Si la
cifra de parados en España es alarmante, condenándolos a vivir de forma
precaria, la vida de aquellos que agotaron ya todo tipo de ayudas previsto está
condenada a la trágica situación de dependencia absoluta que, inevitablemente,
les conduce en muchos casos a la más estricta pobreza y la mendicidad. Por
tanto, cualquier Estado que se precie, por más dificultades coyunturales que
tenga, ni puede ni debe abandonar a estas gentes que lo perdieron todo,
especialmente a aquellos que se vieron abocados a la miseria por circunstancias
totalmente ajenas a su voluntad. Son los parados de larga duración a los que,
por fin, el Gobierno decide otorgar una prestación de entre unos 400 o 450
euros mensuales. A tal efecto y para ultimar los detalles Rajoy se reúne con
los agentes sociales y, al parecer, el nuevo ingreso se hará con efecto
retroactivo desde noviembre. Para acceder al mismo será requisito necesario
haber agotado todas las ayudas a las que en su día, como perdedor del empleo,
tuviera derecho. Es obvio que con dicha cantidad no se resuelve la situación,
que seguirá siendo dramática, pero, al menos, aunque sea con muchas
dificultades, les permitirá hacer frente a las necesidades más básicas. Ya era
hora de que, al menos, el Gobierno tomara este tipo de medidas como algo
urgente e inaplazable, pues no hay excusa alguna para no hacerlo. Que, según
Randstad, el empleo sumergido en España duplique la tasa de Francia y de Reino
Unido, no es razón para desamparar a los parados que todo lo perdieron, no
estando reñida la política de afloramiento del trabajo sumergido con la
política de solidaridad con quienes más lo necesitan. Asimismo parece ser que
el Gobierno prorrogará la tarifa plana para contratos indefinidos. Otra buena
idea ya que la mejor ayuda a los parados es hacer todo lo posible para que
cuanto antes puedan encontrar un trabajo. Si, como parece, la economía comienza
a levantar el vuelo, lo más razonable es que esta mejora se perciba cuanto
antes por la ciudadanía.
Y la mejor ayuda a la
Justicia, asunto primordial para la convivencia, es atender las peticiones que
hacen los jueces, como ampliar la prescripción de los delitos de corrupción,
leyes más duras contra esta lacra, penas más duras, que los aforamientos no se
usen para destruir pruebas y, por supuesto, más medios. Por su parte el
Gobierno quiere limitar a seis meses las investigaciones judiciales y sobre
todo este tipo de asuntos está ultimando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Que se eviten largos procedimientos, como el de Fabra que al final
entra en la cárcel tras once años desde que se iniciara la investigación, es
intolerable, pero resolverlo no se consigue con el ordeno y mando de acortar a
seis meses la investigación ya que, si no se ponen los medios pertinentes para
que así sea, puede que se empeore la situación actual al propiciar por vía de
urgencia investigaciones judiciales deficientes. ¡Queda tanta tela que cortar
en esto de la Justicia! Por cierto, Santi Potros, el sanguinario etarra,
conocido por todos, saldrá muy pronto de la cárcel, gracias a la deducción de
los diez años cumplidos en Francia que han ordenado tres jueces de la
Audiencia, evitando así que siga en prisión hasta 2020. Y mientras tanto en
Euskadi varios Ayuntamientos organizan tertulias de ediles de signos opuestos para
que aprendan a escucharse unos a otros.
Por otro lado,
prosigue el asunto de la violencia en torno al futbol al extremo de que
Lendoiro, el ex presidente del Depor, ha sido expulsado por la Liga y
destituido como embajador internacional de la misma por haber asistido al
entierro del ultra coruñés asesinado en Madrid. Entretanto han sido detenidos
tres hermanos por su muerte en Pozuelo de Alarcón, tras ser identificados por
otros miembros del Frente Atlético y por las cámaras de seguridad de Madrid Río,
en un país en el que más de 22.000 ultras de alto riesgo viajan a los campos de
futbol españoles y no precisamente con la intención de disfrutar del
espectáculo deportivo.
Y mientras España
logra excluir a Gibraltar del “Cielo único europeo” en contra de las
pretensiones del Reino Unido, que pierde en esta ocasión ante la UE, Londres
declara la guerra fiscal a los gigantes de Internet, imponiendo una tasa extra
del 25% a los beneficios que generan en el país pero declaran fuera, afectando,
entre otros, a Google, Apple, Amazon y Facebook. Por su parte, mientras la
bajada del petróleo hace perder a los productores 1´2 billones, en Venezuela la
líder opositora es acusada de intentar asesinar a Maduro. Entretanto, EEUU
reclama más implicación a sus aliados en la lucha contra el yihadismo y, según
el Pentágono, Irán también ha atacado al estado islámico en Irak.
En cuanto al deporte
se refiere el mayor reconocimiento a Mireia Belmonte por lograr en Doha dos
oros y dos récords del mundo en apenas 46 minutos, sumando ya desde 2013 cinco
plusmarcas.
Jorge Cremades Sena
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