Lo
sucedido en el Parlament de Cataluña es de tamaña gravedad que ya no caben
medias tintas a la hora de posicionarse: o estás a favor del golpe de Estado de
los independentistas catalanes o estás a favor del Estado de Derecho. Si desde
hace tiempo se veía venir tan caótica situación y nadie hacía lo suficiente
para evitarlo (entre todos la mataron y ella sola se murió), ahora, ya no caben
reproches, ni golpes de pecho, ni amaños impresentables, ni equidistancias intolerables,
ni razonamientos lógicos, ni concesiones estúpidas para tener la fiesta en paz,
ni tolerar lo intolerable en actos ilegales de tono menor, ni cálculos
políticos electorales, ni promesas sobre encajes territoriales… ni nada de
nada. Ahora sólo cabe permitir que se imponga la razón de la fuerza, apoyando
el totalitario planteamiento de Romeva, que dice “esto ya no se puede parar”, o
luchar para que triunfe la fuerza de la razón, apoyando el democrático
planteamiento de Rajoy, que dice “el Gobierno no permitirá que esto continúe”;
en definitiva, que se imponga el totalitarismo o que se consolide la
democracia, que triunfen los liberticidas o los demócratas. España, como en
otros muchos episodios a lo largo de su larga historia, enfrenta un nuevo reto fascista
(en sentido amplio del término), ya que un grupo de personas, al margen de la
ley, pretende, sí o sí, imponer su santa voluntad a la inmensa mayoría de
españoles que, civilizadamente, respetando la legalidad vigente, esperan que
sus derechos y libertades no sean vilmente atropellados como en otros momentos
históricos de infausto recuerdo. Y para salir de semejante atolladero se
requiere un apoyo unánime y sin fisuras por parte de todos los partidos
democráticos e instituciones políticas y sociales al Presidente del Gobierno,
cuando dice, de forma exquisita, “utilizaremos sólo la Ley, pero toda la Ley; sólo
el Estado de Derecho, pero todo el Estado de Derecho; sólo la Democracia, pero
toda la fuerza de la Democracia”. El intolerable desafío de los independentistas
totalitarios no es ni al Gobierno español de turno, ni a este o aquel partido
político, ni a esta o aquella ideología (prueba de ello es la amalgama
ideológica, desde la derecha a la izquierda radical, incluyendo a los
antisistema, que fervorosamente ha aprobado el ilegal secesionismo unilateral
en el Parlament), sino que es un desafío a España, incluida Cataluña, y a todos
los españoles, incluidos los catalanes. Y somos todos, con el Gobierno a la
cabeza, quienes hemos de evitar y derrotar tan repugnante desafío.
Por
tanto todo el mundo, al margen de la ideología democrática que tenga, debe
tener presente que la advertencia del Presidente del Gobierno de utilizar sólo
la Ley, el Estado de Derecho y la Democracia, límites que, a diferencia de lo
que hacen los totalitarios, jamás se han de rebasar, pero utilizadas en toda su
dimensión, requiere, a diferencia de lo que viene pasando, desembarazarse de
todo tipo de complejos, ya que, precisamente para protegerse de los
liberticidas, la democracia dota al Estado de Derecho de mecanismos legales
suficientes, incluida la fuerza y el uso de las armas si fuese preciso, para
someter a quienes tienen como objetivo y actúan al efecto para subvertir el
orden constitucional como es el caso. Todo ello en consonancia progresiva y proporcional al nivel de
desacato y desobediencia que en cada momento utilicen los rebeldes. En
definitiva, al Gobierno no debe temblarle el pulso a la hora de tomar duras
decisiones contra los independentistas totalitarios, sobre quienes ha de recaer
todo el peso de la Ley, que, sí o sí, han de cumplir como el resto de
ciudadanos y, en caso contrario, si se negaran a ello, apechugar a rajatabla
con las pertinentes sanciones que les impongan los pertinentes tribunales. Y la
mejor fórmula para que a ningún gobierno le tiemble la mano en trance tan grave
es contar con el respaldo de toda la ciudadanía para afrontar dicho asunto.
Que
habrá que coordinar con la oposición las medidas a tomar en cada momento, sin
duda. Que habrá que informar de ellas de forma fluida a la ciudadanía, por
supuesto. Y que habrá que hacer una labor de pedagogía política para que todo
el mundo las entienda, frente al victimismo y acusaciones demagógicas que
utilizarán los rebeldes, desde luego. Pero nada, absolutamente nada, debe
desviar la atención a la hora de apoyar, por dura que sea, cualquier medida
legal en favor del mantenimiento de las libertades y los derechos que los
españoles nos hemos dado para convivir en paz. No en vano si, como dice Rajoy,
la resolución del Parlament es una “inaceptable vía de hecho que dinamita la
Constitución”, evitar semejante atentado al edificio constitucional requiere
aplicar con contundencia una “urgente vía de derecho sin contemplación alguna”,
que diría cualquier demócrata que se precie.
Fdo. Jorge Cremades Sena
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