De no ser por la desgraciada noticia de la
muerte de Ana María Matute, una pérdida importante en las letras españolas, y
la duplicación del porcentaje de trabajadores españoles que cobran el salario mínimo,
una muestra más de cómo azota la crisis a las clases trabajadoras, daría la
impresión, según las portadas de los principales diarios españoles, que España
es noticia sólo por la corrupción y las corruptelas, desparramadas a gogó en
todas las instancias sociales, políticas o sindicales. La imputación definitiva
de la Infanta Cristina, la dimisión de Magdalena Álvarez del BEI por el tema de
los ERE, el turbio asunto de las facturas falsas de UGT-A y el impresentable
fondo de pensiones de nuestros eurodiputados en una SICAV luxemburguesa, copan
todas las portadas, al extremo de que no extrañaría que cualquier extranjero de
paso por aquí optara por salir corriendo para que no le roben la cartera. A los
españoles sólo nos queda la resignación. O la indignación, ¡quién sabe! Por
tanto, es la corrupción y las corruptelas a gogó el asunto, casi único, que
obligadamente puede ser objeto en el día de hoy de esta crónica de actualidad.
En efecto, ya es definitiva la imputación por parte del
juez Castro de la Infanta Cristina por un presunto delito fiscal y otro de
blanqueo, que, si se demuestran judicialmente, podrían suponer una pena de 16
años de prisión. Dicha imputación, contraria al criterio del fiscal, de
Hacienda y de la Abogacía del Estado, seguirá siendo polémica, como hasta
ahora, al igual que si no hubiese sido imputada. Como dice la Casa Real, lo que
procede pues es un “respeto por la decisión judicial”, aunque me temo que dicha
actitud, por parte de tirios y troyanos, irá en paralelo a la concordancia o
discordancia de las expectativas que unos u otros tienen a priori. Y sólo
estamos en el final de la instrucción por parte del juez, queda por tanto todo
el resto del procedimiento. Tanto la Defensa de la Infanta, como Fiscalía y
Abogacía del Estado recurrirán la imputación, al estar en contra de la decisión
del juez (están en su derecho), y, por tanto, será la Audiencia de Palma quien
diga si, al final, Cristina será sentada en el banquillo o no. Esperemos que,
como ahora, la decisión de la Audiencia siga siendo tan respetada como la del
juez instructor. Quienes, al margen de cualquier otra consideración, sólo quieren
que se haga justicia, sea a quien sea y caiga quien caiga, por más repugnante
que sea la conducta del encausado, mantendrán siempre una postura objetiva ante
las decisiones judiciales, frente a quienes, por razones políticas o cualquier
otro tipo de intereses, ya tienen un veredicto preconcebido, a favor o en
contra, por lo que cualquier resolución será polémica, como polémica ha sido
desde el primer instante la instrucción del caso. La objetividad es una
cualidad que se suele perder a la primera de cambio. Esperemos que, al menos,
se mantenga la coherencia hasta el final del proceso. Como en todos los demás
que hay en curso.
Entretanto, por fin dimite Magdalena Álvarez como
vicepresidencia del BEI, antes de ser expulsada, aunque ella lo achaque (genio
y figura hasta el final) a las presiones del Gobierno. Algunos incluso añaden
que el Gobierno lo que pretende es colocar a alguno de los suyos. Puede ser y
además está en su derecho. En fin, que cada uno especule con lo que le
convenga. Pero, al margen de especulaciones o intereses de unos u otros, lo
meridianamente claro es que Álvarez está imputada por el turbio asunto de los
ERE, que tiene impuesta una fianza millonaria, y que, en tales condiciones, lo
coherente, lógico y pertinente es dimitir. ¿O es que según quién sea se ha de
valorar el alcance de una imputación y sus consecuencias? En todo caso,
Magdalena no se queda descalza, ni mucho menos, pues, a pesar de su dimisión,
seguirá cobrando hasta que se jubile nada menos que unos 10.000 euros
mensuales, que pagamos entre todos los europeos. Es, como en otros casos, la
gran recompensa a quienes, tocados por la varita mágica de los gobernantes, son
catapultados a un retiro dorado, mejor en organismos internacionales, en que se
cobra más, como recompensa a su gestión, por catastrófica que haya sido. Y el
pueblo llano y sencillo, a pagar y a verlas venir. Por cierto, se cuela una
noticia por la que Leire Pagín, amenaza con volver a la política en caso de que
no le renueven el contrato en su paraíso americano.
Además, sobre el asunto de las facturas falsas de UGT-A,
tras el arresto, entre otros, del ex tesorero del sindicato en Andalucía, nos
sale el mismísimo Cándido Méndez arremetiendo contra la Guardia Civil y negando
la existencia de una “caja b” cuando, a mi juicio, lo procedente sería abrir
una investigación y, entretanto, prudencia y más prudencia. Matar al mensajero
no es la solución, menos aún si de algunos correos se deducen conductas poco edificantes,
como mínimo. Es el caso de “como verás el importe de 28.353 euros es superior
al que te pido en factura, 30.000 euros, por lo que la diferencia será saldo a
nuestro favor”. ¿Es la forma correcta de llevar los apuntes contables? ¿Se
puede pedir en factura cantidades distintas a las reales? Y es sólo uno de los
indicios de irregularidades, sin contar todos los acumulados durante la
investigación. En todo caso, puede que Cándido lleve razón, pues es probable
que no haya “caja B” y de lo que se trate sea de “contabilidad B”. Hay que
hablar con precisión, dirán algunos. ¿No es de esto de lo que se acusa al PP? Ellos
también lo niegan. Esto lo hacen todos y son maestros en ello.
Y, para remate, salta la noticia de un fondo de pensiones
de nuestros eurodiputados presentes, pasados y, supongo que, futuros en una
SICAV en Luxemburgo, donde, precisamente, tributan aún menos que aquí. Desde
Meyer de IU hasta Cañete del PP; desde Valenciano del PSOE hasta Rosa Díaz de
UPyD, pasando por Jáuregui y los que vayan desfilando en el futuro, algunos de nuestros
eurodiputados gozan de un fondo de pensiones, al que colaboramos todos con
dinero público (al parecer ellos ponen una parte y el resto el Parlamento
Europeo), como si ya no gozaran de sueldazos y dietas que quitarían el sueño a
cualquier mortal. Todos dicen que no es nada ilegal. Cierto. Pero,
políticamente hablando, es una vergüenza. Mientras se llenan la boca de
criticar con razón las SICAVs, que tributan una miseria comparada con los
porcentajes de todos los trabajadores y empresarios, se aprovechan lucrándose
del citado fondo en una SICAV sin ningún tipo de miramiento. Y, algunos, hasta
lo hacen con nocturnidad y alevosía, ya que ni lo declaran en sus declaraciones
de renta, alegando que desconocían que debían hacerlo. Por tanto, al margen de
la indecencia por aprovecharse de tan baja tributación, que ya quisiera
cualquier mortal, pretenden apuntarse a la estrategia de la Infanta Cristina,
que tanto se ha criticado y con razón, de que estaban en la inopia. Es obvio
que los demasiado listos o “listillos” hasta son capaces, sin rubor alguno, de
hacerse pasar por demasiado tontos, para eludir sus responsabilidades o poner a
buen recaudo sus particulares intereses. De entre todos ellos, tras conocerse
la noticia, dimite Meyer, al parecer, por las presiones de los críticos de IU.
En todo caso, qué me quiten lo bailao. ¿No debieran otros hacer lo propio? El
problema es que, al final, nos quedaríamos sin políticos y ello podría ser
tentador para cualquier salvapatrias totalitario. Seguramente esta sea la razón
profunda por la que se quedan.
Para finalizar, Argentina acaba primera de grupo con
doblete de Messi, mientras el descafeinado mundial para los españoles, entre
otros, sigue su curso.
Jorge Cremades Sena
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