Además de
la Lotería de Navidad que, como todos los años, toca con su varita mágica a
unos pocos y deja al resto resignados, “otra vez será”, la imputación de la
Infanta y el visto bueno a la investigación de Artur Mas son las dos noticias
que acaparan la atención mediática sin lugar a dudas. El juez Castro decide
definitivamente sentar en el banquillo a la Infanta Cristina, mientras el TSJC
decide admitir a trámite todas las querellas contra Artur Mas. Quienes por
activa y por pasiva se han dedicado a despotricar contra la Justicia en el
sentido de que los tribunales no se atreverían a seguir adelante contra
semejantes personajes por su especial relevancia político-social, han quedado
en evidencia y debieran disculparse ahora ante la opinión pública por sus
peregrinas especulaciones. De un lado, la Infanta Cristina se enfrenta a dos
delitos como colaboradora necesaria de Urdangarín, su marido; de otro lado, el
President Mas, junto a dos altos cargos de la Generalitat de Catalunya, será
investigado judicialmente por desobediencia al TC en el 9-N. Como debe ser, en
ambos casos, y si en alguno de ellos o en los dos se hubiera decidido lo
contrario, sería igualmente como debe ser, pues, en definitiva, son los
tribunales quienes han de tomar la decisión que puede ser criticable a
posteriori, pero especular a priori no ya sobre los procedimientos, sino sobre
la intencionalidad de jueces, fiscales y magistrados, como se ha hecho, me
parece totalmente inadmisible. Ahora, detrás de cada uno de dichos asuntos
queda toda una polémica jurídica, mediática, política y social, que será
difícil de digerir, teniendo en cuenta que en este país conducirse
irresponsablemente sale muy barato y los daños ocasionados por ello no suelen
repararse. Ahora, una vez más, sólo queda, como dicen en Zarzuela, respetar las
decisiones judiciales, gusten o no, y dejar trabajar a los jueces. Y, por
supuesto, respetar y acatar todas las acciones legalmente establecidas por
parte de todos los agentes que intervienen en un proceso.
Pero, dicho lo
anterior, me temo que será difícil poner freno a la polémica generada sobre la
aplicación o no a la Infanta de la “doctrina Botín”, que suponía nada más y
nada menos que exonerarla de sentarse en el banquillo, tal como sucedió al
fallecido banquero, o, como es el caso, enfrentarse hasta a ocho años de
cárcel. Y me lo temo porque Castro, para no aplicarle tan nefasta doctrina (que
jamás debiera haberse aplicado; lo que mal empieza, mal acaba) utiliza
argumentos pintorescos como el de que “Hacienda somos todos” para avalar que se
siente en el banquillo cuando es acusada sólo por la acción popular, por lo que
la defensa de la Infanta, ejerciendo su derecho, ya prepara la apelación. Si ni
Hacienda, ni Abogacía del Estado se han querellado, es otra cuestión, que, en
todo caso, además de la crítica, es susceptible de resolverse mediante una
querella contra ellos. Pero, a mi juicio, no es preocupante, sino todo lo
contrario, que Castro se plantee la naturaleza del delito contra Hacienda como
un atentado a un bien colectivo “de interés general”, sino que lo preocupante
es que asegure haber sido “más garante con la presunción de inocencia de la
Infanta que con el resto de los acusados”, cuando debiera haber sido igual de
garante con todos, por lo que da pábulo a quienes denuncian a priori
determinados tratos de favor. También me preocupa que, sin haber sido condenada
aún, algunos se sigan empeñando en mezclarlo todo y mantengan que la Casa del
Rey se resiste a condenarla públicamente y no le exige su renuncia a los
derechos de sucesión, cuando todo el mundo sabe, o debiera saber, que sólo a
ella personalmente compete renunciar a los mismos, al margen de la impresión
que cause renunciando o no. Una vez más lo fundamental es que si la legalidad
no nos gusta, que se cambie (para eso están los legisladores), pero exigir a
alguien, en este caso a la Casa del Rey, que ejerza derechos que no tiene, no
me parece razonable, y ya ha dicho tajante y escuetamente que respeta y acata
las decisiones judiciales, como debe ser. Como tampoco, en el asunto de Artur
Mas, me parece razonable manifestar que la decisión del TSJC genera más
problemas y puede hacer aparecer al President como una víctima propiciatoria
para los intereses independentistas, dando a entender que es peor el remedio
que la enfermedad. Quienes así piensan debieran explicarle a la gente que es
mínimo el coste de no aplicar la ley, aunque genere ciertos riesgos, porque el
mayor riesgo para la libertad y la democracia es dejar impunes precisamente a
quienes incumplen la ley.
En cuanto a otros
asuntos, mientras se conoce, según informe del FROB, que Caixa Catalunya prestó
7.000 millones sin control en la etapa de Serra (no sólo en Bankia aparecían
los fantasmas sino que pululaban a diestro y siniestro en casi todas las cajas),
dice Susana Díaz, con motivo de una reunión con Rajoy, que “por encima del PSOE
está España”, evitando valorar las divisiones en su partido, un gesto de la
Presidenta Andaluza digno de valorar ya que no sólo el PSOE sino todos los
partidos son meros instrumentos para el encauzamiento y participación política
de los españoles y, como tales, están obviamente muy por debajo de España. Y una
triste noticia, Joe Cocker, el cantante británico que revitalizó la música
negra de los años sesenta, la áspera e inconfundible voz del blues, se apaga
definitivamente a sus setenta años de edad; descanse en paz.
Jorge Cremades Sena
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