Mientras
el 73% de los franceses aprueba la gestión de Hollande y la del gobierno
socialista francés, dirigido por Manuel Valls, éste, aprobada por la Asamblea
Nacional la prórroga por tres meses del decretado Estado de Emergencia, anuncia
medidas excepcionales ante la excepcional situación que vive Francia, amenazada
seriamente su seguridad por el yihadismo extremista. Los franceses se podrán
ver sometidos a registros domiciliarios sin necesidad de orden judicial previa,
ya sea de día como de noche, quienes sean considerados una amenaza a la
seguridad serán sometidos a arresto domiciliario, durante los registros
domiciliarios la policía podrá copiar datos informáticos, los ciudadanos
“peligrosos” con doble nacionalidad serán privados del pasaporte, las
concentraciones públicas podrán declararse ilegales por la autoridad
competente, ante cualquier amenaza se podrá prohibir la circulación de
vehículos y personas en determinadas áreas del país, el ministerio podrá
bloquear páginas web o redes sociales que hagan apología del terrorismo,
quienes hayan cumplido condenas por terrorismo llevarán un brazalete
electrónico…. Y, así sucesivamente, toda una serie de medidas que merman
determinados derechos ciudadanos con el objetivo de garantizar mejor la
seguridad de los mismos amenazada seriamente. Se trata de encontrar un nuevo equilibrio
entre libertad y seguridad, desequilibrado en detrimento de la seguridad en los
últimos tiempos como se hace patente con los sucesivos atentados en suelo
francés que han culminado con los más sangrientos acaecidos en París el 13-N,
colmando así la paciencia de los franceses con su gobierno a la cabeza. Y todo
ello para intentar evitar, entre otras cosas, el flagrante fallo de los
controles, no sólo ya en Francia sino en el resto de Europa, al extremo de que
Abdelhamid Abaaoud, el cerebro de los atentados, que sí estaba en el piso
franco de Saint-Denis y fue abatido en el contundente asalto de la policía,
según confirman las autoridades francesas, siendo uno de los terroristas
identificados más buscados, entró sin problema alguno hasta tres veces en Europa,
cruzando por Alemania, Bélgica, Grecia y Francia como Pedro por su casa, cuando
incluso, según Interior contactó con mujeres en España para incorporarlas a sus
comandos terroristas y el gobierno francés le atribuye la planificación de al
menos cinco atentados terroristas, antes de ser abatido por más de setenta
balas en Saint-Denis. Es más, Manuel Valls alerta incluso del uso de armas
químicas o biológicas por parte de los terroristas al extremo de haber
solicitado al Ejército repartir un antídoto contra ellas días antes del 13-N. ¿Es
proporcionado el “estado de emergencia” y lo que supone ante tan excepcional
situación? Para los franceses, su gobierno y los partidos políticos de Francia
mayoritariamente, sí. El país de la libertad, la igualdad y la fraternidad
entiende claramente que sin seguridad ninguno de esos valores fundamentales
puede ser ejercitado con normalidad; ni en Francia ni en ningún otro país
democrático del mundo amenazado por los liberticidas violentos. No entenderlo
así supone, en el mejor de los casos, una ingenua irresponsabilidad que puede
acarrear gravísimas consecuencias.
Pero además de dichas
medidas a nivel interno, Francia está inmersa en la declarada guerra contra el
llamado Estado Islámico, una de las principales cunas, que no la única, del
terrorismo yihadista. De momento Francia sigue sin pedir ayuda concreta
pertinente a sus socios en la UE, vinculados por la cláusula de solidaridad.
Así lo ha confirmado Rajoy mientras Soraya de Santamaría desmentía las
insinuaciones de Margallo en el sentido de que España podría ofrecer relevar a
Francia en el control militar en África, con un mayor despliegue español en el
Sahgel y República Centroafricana que permitiría al ejército francés concentrar
más recursos en la guerra contra el ISIS. Por tanto a la espera de momento no
sólo por parte de España sino del resto de miembros de la UE. Y, entretanto,
algunos de ellos, como Bélgica, se plantean nuevas medidas internas para
afianzar su seguridad. Por su parte España, que mantiene la alerta 4,
multiplica por seis su seguridad en el Bernabeu ante el partido de mañana entre
Real Madrid y Barça con todas las localidades vendidas, mientras 1.200 agentes
se destinan a la lucha antiyihadista y los jueces tienen intervenidos 160
teléfonos. Y fuera de Europa, Netanyahu pide que se condenen los ataques en
Israel como los de París. ¿Estamos ya en la tercera guerra mundial como dice el
Papa Francisco?
Y en el conflicto
desatado en Cataluña por los independentistas totalitarios, eclipsado a nivel
informativo por los sucesos de París, mientras Fernández Teixidó, ex dirigente
de Convergència, dice “deberíamos asumir que el plebiscito se perdió”, la
dirección de la CUP, a la que le importa un bledo el plebiscito y como sea
exige la declaración de independencia, retira el veto a Artur Mas y lo someterá
a sus militantes. Un paripé que desembocará en la investidura de Mas, no para
gobernar Cataluña (es imposible diseñar un proyecto de Gobierno con CDC-ERC-CUP
que carecen de la más mínima afinidad) sino para seguir armando jaleo y sobre
todo para evitar unas nuevas elecciones que a ninguno de los tres les interesa.
En fin, una burla más al pueblo catalán y, por ende, al pueblo español.
En cuanto a asuntos de
choriceo destaca que los abogados de Urdangarín y Torres valoran alcanzar un
pacto con el fiscal que, obviamente, incluya cárcel, asumiendo que dicho
acuerdo pasaría siempre por aceptar los cargos que se les imputan, devolver 6´1
millones de euros y aceptar una condena de al menos ocho años de prisión. Si todo
ello lo cumplieran a rajatabla y en su totalidad, dirán algunos, bienvenida sea
dicha condena pactada, teniendo en cuanta que, visto lo visto en este país,
hasta podrían salir mejor parados si el juicio continúa hasta el final. Ya que
se trata de un pacto cabe preguntarles si estarían dispuestos a cumplirlo con
semejantes condiciones de renuncia a rebaja ni beneficio alguno.
Además cabe destacar que el TAS sanciona
con tres años por dopaje a Marta Domínguez; que Ciudadanos propone hasta 26
semanas por permiso de maternidad; y que Iván Márquez, número dos de las FARC,
dice “queremos decirle al pueblo colombiano que cometimos errores”.
Jorge Cremades Sena
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