Es la respuesta de Rajoy a las chulerías de
Mas, mientras dice que se reunirá con él, aunque no aceptará negociar sobre la
consulta ilegal. ¡Faltaría más, ningún presidente de Gobierno aceptaría
negociar sobre asuntos ilegales! El Código Penal, como mínimo, recaería sobre
él. Por lo visto, la excepción es precisamente el señor Mas que, siendo
igualmente presidente de un gobierno, aunque sea autonómico, no tiene
escrúpulos en sentarse a negociar y proponer “sí o sÍ” asuntos ilegales
trascendentales incluso para la supervivencia del Estado al que representa. No
obstante, Montoro le concede a Mas más plazo, cinco años, para devolver 2.475
millones y le cede el impuesto del Patrimonio. Bienvenida sea la medida si ello
redunda en un alivio para el pueblo catalán que, en su conjunto, no tiene culpa
ninguna de la actuación de sus gobernantes, pero, dicho esto, lo que no puede
ser es que éstos pretendan destinar dinero en los presupuestos a la ilegal
consulta sobre la independencia. Seguir financiando a estos gobernantes sin
control del gasto no parece lo más acertado. Menos mal que, de momento, el PP
catalán ha impugnado semejante osadía. No estaría de más que en la probable
entrevista Rajoy-Mas este tipo de asuntos quedaran zanjados de una vez por
todas, al margen de a quién le dé más vértigo por imponer la legalidad vigente
o por saltársela a la torera.
Vértigo les debiera dar a quienes se ven afectados por
los múltiples asuntos de corrupción que se investigan y, en caso de gobernantes
o sus entornos directos, por la indecencia de conversaciones intolerables que,
al margen de responsabilidad penal o no, desvelan conductas inadecuadas. “Caja
Madrid no es mi cortijo” tuvo que responder Blesa al hijo de Aznar, según los
SMS publicados del vástago del ex presidente del Gobierno, ante los reproches
por no plegarse a las presiones que recibía. “Yo no cobré, fue mi fundación”
responde Messi, sobre la supuesta trama de blanqueo de dinero. Ignacio
González, el presidente de la Comunidad de Madrid, se sorprende de que imputen
a su esposa por la compra de un ático en Marbella al incurrir en supuestos
delito fiscal y blanqueo de comisiones. Y así sucesivamente se podría ampliar
la lista de casos que debieran causar vértigo a sus protagonistas si en este
país las cosas funcionaran como deben de funcionar. Ya sé que en todos los
sitios cuecen habas. Sin ir más lejos en nuestra vecina Francia acaban de ser
arrestados para ser interrogados nada menos que el ex ministro de Interior,
Claude Gueant, y el ex director de la policía, M. Gaudin, por presunto cobro de
primas en metálico y en negro mientras formaban parte del Gobierno. El problema
es que en España casi nos hemos acostumbrado ya a la fabada diaria.
Y da verdadero vértigo la incomprensible polémica entre el
fiscal Horrach y el juez Castro acerca de la imputación o no de la Infanta
Cristina en los turbios asuntos del “duque empalmado”, su insigne marido. No sé
si debe ser o no imputada la Infanta, los tribunales los decidirán. Pero es
espectáculo que se está dando al respecto es intolerable y causa un daños
impredecible. Que el fiscal acuse al juez de perseguir a Cristina por ser
Infanta, que le aleccione que hay que investigar a las personas por sus hechos
“y no por su condición” y que le ridiculice por averiguar el “color de los
globos de las fiestas de aniversario” supone simplemente que juez o fiscal
están de más ya que uno de los dos, o ambos, debiera apechugar con las
responsabilidades pertinentes. Sus formas y sus comportamientos exceden de
sobra la normal interpretación jurídica que pudiera dar lugar a una normal
discrepancia. Si además el fiscal pide investigar al técnico que acusó a
Hacienda de favorecer a la Infanta, alguien más debiera sentir vértigo por el
desenlace de tan escabroso asunto. Ni la Infanta, ni la Casa Real, ni la
Justicia, ni el pueblo español, merecen este bochornoso espectáculo público. Si
Cristina, al igual que Urdangarín, ha de ser imputada, que lo sea de una
puñetera vez, si ha de ser llamada como testigo, que se la cite lo antes
posible, y, en caso contrario, que se la deje en paz de una vez por todas para,
a continuación, exigir responsabilidades a quienes han convertido un grave
asunto en catastrófico.
Entretanto, Susana Díaz, es decir, la Junta andaluza,
mientras reclama a UGT 7´5 millones por facturas falsas (gesto que la honra),
ayuda al sindicato con 7´8 millones, manteniendo las subvenciones a pesar del
vértigo que causa su oscuro proceder en Andalucía. No sabemos si de la
subvención descontará lo defraudado o si optará por el cobro en cómodos plazos
y, entretanto, controlará el destino de la subvención escrupulosamente.
Lo
que sí sabemos ya es que, una vez más, el Gobierno de Rajoy se desdice de lo
prometido. En este caso sobre la subida de la luz ya que el Ministro Soria
confirma que de la parte que regula el Gobierno subirá un 2% lo que para una
buena parte de los españoles se traducirá en un invierno más frío y más oscuro.
Poco interesa pues buscar responsables en el pasado, como pretenden ahora, de
que la energía es más cara por culpa de las renovables y no sé qué otros
argumentos. Menos mal que siempre nos
quedará el recurso de la manta y el candil junto a una mesa-camilla con brasero
de picón, aunque ello suponga un retroceso de decenas de años.
Jorge
Cremades Sena
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