Con destacado protagonismo recogen casi todos
los diarios el comunicado que los presos de ETA han hecho público. Esta
unanimidad en la importancia de la noticia desaparece a la hora de valorarla
pues, según unos u otros, la califican de “insulto a las víctimas”, “trampa” o “rendición
a la ley” entre otra serie de calificativos más o menos discrepantes. Por
tanto, como en otros tantos asuntos, conviene rebajar euforias y suavizar
indignaciones. Ni tanto, ni tan calvo. Se trata de un comunicado, posiblemente
insuficiente, por el cual los presos de ETA, sin mostrar arrepentimiento alguno
por su pasado, ni pedir perdón por los daños y afrentas, reconocen “el
sufrimiento y daño multilateral generado como consecuencia del conflicto” y
asumen la legalidad para acogerse a los beneficios penitenciarios y la renuncia
a la violencia. Menos da una piedra.
A partir de aquí cualquier tipo de especulación tiene
sentido. Si el comunicado obedece a una intencionalidad premeditada para la
obtención de ciertos beneficios penitenciarios o al convencimiento de que lo
que siguen considerando “conflicto” no tiene sentido desde la violencia, entra
en el terreno especulativo, ya que lo que parece cierto es que no obedece a un
sentimiento colectivo (por otra parte imposible ya que estaría en el ámbito
individual) de arrepentimiento ante un pasado que siguen considerando glorioso
al extremo de proclamarse “luchadores por la libertad”. En todo caso y con la
prudencia necesaria, hay que poner en valor el hecho de que acepten que su “regreso
a casa” se produzca de “manera escalonada” y según los “cauces legales”,
cuando, hasta hace bien poco, no reconocían ningún tipo de legalidad española
(salvo cuando les beneficiaba) ni ninguna autoridad (salvo cuando les convenía)
a los tribunales que decidían sobre la misma. Por interés, convencimiento o conveniencia
el comunicado en sí mismo, al margen de sus motivaciones y sus insuficiencias,
es positivo y, de una u otra forma, como dice Rubalcaba “es un paso más, ni el
primero ni el último” hacia el fin de ETA. Ahora, como dice el gobierno vasco,
los presos no pueden, ni deben, dejar el comunicado como “una declaración
aislada” sino como el inicio de una serie de “actuaciones concretas que doten de
credibilidad a su compromiso” para convertirse en “el primero de una serie de
pasos unilaterales” que tendrá que dar la propia ETA, como el desarme y su disolución.
Bien podrían aprovechar para descalificar a quienes acaban de recibir a las
víctimas en el País Vasco con “peinetas” y abucheos que, obviamente, no son los
presos de ETA, sino el caldo de cultivo generado a lo largo de los años,
incapaz de superar las intransigencias ideológicas para acceder a lo estrictamente
humanitario, base esencial de cualquier tipo de entendimiento o comprensión de
la realidad. En fin, entretanto, como dice Gallardón, “no habrá indultos para
ningún condenado por terrorismo”. Ya hubo el indulto general al inicio de la
democracia y como base para la reconciliación que sólo valió para que algunos,
manteniendo un “conflicto” ficticio, no entendieran que en democracia los
caminos para conseguir los objetivos no pueden ser jamás la violencia, sino la
palabra y el convencimiento. El Estado democrático jamás debe claudicar al
chantaje.
Tras el protagonismo de la noticia anterior, poco margen
mediático para otros asuntos de actualidad. Que si se incrementaron los abortos
con la “ley Aído”, que si las clínicas incrementaron su facturación, que si con
la nueva ley las mujeres sufrirán un periplo para poder abortar legalmente, que
es inexplicable, como dice Rouco, “que defender el aborto se haya convertido en
algo progre”, o que el sistema de subasta eléctrica ha obligado a los hogares a
pagar un 6% más desde 2009, son algunas de las formas de calentar motores, con
datos o declaraciones, en la discusión pública de los temas en boga, con la
intención a arrimar la sardina a los planteamientos de unos u otros sobre
dichos asuntos.
Entretanto,
como muchos problemas se achacan al gobierno anterior y algunos lo achacan a
las exigencias de la UE, el mismísimo Trichet, ex presidente del Banco Central
Europeo, declara que “El BCE no dio órdenes ni negoció nada con Zapatero”,
dando la impresión de que, al margen de las lógicas imposiciones europeas, no
se puede ni debe usar la UE como el cajón de sastre en el que meter todas las
responsabilidades de las políticas nacionales. Y, mirando al futuro, la mayoría
de líderes políticos y económicos, ante la proclamación de 2014 como el año de
la “recuperación” por parte de Rajoy, sostienen, como él, que lo peor ya ha
pasado, pero piden creación de empleo como requisito imprescindible. Tampoco
hay que darse una vuelta por la Sorbona para concluir tamañas obviedades.
Jorge
Cremades Sena
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