorge Cremades Sena