En efecto,
Artur Mas y compañía sigue erre que erre en su desafío totalitario
independentista a pesar del fallo del Tribunal Constitucional, que ha dejado
bien claro la anulación de la resolución independentista del Parlament, por lo
que la misma, en términos legales ya no existe, al vulnerar seis artículos del
Estatut y la Carta Magna, aunque no apercibe a los 21 cargos señalados. El Alto
Tribunal, que los independentistas totalitarios pretenden pasarse por el arco del
triunfo, deja bien claro y con argumentos rotundos, que cualquier demócrata
entiende perfectamente, que “no hay más legitimidad que la de la Constitución”
y que lo que busca el independentismo es “fundar un nuevo orden político”.
Pero, a pesar de todo, Artur Mas sigue sin bajarse del burro, mientras hasta
setenta ayuntamientos podrían ser investigados por delitos de rebelión o
sedición. La Generalitat, que debiera ser la principal garante de la
observancia de la legalidad vigente, contesta, tras el fallo del TC, que la
decisión “política” de independizarse “es inalterable en todos sus extremos”,
mientras que el ex líder de la CUP pide dar dos votos a su President en
funciones, Artur Mas, para investirle y que continúen los despropósitos
totalitarios. Siguen sin entender o, mejor, siguen engañando a la gente, ya
que, en efecto, nada que objetar a la decisión “política” de independizarse,
pero siempre que lo hagan por los cauces democráticos establecidos, sin robar
el derecho soberano a ninguno de los españoles. Dicen los independentistas que
un fallo de cualquier tribunal no puede borrar de un plumazo a esa mitad de
catalanes que, según ellos, quieren crear un estado independiente. Y llevan
razón, nadie borra, ni se pretende, una aspiración política tan legítima como
otra cualquiera, simplemente se impide que pretendan materializarla mediante
argucias y métodos antidemocráticos y al margen de la ley como hace cualquier
otro delincuente. Pero, siguiendo con argumentos tan peregrinos, habría que
preguntarle a Mas y compañía si ellos pueden borrar de un plumazo la aspiración
de la otra mitad de catalanes que quieren y además tienen todo el derecho,
porque les ampara la ley democráticamente establecida, a seguir siendo lo que
son, catalanes y españoles, al igual que sus antepasados, con los mismos
derechos y deberes que el resto de españoles que no viven en Cataluña.
Y en estas
circunstancias de amenazas antidemocráticas, cuando se inicia la campaña
electoral de elecciones generales, Rajoy cierra su mandato conuna leve
reducción del paro, entre otras cosas, porque la caída de la población activa
permite bajar el desempleo en 271.000 personas, mientras que el Gobierno
recorta la “hucha de las pensiones” a la mitad en cuatro años. En todo caso y
con todas las críticas que se quiera, guste o no a unos u otros, lo cierto es
que la campaña arranca con estabilidad económica e incertidumbre política, pues
si hace cuatro años el paro marcaba récords en la víspera de la contienda
electoral, hoy hay exactamente 271.164 parados menos que en aquellas fechas y
con una caída de la prima de riesgo de 364 puntos, que nos permite seguridad
financiera más barata que entonces. Entretanto las encuestas dibujan un futuro
Parlamento fragmentado en el que la victoria no garantiza la gobernabilidad per
se, por lo que, con toda probabilidad, salvo que los españoles mayoritariamente
cambien de opinión durante la campaña, los pactos postelectorales están más que
servidos en la próxima legislatura.
También el inicio de
campaña está acompañado por noticias sobre corrupción y actuaciones poco
edificantes. De un lado Ramoncín, acusado de apropiarse de 57.000 euros de la
SGAE, apela a su”talento” para defenderse ante el tribunal que le juzga,
alegando que tuvo que “vender” su “talento” a la Sociedad de Autores. De otro
lado los dueños de Abengoa, que culpan a otros de la ruina de la empresa,
cobraron un dividendo récord antes de su crisis, ya que las familias
propietarias se repartieron 34 millones. Y, mientras tanto, la Fiscalía
investiga a la “juez estrella” de la lista de Podemos, pues sospecha que
Victoria Rosell favoreció al Presidente de Las Palmas, Miguel A. Ramírez, en
una causa por fraude fiscal e indaga si el empresario pactó el desembolso de
300.000 euros al compañero de la magistrada mientras ella lo investigaba,
teniendo en cuenta que la fiscal ya había denunciado a Rosell por “retraso
malicioso” en el procedimiento que seguía contra Ramírez.
Y mientras el Ayuntamiento de Madrid prohíbe aparcar en
el centro de la ciudad por la contaminación, activando la alerta 2 y
manteniendo la limitación de circular a más de 70 k/h, asistimos a un dato
demográfico muy preocupante, pues por primera vez en muchos años las muertes
superan a los nacimientos por primera vez en España, con lo que el saldo vegetativo
es negativo, lo que hace complicado el futuro en este país cada vez más viejo y
menos poblado.
En cuanto a asuntos
del exterior se refiere cabe destacar que el Congreso de Brasil abre el proceso
de destitución de Rousseff, considerando que existen pruebas de fraude en las
cuentas públicas; que al menos hay 14 muertos en otro tiroteo, uno más, en
EEUU, en este caso en un centro de discapacitados del condado californiano de
San Bernardino, donde varias personas han abierto fuego de forma indiscriminada;
que, aunque los bombardeos en Siria dividen al Parlamento británico,
evidenciando la división al respecto del país, Cameron obtiene luz verde para
bombardear a los yihadistas en Siria; y que Rusia aporta “pruebas” contra el
Presidente turco Erdogán, acusándole, a él y a su familia, de beneficiarse del
tráfico de petróleo del IS, que el turco considera falsas.
Jorge Cremades Sena
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