Era la
máxima de Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, que aconsejaba a los
nuevos miembros de la Compañía que “en tiempos de tribulación no hacer
mudanzas” ya que en momentos difíciles y complicados, como, por ejemplo, los
actuales, modificar lo establecido de forma sustancial, puede empeorar más la
situación, salvo que la inmensa mayoría de los ciudadanos tenga muy claro lo
que hay que hacer. Es, seguramente, lo que habrá pensado el Presidente Rajoy
para darle carpetazo a la reforma constitucional que reclamaba Pedro Sánchez,
quien pedía la creación de una comisión parlamentaria con participación de
expertos para abrir el melón constitucional. Rajoy ni ve necesario, ni
oportuno, hacer ningún cambio sustancial en la Constitución en esta legislatura
y, al parecer, ni siquiera lo contemplará como objetivo para la siguiente en su
próximo programa electoral. El cambio de modelo de Estado que propone el líder
socialista con su famoso Estado Federal indefinido, así como el que propone
Pablo Iglesias con su radical proyecto constituyente para liquidar
definitivamente lo acordado en la Transición, junto al desafío de los
independentistas catalanes y las expectativas, según lo que suceda, de los
independentistas vascos, son suficientes razones para, al menos de momento, no
hacer mudanzas, por más que no vendría mal hacer algunos retoques a nuestra ya
madura Constitución. En todo caso, habrá que tener en cuenta que, una vez
abierto el melón, habría que apechugar con todas las consecuencias, incluso las
de quienes, visto lo visto, apostarían por limitar muchas de las competencias
de que disfrutan ahora las distintas CCAA que podrían gestionarse mejor desde
el Gobierno. No vaya a ser que algunos de los que se empeñan, sí o sí, en ir
por lana, aprovechando la inestable situación que atravesamos, salgan
finalmente trasquilados. Y muchos españoles están hartos del uso y abuso que
algunos hacen de las competencias que se les han transferido. Es obvio que la
próxima campaña electoral para las elecciones generales será altamente
interesante y finalmente sabremos a lo que juegan unos y otros.
Lo que sí sabemos ya
es a lo que jugaban los gestores de Bankía que, según los peritos judiciales
del Banco de España, jugaron a engañar a cientos de miles de inversores en su
salida a Bolsa. En un duro informe del Banco de España se concluye que Rato
sacó la entidad a Bolsa con los números maquillados e incluso reprochan a
Goirigolzarri de errores en la revisión de las cuentas de su antecesor. En
definitiva, que Rato hasta podría ir seis años a prisión por mentir al
accionista e inflar el valor del Banco en su salida a Bolsa en julio de 2011.
Según los peritos, que concluyen que las cuentas de Goirigolzarri “expresaban
la imagen fiel de la entidad” (cierto que hoy ha sido saneada), había “voluntad
de ocultación de las tarjetas B” por parte de los consejeros de Caja Madrid.
Entretanto, según el barómetro del CIS, la preocupación por la corrupción se
dispara de forma exponencial en sólo un mes, en tanto que la universidad
suspende a Íñigo Errejón (el de Podemos) y expedienta al profesor y compañero
de partido que le enchufó con la famosa “beca” para que ni pisará el campus a
cambio nada menos que de los famosos 1.825 euros mensuales. Ya ven que, hasta
los recién llegados, ponen su granito de arena en esto de la corrupción y las
corruptelas, pero no precisamente para eliminarlos.
También sabemos que
las víctimas de ETA andan rabiando ya que tres jueces acaban de liberar al
asesino de Hipercor, Santi Potros, con diez años de antelación, cuando tenía
más de 3.000 años de condena y era responsable del mayor atentado etarra, y con
total indignación claman porque “la Audiencia Nacional hace política con
nuestro sufrimiento y burla la ley”. El asunto se deriva de una iniciativa
europea, que no sentencia firme, al estilo de la famosa derogación de la
doctrina Parot, que, según algunos juristas (hay opiniones para todos los
gustos) no es de obligada aplicación, consistente en que hay que descontar los
años de prisión cumplidos en otro estado (en esta caso en Francia) aunque sea
por delitos distintos. Así salen beneficiados Santi Potros y Plazaola, mientras
que otros 50 etarras piden reducir sus penas al igual que se ha hecho con
ellos. Al tratarse de decisiones no tomadas por unanimidad, que los juristas
interpretan de forma distinta, la ciudadanía acaba por no entender
absolutamente nada sobre estos graves asuntos de violencia terrorista. Y, hablando
de violencia, los clubes de futbol que amparen o colaboren con los ultras
violentos hasta podrían bajar de categoría. Todo ello en un país como el
nuestro en que durante 2013 nada menos que 9.000 padres han denunciado a sus
hijos por maltrato. O esto de la violencia nos lo tomamos muy en serio, o
estamos perdidos.
En cuanto a otros
asuntos, el Consejero de Sanidad de Madrid, que frivolizó con el ébola de
Teresa, ha sido finalmente destituido; García Legaz, el Secretario de Estado de
Comercio, por lo visto denunció a la Policía que le habían usurpado sus cuentas
de correo, desmintiendo así al “pequeño Nicolás”; y, la Familia Real, como ya
se había anunciado, no aceptará favores ni regalos que superen el estricto
ámbito de la cortesía.
Y, en el exterior,
mientras un gran ataque islamista reabre a Putin el frente de Chechenia, la
indignación racial prende en Harlem con protestas en Nueva York contra los
abusos policiales a los afroamericanos.
Jorge Cremades Sena
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