El
Presidente de Francia, François Hollande, reúne en Versalles a diputados y
senadores para, en un acto solemne y extraordinario, anunciarles de forma
contundente que “Francia está en guerra” y exponerles una serie de medidas
necesarias para, según él, hacer frente al enemigo yihadista. Entre dichas
medidas antiterroristas estarían: retirar la nacionalidad francesa a los
terroristas que tengan otro pasaporte; impedir el regreso a Francia de
terroristas que hayan combatido en Irak o Siria; controlar a sospechosos de
terrorismo con dispositivos electrónicos como brazaletes de geolocalización;
otorgar más competencias a la policía para que haga registros domiciliarios sin
orden judicial previa; ampliar las condiciones para asignar residencia forzada
a los sospechosos; anular todos los recortes previstos hasta ahora en el gasto
militar; contratar a 5.000 policías, 2.500 funcionarios judiciales y 1.000
supervisores de aduanas más; aumentar los bombardeos en Siria; y crear una sola
coalición internacional contra el ISIS que incluya a Rusia. En definitiva, más
y mejores medidas legales, materiales y humanas, mayor contundencia para afrontar
el ataque al núcleo central o cuna territorial del yihadismo, y mayor
compromiso y unidad de la comunidad internacional en la lucha contra el mismo.
Por todo ello, mientras Bélgica se ve obligada a suspender el partido de fútbol
entre la selección belga y española al no poder garantizar la seguridad con
cierta solvencia, Hollande no tiene reparo alguno en reclamar ayuda militar a
Europa y solicitar la reforma de la Constitución francesa a nivel interno para
endurecer la respuesta a la ofensiva yihadista, dentro y fuera del territorio,
mientras los expertos antiterroristas admiten que en España “hay riesgo real de
ataque en cualquier momento”. Gusten o no semejantes medidas a unos u otros,
sean éstas más o menos criticables desde una especie de limbo democrático puro
e inexistente (en un mundo en el que no todos son buenos, pacíficos, transigentes
y demócratas), la necesidad, en circunstancias especiales y extremas de adoptar
medidas extraordinarias para equilibrar el binomio seguridad-libertad, como es
el caso, desequilibrado en favor de los violentos, requiere entender de forma
clara y contundente que sin seguridad no hay libertad y que la libertad es el
principio básico de la esencia humana.
Francia, cuna
indiscutible de libertades y tolerancias, rearma al Estado para combatir al
terrorismo, por lo que su presidente, el socialista Hollande, pide extender el
estado de emergencia durante tres meses para dar más poderes al Gobierno en su
lucha contra el terror y, para ello, desde la más escrupulosa observancia
democrática el Presidente francés dice a su pueblo y a sus representantes
democráticos que “tenemos que reformar nuestra Constitución; estamos en guerra”,
pues, evidentemente, lo contrario es favorecer el homicidio colectivo, cruel e
indiscriminado, del pueblo francés en este caso y del resto de pueblos
democráticos y, por tanto, libres, quienes, obviamente, tienen todo el legítimo
derecho a defenderse de los liberticidas. Y, mientras Paris incrementa los
ataques sobre el IS, el G-20 acuerda reforzar el control de las fronteras y
bloquear las vías de financiación del terrorismo, en tanto que se publica que
el cerebro yihadista belga, Abdelhamid Abasaoud, de 28 años de edad, era un
objetivo prioritario que lideró los últimos ataques en Francia Bélgica. Y mientras Rajoy sostiene que
“tenemos que ir todos juntos”, Ahmed Rashid, el prestigioso periodista y
escritor pakistaní, dice que “llegamos con años de retraso” y que “la amenaza
de más ataques en Europa es más probable que nunca”. No en vano Hollande
reclama una Constitución para la guerra, un cambio de leyes, obviamente
establecidas democráticamente, porque buena parte de las vigentes no se adaptan
“a la situación en la que vivimos”. En fin, como para seguir en Europa matando
elefantes con tirachinas.
En España, la
vicepresidenta Santamaría, apela a la unidad y pide “a todos” sumarse al pacto
antiyihadista, asegurando que, sobre la lucha contra el Estado Islámico,
“nuestros socios saben que pueden contar con España y Siria es el principal
escenario”; añade además, sobre el desafío soberanista, que “Mas no tiene
legitimidad para dar más pasos, pero si lo hace, aplicaremos la ley”; y, sobre
la situación económica, que “hay que consolidar la recuperación y conseguir 20
millones de empleos en 2020”. Pero España no es Francia, aquí lo que el pueblo
francés entiende como patriotismo se entiende por parte de algunos como
facherío, al extremo de que hay partidos, como Podemos, que ni siquiera
comparten los valores del pacto antiyihadista suscrito por PP y PSOE, al que se
ha sumado Ciudadanos. No sabemos qué valores concretos defiende Podemos, ni que
propuestas concretas tiene para afrontar el terrorismo. Sabemos que algunos de
sus fichajes-estrella de última hora y de perfil destacado, anunciados a bombo
y platillo, como los juristas Pérez Royo y Gómez Benítez o los líderes
jornaleros andaluces Cañamero y Sánchez Gordillo, renuncian a ir en las listas
podemitas por el rechazo de los militantes de base; también sabemos que, en
plena guerra entre bases y cúpula dirigente, entre cúpula dirigente andaluza y
nacional, y entre cualquiera sabe quién más, Podemos ficha al juez que iba a
juzgar a la Infanta en el “caso Noos”, tras el fallido intento de fichar al
juez instructor José Castro, que rechazó la oferta, y sabemos también que el
“número uno” de Podemos por Jaén está condenado a tres años de cárcel por dar
una paliza a un edil del PSOE… ¡menos mal que, al menos, ha recurrido la
sentencia! Ya ven, es la consecuencia lógica de no pertenecer a la “casta” por
decreto, ni al facherío antiterrorista por convicción, pues, como ven, la
violencia no va con ellos y, siendo así, ¡cómo se puede utilizar la violencia
contra los violentos! Ni siquiera por legítima que sea por parte del Estado,
único legitimado para usarla, para defender precisamente la seguridad y la
libertad de sus ciudadanos.
Jorge Cremades Sena
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