En plena batalla por parte del Gobierno para
frenar el “tarifazo” de la luz, que puede suponer una subida record del 11% a
partir del recibo de enero, andan a media luz, las investigaciones llevadas a
cabo por el juez Ruz y la jueza Alaya, sobre el presunto pago en negro de las
reformas de la sede del PP en Madrid y los presuntos chanchullos de UGT-A con
la formación respectivamente. Justo para ver si es posible alumbrar datos que
esclarezcan los hechos el juez Ruz envía policías a la calle Génova para
requisar la documentación en papel o soporte informático sobre las obras en
dicha sede y la jueza Alaya hace lo propio con 50 agentes a las oficinas
sindicales de UGT-A y a tres empresas para buscar datos sobre el fraude en
formación. Si añadimos que la jueza sevillana vuelve a pre-imputar a Chaves y
Griñán por el caso de los ERE, que los correos de Blesa siguen desvelando datos
poco edificantes, que el asunto del ático de Ignacio González cada vez se pone
más chungo, que Aguirre colocaba políticos afines en Caja Madrid y que la trama
de las ITV realizaba pagos desde paraísos fiscales para mediar con la
Generalitat, asuntos todos ellos coincidentes en los diversos medios de
información, coincidiremos en que se requiere un gigantesco esfuerzo para clarificar
la oscuridad que invade las conductas de nuestros gobernantes, políticos,
dirigentes sindicales y empresarios, al margen de sus variopintos colores
ideológicos. La corrupción es el elemento común consustancial a todos ellos.
A media luz por tanto las presuntas injerencias de la
cúpula popular en la Caja Madrid de Blesa, las inversiones innecesarias y
decisiones estratégicas impuestas por los dirigentes, los tratos de favor y el
nepotismo, la “opaca” compra del ático de González, las facturas falsas de
UGT-A pagadas por la Junta, el pago de la reforma de la sede popular en Madrid,
las “ayudas fraudulentas” durante la gestión política de Griñán y Chaves, así
como el papel de Oriol Pujol en el asunto de las ITV catalanas. Y mientras los
jueces intenta dar luz al esclarecimiento de los hechos hasta el más mínimo
detalle o circunstancia, González se defiende, “no me van a doblegar con
acusaciones sin fundamento a mi familia”, y Oriol Pujol acusa de “persecución
política” a la Agencia Tributaria, mientras que los trabajadores de UGT-A
gritan “¡ya era hora!” al ver entrar a los agentes en las oficinas sindicales.
No es para menos. Ya es hora de que todos estos turbios
asuntos de corrupción se esclarezcan de una vez por todas. No en vano los
principales partidos, PP y PSOE, afrontan, según las encuestas, una verdadera
sangría electoral. Mientras el PSOE con Andalucía como esperanza de
recuperación intenta una nueva imagen con el liderazgo de Susana Díaz, el PP
con Madrid como bandera ve cómo los últimos acontecimientos enturbian su
esperanza y, tras la guinda del ático dichoso, ya andan locos por encontrar un
sustituto que, como Susana en Andalucía, palíe los efectos negativos de su
gestión anterior. Algunos apuntan ya a la mismísima Soraya Saenz de Santamaría
para frenar un posible ascenso del PSOE, aunque éste con Tomás Gómez a la
cabeza no requiera de demasiados esfuerzos para ser frenado.
Y en plena penumbra a causa de esta media luz democrática
el mayor banco privado venezolano compra Novagalicia por 1.003 millones de
euros, cuando todos los españoles pusimos 9.000 para rescatarla. Incluso para
quienes no sean duchos en sumas y restas es obvio que unos 8.000 millones han
ido a parar al, desaparecido, limbo de los justos. En fin, consecuencias
directas de la cantidad de chorizos que con absoluta impunidad se encargaron de
cargarse las añoradas cajas de ahorros en beneficio propio o de los suyos.
Por su parte, mientras Mas, tras prostituir la Historia
de España para adaptarla a sus objetivos independentistas, vincula su lucha
libertadora con los movimientos antiesclavistas, el ministro Wert, con su
controvertida Ley de Educación, pretende aportar algo de luz exigiendo que en
todas las Comunidades Autónomas se estudie una Historia de España igual; es
decir, la verdadera Historia. ¡Ya era hora!, como dicen los trabajadores de
UGT. Como ya es hora de que alguien explique cómo es posible que las
eléctricas, repartiendo beneficios, pretendan, tal como está la situación,
incrementar las facturas de la luz a niveles intolerables, cuando en los
últimos cinco años ya ha subido un 63´5%. No se trata ya de que el Gobierno
intente impedir esta locura, se trata de que, si hay irregularidades en la
subasta, exija las responsabilidades pertinentes a quien corresponda y paralice
tajantemente la intentona. Si no se paraliza este incremento abusivo del precio
de la luz, un bien estratégico de primera necesidad, apaga y vámonos; nunca
mejor dicho.
Jorge
Cremades Sena
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