Mientras
unos y otros andan enredados en la polémica abierta sobre libertad y seguridad
(la eterna cuestión) el Gobierno de Rajoy y el PSOE alcanzan un pacto de Estado
contra el terrorismo que, entre otras cosas, permitirá combatir de forma más
eficaz a los islamistas; así pues, PP y PSOE, ya era hora, pactan medidas
drásticas con el objetivo de que el Estado, que somos todos, frene la amenaza
yihadista, en tanto que la yihad jalea los ataques de París y amenaza desde
España por Internet. Así, al margen de la reforma del Código Penal, se acuerda
presentar una proposición de ley, sobre la base de las doce enmiendas del PP,
entre las que está, por ejemplo, la ampliación del concepto de organización
terrorista, la regulación de la figura del “lobo solitario” y se incrementarán
las penas por la financiación y por el proselitismo en Internet. En definitiva,
un acuerdo de Estado necesario, abierto al resto de la oposición, en un asunto
del que ningún partido decente debiera intentar sacar provecho particular
demagógicamente, pues se trata simplemente, como pretenden hacer en el resto de
países democráticos, de intentar una mayor eficacia en la lucha contra el
terrorismo y poner las bases para ello desde la prevención del mismo. La
realidad exige que, por encima de elucubraciones mentales y debates teóricos
ideologizados, la sociedad libre y democrática se sienta segura, precisamente
para poder seguir siéndolo, frente a quienes pretenden socavarla mediante la
violencia. No en vano para que cada cual vaya tomando nota, según una encuesta
de NCReport (y poco variarán las demás que se hagan), el 77% de los españoles
pide incrementar la seguridad, el 69% reclama que se controle la inmigración
islamista y el 78% percibe el fundamentalismo como una amenaza. Estos son los datos,
gusten o no. Es obvio que la inmensa mayoría de españoles (como del resto de
ciudadanos europeos), nada temen, sino lo contrario, a mayores medidas de
seguridad como, por ejemplo, mayores controles, entre otras cosas, porque al
ser pacíficos y honrados poco o nada tienen que temer u ocultar… la minoría
violenta y delictiva será quien algo tenga que temer.
Si así está el asunto
yihadista en España, en Francia, todavía conmocionada por los recientes
atentados, el Primer Ministro Manuel Valls, quien en el acto de homenaje a los
tres policías asesinados no pudo contener las lágrimas, declara que su país
está “en guerra” contra el yihadismo y ordena controles inmediatos a las
comunicaciones en Internet y además se aislará en las cárceles a los islamistas
radicales. Por su parte Merkel participa en Berlín en un acto para denunciar el
avance de la islamofobia, fenómeno que obviamente hay que erradicar, y Cameron
no descarta prohibir el WhatsApp para evitar atentados. Y, mientras el
Presidente de Turquía acusa a Occidente de hipocresía y de racismo, Marruecos
desmantela cerca de Ceuta una célula del Estado Islámico, que nos ilustra una
vez más de sus horrores con una grabación mostrando a un niño que ejecuta a dos
supuestos espías rusos. ¡Cómo para no tomar todas las medidas de seguridad
posibles!
Volviendo a España y a
otros asuntos, cabe destacar la decisión del Tribunal Supremo de que no se
pueden descontar los años de prisión
cumplidos en cárceles francesas, echando así por tierra el criterio de la
Audiencia Nacional que al aplicar el descuento a los etarras “Santi Potros” y
Plazaola fueron puestos en libertad, con lo que ahora se abre la posibilidad de
que vuelvan a prisión para cumplir los años de pena que les quedan y se cortan
de raíz las expectativas de otros presos de ETA en el sentido de obtener la
libertad mucho tiempo antes de lo previsto. Si casi nadie entiende que
condenados por determinados delitos tengan que ser favorecidos por ningún tipo
de beneficios carcelarios (valga, como ejemplo, el salvaje y despiadado
atentado de Hipercor, que aún se resiste a irse de nuestras retinas y a
despejar nuestras mentes, contra un montón de gentes inocentes, protagonizado
por “Santi Potros”) y, menos aún, si los condenados ni siquiera muestran el más
mínimo detalle de arrepentimiento, lo imposible de entender es la manifiesta
discrepancia, no sólo en este caso sino en demasiados, entre tan altos
tribunales como el Supremo y la Audiencia a la hora de valorar los hechos y las
circunstancias que les rodean. En fin, es lo que hay, qué le vamos a hacer.
También cabe destacar que el Tesoro, en
este año electoral por excelencia, asume 2.000 millones de deuda bancaria de
las CCAA; y que Anticorrupción pide imputar a dos ejecutivos del Santander por
estafa con las convertibles… Ya ven, las irresponsabilidades y las corruptelas,
que no cesan.
Jorge Cremades Sena
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