Tal como
era de prever (los indicios y las señales eran meridianamente claros) el
Tribunal Constitucional suspende con absoluta rapidez y claridad la resolución
soberanista del Parlament de Catalunya. Y lo hace por unanimidad, sin duda
jurídica alguna por parte de ninguno de sus miembros. Pero además, por primera
vez en su historia, apercibe a 21 personas concretas como son los miembros de
la Mesa del Parlamento catalán (incluidos José María Espejo y David Pérez, que
no han apoyado el proceso independentista pero son miembros de la misma
ocupando los puestos de Ciudadanos y PSC), con Forcadell a la cabeza, y los miembros del Gobierno catalán en
funciones, con Artur Mas a la cabeza, a quienes se advierte, como autoridades
que son, de “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga
ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales
responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”. Así de
claro y así de fácil, para que, como ya sucediera en el lamentable simulacro de
referéndum, nadie pretenda camuflar sus responsabilidades personales concretas
bajo la farsa de un absurdo desconocimiento del alcance de responsabilidad
personal tras una sentencia de tipo genérico. Ahora el Constitucional advierte
de su ilegalidad tanto a Mas como a Forcadell, así como de las consecuencias
penales en que podrían incurrir en caso de seguir con la totalitaria
desconexión de España, lo que, además de la inhabilitación, podría conducirles
a la vía penal en caso de desobediencia, ya que incurrirían en gravísimos
delitos, algunos de ellos, penados con muchos años de cárcel. Sin embargo, a
pesar de lo anterior, quienes de forma consciente y voluntaria se han salido de
la democracia, persisten en su tozudez totalitaria, ya que la Generalitat
promete seguir adelante a pesar de la suspensión y las advertencias,
manifestando tajantemente “tenemos la voluntad de seguir”, lo que, en caso de
llevar a cabo dicha voluntad, incurriría en flagrante desobediencia y se
declararía en manifiesta rebeldía. Todo a la espera de que las manifestadas
voluntades totalitarias de algunos devengan en concretos actos delictivos,
momento justo en que todo el peso de la Ley recaería sin contemplación alguna y
con todas las consecuencias sobre sus actores, precisamente para salvaguardar
la Democracia y hacer respetar los derechos de todos los españoles, pues como
dice Rajoy, que visitará Cataluña el próximo sábado, no va a aceptar, ni él ni
ningún demócrata, que “unos señores liquiden la democracia” a su antojo. Es
obligadamente la hora de la Ley, la hora de la Democracia; la pelota está en el
tejado de los independentistas totalitarios, la razón en el de los demócratas. Pues
ahora sólo cabe, sí o sí, el restablecimiento en España y concretamente en
Cataluña de la democracia que ha sido secuestrada precisamente por los
gobernantes independentistas catalanes; de ellos depende la forma de dicho
restablecimiento democrático ya que aún están a tiempo de deponer su
totalitaria actitud y rectificar su proceder fascistoide y, por tanto, de ellos
será la responsabilidad de las consecuencias, individuales y colectivas, que
conlleve el restablecimiento democrático.
Por otra parte, Artur
Mas, rechazado en primera votación por el Parlament, intentará hoy en segunda
votación ser investido President de la Generalitat por mayoría simple, lo que
requiere que, al menos, le apoyen dos votos de la CUP, que según parece volverá
de nuevo a decirle “no” en el pleno de hoy, por más que a las anteriores
súplicas del President en funciones se sume hoy una manifiesta bajada de
pantalones por la que incluso está dispuesto a ceder buena parte de poder
cerrando un acuerdo para que Romeva, Jnqueras y Munté sean sus vicepresidentes
ejecutivos y él quede como una especie de presidente honorífico, que ni pincha
ni corta, tal como algunos analistas intuyen que sucederá antes del 20-D, pues
la convocatoria de nuevas elecciones, según todos los indicios, pondría en
evidencia no sólo el desencuentro entre las propias opciones totalitarias
independentistas, sino el deterioro electoral que sufrirían tras los graves
acontecimientos provocados por el golpe de Estado que pretenden consolidar.
¿Anticipará la CUP a hoy el pacto secreto que todos dan por hecho para convertir
a Mas en presidente florero de la Generalitat o lo dejará para más adelante?
Esta es la cuestión.
Entretanto, mientras
Convergència paga 250.000 euros para sacar a su tesorero de la cárcel, Hacienda
da cuatro días a la Generalitat para ajustar los 1.318 millones de déficit ya
que, como es sabido, ocultó esa cifra de gasto público para cuadrar sus cuentas
y, obviamente, seguir manteniendo a la vez el derroche presupuestario que
supone el totalitario proceso independentista, con las fantasmagóricas embajadas
incluidas y las disparatadas subvenciones a troche y moche a cualquier
asociación que esté dispuesta a desprestigiar al Estado de Derecho español y a
desfigurar la Historia de España. Por cierto, hablando de Hacienda, la
Autoridad Fiscal denuncia a Montoro acusando a Hacienda de “vulnerar” su
independencia al obstaculizar su labor supervisora en la lucha contra el
déficit, impidiéndole el acceso directo a los datos económicos para su control
de las cuentas públicas.
Y más allá de nuestras
fronteras, mientras la alianza de izquierdas está a punto de llegar al Gobierno
en Portugal, aunque los cuatro partidos de la coalición son incapaces de pactar
un plan económico, el Comisario Europeo de Inmigración, Avramopoulos, dice que
“el sueño europeo se desvanece” y, vista la crisis de los refugiados, pide a
los países evitar el populismo, en tanto que Europa propone invertir 1.800
millones en África para contener el éxodo migratorio.
Jorge Cremades Sena
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